Francia

Human Rights in República Francesa

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
France is now live »

Jefe del Estado
François Hollande (sustituyó a Nicolas Sarkozy en mayo)
Jefe del gobierno
Jean-Marc Ayrault (sustituyó a François Fillon en mayo)

Muertes bajo custodia

Persistían los motivos de preocupación con respecto a la rapidez, efectividad e independencia de las investigaciones sobre los casos de muerte bajo custodia policial. Se cerraron las investigaciones de cuatro casos de muerte bajo custodia iniciadas mucho tiempo atrás.

  • El 26 de septiembre, el juez instructor del caso de Abou Bakari Tandia concluyó que no había “indicios para atribuir la responsabilidad a un agente de policía en el proceso que desembocó en la muerte de la víctima”. Abou Bakari Tandia había entrado en coma durante la noche del 5 al 6 de diciembre de 2004, mientras estaba detenido en la comisaría de Courbevoie, y había muerto el 24 de enero de 2005. Al concluir el año el policía que había llevado a cabo la técnica de inmovilización causante, al parecer, del coma seguía en su puesto en otra comisaría. Estaba pendiente la celebración de la vista de apelación.
  • El 15 de octubre, en el caso de Ali Ziri, argelino de 69 años que había muerto en junio de 2009, dos días después de haber estado detenido en la comisaría de Argenteuil, el juez de Pontoise concluyó que no se había determinado “ningún acto de violencia voluntaria que pudiera haber sido la causa directa o indirecta de la muerte de Ali Ziri”. Sin embargo, una autopsia realizada en abril de 2011 había confirmado que la muerte se había debido a las técnicas de inmovilización que le habían aplicado y a los repetidos vómitos que tuvo bajo custodia. El juez nunca había interrogado a los agentes de policía implicados en la detención y el traslado de Ali Ziri y su amigo Arezki Kerfali. Estaba pendiente la celebración de la vista de apelación.
  • El 15 de octubre, un juez de instrucción también cerró el caso de Mahamadou Maréga, migrante maliense en situación irregular, que había muerto el 30 de noviembre de 2010 tras recibir dos disparos de un dispositivo eléctrico paralizante durante su violenta detención en Colombes. El 4 de mayo, el Defensor de los Derechos había exigido el inicio de un procedimiento disciplinario contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley implicados, al considerar que habían hecho un uso desproporcionado de sus dispositivos paralizantes. Estaba pendiente la celebración de la vista de apelación.
  • En diciembre se desestimó el caso de Mohamed Boukrourou, que había muerto en un furgón policial el 12 de noviembre de 2009. Seguía pendiente un recurso interpuesto contra esta decisión. Según la información recibida, al concluir el año los cuatro agentes de policía implicados en su detención en Valentigney continuaban en sus puestos y no habían sido objeto de procedimientos disciplinarios.

Continuaron las investigaciones sobre otros casos.

  • El 24 de febrero, el Tribunal Penal de Grasse impuso a 3 de los 7 policías implicados en la muerte de Abdelhakim Ajimi, ocurrida durante su detención el 9 de mayo de 2008, sendas condenas condicionales de 6, 18 y 24 meses de privación de libertad. Amnistía Internacional expresó preocupación por considerar que estas condenas no se correspondían con la gravedad del delito cometido. Los 3 policías recurrieron contra la decisión. Los otros 4 implicados en el suceso quedaron absueltos.
  • Apenas hubo avances en la investigación de la muerte de Lamine Dieng, ocurrida el 17 de junio de 2007 durante su detención en París. Lamine Dieng había sido inmovilizado por agentes de policía en la calle y más tarde en un vehículo policial, donde había perdido el conocimiento y finalmente había muerto por asfixia mecánica.
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Tortura y otros malos tratos

El Código Penal aún no contenía una definición de la tortura conforme a las normas internacionales. No se llevaban a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El 19 de abril el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura pidió “tolerancia cero” frente los malos tratos policiales y que se limitase el uso de dispositivos eléctricos paralizantes.

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Discriminación

Las minorías étnicas y religiosas y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales continuaban sufriendo discriminación.

