Bielorrusia

Human Rights in República de Bielorrusia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Belarus is now live »

Jefe del Estado
Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno
Mijaíl Miasnikovich

Información general

El 5 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en votación el nombramiento de un relator especial sobre Bielorrusia, tras la aprobación de un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que documentaba un grave deterioro en el respeto de los derechos humanos desde diciembre de 2010.

En las elecciones parlamentarias celebradas el 23 de septiembre no resultó elegido ningún candidato de la oposición. La misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que actuó como observadora de las elecciones consideró que se habían producido violaciones del derecho a la libertad de expresión y asociación y concluyó que las elecciones no habían sido justas ni libres. El 27 de agosto, la Comisión Electoral Central había decretado que los candidatos que hiciesen un llamamiento al boicoteo electoral no dispondrían de tiempo de emisión en antena, lo que de hecho impidió que dos partidos de la oposición recibiesen cobertura en los medios de comunicación.

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Presos de conciencia

Seis personas continuaban encarceladas por su participación en una manifestación el 19 de diciembre de 2010; al menos cuatro de ellas –Mykalaj Statkevich, Pavel Sevyarynets, Zmitser Dashkevich y Eduard Lobau– eran presos de conciencia.

  • El 24 de enero, el Tribunal Municipal de Minsk desestimó el recurso presentado por Ales Bialiatski contra la condena a cuatro años y medio de cárcel que se le había impuesto por “ocultación de beneficios de cuantía elevada”; en septiembre, el Tribunal Supremo confirmó la condena. Ales Bialiatski, presidente del Centro de Derechos Humanos Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, había sido condenado el 24 de noviembre de 2011 en relación con el uso de cuentas bancarias personales en Lituania y Polonia para apoyar la labor del Centro de Derechos Humanos Viasna.
  • El 14 de abril, Andrei Sannikau, ex candidato presidencial de la oposición, quedó en libertad tras un indulto del presidente. Se dijo que había recibido presiones para que firmase una solicitud de indulto, y se le comunicó que sus antecedentes penales se conservarían durante ocho años. Había cumplido 16 meses de su condena a cinco años de prisión. Zmitser Bandarenka, miembro del equipo de la campaña de Andrei Sannikau, quedó en libertad el 15 de abril.
  • El 28 de agosto, en una sesión a puerta cerrada celebrada en la colonia penitenciaria de Hlybokaye (Glubokoe), un tribunal condenó a Zmitser Dashkevich a un año más de cárcel por presunto incumplimiento del reglamento de la prisión. Zmitser Dashkevich había sido castigado reiteradamente por infracciones leves del reglamento; según la información disponible, las autoridades penitenciarias lo enviaron a la celda de castigo en varias ocasiones para protegerlo de las agresiones físicas de otros internos.
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Libertad de expresión

Las autoridades continuaron acusando a periodistas de los delitos de “difamación del presidente” e “injurias al presidente” con el fin de impedir las críticas legítimas a las autoridades gubernamentales.

  • El 21 de junio, Andrzej Poczobut, corresponsal del diario polaco Gazeta Wyborcza y destacado activista de la minoría polaca de Bielorrusia, fue detenido en su apartamento, en la ciudad de Hrodna y acusado de “difamación del presidente” por artículos publicados en medios de comunicación independientes bielorrusos. Quedó en libertad bajo fianza el 30 de junio. Andrzej Poczobut ya estaba cumpliendo una condena condicional de tres años por los mismos cargos a causa de otros artículos periodísticos. De ser declarado culpable por este nuevo cargo, cumpliría ambas condenas de forma consecutiva y podría enfrentarse a más de siete años de cárcel. Al finalizar el año proseguía la investigación.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas que defendían los derechos humanos eran objeto de diversas formas de acoso, entre ellas la prohibición de viajar y el procesamiento por delitos administrativos como decir palabras malsonantes en público. El 11 de marzo se impidió a Valiantsin Stefanovich, vicepresidente del Centro de Derechos Humanos Viasna, salir del país cuando se encontraba en la frontera con Lituania porque, al parecer, no se había presentado para cumplir con sus obligaciones como reservista militar. En marzo se comunicó a Oleg Volchek, abogado defensor de los derechos humanos, que se había incluido su nombre en una lista de personas a quienes se prohibía salir del país.

