Chad

Human Rights in República de Chad

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Chad is now live »

Jefe del Estado
Idriss Déby Itno
Jefe del gobierno
Emmanuel Djelassem Nadingar

Información general

Chad siguió acogiendo a un gran número de personas refugiadas y desplazadas internamente. De acuerdo con la ONU, el 31 de diciembre había 281.000 refugiados sudaneses en 12 campos de refugiados en la región oriental de Chad y 79.000 refugiados de la República Centroafricana en el sur del país, además de 120.000 desplazados internos en varios emplazamientos en la frontera con Darfur, Sudán.

El líder rebelde Abdel Kader Baba Laddé, del Frente Popular para la Reparación (FPR), que se había instalado en el norte de la República Centroafricana, regresó a Chad en septiembre después de las negociaciones entre el FPR y los gobiernos de Chad y la República Centroafricana. Grupos de derechos humanos lo acusaron de reclutar a niños y niñas soldados.

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Castigos crueles, inhumanos o degradantes

Las fuerzas de seguridad y los guardias penitenciarios continuaron aplicando con asiduidad castigos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas palizas, con impunidad casi absoluta.

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Reclusión sin juicio

La mayoría de los presos estaban en prisión preventiva prolongada. Algunos llevaban años recluidos sin que las autoridades tuvieran constancia de su presencia. En marzo, un joven de 17 años llevaba más de 18 meses en la prisión de Doba sin que el fiscal local tuviera conocimiento de ello.

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Detención y reclusión arbitrarias

Continuó la práctica de la detención y la reclusión sin cargos. Se recluía de modo sistemático a los detenidos en celdas policiales y en instalaciones de detención secretas.

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Condiciones de reclusión

Las condiciones seguían siendo duras y equivalían a trato cruel, inhumano y degradante. En las celdas se daban condiciones de grave hacinamiento y los alimentos y el agua para beber eran inadecuados. La atención de la salud en las prisiones era inexistente, incluso para enfermedades transmisibles graves como la tuberculosis. Hombres, mujeres y menores de edad estaban recluidos juntos indiscriminadamente en la mayoría de las prisiones. No existían mecanismos que permitieran a los reclusos presentar quejas por el trato que recibían.

  • En las prisiones de Abéché, Sarh y Doba era frecuente que los reclusos permanecieran encadenados. En marzo, al menos 15 presos estaban encadenados por las piernas día y noche en la prisión de Abéché.
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Desapariciones forzadas

No se tomaron medidas efectivas para poner a disposición de la justicia a los sospechosos de la desaparición del líder opositor Ibni Oumar Mahamat Saleh, cuyo paradero seguía sin conocerse más de cuatro años después de su detención en febrero de 2008. Un informe de 2009 de una comisión nacional de investigación confirmó que había sido detenido en su domicilio por ocho miembros de las fuerzas de seguridad.

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Acoso a opositores políticos

Las autoridades chadianas seguían usando el sistema de justicia penal para acosar a opositores políticos e influir en el poder judicial.

  • En marzo, Gali Ngothé Gatta, parlamentario de la opositora Unión de Fuerzas Democráticas, fue detenido y condenado a un año de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Sahr, en el sur de Chad, por intento de corrupción y caza furtiva. Fue juzgado y condenado tres días después de su detención, pese a no haberse levantado su inmunidad parlamentaria. Estuvo recluido en la prisión de Sahr y después lo trasladaron a la prisión de Moundou tras interponer un recurso. El 24 de abril, el Tribunal de Apelación de Moundou anuló los procedimientos debido a “graves deficiencias” y ordenó la excarcelación de Gali Ngothé Gatta. El Tribunal Supremo confirmó después la sentencia del Tribunal de Apelación.
  • Emmanuel Dekeumbé, juez del Tribunal de Apelación de Moundou que se negó a condenar a Gali Ngothé Gatta y denunció las irregularidades procesales, fue destituido por el Consejo Superior de la Magistratura. En julio, una ordenanza presidencial confirmó esta decisión.
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Libertad de expresión

Líderes religiosos

  • Monseñor Michele Russo, obispo católico de Doba, fue expulsado de Chad por las autoridades el 14 de octubre tras la homilía que pronunció durante una misa el 30 de septiembre. En su alocución, transmitida por una emisora de radio de Doba, denunció la mala administración de las autoridades y las desigualdades en la distribución de la riqueza derivada de los ingresos procedentes del petróleo de la región.

Periodistas

Continuaron las amenazas y el acoso de las autoridades a medios de comunicación y periodistas.

