Costa de Marfil

Human Rights in República de Costa de Marfil

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Cote D'ivoire is now live »

Jefe del Estado
Alassane Ouattara
Jefe del gobierno
Daniel Kablan Duncan (sustituyó en noviembre a Jeannot Kouadio-Ahoussou,

Información general

La inseguridad persistió durante todo el año, con ataques de combatientes armados no identificados contra objetivos militares. Hubo víctimas mortales tanto militares como civiles, así como tensiones étnicas y políticas entre los servicios de seguridad y la población civil. Los ataques se intensificaron a partir de junio, cuando 7 soldados de las tropas de mantenimiento de la paz de la Operación de la ONU en Côte d’Ivoire (ONUCI) perdieron la vida junto con 10 civiles en el suroeste del país a manos de milicias procedentes de Liberia. Estos ataques provocaron nuevos desplazamientos de población y dieron lugar a oleadas de detenciones. Las autoridades acusaron al Frente Popular de Costa de Marfil (FPI), partido del ex presidente Laurent Gbagbo, de organizar los ataques y declararon que habían frustrado varios intentos de golpe de Estado y conspiraciones para desestabilizar al gobierno. El FPI negó estas acusaciones.

En el marco del proceso de reforma de las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI), iniciado en diciembre de 2011, se creó una fuerza policial militar para poner fin a los abusos cometidos por el ejército. En la práctica, sin embargo, esta fuerza recluyó arbitrariamente y torturó a opositores o presuntos opositores. Además, durante todo el año continuaron, con total impunidad, las detenciones arbitrarias y la tortura a manos de elementos de las fuerzas armadas y dozos (milicias patrocinadas por el Estado).

En un contexto de desconfianza mutua entre el gobierno del presidente Ouattara y el FPI, fracasaron los intentos de reanudar el diálogo político. El FPI siguió condicionando su participación en la vida política a la liberación de sus miembros detenidos después de la crisis posterior a las elecciones, incluido Laurent Gbagbo.

Hubo ataques de motivación étnica contra miembros de grupos étnicos (como el beté y el gueré) a los que se acusaba generalmente de ser partidarios del ex presidente Gbagbo. Estos ataques se produjeron sobre todo en el oeste del país, donde, según la información recibida, los dozos impedían que las personas desplazadas internamente accedieran a sus tierras cuando regresaban, o les imponían pagos arbitrarios.

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Reclusión arbitraria

Más de 200 personas sospechosas de amenazas contra la seguridad del Estado, entre las que había miembros del FPI, sufrieron reclusión ilegal, la mayoría en lugares de detención no reconocidos. Al terminar el año muchas continuaban recluidas sin juicio, mientras que otras quedaron en libertad previo pago de un rescate.

  • En marzo se detuvo a 77 personas por intentar presuntamente desestabilizar el poder del Estado. Todos los detenidos eran ex miembros de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS, antiguo ejército regular) y fueron recluidos en un campamento de las FRCI en Abiyán. Quedaron en libertad sin cargos dos meses después.
  • En agosto, un miembro del FPI fue detenido en Abiyán por dos hombres vestidos de civil y acusado de ser un miliciano. Quedó en libertad dos días más tarde, tras pagar sus padres un rescate.
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Tortura y muertes bajo custodia

Las FRCI recurrieron con frecuencia a la tortura y otros malos tratos contra presuntos autores de ataques armados y conspiraciones políticas. En algunos casos, los sospechosos permanecieron recluidos durante periodos prolongados en lugares de detención no reconocidos antes de comparecer ante un juez y ser trasladados a una prisión.

  • En marzo, a un miembro de las antiguas fuerzas armadas regulares, recluido en un campamento de las FRCI en Abiyán, lo desvistieron, lo esposaron a una barra de hierro, lo golpearon y vertieron plástico fundido por su cuerpo.
  • En agosto, el sargento jefe de la policía Serge Hervé Kribié murió el mismo día de su detención mientras lo sometían a descargas eléctricas en el puesto de mando de las FRCI en San Pedro. Su familia no tuvo noticia de la suerte que había corrido hasta tres semanas después.
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Personas refugiadas y desplazadas internamente

En junio, unas 13.000 personas se vieron obligadas a desplazarse después de los incidentes violentos ocurridos en pequeñas poblaciones situadas entre Taï y Nigré, en la frontera con Liberia. Al terminar el año, unos 160.000 marfilenses continuaban desplazados: de ellos, unos 80.000 estaban desplazados internamente y casi 60.000 estaban refugiados en Liberia. Los ataques armados contra civiles y militares hicieron temer por la protección de estas personas, y a ese temor se le unían la persistencia de la desconfianza entre comunidades y los nuevos desplazamientos, sobre todo en el oeste del país.

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Violaciones de derechos humanos y abusos en el oeste

La inseguridad siguió siendo persistente en el oeste del país. Los miembros de grupos étnicos, como el gueré, a quienes se percibía como partidarios de Laurent Gbagbo, fueron atacados por las FRCI y los dozos y sometidos a homicidios extrajudiciales, palizas, tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas.

