Ruanda

Human Rights in República de Ruanda

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Rwanda is now live »

Jefe del Estado
Paul Kagame
Jefe del gobierno
Pierre Damien Habumuremyi (sustituyó a Bernard Makuza en octubre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,9 millones
Esperanza de vida
55,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
110,8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
70,7 por ciento

Información general

En enero, en el marco del examen periódico universal de la ONU, se evaluó el historial de derechos humanos de Ruanda. El gobierno aceptó la mayoría de las recomendaciones, incluidas las relativas a revisar la legislación existente para proteger la libertad de expresión. Sin embargo, rechazó las referentes a investigar los casos de detención y reclusión arbitrarias, incluidos los que podían constituir desaparición forzada, alegando que el número de detenciones irregulares era escaso y que los agentes responsables habían rendido cuentas.

Las preocupaciones en materia de seguridad se intensificaron en 2011 debido a unos atentados con granadas perpetrados en 2010, a la existencia de divisiones en el partido gobernante (Frente Patriótico Ruandés) y a la desafección de algunos partidarios de Laurent Nkunda, ex líder del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo.

El gobierno coorganizó una reunión en la capital, Kigali, para animar a otros países de África a seguir el ejemplo de Ruanda en cuanto a la abolición de la pena de muerte.

Los donantes siguieron apoyando al gobierno, en interés del desarrollo económico, pero en privado expresaron su preocupación por las violaciones de derechos humanos.

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Libertad de expresión

La libertad de expresión continuó sometida a graves restricciones a pesar de haber cambios legislativos pendientes. Aumentó el número de personas condenadas por supuestas amenazas a la seguridad nacional, como criticar políticas del gobierno.

Legislación sobre “ideología del genocidio” y “sectarismo”

El compromiso de revisar la legislación relativa a la “ideología del genocidio” se veía desmentido por el persistente uso indebido por parte del gobierno de leyes generales e imprecisas sobre este delito y sobre el de “sectarismo”, más conocido como “divisionismo”. Tales leyes prohibían la apología del odio, pero también criminalizaban las críticas al gobierno. Al terminar el año, las autoridades no habían debatido las revisiones prometidas de la legislación relativa a la “ideología del genocidio”, anunciadas por primera vez en abril de 2010.

  • Bernard Ntaganda, presidente del Partido Social Ideal (PS-Imberakuri), fue condenado a cuatro años de prisión en febrero. Había sido declarado culpable de “divisionismo” por pronunciar discursos públicos en los que criticaba las políticas del gobierno en el periodo previo a las elecciones de 2010, así como de poner en peligro la seguridad del Estado y de intentar planear una “manifestación no autorizada”. Su enjuiciamiento por poner en peligro la seguridad del Estado y por divisionismo se basó únicamente en los discursos contra las políticas del gobierno.
  • En septiembre comenzó el juicio de Victoire Ingabire, líder de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU-Inkingi). Estaba acusada formalmente de terrorismo, creación de un grupo armado, “ideología del genocidio”, “sectarismo” y difusión voluntaria de rumores destinados a incitar a la población contra el poder establecido. Los cargos de “ideología del genocidio” se basaban en parte en su petición pública de que se enjuiciaran los crímenes de guerra cometidos por el Frente Patriótico Ruandés (véase el apartado sobre el sistema de justicia). Suscitó preocupación la vulneración de las normas relativas a las garantías procesales por medios como permitir que el fiscal presentara pruebas anteriores a las leyes en virtud de las cuales se habían formulado los cargos.

Periodistas

Al terminar el año se habían presentado ante el Parlamento numerosas disposiciones jurídicas destinadas a salvaguardar la libertad de los medios de comunicación. Las organizaciones de derechos humanos esperaban que las revisiones propuestas de la legislación relativa a los medios de comunicación, la ley sobre el Consejo Superior de Medios de Comunicación y un nuevo proyecto de ley relativo al acceso a la información redujeran el control del Estado sobre los medios. Estaba previsto que la difamación siguiera siendo delito; en años anteriores la ley contra la difamación se había utilizado para silenciar a periodistas y cerrar medios de comunicación.

Los medios de comunicación privados cerrados en 2010 seguían clausurados, y sus directores y otros periodistas independientes continuaban exiliados.

  • Agnes Nkusi Uwimana, directora del periódico sensacionalista privado en lengua kinyarwanda Umurabyo, y su subdirectora, Saidati Mukakibibi, fueron condenadas a 17 y 7 años de prisión, respectivamente, el 5 de febrero por unos artículos de opinión en los que se criticaban políticas gubernamentales; los artículos se habían publicado antes de las elecciones presidenciales de 2010. Agnes Nkusi Uwimana había sido declarada culpable de poner en peligro la seguridad del Estado, y de “ideología del genocidio”, “divisionismo” y difamación, y Saidati Mukakibibi, de poner en peligro la seguridad del Estado. La vista de los recursos presentados por las dos periodistas se aplazó hasta 2012.
  • El fiscal no reabrió la investigación sobre el homicidio, cometido en junio de 2010, del periodista Jean-Leonard Rugambage, a pesar de las deficiencias que presentaba. En septiembre, uno de los homicidas convictos fue absuelto en apelación y al otro se le redujo la condena de cadena perpetua a 10 años de cárcel.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades seguían sometiendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos a actos de intimidación y hostigamiento, como reclusión, amenazas, obstáculos administrativos y denuncias de conducta indebida en el ámbito económico.

