Afganistán

Human Rights in República Islámica de Afganistán

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Afghanistan is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Hamid Karzai

Información general

En enero, los talibanes accedieron a abrir una oficina política en Qatar que permitiera unas negociaciones de paz directas; sin embargo, los esfuerzos llegaron a un punto muerto en marzo al abordar las solicitudes de intercambio de prisioneros. A principios de noviembre, las negociaciones entre Pakistán y el Alto Consejo de la Paz de Afganistán desembocaron en la liberación por Pakistán de varios líderes talibanes detenidos. El 17 de noviembre, el director del Alto Consejo de la Paz, Salahuddin Rabbani, declaró que los mandos talibanes que se unieran al proceso de paz recibirían inmunidad frente al enjuiciamiento, pese a que algunos de los detenidos eran presuntos autores de crímenes de guerra. Las mujeres pertenecientes al Alto Consejo de la Paz seguían estando marginadas de las principales consultas sobre la paz.

En la cumbre bienal de la OTAN, celebrada en mayo, los Estados subrayaron la importancia de la participación de la mujer en los procesos de paz, políticos, de reconciliación y de reconstrucción de Afganistán, así como la necesidad de respetar los acuerdos institucionales que protegían sus derechos. Al mismo tiempo, los grupos de mujeres expresaron preocupación por su exclusión –en la práctica– de las consultas nacionales sobre la transferencia de las responsabilidades en materia de seguridad de las fuerzas internacionales a las nacionales. Las activistas condenaron el “código de conducta” del presidente Karzai, propuesto el 2 de marzo y según el cual las mujeres debían viajar con un tutor varón y no mezclarse con los hombres en el trabajo ni en la educación.

En julio, los donantes internacionales se reunieron en Tokio (Japón), donde prometieron 16.000 millones de dólares estadounidenses en concepto de ayuda civil a Afganistán hasta 2015, con un apoyo sostenido hasta 2017. Sin embargo, la ONU informó en diciembre de que en 2012 los fondos humanitarios –484 millones de dólares estadounidenses– habían disminuido casi un 50 por ciento en relación con 2011. Según la Oficina para la Seguridad de las ONG en Afganistán, las ONG y el personal humanitario recibieron amenazas en grado similar a 2011, y los grupos armados y las fuerzas de seguridad progubernamentales causaron 111 incidentes de seguridad, incluidos homicidios, lesiones y secuestros.

En septiembre, el Parlamento confirmó sin debate a Assadulah Khalid como nuevo director de la Dirección Nacional de Seguridad (los servicios de inteligencia de Afganistán), pese a haberse denunciado su presunta implicación en actos de tortura cuando era gobernador de las provincias de Ghazni y Kandahar.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán continuó sin tener recursos suficientes para realizar su labor tras la polémica destitución por el presidente de tres de sus nueve miembros en diciembre de 2011. El puesto de la integrante de la Comisión que había muerto junto con su familia en un atentado con explosivos en enero de 2011 seguía vacante.

En febrero, el hallazgo de unos ejemplares carbonizados del Corán en una base militar cerca de Kabul desencadenó protestas violentas, que se saldaron con la muerte de 30 personas.

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Abusos cometidos por grupos armados

Pese a que un código de conducta (Layeha) talibán de 2010 ordenaba a los combatientes que evitaran atacar a la población civil, los talibanes y otros grupos armados continuaron infringiendo las leyes de la guerra con atentados suicidas, en los que mataron y mutilaron indiscriminadamente a civiles. La mayoría de las víctimas civiles se produjeron por la detonación de artefactos explosivos improvisados. Los grupos armados dirigieron sus ataques contra civiles a los que consideraban partidarios del gobierno –incluidas autoridades–, personal de organizaciones internacionales y lugares públicos.