  • El 26 de junio, poco después de que la ONG Platform –que vigilaba las condiciones de reclusión en las prisiones– hiciese un llamamiento al boicoteo de los campeonatos de hockey de 2014 en Minsk, la fiscalía de Minsk advirtió a su presidente, Andrei Bondarenko, de que podría ser procesado por “desacreditar a la República de Bielorrusia y a las instituciones del Estado”. El 19 de julio le informaron de que estaba en la lista de personas a quienes se prohibía salir del país porque se le estaba investigando por fraude fiscal. Tras presentar una queja ante el Ministerio del Interior, se paralizó la investigación contra él y se retiró su nombre de la lista.
  • El 26 de noviembre, el personal del Centro de Derechos Humanos Viasna fue desalojado de su oficina al quedar ésta confiscada como parte de la condena impuesta al presidente de la organización, Ales Bialiatsky.

Durante 2012, al menos 15 activistas de derechos humanos, periodistas y activistas de la oposición fueron procesados con arreglo al código administrativo por decir palabras malsonantes en público.

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Libertad de asociación

La Ley de Asociaciones Públicas continuó imponiendo normas restrictivas para la inscripción en el registro y el funcionamiento de las organizaciones. Todas las ONG seguían estando obligadas a solicitar autorización al gobierno para desarrollar sus actividades, y, en virtud del artículo 193.1 del Código Penal, la actuación en nombre de una organización no inscrita en el registro seguía constituyendo delito.

  • En enero se comunicó a Human Rights Project Gay Belarus, organización defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, que se le había denegado el permiso para inscribirse en el registro porque los nombres de 2 de sus 61 fundadores estaban mal escritos y las fechas de su nacimiento eran incorrectas.
  • El 9 de octubre, el Tribunal de Asuntos Económicos de Minsk resolvió que se debía proceder a la liquidación de la ONG Platform. Las autoridades fiscales del distrito de Sovetskiy, en Minsk, habían acusado a la organización de no presentar a tiempo la declaración de la renta ni informar del cambio de dirección. Su presidente, Andrei Bondarenko, insistió en que había presentado la declaración a tiempo y la organización no había cambiado de domicilio fiscal.
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Libertad de reunión

La Ley de Actos Multitudinarios continuaba imponiendo restricciones poco razonables a la celebración de reuniones: los organizadores de toda reunión pública prevista debían comunicar las “fuentes económicas” utilizadas y no estaban autorizados a anunciar el acto mientras no se concediese el permiso oficial, que podía demorarse hasta cinco días antes de la celebración. Las solicitudes de permiso para organizar actos públicos solían denegarse por motivos técnicos.

  • Las autoridades locales de la ciudad de Brest denegaron a Alexander Denisenko, miembro del sindicato independiente REP, la autorización para celebrar un acto público de protesta por el coste de la vivienda el 17 de marzo; alegaron que no tenía acuerdos con la policía, el servicio de ambulancias y las autoridades locales en relación con las medidas de limpieza e higiene. Alexander Denisenko presentó un recurso ante el tribunal de primera instancia, el tribunal de apelación, el tribunal de distrito y el Tribunal Supremo, que en todos los casos respaldaron la decisión de las autoridades locales.
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Pena de muerte

Bielorrusia continuó llevando a cabo ejecuciones en condiciones de máximo secreto. Ni las personas condenadas a muerte ni sus familiares conocían de antemano la fecha de la ejecución. No se entregaba el cadáver a la familia, que tampoco recibía información sobre el lugar de inhumación. Podían pasar semanas, e incluso meses, hasta que recibían la notificación oficial de la muerte.

  • Uladzslau Kavalyou y Dzmitry Kanavalau fueron ejecutados en marzo en relación con una serie de atentados con explosivos, el último de ellos perpetrado en una estación de metro de la capital, Minsk, el 11 de abril de 2011. Se plantearon graves motivos de preocupación en torno a la imparcialidad del juicio. Al igual que en los casos de Vasily Yuzepchuk y Andrei Zhuk (ejecutados en marzo de 2010) y de Andrei Burdyko (ejecutado en julio de 2011), las autoridades hicieron caso omiso de la petición formulada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que no ejecutasen a Uladzslau Kavalyou ni a Dzmitry Kanavalau hasta que hubiera examinado sus casos.
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