  • Joseph Sanane y Epimack Kwokwo, presidente y secretario ejecutivo en funciones de la Liga de Derechos Humanos de la Región de los Grandes Lagos (LDGL), fueron detenidos el 19 de agosto, acusados de haber ayudado al secretario ejecutivo de la LDGL, Pascal Nyilibakwe, a salir de Ruanda en 2010 tras recibir reiteradas amenazas contra su seguridad. Joseph Sanane pasó la noche detenido, y Epimack Kwokwo quedó en libertad al cabo de varias horas.
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Libertad de asociación

Algunos políticos de la oposición fueron declarados culpables de intentar planear manifestaciones “no autorizadas” o participar en ellas. Se recluyó a algunos miembros de menor rango de partidos opositores. Las autoridades ruandesas amenazaron e intimidaron a políticos de la oposición radicados en países vecinos, así como en Sudáfrica y en algunos países de Europa.

  • En mayo, la policía de Reino Unido advirtió a dos activistas de oposición ruandeses que el gobierno de Ruanda representaba una amenaza inminente para sus vidas.
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Presos de conciencia

Charles Ntakiruntinka, ex ministro ruandés, seguía cumpliendo una condena de 10 años de cárcel en la prisión central de Kigali. Después de un juicio sin garantías, había sido declarado culpable de incitar a la desobediencia civil y de asociación con elementos delictivos.

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Sistema de justicia

En el marco de los constantes intentos de conseguir transferencias y extradiciones de sospechosos de genocidio, el gobierno reformó la legislación para garantizar que las personas declaradas culpables no serían condenadas a “cadena perpetua con disposiciones especiales”. Esta condena podía constituir reclusión prolongada en régimen de aislamiento en el caso de las personas cuyos familiares no pudieran visitarlas o no estuvieran dispuestos a hacerlo. Estos presos sólo tenían derecho a comunicarse con un abogado en presencia de un guardia de la prisión, lo que suponía vulnerar su derecho de defensa en las vistas de los recursos de apelación. La condena no se aplicaba por la falta de celdas individuales.

A pesar de sus peticiones a tal efecto, no se permitió el acceso de ninguna ONG independiente para supervisar las condiciones de reclusión o entrevistarse en privado con los reclusos.

Después de varias demoras estaba previsto que la celebración de juicios por genocidio en el sistema gacaca –que no cumplía las normas internacionales sobre juicios justos– concluyera a finales de 2011. Al terminar el año había pendientes algunas solicitudes de revisión. No se había presentado todavía al Parlamento una nueva ley que determinara cómo se investigarían y enjuiciarían ante tribunales ordinarios las nuevas denuncias de implicación en el genocidio de 1994.

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Reclusión ilegítima y desapariciones forzadas

Decenas de jóvenes detenidos en 2010 y 2011 fueron recluidos de manera ilegítima en centros de detención militares, como Camp Kami, y en centros de detención ilegales, como Chez Gacinya y Gikondo, en muchos casos durante varios meses. Se les negó el acceso a abogados y a atención médica, así como la oportunidad de impugnar su detención ante un tribunal. En algunos casos, los familiares solicitaron oficialmente información a la policía, que no se la facilitó. Algunos detenidos fueron trasladados a prisiones ordinarias tras ser acusados formalmente de poner en peligro la seguridad nacional. Otros quedaron en libertad con la condición de guardar silencio.

Las autoridades no arrojaron luz sobre la desaparición forzada de Robert Ndengeye Urayeneza, visto por última vez en marzo de 2010. Se creía que estaba bajo custodia militar.

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Justicia internacional

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda dictó numerosas sentencias durante el año, aunque nueve inculpados continuaban en libertad. Estaba previsto que el Tribunal cesara en sus actividades en 2012.

En diciembre, la Sala de Apelaciones del Tribunal confirmó la decisión de transferir el caso de Jean Uwinkindi a Ruanda. El fallo mencionaba la intención expresa de Ruanda de introducir disposiciones legales para permitir que jueces extranjeros formaran parte de los tribunales encargados de ver los casos transferidos. Sería el primer caso de genocidio transferido o extraditado a Ruanda.

Jurisdicción universal

Se llevaron a cabo procedimientos judiciales contra sospechosos de genocidio en Alemania, España y Finlandia. La extradición, solicitada por España y Francia, de Kayumba Nyamwasa, ciudadano ruandés presuntamente responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda, seguía pendiente de resolución en Sudáfrica, país en el que se le había concedido asilo en 2010. Las autoridades sudafricanas rechazaron la solicitud de extradición formulada por Ruanda.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en octubre que Sylvere Ahorugeze podía ser extraditado de Suecia a Ruanda. Suecia lo había puesto en libertad previamente debido a la duración de su reclusión en espera de juicio. Al no establecerse salvaguardias efectivas para su comparecencia en juicio, no podía garantizarse el derecho a la justicia de las víctimas de genocidio ruandesas.
  • Noruega decidió extraditar a Charles Bandora. El caso estaba sujeto a recurso.

Impunidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

No hubo investigaciones ni enjuiciamientos por denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Patriótico Ruandés en Ruanda en 1994, ni por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas ruandesas en la República Democrática del Congo, documentadas en un informe de la ONU.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, invocó el 31 de diciembre una cláusula de cesación para los refugiados ruandeses, lo que significaba que perderían su condición de tales. Al terminar el año, los que continuaban en varios países no tenían acceso a entrevistas de exención para demostrar los motivos individuales de su persistente temor a sufrir persecución. La cláusula debía entrar en vigor el 1 de julio de 2012.

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