Annual Report 2013
The state of the world's human rights

28 January 2008

Los peligros de opinar en Siria

Los peligros de opinar en Siria
Para ser activista político o de derechos humanos en Siria hace falta valor, ya que el gobierno no tolera la discrepancia. Los 45 años de estado de excepción otorgan a la policía de seguridad amplios poderes de detención y reclusión, que utilizan contra las personas que se atreven a defender los derechos humanos o a expresarse en contra de las autoridades.  

En el marco del prolongado estado de excepción en el país, se estableció un tribunal especial –Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (SSSC, por sus siglas en inglés)– para procesar a aquellas personas que discrepan o a quienes se acusa de delitos contra la seguridad del Estado. Desde su creación en 1968, los procedimientos del SSSC son manifiestamente injustos y en él se ha condenado a prisión a cientos de personas.

Los acusados que comparecen ante el SSSC suelen ser miembros de partidos políticos no autorizados, organizaciones de derechos humanos, grupos de la sociedad civil y otros que han expresado de forma pacífica su opinión contraria a las autoridades. Pese a ello, a menudo se les acusa y condena por delitos contra la seguridad imprecisos, no fundamentados y que se pueden interpretar ampliamente, como pertenecer a una organización terrorista, "exponer a Siria a la amenaza de actos hostiles", "debilitar los sentimientos nacionalistas", "oponerse a los objetivos de la revolución" e "incitar a conflictos sectarios".

Fateh Jamus, por ejemplo, fue declarado culpable de terrorismo, aunque no se presentaron pruebas ante el tribunal que demostraran su uso o defensa de la violencia. De entre las casi 1.000 personas detenidas por presunta vinculación al proscrito Partido Comunista del Trabajo, Jamus así como otras 20 –o más– personas fueron víctimas de detenciones durante diez años, antes de que finalmente se les procesara en distintos momentos de la década de los noventa. Jamus quedó en libertad en 2000, tres años después de expirar su condena de 15 años.

Asimismo, Muhammad Zammar permaneció detenido sin cargos durante casi cinco años antes de ser declarado culpable en 2007 de pertenencia a la prohibida Hermandad Musulmana, sin que existieran pruebas fundamentadas.

El SSSC no es independiente, sino que funciona bajo el control de la rama ejecutiva del gobierno, fuera del sistema de justicia penal ordinario. Sus jueces son siempre miembros del Partido Baás gobernante, nombrados por recomendación del ministro de Interior.

Tanto para detenidos como para acusados, la comunicación con un abogado está limitada y rara vez es confidencial. Los acusados no pueden reunirse con su abogado mientras permanecen en detención preventiva y, por lo general, este encuentro tiene lugar por primera vez en la primera sesión del juicio, a menudo durante escasos minutos. Los juicios suelen realizarse a puerta cerrada. Los acusados juzgados ante el SSSC no pueden recurrir contra la condena y la pena impuesta ante un tribunal superior, lo que viola las normas internacionales en materia de juicios justos.

“Las violaciones no sólo afectan a los detenidos [sino también] a sus familias y abogados”, ha señalado Razan Zaytounah, abogada siria de derechos humanos a quien el presidente del SSSC tiene prohibido trabajar en el tribunal desde noviembre de 2005, tras una discusión durante la cual, según los informes, éste también la insultó.

Según ha explicado Zaytounah, el SSSC “viola el derecho a la defensa y el derecho de una persona condenada a recurrir o apelar contra su condena, porque los fallos son definitivos […] Este tribunal no respeta los procedimientos penales de aplicación en el sistema judicial ordinario [y] viola el principio de separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial”.

Incluso después de quedar en libertad, “algunos efectos de hecho nos perseguirán hasta la muerte”, ha dicho Fateh Jamus. "Se nos prohíbe volver a trabajar o recibir cualquier tipo de indemnización, y también se nos prohíbe viajar".

El SSSC contribuye a la impunidad en Siria: el tribunal no ha investigado ninguna de las numerosas denuncias realizadas por los acusados según las cuales sufrieron torturas durante la detención preventiva y los interrogatorios, y las "confesiones" les fueron extraídas bajo coacción.

Como dice Fateh Jamus: "El hecho de que una persona pueda haber sido torturada en los centros de interrogatorio, por ejemplo, no se tiene en absoluto en cuenta. [El tribunal] no presta ninguna atención a este asunto. Las declaraciones tomadas o las investigaciones realizadas por las agencias de seguridad son primordiales a la hora de dictar sentencia contra los presos".

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades sirias que pongan fin a los juicios sin garantías celebrados ante el SSSC. En el período previo al 8 de marzo, fecha que marca los 45 años de la declaración del estado de excepción en Siria, Amnistía Internacional pide nuevamente al presidente sirio Bashar al-Assad que aplique una reforma fundamental o  proceda a abolir el SSSC, y garantice que los tribunales sirios cumplen las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.  

Issue

Detention 
Torture And Ill-treatment 
Trials And Legal Systems 

Country

Syria 

Region

Middle East And North Africa 

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