Jamaica

Human Rights in Jamaica

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jamaica is now live »

Jefa del Estado
reina Isabel II, representada por Patrick Linton Allen
Jefe del gobierno
Andrew Holness (sustituyó a Bruce Golding en octubre)
Pena de muerte
retencionista
Población
2,8 millones
Esperanza de vida
73,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
30,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
86,4 por ciento

Información general

El elevado grado de violencia de las bandas armadas, sobre todo en las comunidades marginadas de las zonas deprimidas de las ciudades, siguió suscitando preocupación. Sin embargo, el número de homicidios registrados descendió un 15 por ciento en comparación con 2010.

Una comisión de investigación independiente nombrada para investigar la gestión de la petición presentada por Estados Unidos para la extradición del presunto narcotraficante Christopher Coke informó de sus conclusiones en junio. La comisión declaró que la intervención del primer ministro Golding en la decisión de extraditar había sido “inadecuada”. En septiembre, Bruce Golding anunció su dimisión como primer ministro y como líder del Partido Laborista de Jamaica.

En abril se aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, que sustituyó al capítulo III de la Constitución. En julio, el Tribunal Supremo resolvió que la Ley sobre Libertad bajo Fianza (Disposiciones Provisionales para Delitos Concretos) era inconstitucional. También en julio se prorrogó un año más la vigencia de otra ley temporal que confería a la policía facultades extraordinarias de detención y arresto.

En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió el tercer informe periódico de Jamaica y formuló varias recomendaciones sobre cuestiones tales como las investigaciones de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, la protección de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, y la lucha contra la violencia de género.

El Partido Nacional del Pueblo, liderado por la ex primera ministra Portia Simpson Miller, ganó las elecciones generales que se celebraron el 29 de diciembre.

Top of page

Policía y fuerzas de seguridad

El número de personas que perdieron la vida a manos de la policía entre enero y junio descendió un 32 por ciento en relación con el mismo periodo de 2010. Sin embargo, varias personas murieron en circunstancias que indicaban que sus muertes podrían haber sido ejecuciones extrajudiciales.

Nadie rindió cuentas por los presuntos homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas cometidos durante el estado de excepción de 2010. Al concluir el año, la Oficina del Defensor Público, que realizó una investigación independiente sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de excepción, no había presentado su informe al Parlamento. El gobierno no había cumplido su promesa de nombrar una comisión de investigación independiente para determinar la verdad de lo ocurrido, a pesar de las peticiones en tal sentido realizadas por el defensor público y las organizaciones jamaicanas de derechos humanos.

La Comisión Independiente de Investigación, creada en agosto de 2010 para investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, recibió recursos para contratar y formar a investigadores adicionales. Sin embargo, proseguía el debate sobre si entre las facultades de la Comisión se encontraban las de acusar formalmente a agentes de policía, lo que ponía de relieve la necesidad de que dichas facultades se aclararan y reforzaran por ley.

Continuó la implantación de la reforma de la policía. En abril, la policía declaró que, de las 124 recomendaciones de reforma propuestas por un grupo de expertos independientes en junio de 2008, se habían aplicado 53, y 65 se encontraban en una fase avanzada de aplicación.

Top of page

Sistema de justicia

En octubre, el ministro de Justicia manifestó que se había implementado un número significativo de recomendaciones para la reforma del sistema de justicia. Sin embargo, también reconoció que seguía habiendo demoras significativas en la administración de justicia.

En febrero se nombró a un pesquisidor especial encargado de examinar los casos de disparos de la policía con resultado de muerte. No obstante, debido a que los recursos asignados a su oficina eran muy limitados, el pesquisidor carecía de capacidad para abordar efectivamente tanto el número de casos acumulados como el elevado número de casos nuevos.

Top of page

Derechos de la infancia

Tras las críticas sobre la reclusión de menores de edad junto con adultos en calabozos policiales, en julio el gobierno abrió el Centro Preventivo de Menores de la calle Metcalfe para varones y ordenó el traslado de todos los menores varones detenidos al centro. Sin embargo, según las organizaciones locales de derechos humanos, el 3 de septiembre había aún 28 menores de ambos sexos recluidos en calabozos policiales. A las niñas se las seguía recluyendo junto con personas adultas.

Top of page

Violencia contra mujeres y niñas

Las estadísticas policiales revelaron un descenso de las denuncias de delitos sexuales contra mujeres y niñas. No obstante, en mayo la policía declaró que habían aumentado las agresiones sexuales contra niños y niñas de entre 11 y 15 años respecto al mismo periodo en 2010.

En marzo se adoptó una Política Nacional para la Igualdad de Género.

Top of page

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Las organizaciones de defensa de los derechos del colectivo LGBT informaron de decenas de casos de agresiones, hostigamiento y amenazas contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, que en muchos casos no se investigaron de forma exhaustiva e imparcial.

La Carta de Derechos y Libertades Fundamentales no incluía el derecho a no sufrir discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición en nombre de dos gays contra los artículos de la Ley sobre Delitos contra la Persona (conocida generalmente como “ley de sodomía”). El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado jamaicano que modificara la ley y proporcionara protección a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, y también a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en su favor.

Top of page

Pena de muerte

No se impuso ninguna condena de muerte. Al concluir el año había siete hombres en espera de ejecución.

La Carta de Derechos y Libertades Fundamentales incluía una disposición que anulaba los efectos de una histórica sentencia dictada en 1993 por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, con sede en Reino Unido y máxima instancia judicial de apelación de Jamaica, que había declarado que la ejecución de una persona que hubiera permanecido cinco años en espera de ejecución constituía pena inhumana y degradante.

Top of page