Afganistán

Human Rights in República Islámica de Afganistán

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Afghanistan is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Hamid Karzai
Pena de muerte
retencionista
Población
32,4 millones
Esperanza de vida
48,7 años

Información general

El Parlamento se inauguró el 26 de enero, cuatro meses después de unas elecciones empañadas por la violencia y el fraude electoral. Amnistía Internacional se había mostrado preocupada por la inclusión de candidaturas de presuntos autores de crímenes de guerra y otros abusos contra los derechos humanos.

Nader Nadery, Fahim Hakim y Mawlawi Gharib, miembros destacados de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, fueron destituidos el 21 de diciembre, cuando, poco antes de la publicación de un informe en el que se documentaban violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, el presidente Hamid Karzai no los renovó en sus cargos.

En julio, la OTAN y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) empezaron a transferir al gobierno afgano las competencias de seguridad en 7 provincias, y el 17 de noviembre empezó una segunda fase del proceso de transición en materia de seguridad en otras 17 provincias.

El 20 de septiembre, dos hombres que se hicieron pasar por representantes de los talibanes asesinaron al ex presidente Burhanuddin Rabbani, quien se suponía que estaba a cargo de las negociaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes y otros grupos insurgentes. Pese a ello, las negociaciones continuaron. En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU retiró a los talibanes de su lista de sanciones a Al Qaeda, con lo que quedaron desvinculados de esta organización.

Entre los 70 miembros del Alto Consejo de la Paz –órgano encargado de negociar con los talibanes y con otros grupos armados–, sólo había 9 mujeres. Los grupos afganos de derechos de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil del país expresaron honda preocupación con respecto a los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres, pues temían que se renunciara a ellos por conveniencia. El gobierno afgano y sus aliados internacionales siguieron sin aplicar, ni en políticas ni en la práctica, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, según la cual las mujeres deben estar adecuada y significativamente representadas en todas las fases de las negociaciones de paz.

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Abusos cometidos por grupos armados

Los talibanes y otros grupos armados perpetraron abusos dirigidos específicamente contra civiles, como asesinatos y secuestros, así como atentados indiscriminados con explosivos (muchos de ellos suicidas) en los que resultaron heridos civiles. De esta forma violaron las leyes de la guerra y cometieron infinidad de abusos contra los derechos humanos. Aumentaron los homicidios selectivos de civiles afganos que trabajaban para el gobierno o para organizaciones internacionales o que parecían apoyarlos, en especial de funcionarios públicos y autoridades tribales.

Según la UNAMA, los talibanes y otros grupos armados fueron responsables del 77 por ciento de las muertes de civiles. Hicieron cada vez más uso de artefactos explosivos improvisados en mezquitas, mercados y otros lugares públicos, con lo que aumentó considerablemente el número de víctimas civiles.

Los grupos armados atacaban sistemáticamente a los trabajadores de ayuda humanitaria: mataron a 31, hirieron a 34 y secuestraron y recluyeron a 140.

  • El 28 de junio murieron 7 personas en un atentado contra el Hotel Intercontinental de la capital afgana, Kabul, perpetrado por talibanes armados y atacantes suicidas cargados con explosivos.
  • El 13 de septiembre, unos 10 insurgentes atacaron la embajada estadounidense, la sede de la OTAN y otros puntos destacados de Kabul. Murieron al menos 11 civiles (entre ellos algunos estudiantes) y 5 policías, y más de 24 personas resultaron heridas. Los talibanes reivindicaron la autoría de los ataques, pero Estados Unidos los atribuyó a la red Haqqani, que se creía que estaba radicada en las zonas tribales de Pakistán y recibía apoyo de ese país.
  • El 17 de septiembre, tras la detonación de un artefacto explosivo improvisado, murieron 9 civiles, entre ellos 5 menores de edad, en la provincia de Faryab, en el noroeste del país.
  • El 31 de octubre murieron 3 empleados del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en un atentado contra su sede en la ciudad meridional de Kandahar perpetrado por talibanes armados y atacantes suicidas cargados con explosivos.
  • El 6 de diciembre murieron hasta 71 personas en un atentado suicida con explosivos contra el santuario chií de Abul Fazl, en Kabul. Otras 4 personas murieron en otra explosión casi simultánea en una mezquita chií de Mazar-e-Sharif. Con estos atentados dio comienzo una grave escalada de violencia sectaria, que hasta entonces había sido poco frecuente. Lashkar-e-Jhangvi, grupo armado paquistaní vinculado a Al Qaeda y a los talibanes paquistaníes, reivindicó los atentados, que tuvieron lugar durante la festividad chií de Ashura.
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Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas afganas e internacionales

La ISAF y la OTAN siguieron efectuando ataques aéreos e incursiones nocturnas que se cobraron la vida de decenas de civiles. Según la UNAMA, el 14 por ciento de las muertes de civiles (al menos 410) se produjeron en operaciones de la ISAF, la OTAN y las fuerzas afganas.

