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23 October 2012

República Dominicana: El Parlamento debe despenalizar el aborto

Los parlamentarios de la República Dominicana deben aprovechar el debate en curso en torno al  Código Penal vigente y despenalizar el aborto, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de la votación del miércoles.

El artículo 90 del Código Penal establece penas para las mujeres que intenten abortar, así como para quienes realicen abortos o ayuden a realizarlos, con independencia de las circunstancias, incluso si el embarazo es consecuencia de una violación o de incesto, o si la vida de la madre corre peligro si continúa el embarazo.

“La propuesta de Código Penal es contraria a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y mantiene una situación en la que se impide que los profesionales de la salud proporcionen la mejor atención a sus pacientes”, declaró Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

“La penalización del aborto en todas las circunstancias, tal como se mantiene en la nueva legislación, viola los derechos de la mujer a la vida, a la salud y a no sufrir torturas, malos tratos ni discriminación, y es contraria a los compromisos internacionales de la República Dominicana en materia de derechos humanos.”

Según la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana tiene un elevado índice de mortalidad materna. Algunas de estas muertes son consecuencia de abortos realizados en condiciones de riesgo.

En agosto de 2012, Rosaura, una joven de 16 años que padecía leucemia, murió debido a las complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. Le habían diagnosticado la leucemia a principios de julio de ese año, cuando llevaba unas semanas de embarazo. En aquel momento, se le impidió que se sometiera a un aborto terapéutico —como recomendaron varios profesionales de la salud— porque era contrario a la ley. También se aplazó la quimioterapia, pues a los médicos les preocupaba que dañara al feto.

“Los indicios muestran que cuando se prohíbe totalmente el aborto, los índices de mortalidad materna aumentan porque los médicos temen, o no pueden, proporcionar tratamientos que salvarían vidas que afecten al embarazo, incluso cuando son la única forma de salvar a la paciente”, prosiguió Javier Zúñiga. 

“Cualquier esfuerzo serio de la República Dominicana para abordar los elevados índices de mortalidad materna deberá incluir medidas para garantizar que no se producen muertes de mujeres debido a abortos en condiciones de riesgo.”

“Lo que deberían hacer los parlamentarios de la República Dominicana es escuchar lo que reclama gran parte de la sociedad civil dominicana para que se protejan efectivamente los derechos de las mujeres y las niñas. Esto incluye despenalizar el aborto, proteger a mujeres y niñas de la violencia basada en el género, garantizar el acceso a información para prevenir embarazos no deseados, así como garantizar justicia a quienes sufran abusos.”

AI Index: PRE01/508/2012
Region Americas
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