Indonesia

Human Rights in República de Indonesia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Indonesia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Susilo Bambang Yudhoyono

Información general

En mayo, el historial de derechos humanos de Indonesia se sometió al examen periódico universal de la ONU. El gobierno rechazó recomendaciones importantes de revisar leyes y decretos concretos que restringían los derechos a la libertad de expresión y de pensamiento, conciencia y religión. En julio, Indonesia presentó su informe ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En noviembre, adoptó la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la gran preocupación que suscitaba el hecho de que el documento no se ajustase a las normas internacionales.

El marco legislativo de Indonesia siguió siendo inadecuado para abordar las denuncias de tortura y otros malos tratos. En la provincia de Aceh continuaban imponiéndose los azotes con vara como forma de pena judicial por delitos previstos en la sharia (ley islámica). Durante el año, al menos 45 personas recibieron este castigo por participar en juegos de azar o estar a solas con una persona del sexo opuesto sin que mediase un vínculo familiar o matrimonial (khalwat).

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Policía y fuerzas de seguridad

La policía fue acusada reiteradamente de violaciones de derechos humanos, como uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego y torturas y otros malos tratos. Los mecanismos de rendición de cuentas internos y externos de la policía no abordaron adecuadamente casos de abusos cometidos por ésta, y las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos escasearon.

  • En marzo, 17 hombres de la provincia de Nusa Tenggara Oriental fueron detenidos arbitrariamente por el asesinato de un policía. Al parecer, la policía del subdistrito de Sabu Occidental los desnudó, esposó y golpeó mientras permanecían bajo custodia durante 12 días. Algunos de los detenidos sufrieron heridas de arma blanca y fracturas óseas y, según la información recibida, varios fueron obligados a beber su propia orina. Todos quedaron en libertad sin cargos a finales de junio por falta de pruebas.

Las fuerzas de seguridad indonesias, incluido el personal policial y militar, fueron acusadas de cometer violaciones de derechos humanos en Papúa. Se denunciaron torturas y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego, y posibles homicidios ilegítimos. En la mayoría de los casos, los perpetradores no respondieron de sus actos ante la justicia y las víctimas no recibieron reparación.

  • En junio, unos agentes de policía mataron a disparos a Mako Tabuni, activista político papú y vicepresidente del independentista Comité Nacional para Papúa Occidental, en Waena, cerca de Jayapura, provincia de Papúa. Según la policía, Tabuni se resistió a la detención. No hubo una investigación imparcial ni independiente sobre el homicidio.
  • También en junio, unos soldados atacaron un pueblo en Wamena, provincia de Papúa, como represalia por la muerte de un soldado y las heridas infligidas a otro. Según la información recibida, los militares abrieron fuego arbitrariamente, asestaron bayonetazos a decenas de personas –causando la muerte de una de ellas– y quemaron varias viviendas, edificios y vehículos.
  • En agosto, en la isla de Yapen, provincia de Papúa, la policía y el ejército dispersaron una manifestación pacífica convocada para conmemorar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Las fuerzas de seguridad hicieron disparos al aire y detuvieron arbitrariamente al menos a seis manifestantes. Según se tuvo noticia, algunos fueron golpeados durante su detención.
  • También en agosto, personal policial del distrito de Jayawijaya, en la provincia de Papúa, detuvo arbitrariamente y al parecer propinó bofetadas, puñetazos y puntapiés a cinco hombres para obligarlos a confesarse autores de un asesinato. No se realizó ninguna investigación sobre los abusos.
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Libertad de expresión

Las autoridades seguían aplicando leyes represivas para penalizar a activistas políticos pacíficos. Al menos 70 personas de las regiones de Papúa y Molucas estaban en prisión por expresar pacíficamente sus opiniones.

  • En marzo, cinco activistas políticos papúes acusados de “rebelión” en aplicación del artículo 106 del Código Penal indonesio fueron condenados a tres años de cárcel por su participación en el Tercer Congreso del Pueblo de Papúa, una reunión pacífica celebrada en Abepura en octubre de 2011.
  • En julio, el preso de conciencia molucano Johan Teterissa, que cumplía una pena de 15 años de prisión, recibió patadas y golpes con cables eléctricos tras su traslado de la cárcel de Madiun a la de Batu, en la isla de Nusakambangan, en Java Central. No recibió tratamiento médico tras la paliza.

Los defensores de los derechos humanos y periodistas fueron intimidados y agredidos en repetidas ocasiones a causa de su trabajo. Se siguió denegando a los observadores internacionales, entre ellos ONG y periodistas, el acceso libre y sin trabas a la región de Papúa.

  • En mayo, miembros del extremista Frente de Defensores del Islam propinaron golpes y patadas a Tantowi Anwari, activista de la Asociación de Periodistas para la Diversidad (SEJUK), en Bekasi, Java Occidental. Tantowi denunció el incidente a la policía, pero al finalizar el año no se habían producido avances en su caso.
  • En septiembre, la abogada de derechos humanos de Papúa Olga Hamadi recibió amenazas tras investigar denuncias de torturas y otros malos tratos infligidos por la policía en un caso de asesinato en Wamena, provincia de Papúa. No se investigaron las amenazas y siguió temiéndose por su seguridad.
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Libertad de religión o de creencias

Las autoridades emplearon las disposiciones sobre incitación y blasfemia para penalizar la libertad de religión, así como la de expresión, pensamiento y conciencia. Al menos seis presos de conciencia seguían encarcelados por cargos de incitación y blasfemia.