  • El 20 de febrero, el gobernador de la provincia de Kunar, en el este del país, afirmó que 64 civiles, entre ellos 29 niños, habían muerto durante los cuatro días anteriores en operaciones conjuntas de tierra y aire efectuadas por las fuerzas afganas y de la ISAF en el distrito de Ghazi Abad. Altos cargos de la ISAF cuestionaron la cifra, pero accedieron a llevar a cabo una investigación conjunta. Posteriormente, funcionarios de la OTAN declararon que la mayoría de las víctimas eran insurgentes.
  • El 23 de marzo, Jeremy Morlock, soldado estadounidense que confesó haber participado en 2010 en el asesinato de tres civiles afganos, fue condenado a 24 años de prisión. En el consejo de guerra de la base conjunta de Lewis-McChord (Estados Unidos) que lo juzgó, el soldado declaró ante el juez que “el plan era matar a gente”.
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Detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos

La Dirección Nacional de Seguridad –los servicios de inteligencia de Afganistán– continuó practicando detenciones arbitrarias y negando a los detenidos el acceso a un abogado, a sus familias y a los tribunales u otras instituciones externas. Según denuncias dignas de crédito, la Dirección Nacional de Seguridad torturaba a los detenidos y tenía centros de detención secreta. La OTAN dejó de entregar detenidos a las fuerzas afganas después de que en un informe de la ONU publicado en octubre se documentara el uso sistemático de la tortura por parte de los agentes de la Dirección Nacional de Seguridad. Según el informe, se había torturado a detenidos en 47 centros de detención de la Dirección Nacional de Seguridad y de la policía, en 22 provincias.

  • En agosto, los familiares de un afgano detenido en abril en Kabul por vender presuntamente dinero falso aseguraron a Amnistía Internacional que, tras detenerlo, la Dirección Nacional de Seguridad lo había torturado para que confesara. Según la información facilitada, el hombre, cuya identidad no se podía revelar por motivos de seguridad, recibió puñetazos y patadas hasta el punto de que acabó vomitando sangre y perdió el conocimiento.

Las fuerzas estadounidenses siguieron deteniendo a afganos y, a veces, a extranjeros pese a no estar claro que tuvieran autoridad legal para hacerlo y sin seguir el proceso legal debido. Unas 3.100 personas continuaban recluidas en el centro de detención estadounidense de Parwan, situado junto al antiguo centro de detención de la base aérea del aeropuerto de Bagram. Permanecían sometidas a “internamiento por razones de seguridad” por tiempo indefinido, y algunas de ellas llevaban varios años recluidas. En enero, Estados Unidos entregó a las autoridades afganas una unidad de detención del centro con 300 reclusos, en el marco de sus operaciones de transferencia de detenidos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró que, desde el comienzo de los juicios en junio de 2010 (véase el apartado sobre Estados Unidos) hasta mayo, las autoridades afganas habían celebrado más de 130 juicios en el mencionado centro y en el Centro de Justicia afgano de Parwan.

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Libertad de expresión

Los periodistas afganos continuaban trabajando a pesar de la presión y la violencia que sufrían, ejercidas incluso por instituciones del Estado y otros organismos influyentes. La Dirección Nacional de Seguridad y el Consejo de Ulemas emprendieron acciones penales contra personas que habían escrito o hablado sobre cuestiones consideradas amenazas a la seguridad nacional o blasfemas.

  • Tres hombres afganos detenidos y recluidos en 2010 por haberse convertido al cristianismo quedaron en libertad entre marzo y abril.

Fuerzas del gobierno y grupos insurgentes secuestraron, propinaron palizas o mataron a periodistas por motivos políticos. Según Nai, organización afgana que velaba por la independencia de los medios de comunicación, 80 periodistas fueron víctimas de agresiones y 3 perdieron la vida. En las zonas controladas por los talibanes y otros grupos armados se les impedía activamente informar, y con frecuencia eran víctimas de agresiones.

El gobierno no investigó exhaustivamente las agresiones contra periodistas, defensores de los derechos humanos y otras personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, ni enjuició a los responsables.

