Sierra Leona

Human Rights in República de Sierra Leona

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Sierra Leone is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Ernest Bai Koroma
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
6 millones
Esperanza de vida
47,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
192,3 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
40,9 por ciento

Información general

En marzo, el Tribunal Especial para Sierra Leona, con sede en La Haya, concluyó las vistas probatorias en el juicio de Charles Taylor, ex presidente de Liberia, acusado formalmente por su responsabilidad penal individual en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado que durante 11 años afectó a Sierra Leona. Entre los crímenes de los que se le acusaba figuraban asesinato, violación, reclutamiento o alistamiento de menores de 15 años en las fuerzas armadas y otros actos inhumanos. Al terminar el año continuaban las deliberaciones de los jueces.

El acuerdo de paz incluía una amnistía, en aplicación de la cual sólo se dictó acta de acusación formal por violaciones graves de derechos humanos contra 13 hombres.

El 5 de mayo se aprobó la Ley sobre Personas con Discapacidad, con el objetivo de establecer la Comisión Nacional para las Personas con Discapacidad y prohibir la discriminación contra estas personas. Sin embargo, al terminar el año la Comisión no se había establecido.

No se registraron avances en la revisión constitucional, cuya reanudación no se esperaba hasta después de las elecciones nacionales de 2012.

En mayo, en el marco del examen periódico universal de la ONU, se estudió el historial de derechos humanos de Sierra Leona. El Estado aceptó todas las recomendaciones excepto las relacionadas con los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

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Pena de muerte

Al terminar el año había tres personas en espera de ejecución. Dos hombres fueron condenados a muerte por asesinato el 19 y el 26 de mayo, respectivamente.

En marzo, el Tribunal de Apelación anuló la condena a muerte impuesta a una mujer declarada culpable de asesinar a su hija en 2005.

En abril, las autoridades indultaron a tres presos que estaban en espera de ejecución, entre ellos una mujer, y conmutaron todas las demás condenas a muerte por cadena perpetua, excepto la de Baby Allieu, impuesta en noviembre de 2010 por asesinato.

En diciembre, el Tribunal Superior anuló en apelación la sentencia de culpabilidad dictada contra una mujer que había estado condenada a muerte y que se encontraba en libertad bajo fianza desde 2010.

En septiembre, el gobierno confirmó la suspensión oficial de las ejecuciones.

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Sistema de justicia

Los jueces soportaban una carga excesiva de trabajo y su formación era deficiente. Los constantes aplazamientos, la pérdida de sumarios, la falta de medios para trasladar a los presos a los tribunales y la escasez de jueces causaban largas demoras.

Existía un programa piloto de asistencia letrada gratuita que registró algunos éxitos, pero sólo estaba en funcionamiento en Freetown. Al terminar el año no se había presentado al Parlamento un proyecto de ley destinado a ampliar la asistencia letrada gratuita.

Los tribunales de jefes seguían excediéndose en su jurisdicción y a menudo imponían cuantiosas multas y encarcelamientos arbitrarios. En septiembre se aprobó una nueva Ley de Tribunales Locales, pero al terminar el año no se había implementado.

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Rendición de cuentas de las empresas

Los acuerdos entre empresas, gobierno y comunidades sobre el uso de la tierra se caracterizaban por la ausencia de la debida consulta, la falta de información y transparencia y la intimidación. Algunos defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron intimidación y amenazas por su trabajo sobre rendición de cuentas de las empresas.

  • En octubre, 40 personas fueron detenidas en la jefatura de Sahn Malen, distrito de Pujehun, tras protestas contra un acuerdo de arrendamiento de su tierra a la compañía productora de caucho y aceite de palma Socfin. Se presentaron cargos de “desórdenes” y “reunión ilegítima” contra 15 hombres en virtud de la Ley de Orden Público de 1965, y se decretó su prisión preventiva durante siete días antes de dejarlos en libertad bajo fianza. La causa seguía abierta al final del año.
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Desalojos forzosos

El 11 de mayo, la policía desalojó por la fuerza en Freetown un centro de formación y residencia para personas con discapacidad, expulsando de él a más de 100 personas, entre residentes, familiares de éstos y cuidadores. Previamente se había fijado en la puerta un aviso de desalojo, en el que se establecía un plazo de ejecución de siete días. La policía disparó gas lacrimógeno en el interior del edificio y arrojó a la calle las pertenencias de los residentes.

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Libertad de expresión

Los periodistas sufrían hostigamiento, amenazas y agresiones. No se revocó la Ley de Orden Público de 1965, cuyas disposiciones sobre difamación sediciosa restringían la libertad de expresión. Al terminar el año no se había aprobado el proyecto de Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información, presentado al Parlamento en 2010.

