Indonesia

Human Rights in República de Indonesia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Indonesia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Susilo Bambang Yudhoyono
Pena de muerte
retencionista
Población
242,3 millones
Esperanza de vida
69,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
38,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
92,2 por ciento

Tortura y otros malos tratos

Hubo reiteradas denuncias contra las fuerzas de seguridad por tortura y otros malos tratos a personas detenidas, especialmente a activistas políticos pacíficos en zonas con historial de movimientos independentistas, como Papúa y las islas Molucas. Las investigaciones independientes sobre estas denuncias fueron muy escasas.

  • En enero, un tribunal militar condenó a tres soldados a entre 8 y 10 meses de cárcel por desobedecer órdenes; los soldados habían aparecido en un vídeo en el que se veía cómo propinaban patadas e insultaban a papúes. Un alto cargo del gobierno indonesio calificó los abusos de “infracción menor”.
  • No se investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos sufridos por 21 activistas políticos pacíficos a manos del Destacamento Especial-88 (Densus-88), unidad policial de lucha contra el terrorismo. Los 21 activistas habían sido torturados durante su detención, reclusión e interrogatorio en las Molucas en agosto de 2010.

En Aceh aumentó el uso de los azotes con vara como forma de pena judicial. Al menos 72 personas recibieron azotes con vara por diversos delitos, como consumir bebidas alcohólicas, estar a solas con una persona del sexo opuesto sin que mediase un vínculo familiar o matrimonial (khalwat), y participar en juegos de azar. Tras la promulgación de la Ley de Autonomía Especial de la provincia en 2001, las autoridades de Aceh aprobaron una serie de normativas que regulaban la aplicación de la ley islámica.

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Uso excesivo de la fuerza

La policía hizo un uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes y personas que participaban en protestas, especialmente en casos relacionados con conflictos sobre tierras. En las raras ocasiones en que se efectuaron investigaciones, apenas se hicieron avances para procesar a los responsables.

  • En enero, seis cultivadores de aceite de palma resultaron gravemente heridos en la provincia de Jambi cuando agentes de la Brigada Móvil de Policía les dispararon balas de goma para intentar desalojarlos de la plantación en la que estaban trabajando, cuyas tierras eran objeto de conflicto entre los agricultores y una empresa productora de aceite de palma.
  • En abril, la policía mató en Papúa a Dominokus Auwe al dispararle al pecho y la cabeza e hirió a dos hombres que lo acompañaban delante de la comisaría del subdistrito de Moanemani. Los tres hombres se habían acercado pacíficamente a la comisaría para preguntar por el dinero que la policía le había quitado a Dominokus Auwe ese mismo día.
  • En junio, fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza al intentar llevar a cabo el desalojo forzoso de una comunidad del distrito de Langkat, en Sumatra Septentrional, que había mantenido un conflicto sobre tierras con las autoridades locales. Cuando la comunidad protestó contra los desalojos, agentes de policía dispararon a la multitud sin previo aviso e hirieron al menos a nueve hombres. Otros seis recibieron patadas y golpes.
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Libertad de expresión

El gobierno continuó penalizando la expresión política pacífica en Papúa y las Molucas. Al menos 90 activistas políticos fueron encarcelados por sus actividades políticas pacíficas.

  • En agosto, dos activistas políticos de Papúa, Melkianus Bleskadit y Daniel Yenu, fueron condenados a hasta dos años de cárcel por participar en una protesta política pacífica en la ciudad de Manokwari en diciembre de 2010.
  • En octubre, más de 300 personas fueron detenidas arbitrariamente tras participar en el Tercer Congreso del Pueblo de Papúa, una reunión pacífica celebrada en la ciudad de Abepura, provincia de Papúa. Aunque la mayoría de estas personas pasaron la noche detenidas y quedaron en libertad al día siguiente, cinco hombres fueron acusados de “rebelión” con arreglo al artículo 106 del Código Penal, delito que podía ser castigado incluso con cadena perpetua. Una investigación preliminar llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) concluyó que las fuerzas de seguridad habían cometido diversas violaciones de derechos humanos, como abrir fuego contra los asistentes a la reunión y golpearlos y propinarles patadas.

Algunos periodistas y defensores de los derechos humanos continuaron sufriendo intimidación y agresiones a causa de su trabajo.