  • El 18 de enero fue liberado Hojatullah Mujadedi, director de Kapisa FM, emisora de radio del noreste del país, tras haber permanecido cuatro meses bajo custodia de la Dirección Nacional de Seguridad en Kabul. Lo habían acusado de complicidad con los talibanes.
  • El 6 de julio, los talibanes amenazaron en la provincia de Helmand a Niamatullah Zaheer, periodista de Ariana TV, por haber informado desde un punto de vista crítico sobre ataques efectuados por ellos.
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Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas afganas continuaron siendo víctimas de discriminación, violencia intrafamiliar, matrimonio forzado y trata, y se las utilizaba como moneda de cambio para solventar disputas. Con frecuencia, las fuerzas de los talibanes dirigían contra ellas sus ataques. Según un informe conjunto de ONU Mujeres y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, en el 56 por ciento de las bodas la novia tenía menos de 16 años. El Ministerio de Asuntos de la Mujer documentó 3.742 casos de violencia contra las mujeres del 22 de marzo al 31 de diciembre. En septiembre, la Fiscalía General dio un paso adelante al acceder a crear seis oficinas provinciales para combatir la violencia contra las mujeres.

La policía y los tribunales hacían con frecuencia caso omiso de las denuncias de abusos presentadas por mujeres, por lo que sólo en contadas ocasiones se investigaban palizas, violaciones u otros actos de violencia sexual. Se detenía a las mujeres que trataban de huir de matrimonios en los que eran objeto de abusos y se las enjuiciaba por “huida del hogar” u otras acusaciones relacionadas con la “moral”, que el Código Penal no contemplaba y que eran incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

  • En abril, los talibanes secuestraron y mataron a una mujer en el distrito de Zurmat (provincia de Paktia). Aunque se rumoreó que se trataba de un homicidio en nombre del “honor”, los talibanes declararon que la habían matado por trabajar para una ONG.
  • Gulnaz, mujer de 21 años que cumplía en Kabul una condena de 12 años de prisión por adulterio, quedó en libertad en diciembre. Según profesionales de la abogacía, este tipo de cargos carecían de fundamento en la legislación afgana. Gulnaz llevaba recluida desde 2009 por haber denunciado una violación a la policía. El tribunal y otras personas la presionaron para que se casara con el hombre que más tarde fue condenado por haberla violado.
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Derecho a la salud

Los ataques selectivos contra personal de ayuda humanitaria y contra personas que trabajaban para el gobierno, principalmente médicos, privaron a millones de personas de atención a la salud, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto y en las controladas por los talibanes y otros grupos armados. Aunque en determinadas zonas del país mejoraron las tasas de mortalidad materna e infantil, las mujeres embarazadas y los niños de corta edad seguían soportando en general condiciones muy precarias.

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Derecho a la educación

Los talibanes y otros grupos armados atacaron escuelas y agredieron a estudiantes y docentes. En las zonas bajo su control se impedía acudir a la escuela a muchos niños y niñas, sobre todo a éstas. Según el Ministerio de Educación, había más de 7,3 millones de niños y niñas escolarizados, de los cuales el 38 por ciento eran niñas. Fuentes oficiales informaron de que había más de 450 escuelas cerradas y alrededor de 200.000 niños que no podían asistir a clase debido a la situación de inseguridad, principalmente en las provincias del sur y el este del país.

  • El 24 de mayo, los talibanes mataron a tiros a Khan Mohammad, director de la escuela femenina de Poorak, en la provincia sudoriental de Logar. Había continuado impartiendo clases a las niñas a pesar de haber recibido numerosas amenazas de muerte de los talibanes para que dejara de hacerlo.
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Personas refugiadas y desplazadas internamente

Según el ACNUR, entre enero y junio los afganos fueron los ciudadanos que mayor número de solicitudes de asilo presentaron en países industrializados. Al concluir el año, el ACNUR documentó más de 30.000 solicitantes de asilo afganos, y seguía habiendo alrededor de 2,7 millones de refugiados afganos en Pakistán e Irán. El número total de personas desplazadas por el conflicto era de 447.647.

Las personas internamente desplazadas tendían a dirigirse a las grandes ciudades, sobre todo a Kabul, Herat y Mazar-e-Sharif. Muchas de ellas terminaban en asentamientos informales, donde se veían obligadas a vivir en condiciones insalubres y de hacinamiento, con poco o nulo acceso a agua potable, alojamiento adecuado y servicios de salud, y bajo constante amenaza de desalojo forzoso. En octubre, el Comité Internacional de la Cruz Roja comunicó que se había registrado un aumento del 40 por ciento en el número de personas desplazadas por el conflicto en el norte del país en comparación con 2010.

  • Según informes, a principios de junio al menos 12.000 personas se vieron desplazadas en la provincia de Faryab a causa de enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y los talibanes.
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Pena de muerte

Se llevaron a cabo dos ejecuciones. Había más de 140 personas en espera de ejecución y el Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte de casi otras 100.

  • En junio fueron ejecutados dos hombres (un paquistaní y un afgano) en la prisión de Pul-e-Charkhi de Kabul, tras haberles denegado el indulto el presidente. Habían sido declarados culpables de un atentado cometido en febrero contra un banco en la ciudad de Jalalabad (provincia de Nangarhar), que se saldó con 40 muertos y no menos de 70 heridos, en su mayoría civiles.
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