En julio, unos miembros de la comunidad diulá, con la participación activa de combatientes dozos y soldados de las FRCI, atacaron un campo de desplazados custodiado por la ONUCI en Nahibly, a las afueras de Duekué, en el que residían unas 4.500 personas. Según la información recibida, el ataque se lanzó como represalia por presuntos delitos cometidos por residentes en el campo, incluido el homicidio de 4 personas en Duekué. Al menos 13 desplazados perdieron la vida. Muchos sufrieron graves heridas, en algunos casos como consecuencia de tortura con gotas de plástico fundido y palizas. Se detuvo arbitrariamente a decenas de personas, muchas de las cuales continuaban desaparecidas.

En octubre se descubrió en Duekué una fosa común que contenía cadáveres, al parecer de personas desaparecidas tras el ataque al campo. Se abrió una investigación, pero al terminar el año sus progresos habían sido escasos.

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Libertad de expresión

Las violaciones del derecho a la libertad de expresión fueron numerosas.

  • En septiembre, el Consejo Nacional de Prensa suspendió durante seis días todos los diarios cercanos al partido opositor FPI, aduciendo que las fotografías y los pies de foto relacionados con el ex presidente Gbagbo y sus ex ministros prolongaban la crisis postelectoral.
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Sistema de justicia

Dieciocho meses después de la crisis posterior a las elecciones sólo se había detenido a personas vinculadas con el gobierno del ex presidente Gbagbo. No se había exigido rendición de cuentas alguna ni a los miembros de las antiguas Fuerzas Nuevas, ni a ningún mando militar o civil que apoyara al presidente Ouattara y fuera responsable de haber cometido abusos graves contra los derechos humanos.

Los retrasos y las deficiencias que lastraban los procedimientos judiciales contra partidarios y colaboradores del ex presidente Gbagbo hacían temer que se los pudiera mantener recluidos durante largos periodos sin juicio o someter a juicios que incumplieran las normas internacionales de justicia procesal.

Entre mayo y julio se presentaron cargos de genocidio contra ocho personas, entre ellas Simone Gbagbo, esposa del ex presidente Gbagbo.

El 20 de diciembre se anunció la liberación provisional de nueve estrechos colaboradores del ex presidente Gbagbo, que habían sido mayoritariamente detenidos en el norte del país.

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Justicia internacional

En febrero, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal a investigar otros delitos de competencia de la Corte cometidos entre septiembre de 2002 y 2010.

Pese a que ambas partes fueron acusadas de delitos de derecho internacional, las investigaciones de la Corte se centraron en los presuntos delitos cometidos por el gobierno del ex presidente Gbagbo.

Apenas se registraron avances en las investigaciones sobre el ex presidente Gbagbo, transferido a la Corte Penal Internacional en noviembre de 2011.

En noviembre, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra la ex primera dama, Simone Gbagbo, por presuntos crímenes de lesa humanidad que incluían asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, otros actos inhumanos y persecución, cometidos durante la crisis postelectoral.

Se adoptaron medidas con miras a la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: en diciembre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley dirigido a reformar la Constitución y que eliminaba todos los obstáculos jurídicos a la ratificación existentes a nivel nacional. Una semana más tarde, el Parlamento aprobaba un proyecto de ley que autorizaba la ratificación; su promulgación estaba pendiente.

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Impunidad

El gobierno afirmó reiteradamente su disposición a juzgar a los responsables de delitos cometidos durante la crisis posterior a las elecciones. En agosto, una comisión nacional de investigación, establecida para investigar la violencia cometida durante la crisis postelectoral, presentó su informe y llegó a la conclusión de que ambas partes habían matado a cientos de personas. Sin embargo, al terminar el año no se tenía noticia de que se hubiera iniciado procedimiento judicial alguno contra los presuntos autores de esos hechos.

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Comisión del Diálogo, la Verdad y la Reconciliación

Creada en julio de 2011, la Comisión del Diálogo, la Verdad y la Reconciliación hizo frente a dificultades organizativas y económicas, y en mayo la ONUCI la exhortó a “revisar y acelerar sus actividades”. En junio, la Comisión denunció públicamente detenciones ilegales, pero los llamamientos públicos a la reconciliación y el diálogo no tuvieron continuidad en hechos concretos.

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Rendición de cuentas de las empresas

Seis años después del vertido de residuos tóxicos que afectó a decenas de miles de personas en la zona de Abiyán, muchas de las víctimas no habían recibido todavía una indemnización adecuada. Al terminar el año las autoridades no habían tomado aún medidas para garantizar que todas las personas registradas cuya salud se había visto afectada podían tener acceso al programa de indemnizaciones del Estado, que permanecía suspendido. Al terminar el año no se habían registrado progresos en la investigación sobre la apropiación indebida, en 2010, de parte de la indemnización pagada por la empresa petrolera Trafigura a las víctimas que habían llevado a la compañía ante los tribunales en Reino Unido. Aunque el presidente destituyó en mayo al ministro de Integración Africana por su presunta participación en la apropiación indebida de los fondos, no pareció que las autoridades tomasen medidas adicionales para recuperar el dinero que faltaba ni para hacer avanzar las investigaciones sobre los implicados.

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