  • El 18 de septiembre se impuso a Jean-Claude Nekim, redactor jefe del periódico bisemanal N’Djamena Bi-Hebdo, una condena condicional de un año de prisión y una multa de un millón de francos CFA (2.000 dólares estadounidenses) tras publicarse en su periódico extractos de una petición emitida por la Unión de Sindicatos de Chad (UST). Se le imputaban los delitos de “incitación al odio racial” y “difamación”. Además, se prohibió la publicación del periódico durante tres meses. Al terminar el año seguía pendiente el recurso que Jean-Claude Nekim había presentado contra la sentencia.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos líderes sindicales, sufrieron ataques y continuaron siendo objeto de intimidación y acoso por parte de las autoridades gubernamentales. En algunos casos se recurrió a la judicatura para silenciarlos.

  • El 18 de septiembre se impusieron a Michel Barka, Younous Mahadjir y François Djondang, miembros destacados de la UST, sendas condenas condicionales de 18 meses de cárcel con multas de un millón de francos CFA (2.000 dólares estadounidenses). El Tribunal de Primera Instancia de Yamena los declaró culpables de “incitación al odio racial” y “difamación” en relación con la petición de la UST publicada ese mismo mes. Al terminar el año su apelación estaba aún pendiente de resolución.
  • El 19 de octubre, Jacqueline Moudeina, abogada y presidenta de la organización de derechos humanos Asociación Chadiana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (ATPDH), fue atacada por hombres no identificados delante de su casa en Yamena. Resultó ilesa, pero los hombres se llevaron su vehículo, que fue hallado el 22 de octubre en la localidad de Malo-Tama, a 35 kilómetros de distancia. Este incidente tuvo lugar unos días después de que Jacqueline Moudeina recibiera el galardón Right Livelihood Award de 2011 por su labor de defensa de los derechos humanos. Aunque se practicaron algunas detenciones, al terminar el año no se sabía con certeza si se habían presentado cargos contra alguien.
  • El 20 de octubre, seis hombres vestidos con el uniforme militar de la gendarmería entraron en el domicilio de Dobian Assingar, activista de derechos humanos y presidente honorario de la Liga Chadiana de Derechos Humanos. Registraron la casa sin presentar orden judicial y dijeron que buscaban un automóvil robado. Dobian Assingar presentó una queja, pero al terminar el año no había recibido respuesta.
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Niños y niñas soldados

Durante el año hubo noticias persistentes de que el Ejército Nacional de Chad reclutaba a niños y niñas, especialmente durante febrero y marzo, cuando reclutó a un gran número. Continuó también el reclutamiento y uso de menores de edad por grupos armados chadianos y sudaneses. De acuerdo con la información recopilada por diversas fuentes entre febrero y abril, en los departamentos de Assoungha y Kimiti, en el este de Chad, muchos niños y niñas, entre los que había menores de edad ya desmovilizados que se habían reunido con sus familias, se desplazaban con asiduidad a Sudán, donde servían en grupos armados.

  • En junio, trabajadores sociales encontraron al menos a 24 menores de edades comprendidas entre 14 y 17 años en el Centro de Instrucción Militar de Mongo.
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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Continuaron durante todo el año los desalojos forzosos, incluso en casos en que se habían dictado órdenes judiciales en contra de ellos. No se ofreció vivienda alternativa ni indemnización a las víctimas, ni siquiera a aquellas que habían obtenido una indemnización ante un tribunal.

  • En enero se desalojó por la fuerza a más de 600 personas en Sabangali, Yamena, y se destruyeron sus viviendas con el fin de habilitar espacio para la construcción de un hotel. En abril se asignaron parcelas de terreno a algunas de las personas desalojadas, pero sólo la mitad de los antiguos residentes recibieron la indemnización prometida por una comisión interministerial.
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Justicia internacional: Hissène Habré

El 22 de agosto, Senegal y la Unión Africana firmaron un acuerdo para establecer un tribunal especial encargado de juzgar al ex presidente Hissène Habré. En septiembre, las autoridades chadianas aseguraron que habían confirmado su contribución económica de 2.000 millones de francos CFA (unos 4 millones de dólares estadounidenses) para sufragar el juicio. En diciembre, la Asamblea Nacional de Senegal aprobó una ley por la que se creaba un tribunal especial para enjuiciar a Hissène Habré.

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Violencia contra mujeres y niñas

Las autoridades persistieron en su actitud de no prevenir ni abordar la violencia sexual cometida por agentes estatales y no estatales.

  • La noche del 8 de enero, 13 reclusas fueron agredidas sexualmente por guardias de la prisión de Moussoro. Todas las mujeres recluidas en esa prisión fueron trasladadas después a la prisión de Amsinene, en Yamena, por orden del ministro de Justicia. Al terminar el año no se había iniciado ninguna investigación independiente.
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