  • El 6 de abril, un atentado suicida con explosivos mató al presidente del Consejo Provincial de Paz de Kunar, Mohammad Hashim Munib, y a su hijo, cuando regresaban a casa después de la oración del viernes.
  • El 6 de junio, un atentado suicida con explosivos, perpetrado por dos individuos, mató al menos a 22 civiles e hirió a otros 24 en un abarrotado mercado en la provincia de Kandahar. Los talibanes reivindicaron la autoría.
  • El 21 de junio, las fuerzas talibanes atacaron el Hotel Spozhmay, popular centro turístico para la población local, y mataron a 12 civiles e hirieron a otros 9 en un asedio que duró 12 horas.
  • Según la información recibida, en agosto los talibanes secuestraron y decapitaron a un niño en el distrito de Zherai porque su hermano pertenecía a la Policía Local Afgana; los talibanes negaron, no obstante, su responsabilidad.
  • Según informes, el 19 de octubre murieron 18 mujeres en la provincia de Balkh cuando un minibús hizo estallar una bomba colocada en la cuneta.

Los grupos armados siguieron reclutando a niños y niñas.

  • El 26 de octubre, un atentado suicida con explosivos, perpetrado según la información recibida por un niño de 15 años, mató a 40 civiles, 6 niños entre ellos, en una mezquita de la ciudad de Mainmana, provincia de Faryab, durante la oración del Eid.
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Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas afganas e internacionales

Las fuerzas de seguridad progubernamentales siguieron causando muertos y heridos en la población civil, sobre todo con ataques aéreos. Según la UNAMA, el 8 por ciento de las muertes de civiles fueron obra de las fuerzas nacionales e internacionales.

  • El 8 de febrero, los ataques aéreos de la OTAN en la provincia de Kapisa causaron la muerte de ocho niños; el presidente Karzai condenó lo ocurrido. La OTAN expresó su pesar, pero según se supo declaró que había considerado que los jóvenes eran una amenaza.
  • El 11 de marzo, un soldado estadounidense incontrolado mató a varios civiles, nueve niños y niñas entre ellos, e hirió a otros en una matanza nocturna cometida en dos pueblos del distrito de Panjwai, provincia de Kandahar. En diciembre el soldado fue sometido a un consejo de guerra por 16 delitos de asesinato y 6 de tentativa de asesinato.
  • Según informes, el 6 de junio, 18 civiles, entre los que había varios niños, murieron en un ataque aéreo de la OTAN contra combatientes talibanes que se habían refugiado en una vivienda durante una boda en la provincia de Logar.

En septiembre, las autoridades afganas asumieron el control nominal del centro de detención estadounidense de Bagram, al norte de Kabul. Sin embargo, seguía sin saberse con exactitud el grado de influencia de Estados Unidos sobre los casos de algunas de las personas recluidas en el centro. Según los informes, las autoridades afganas asumieron la custodia de aproximadamente 3.100 ciudadanos afganos que estaban recluidos en el centro el 9 de marzo, cuando se concluyó el acuerdo de transferencia. Más de 600 detenidos que, según los informes recibidos, habían sido trasladados a la base a partir de marzo, siguieron aparentemente bajo jurisdicción militar estadounidense, al igual que al menos 50 personas no afganas recluidas en la base, muchas de las cuales habían sido trasladadas a Afganistán desde terceros países y llevaban 10 años bajo custodia estadounidense. Tampoco se transfirió a las autoridades afganas la custodia de un número sin determinar de afganos capturados antes del acuerdo.

Según datos de la UNAMA de octubre, hubo un ligero descenso de los casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia de la Dirección Nacional de Seguridad, aunque aumentó el uso de estas prácticas por parte de la policía nacional y de la policía de fronteras.

Fueron numerosas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Policía Local Afgana, y los grupos de derechos humanos expresaron preocupación por que no se investigara a quienes aspiraban a ingresar en este cuerpo. Según informes, más de 100 de sus miembros fueron encarcelados por asesinato, violación, atentados con explosivos, palizas y robo.

  • En noviembre, cuatro miembros de la unidad de la Policía Local Afgana de Kunduz fueron condenados a 16 años de prisión cada uno por secuestrar, violar y golpear a la joven de 18 años Lal Bibi durante cinco días en mayo.
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Libertad de expresión

Se presentó un anteproyecto de ley que proponía un mayor control del gobierno sobre los medios de comunicación, así como la creación de un organismo, el Consejo Superior de Medios de Comunicación, cuyos miembros –15 autoridades presididas por el ministro de Información– se encargarían de mantener bajo observación y controlar la prensa y los medios de radiodifusión.

