Corea del Sur

Human Rights in República de Corea

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Korea is now live »

Jefe del Estado
Lee Myung-bak
Jefe del gobierno
Kim Hwang-Sik
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
48,4 millones
Esperanza de vida
80,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4,9 por cada 1.000

Información general

A la vez que se celebraba el 10 aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea, ONG locales iniciaron un boicoteo contra la institución por no haber realizado una consulta adecuada con la sociedad civil en torno a las recomendaciones formuladas al Ministerio de Justicia, que estaba redactando un nuevo Plan de Acción Nacional.

En agosto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que el gobierno no hubiera hecho ningún esfuerzo tangible para resolver las disputas con Japón en relación con las reparaciones debidas a las supervivientes del sistema de esclavitud sexual de las fuerzas armadas japonesas (véase el apartado sobre Japón).

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Libertad de expresión

Las autoridades recurrían cada vez más a la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a personas y organizaciones que se percibían como opositoras a la política gubernamental sobre Corea del Norte. En marzo, Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, observó que ésta tenía cada vez menos cabida en Corea del Sur y lo atribuyó al creciente número de procesamientos y actos de hostigamiento contra personas críticas con el gobierno. Al finalizar el año, 135 personas estaban detenidas por infringir la Ley de Seguridad Nacional.

  • En mayo, Kim Myeong-soo, propietario de una librería en línea, fue absuelto del cargo de infringir el artículo 7.5 de la Ley de Seguridad Nacional. Había sido acusado de vender 140 libros y estar en posesión de otros 170 “con la intención de poner en peligro la existencia y seguridad del Estado”. El fiscal recurrió la absolución.

Se presentaban cargos contra personas que expresaban pacíficamente sus opiniones o difundían información a través de Internet. Hasta el 31 de octubre, la policía eliminó 67.300 entradas publicadas en la web, al considerar que suponían una amenaza para la seguridad nacional por “ensalzar a Corea del Norte y censurar a Estados Unidos y al gobierno”. La cifra suponía un brusco incremento con respecto a las 14.430 eliminadas en 2009.

  • En julio se presentaron cargos contra 244 funcionarios y profesores, en aplicación de disposiciones de la Ley de Funcionarios Públicos del Estado, la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiación Política, por unirse al Partido Laborista Democrático y pagar la correspondiente cuota de afiliación.
  • En septiembre, las autoridades policiales investigaron a Park Jeonggeun por infringir el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. Miembro del Partido Socialista y crítico con Corea del Norte, Park Jeonggeun había reenviado frases de un sitio web norcoreano a través de Twitter y había publicado una entrada que decía “¡Viva Kim Jong-il!”, todo ello a modo de burla.
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Objeción de conciencia

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió los casos de 100 objetores de conciencia surcoreanos y concluyó que Corea del Sur había violado el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, protegido por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión del Comité obligaba al Estado a ofrecer a los 100 una reparación efectiva, incluida una indemnización, y a evitar violaciones similares del Pacto en lo sucesivo. En septiembre, sin embargo, el Tribunal Constitucional falló que el “derecho a la libertad de conciencia”, protegido en la Constitución, no incluía la negativa a realizar el servicio militar. En diciembre había al menos 810 objetores de conciencia encarcelados.

  • En junio, el abogado Baek Jong-keon fue condenado a un año y medio de prisión. En noviembre, su recurso de apelación estaba pendiente ante el Tribunal Central de Distrito de Seúl.
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Libertad de reunión

Continuaron las protestas contra la construcción de una base naval en la localidad de Gangjeong, en la isla de Jeju, y muchos activistas y habitantes del lugar se enfrentaban a cargos civiles y penales.

  • En agosto, la Fiscalía Suprema calificó las protestas de desafío al poder del Estado. Varios manifestantes habían impedido el paso de vehículos que transportaban material de construcción a la base naval. La policía detuvo a 133 personas durante las protestas.
  • En noviembre, la sindicalista Kim Jin-sook puso fin a la protesta que había llevado a cabo durante 11 meses subida a lo alto de una grúa en los astilleros de Hanjin, en la ciudad de Busan. La protesta, contra la pérdida de empleos en el astillero, había atraído a centenares de simpatizantes que viajaban en “autobuses de la esperanza” para concentrarse junto a ella. Song Kyong-dong, poeta, y Jeong Jin-woo, miembro del Nuevo Partido Progresista, fueron detenidos en noviembre y posteriormente acusados, entre otras cosas, de obstaculizar actividades empresariales” por participar en la campaña de los “autobuses de la esperanza”.
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Derechos de las personas migrantes

Se detuvo y expulsó a centenares de trabajadores migrantes a raíz de medidas enérgicas iniciadas en septiembre contra los que se encontraban en situación irregular.

  • En febrero, el Servicio de Inmigración de Corea canceló el visado de trabajo de Michel Catuira y le ordenó que abandonase el país antes de marzo. Michel Catuira, presidente del Sindicato de Migrantes, presentó un recurso contra esta decisión. En septiembre, el Tribunal Administrativo de Seúl confirmó la apelación y falló que los intentos de expulsarlo infringían las leyes surcoreanas y el derecho internacional de los derechos humanos. Posteriormente, el Servicio de Inmigración de Corea recurrió esta decisión. Desde la fundación del Sindicato de Migrantes, en 2005, el gobierno había detenido y expulsado como mínimo a cinco de sus dirigentes, lo que apuntaba a que las autoridades intentaban impedir que la organización llevase a cabo sus actividades sindicales legítimas.
  • En septiembre, el Tribunal Constitucional falló que limitar a tres los cambios de empleo de los trabajadores migrantes con un mismo permiso de trabajo expedido con arreglo al Sistema de Permiso de Empleo no constituía una violación del derecho a la libertad de ocupación. La sentencia menoscababa el fallo dictado por el Tribunal Constitucional en 2007, que reconocía que, con arreglo al artículo 32 de la Constitución, el colectivo de trabajadores migrantes tenía los mismos derechos que los ciudadanos surcoreanos.
  • En noviembre, un trabajador migrante chino que había sido detenido por las autoridades de inmigración murió durante el traslado en uno de sus vehículos. A pesar de las desesperadas peticiones de los otros detenidos, los funcionarios reaccionaron con lentitud y la asistencia médica llegó demasiado tarde.
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Pena de muerte

En la Asamblea Nacional estaba pendiente de debate el proyecto legislativo para la abolición de la pena de muerte. En septiembre, Corea del Sur llegó a los 5.000 días sin ejecuciones. En diciembre había 60 personas condenadas a muerte.

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