Filipinas

Human Rights in República de Filipinas

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Philippines is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Benigno S. Aquino III

Información general

En octubre, el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica firmaron un acuerdo marco que sentó las bases para la resolución pacífica de décadas de conflicto armado en Mindanao, pese a que no abordaba exhaustivamente los derechos humanos. En octubre, el Congreso promulgó la Ley de Prevención de Delitos Informáticos, que prevé penas de hasta 12 años de prisión por publicar en Internet comentarios considerados difamatorios. Tras la indignación pública que suscitó la ley, el Tribunal Supremo suspendió su aplicación hasta que fuera sometida a revisión judicial. En noviembre, Filipinas adoptó la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la gran preocupación que suscitaba el hecho de que el documento no se ajustase a las normas internacionales.

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Homicidios ilegítimos

Más de una decena de activistas políticos y contrarios a la explotación minera de las tierras, así como familiares suyos, y al menos seis periodistas fueron víctimas de homicidios ilegítimos.

  • En enero, unos hombres armados mataron a tiros desde una motocicleta al periodista radiofónico de Mindanao Christopher Guarin. En abril, Rommel Palma y Aldion Layao, y en mayo Nestor Libaton, también periodistas radiofónicos de Mindanao, corrieron la misma suerte; en noviembre, Julius Causo, periodista radiofónico de Cabanatuan, murió del mismo modo. En septiembre fue encontrado en Maguindanao el cadáver del periodista y político Eddie Apostol con heridas de bala en la cabeza.
  • En septiembre, unos hombres no identificados dispararon contra Timuay Lucenio Manda, líder tribal subanen y activista contra la explotación minera de las tierras, cuando éste llevaba a su hijo de 11 años, Jordan, a la escuela. Timuay Manda resultó herido en el atentado y Jordan murió. Fueron detenidos dos sospechosos.
  • En octubre, en Davao del Sur, unos soldados dispararon contra la casa de Daguil Capion, líder tribal b’laan y activista contra la explotación minera de las tierras, y mataron a su esposa Juvy, que estaba embarazada, y a sus hijos Jordan, de 13 años, y John, de 8. Las autoridades anunciaron que 13 soldados serían sometidos a un consejo de guerra, pero seguía sin estar claro si iban a ser juzgados por un tribunal civil.

Tres años después de la matanza de Maguindanao, en la que milicias armadas por el Estado y dirigidas por autoridades locales mataron a 57 personas, la policía aún no había detenido a la mitad de los 197 sospechosos. Mientras proseguían los juicios de presuntos responsables, posibles testigos del Estado, testigos y familiares de éstos continuaban siendo objeto de amenazas.

  • En febrero, Alijol Ampatuan, testigo no revelado que estaba dispuesto a identificar a miembros de la Organización Civil Voluntaria de Autodefensa implicados en la matanza, murió víctima de homicidio.
  • También en febrero, el policía Hernanie Decipulo, posible testigo del Estado, murió bajo custodia policial. Según la información recibida, se había suicidado.
  • En mayo se encontró el cuerpo de Esmail Amil Enog, que había declarado ante el tribunal. El cadáver había sido descuartizado con una sierra.
  • En junio, la policía informó de que, desde la matanza, tres familiares de testigos del caso de Maguindanao habían muerto víctimas de homicidio.

En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el gobierno debía mejorar la eficacia del programa de protección de testigos e investigar exhaustivamente los casos de homicidio y presunta intimidación de testigos para poner fin al clima de temor que envolvía la investigación y el enjuiciamiento.

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Tortura y otros malos tratos

Tres años después de su promulgación, la aplicación de la Ley contra la Tortura seguía siendo deficiente y aún no se había condenado a ningún responsable de este delito. Las víctimas de torturas, sobre todo presuntos delincuentes, eran reacias a denunciar por temor a sufrir represalias y a un proceso judicial prolongado.

  • Continuó tramitándose la causa judicial sobre el caso de Darius Evangelista, en el que había una grabación de vídeo de 2010 del acto de tortura y la identidad de los autores. Aunque se acusó a siete policías, sólo se presentaron cargos contra dos. Los sospechosos estuvieron inicialmente bajo custodia policial, pero según la Comisión de Derechos Humanos filipina, desaparecieron en abril de 2012 y seguían en libertad.
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Desapariciones forzadas

Se siguieron recibiendo noticias de desapariciones forzadas de activistas, presuntos rebeldes y presuntos delincuentes.

  • En enero, los agricultores Najir Ahung, Rasbi Kasaran y Yusoph Mohammad fueron detenidos –al parecer por fuerzas estatales– en el aeropuerto de Manila, al que habían llegado procedentes de Ciudad de Zamboanga, y no se había vuelto a tener noticias de ellos. Las autoridades se negaron a entregar a los abogados de los tres hombres grabaciones de vídeo de circuito cerrado, así como una lista de los agentes de las fuerzas de seguridad que estaban de servicio en el aeropuerto en el momento en que se produjeron las desapariciones.

En octubre, después de más de dos decenios de presión de la sociedad civil, el Congreso aprobó el proyecto de Ley contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. El proyecto legislativo, que penalizaba la desaparición forzada y preveía penas de hasta cadena perpetua para este delito, estaba pendiente de la firma del presidente para su promulgación.

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Impunidad

Siguió existiendo impunidad por torturas, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos pese al compromiso declarado del gobierno de erradicar estos delitos y juzgar a los responsables. Se desestimaron o no avanzaron causas judiciales por violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de la Ley Marcial (1972-1981). En noviembre, el presidente ordenó el establecimiento de un comité interinstitucional para investigar casos más recientes de estos graves delitos.

  • En enero, Raymond Manalo, superviviente de tortura y desaparición forzada, fue citado a declarar en la Oficina del Defensor del Pueblo, más de tres años después de que denunciara a sus captores por secuestro, detención arbitraria y tortura. Manalo y otras personas habían sido víctimas de desaparición forzada y tortura en 2006, presuntamente a manos de soldados bajo el mando del general Jovito Palparan, que venía eludiendo la detención desde 2011.
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Derecho a la salud

En junio, el gobierno publicó los resultados de su Encuesta de Salud Familiar de 2011, que concluyó que entre 2006 y 2010 habían aumentado las “muertes maternas”, pasando de 162 a 221 por cada 100.000 nacimientos vivos. Basándose en estos datos, el ministro de Sanidad calculó que cada día morían 11 mujeres por complicaciones derivadas del embarazo y el parto fáciles de prevenir.

Tras un decenio de movilizaciones de grupos de la sociedad civil, se aprobó en diciembre la Ley sobre Salud Reproductiva, que introducía la financiación proactiva por el gobierno de métodos anticonceptivos modernos y la educación obligatoria en salud y sexualidad.

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