  • En junio, Alexander Aan, ateo, fue condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 100 millones de rupias (10.600 dólares estadounidenses) por incitación al odio, tras publicar declaraciones e imágenes que algunas personas consideraron insultantes para el islam y el profeta Mahoma.
  • En julio, el Tribunal de Distrito de Sampang condenó al líder religioso musulmán chií de Java Oriental Tajul Muluk a dos años de prisión por blasfemia en aplicación del artículo 156.a del Código Penal indonesio. Los grupos locales de derechos humanos y algunos juristas expresaron dudas sobre la imparcialidad del juicio. En septiembre, tras la apelación, se le aumentó la pena a cuatro años.

Las minorías religiosas –incluidas la ahmadí, la chií y la cristiana– seguían siendo objeto de discriminación, intimidación y ataques. En muchos casos las autoridades no las protegieron adecuadamente ni llevaron a los autores de estos abusos ante la justicia.

  • En agosto, un hombre murió y decenas de personas resultaron heridas cuando una multitud atacó a una comunidad chií en Sampang, Java Oriental. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la policía no adoptó las medidas necesarias para impedir el ataque o proteger a la comunidad.
  • Al menos 34 familias de una comunidad ahmadí de la provincia de Nusa Tenggara Occidental que fue atacada por una multitud y desplazada en 2006 debido a sus creencias seguían viviendo en refugios temporales en Mataram, en la ciudad de Lombok. Nadie había sido enjuiciado por el ataque.
  • Las autoridades se negaron a acatar sendas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo indonesio en 2010 y 2011, que ordenaban la reapertura de la iglesia cristiana indonesia Taman Yasmin de Bogor y la iglesia cristiana protestante Batak Filadelfia de la ciudad de Bekasi, precintadas por las autoridades locales en 2010. Ambas congregaciones seguían corriendo el riesgo de sufrir hostigamiento e intimidación a manos de grupos extremistas por continuar celebrando sus servicios religiosos en la calle, delante de sus edificios.
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Derechos de las mujeres

Las mujeres y las niñas seguían teniendo dificultades para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al gobierno que promoviera el conocimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluso entre las mujeres solteras y las trabajadoras domésticas. El Comité recomendó asimismo que se diera a las mujeres acceso a métodos anticonceptivos sin tener que obtener el consentimiento del esposo.

Seguía en vigor una normativa del gobierno de 2010 que permitía la “circuncisión femenina”, lo que vulneraba las obligaciones contraídas por Indonesia en virtud del derecho internacional de derechos humanos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió al gobierno que retirase la normativa y adoptase leyes para penalizar esta práctica.

Por tercer año consecutivo, el Parlamento no debatió ni promulgó legislación sobre las personas que trabajaban en el servicio doméstico, lo que dejaba a éstas, en su gran mayoría mujeres y niñas, a merced de la explotación económica y de la negación de su derecho a unas condiciones de trabajo justas, a la salud y a la educación. Aunque Indonesia ratificó en mayo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990, la ausencia de protección jurídica adecuada en el país exponía a los trabajadores domésticos migrantes, en su mayoría mujeres y niñas, a la trata, a prácticas de trabajos forzados y a otros abusos contra los derechos humanos tanto en Indonesia como en otros países.

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Impunidad

Hubo pocos avances a la hora de lograr justicia, verdad y reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Aceh, Papúa y Timor Oriental. Las supervivientes de la violencia sexual no habían recibido aún servicios ni tratamiento adecuados de carácter médico, psicológico y de salud mental, sexual y reproductiva. En septiembre, el gobierno indonesio anunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estaba ultimando una nueva ley sobre una comisión de la verdad y la reconciliación, aunque no se tuvo noticia de avances. El equipo interinstitucional creado por el presidente en 2011 para elaborar un plan destinado a resolver violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado aún no había anunciado planes concretos.

  • En julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante el fiscal general su informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos contra miembros del Partido Comunista de Indonesia y presuntos simpatizantes comunistas en el contexto del fallido golpe de Estado de 1965. La Comisión pidió al fiscal general que iniciara una investigación oficial, que hiciera comparecer a los autores ante un tribunal de derechos humanos y que crease una comisión de la verdad y la reconciliación. No se tuvo constancia de avance alguno.
  • En septiembre, el Parlamento provincial de Aceh anunció una demora en la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación de Aceh, lo que dejó a las víctimas y a sus familias sin un mecanismo oficial para establecer la verdad sobre las violaciones que sufrieron durante el conflicto y la suerte o el paradero de sus seres queridos víctimas de homicidio o desaparecidos.
  • El presidente no siguió las recomendaciones formuladas por el Parlamento en 2009 de hacer comparecer ante la justicia a las personas implicadas en la desaparición forzada de 13 activistas por la democracia en 1997 y 1998, emprender de inmediato la búsqueda de los activistas desaparecidos y proporcionar rehabilitación y una indemnización a sus familias.
  • El gobierno no aplicó las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y la Amistad, organismo bilateral creado por Indonesia y Timor Oriental, en concreto, la de establecer una comisión para las personas desaparecidas encargada de determinar el paradero de todos los niños y niñas de Timor Oriental que fueron separados de sus progenitores y de informar a sus familias.
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Pena de muerte

Por cuarto año consecutivo no se tuvo noticia de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones. Sin embargo, durante el año se impusieron al menos 12 penas de muerte y seguía habiendo como mínimo 130 personas condenadas a muerte. Un hecho positivo fue la noticia en octubre de que el Tribunal Supremo había conmutado la pena capital impuesta a un narcotraficante en agosto de 2011 por considerar que esta pena vulneraba los derechos humanos y la Constitución. También en octubre se anunció que el presidente había conmutado 19 penas de muerte entre 2004 y 2011.

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