Durante el año se sucedieron las amenazas, detenciones arbitrarias, palizas y homicidios de periodistas. Nai, organización afgana que velaba por la independencia de los medios de comunicación, registró 69 ataques de las fuerzas de seguridad, grupos armados y particulares contra periodistas, lo que representaba un 14 por ciento menos que en 2011. A instancias del Consejo de Ulemas, el fiscal general amenazó con emprender acciones penales contra organizaciones de medios de comunicación por escribir o hablar de asuntos considerados inmorales o contrarios al islam.

  • El 21 de abril fue detenido el periodista de la televisión afgana Nasto Naderi, que permaneció varios días bajo custodia sin cargos ni acceso a un abogado.
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Violencia contra mujeres y niñas

A pesar de la aprobación de la Ley sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres en 2009, ni las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ni las judiciales investigaban debidamente los actos de violencia contra mujeres y niñas, ni se enjuiciaba a los responsables.

Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo palizas, violaciones y homicidios, ataques de los grupos armados, discriminación de las autoridades y amenazas dentro de sus propias comunidades y familias. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán documentó más de 4.000 casos de violencia contra las mujeres entre el 21 de marzo y el 21 de octubre, lo que representaba un incremento del 28 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2011. Según la información disponible, el aumento del número de casos documentados se debía a una mayor sensibilización de la opinión pública, aunque, dado el estigma y el riesgo de sufrir represalias que seguían asociados a las denuncias de este tipo de violencia, la cifra real probablemente fuera aún mayor.

  • En mayo, un tribunal de apelación de Kabul confirmó las penas de 10 años de prisión impuestas a los parientes políticos de una joven afgana a la que habían sometido a graves abusos tras obligarla a contraer matrimonio a los 13 años.
  • Según informes, en julio un insurgente talibán mató a tiros a una mujer afgana de 22 años –llamada Najiba en los medios de comunicación– por haber “cometido” adulterio.
  • El 16 de septiembre, una joven de 16 años fue flagelada en público en la provincia septentrional de Ghazni por mantener una “relación ilícita”. La joven había sido condenada a 100 latigazos por tres mulás del distrito de Jaghori.
  • El 10 de diciembre, Nadia Sidiqi, directora en funciones del Departamento de Asuntos de la Mujer de la provincia de Laghman, murió a manos de unos hombres armados cuando se dirigía al trabajo. Su antecesora, Hanifa Safi, había perdido la vida el 13 de julio en un atentado cometido con un artefacto explosivo de control remoto, que hirió también a miembros de su familia. Nadie reivindicó ninguno de los dos incidentes.
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Personas refugiadas y desplazadas internamente

Al concluir octubre seguía habiendo casi medio millón de personas internamente desplazadas como consecuencia del conflicto y los desastres naturales. Muchas continuaban buscando refugio en barrios marginales de las ciudades y otros asentamientos informales, donde construían alojamientos improvisados con plásticos y vivían bajo la amenaza constante de los desalojos forzosos, a veces violentos. Los deficientes servicios de saneamiento y la falta de acceso a la educación y a la asistencia médica, unidos a las malas condiciones meteorológicas de 2011 y 2012, propiciaron la muerte de decenas de personas debido a las enfermedades y el frío. Según informes, más de 100 personas, en su mayoría niños y niñas, murieron durante este periodo, en medio de críticas por no haberse entregado a tiempo ayuda humanitaria. En marzo, el gobierno había respondido a la situación con el anuncio de que estaba elaborando una política nacional integral sobre el desplazamiento interno.

En septiembre, el gobierno paquistaní acordó que los refugiados afganos podían quedarse tres años más en Pakistán, y rescindió una orden de las autoridades de la provincia de Jyber Pajtunjwa por la que los inmigrantes afganos ilegales debían salir del país antes del 25 de mayo so pena de encarcelamiento y expulsión.

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Pena de muerte

Los días 20 y 21 de noviembre se llevaron a cabo 14 ejecuciones –las primeras desde junio de 2011–, pese a la gran preocupación que suscitaba la falta de garantías procesales en el país. El Tribunal Supremo confirmó las condenas a muerte de 30 personas. Se conmutaron por largas penas de prisión 10 condenas a muerte. Al finalizar noviembre había más de 250 personas pendientes de ejecución.

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