  • En marzo, personas no identificadas apuñalaron al periodista Banjir Ambarita en la provincia de Papúa; poco antes, Ambarita había escrito sobre los casos de dos mujeres que, según informes, habían sido violadas por policías en Papúa. Logró sobrevivir a la agresión.
  • En junio, oficiales de las fuerzas armadas golpearon a Yones Douw, defensor de los derechos humanos en Papúa, cuando intentaba realizar labores de observación de una protesta en la que se pedía rendición de cuentas por el posible homicidio ilegítimo del papú Derek Adii en mayo.
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Discriminación

Las minorías religiosas continuaban siendo objeto de ataques e intimidación. La persecución de la comunidad ahmadí fue cada vez más frecuente, y al menos cuatro provincias promulgaron nuevas normativas regionales que limitaban sus actividades. Al finalizar el año, al menos 18 iglesias cristianas habían sido atacadas o se habían visto obligadas a cerrar sus puertas. En muchos casos, la policía no protegió adecuadamente a los grupos minoritarios, religiosos y de otro tipo, frente a estos ataques.

  • En febrero, tres hombres ahmadíes murieron al ser atacados por una multitud de 1.500 personas en el subdistrito de Cikeusik, en la provincia de Banten. El 28 de julio, 12 personas fueron condenadas a entre tres y seis meses de cárcel por su participación en los hechos. No se acusó a nadie de asesinato, y grupos de derechos humanos locales mostraron su preocupación por las deficiencias del proceso.
  • El alcalde de Bogor seguía negándose a acatar el fallo emitido por el Tribunal Supremo en 2010, que ordenaba a las autoridades la reapertura del edificio de la iglesia cristiana indonesia Taman Yasmin. La congregación se vio obligada a celebrar sus servicios semanales en la acera, delante de la iglesia precintada, entre protestas de grupos radicales.
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Derechos sexuales y reproductivos

A las mujeres y las niñas, sobre todo a las de comunidades pobres y marginadas, se les impedía ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. A muchas se les seguía negando el acceso a los servicios de salud reproductiva establecidos en la Ley de Salud de 2009, ya que el Ministerio de Salud aún no había elaborado el reglamento necesario para su aplicación. El gobierno no combatió las actitudes discriminatorias ni las prácticas crueles, inhumanas y degradantes, como la mutilación genital femenina y los matrimonios a edad temprana.

  • En junio, la ministra de Salud defendió una normativa de noviembre de 2010 que permitía formas de “circuncisión femenina” específicamente definidas siempre que fueran practicadas por profesionales de la medicina, la enfermería o la partería. La normativa legitimaba la práctica generalizada de la mutilación genital femenina; además, vulneraba diversas leyes indonesias y entraba en contradicción con las promesas del gobierno de promover la igualdad de género y combatir la discriminación de las mujeres.

El índice de mortalidad materna seguía siendo uno de los más elevados de la región.

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Trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico

En junio, el presidente expresó su apoyo al nuevo Convenio sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo). Sin embargo, por segundo año consecutivo, el Parlamento no debatió ni promulgó legislación que ofreciese protección jurídica a las personas que trabajaban en el servicio doméstico, de modo que en torno a 2,6 millones de trabajadores y trabajadoras de este sector –integrado mayoritariamente por mujeres y niñas– seguían en constante riesgo de sufrir explotación económica y violencia física, psicológica y sexual.

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Impunidad

Seguían sin ser procesados los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Aceh, Papúa, Timor Oriental y otros lugares. La Fiscalía General no inició actuaciones sobre casos de graves violaciones de derechos humanos remitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre los que se incluían crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

  • El memorándum de entendimiento entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia de Timor Oriental, que, entre otras cosas, pedía que se informase sobre las personas desaparecidas en Timor Oriental en 1999, venció en enero y fue renegociado en noviembre. No se registraron avances (véase el apartado sobre Timor Oriental).
  • En septiembre, el fiscal general declaró, según informes, que el caso del asesinato del destacado defensor de los derechos humanos Munir estaba “cerrado”. Aunque tres personas habían sido condenadas por participar en su muerte, seguía habiendo denuncias creíbles de que no todos los responsables habían sido procesados.
  • El gobierno continuaba sin poner en práctica las recomendaciones formuladas por el Parlamento en 2009 para que se investigase y procesase a los responsables del secuestro y la desaparición forzada de 13 activistas políticos en 1997-1998.
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Pena de muerte

Por tercer año consecutivo no se tuvo noticia de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones. Sin embargo, al menos 100 personas continuaban condenadas a muerte.

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