  • En septiembre, Mohamed Fajah Barrie, periodista deportivo de la BBC, y otros tres periodistas fueron golpeados por guardias presidenciales después de un partido de fútbol. Mohamed Fajah Barrie quedó en coma a consecuencia de los golpes. El presidente Koroma manifestó públicamente su compromiso de investigar los hechos, pero al terminar el año no se había iniciado ningún enjuiciamiento.
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Salud materna

A pesar de una importante iniciativa gubernamental emprendida en abril de 2010 para prestar atención gratuita a las mujeres y niñas embarazadas, éstas seguían haciendo frente a graves dificultades en el acceso a medicamentos y atención médica fundamentales para un embarazo y un parto sin riesgos. La atención era con frecuencia de baja calidad, y muchas mujeres seguían pagando por medicamentos esenciales, a pesar de la política de atención gratuita. En consecuencia, muchas mujeres y niñas que vivían en la pobreza seguían teniendo un acceso limitado o nulo a una atención esencial en el embarazo y el parto. Una de las deficiencias fundamentales del sistema de atención de la salud era la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. Los servicios de salud materna eran especialmente deficientes en las zonas rurales.

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Policía y fuerzas de seguridad

Las condiciones deficientes en los calabozos policiales y la reclusión ilegítima sin cargos durante periodos prolongados eran habituales. Las investigaciones sobre violencia sexual y de género eran a menudo inadecuadas.

  • En junio, nueve personas, dos de ellas de 15 y 16 años de edad y cuatro con discapacidad, estuvieron recluidas en la comisaría de policía de Kissi durante 17 días a causa de un conflicto sobre tierras en Grafton. Al final quedaron en libertad sin cargos.
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Condiciones de reclusión

En varias prisiones de Sierra Leona había graves problemas de hacinamiento. En la mayoría de las cárceles los servicios de saneamiento eran extremadamente deficientes, y los reclusos tenían que usar cubos a modo de retrete.

Había tres centros de detención de menores en Sierra Leona, dos en Freetown y uno en Bo. En otras partes del país era habitual recluir a los menores junto con adultos en los calabozos policiales y en las celdas de las cárceles. En muchos casos, la policía exageraba su edad antes de trasladarlos a prisión.

Sólo había hospital en la prisión de Pademba Road, pero a menudo los reclusos tenían que pagar para recibir tratamiento.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia intrafamiliar, la violación y otras formas de violencia sexual seguían siendo prácticas generalizadas. Se denunciaban pocos casos a las autoridades, y a menudo las investigaciones sobre ellos eran deficientes y los enjuiciamientos apenas prosperaban. Los centros médicos cobraban habitualmente a las víctimas de violencia sexual por los informes médicos, sin los cuales era prácticamente imposible concluir con éxito el enjuiciamiento. Los acuerdos extrajudiciales eran habituales debido al estigma social, a los costos y el carácter intimidatorio de los procesos judiciales y a la intervención de familiares y dirigentes tradicionales. Las unidades de apoyo a la familia, encargadas de investigar la violencia sexual y de género, carecían de personal y recursos suficientes, por lo que les costaba sacar adelante su trabajo.

Continuaron las prácticas tradicionales nocivas y discriminatorias, como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado o precoz, aunque la mutilación genital femenina de menores de 18 años disminuyó ligeramente. Algunos defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento y amenazas por su trabajo en relación con la mutilación genital femenina. La legislación nacional no penalizaba expresamente esta práctica.

Se registraron escasos avances en lo relativo a subsanar las lagunas de las “tres leyes sobre género” y la Ley de Derechos de la Infancia de 2007, que menoscababan la protección jurídica de los derechos de las mujeres y de la infancia. Aunque las ONG sensibilizaron sobre estas leyes, al terminar el año la implementación seguía siendo deficiente.

No se tomaron medidas para reformar la sección 27.4.d de la Constitución, que permitía la discriminación por motivos de adopción, matrimonio, divorcio, entierro y herencia.

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Violencia política

La tensión política entre simpatizantes de los dos partidos políticos principales, el Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) y el Congreso de Todo el Pueblo (APC), aumentó al acercarse las elecciones de 2012.

Al terminar el año no se habían hecho públicas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Revisión Independiente Shears Moses, establecido en abril de 2009 para investigar los incidentes de violencia política ocurridos en marzo de ese año.

  • El 9 de septiembre, un enfrentamiento entre partidarios del APC y del SLPP se saldó con una persona muerta y 23 heridas cuando la policía usó gas lacrimógeno y fuego real para dispersar a la multitud. Se arrojaron piedras contra los partidarios del SLPP. La sede del APC en Bo fue incendiada y la presidenta del APC fue apuñalada. El presidente de Sierra Leona estableció un grupo de investigación, pero al terminar el año no se habían implementado todavía sus recomendaciones.
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