En diciembre, el ministro del Interior presentó un nuevo proyecto de código deontológico de las fuerzas de seguridad que, por primera vez, regulaba los controles de identidad y los registros corporales. En septiembre, el ministro se había opuesto a la idea de llevar un registro oficial de todos los controles de identidad para combatir la utilización de criterios raciales. Diversas organizaciones de derechos humanos continuaron documentando controles de identidad basados en perfiles étnicos.

Continuaba vigente la ley que restablecía la prohibición de llevar el rostro cubierto en público. Con ella se discriminaba indirectamente a las mujeres musulmanas que decidían libremente utilizar el velo integral. En enero, el Senado adoptó un proyecto de ley destinado a prohibir que las personas empleadas en guarderías privadas llevasen prendas y símbolos culturales y religiosos. Continuaba vigente una circular, distribuida en 2011 por el anterior Ministerio de Educación, que ya prohibía la participación en las salidas escolares de las mujeres que llevasen este tipo de indumentaria.

En agosto, una ley sobre acoso sexual introdujo la “identidad sexual” como motivo prohibido en la ley contra los crímenes de odio y en la legislación destinada a combatir la discriminación en el lugar de trabajo.

El 5 de octubre, el Consejo Constitucional derogó varias disposiciones de una ley de 1969 sobre las familias nómadas, eliminando el requisito de estar tres años censadas en un municipio para poder votar y de llevar y renovar periódicamente un “carné de circulación” en el caso de carecer de ingresos regulares. Sin embargo, las que sí tenían ingresos regulares seguían obligadas a llevar un nuevo “permiso de circulación”. Asimismo, todas las familias nómadas tenían que figurar en el censo municipal y no superar el 3 por ciento de él.

El 7 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo; y estaba previsto que la Asamblea Nacional lo debatiese a partir de enero de 2013.

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Desalojos forzosos

A lo largo del año se siguieron llevando a cabo desalojos forzosos para desmantelar viviendas improvisadas y campamentos de romaníes. Según cálculos de ONG, entre enero y septiembre de 2012 se procedió al desalojo forzoso de 9.040 romaníes en toda Francia.

El 26 de agosto, el gobierno distribuyó una circular interministerial con directrices discrecionales para los prefectos sobre cómo planificar y llevar a cabo desalojos forzosos y prestar apoyo a las personas afectadas por ellos con vistas a su reintegración. Sin embargo, al ejecutar las órdenes de expulsión, en el ámbito local se siguieron incumpliendo abiertamente las salvaguardas internacionales contra los desalojos forzosos.

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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Continuó vigente el procedimiento prioritario aplicado a los solicitantes de asilo, que no protegía adecuadamente sus derechos fundamentales, y también siguió negándoseles el derecho a interponer un recurso ante el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo y a permanecer en el país hasta su resolución.

El 26 de marzo, el Consejo de Estado anuló la decisión adoptada en abril de 2011 por la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA), que añadía Albania y Kosovo a la lista de países de origen seguros para los solicitantes de asilo. El 3 de octubre, el Consejo de Estado condenó el hecho de que la OFPRA no llevase a cabo evaluaciones individualizadas al examinar las solicitudes de asilo de personas cuyas huellas dactilares parecían haber sido alteradas voluntariamente.

El 7 de julio, el gobierno emitió una circular que recomendaba el arresto domiciliario estricto de las familias de migrantes en situación irregular en las que hubiera menores de edad, en vez de su internamiento en centros de detención.

El 11 de julio, el Comité de la ONU contra la Tortura paralizó la expulsión de una mujer somalí detenida en la “zona de espera” del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle. Su solicitud de asilo y el posterior recurso se habían rechazado en el plazo de una semana, pese a que el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, se oponía a la devolución de personas a determinadas partes de Somalia.

En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley por la que se modificaba el Código de Entrada y Residencia de Extranjeros y del Derecho de Asilo. La nueva ley abolía el llamado “delito de solidaridad”, de modo que prestar apoyo a la residencia irregular de un extranjero ya no se sancionaba con multa ni pena de prisión, siempre que la persona que proporcionase la ayuda tratase de ofrecer al extranjero unas condiciones de vida honestas y dignas y no recibiese a cambio compensación directa o indirecta.

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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En diciembre, Francia firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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