Irlanda

Human Rights in República de Irlanda

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ireland is now live »

Jefe del Estado
Michael D. Higgins
Jefe del gobierno
Enda Kenny

Condiciones de reclusión

En agosto se anunció un nuevo sistema de atención de las denuncias graves formuladas por presos, en el que las investigaciones las llevaría a cabo personal externo bajo la supervisión del inspector de Prisiones y Lugares de Detención. El gobierno prometió hacerlo extensivo posteriormente a otras denuncias menos graves. No obstante, el nuevo sistema seguía sin ser conforme con el procedimiento independiente de atención de denuncias recomendado por el Comité de la ONU contra la Tortura en 2011.

En un informe publicado en octubre sobre la Institución de St. Patrick para Jóvenes Delincuentes, el inspector de Prisiones describió malos tratos, intimidación y severos castigos a los jóvenes y menores de edad recluidos allí. También señaló la falta de educación y asistencia médica suficientes. A raíz del informe, el gobierno anunció reformas en el centro, que incluían mejoras en la formación de los funcionarios de prisiones, y la investigación de algunos miembros del personal. Unos meses antes se había puesto fin a la reclusión de niños de 16 años en St. Patrick, pero persistía la preocupación de que se siguiera recluyendo allí a los de 17 años hasta que el nuevo centro de detención para menores estuviera disponible en 2014.

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Derecho a la salud

El gobierno emprendió una revisión de la Ley de Salud Mental de 2001 con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. Dicha ley regulaba principalmente las circunstancias en que era posible ingresar, recluir y tratar a una persona en un hospital contra su voluntad.

En octubre, una mujer de 31 años murió de septicemia en un hospital, en circunstancias en que al parecer se rehusó practicarle un aborto que podría haberle salvado la vida. Su caso puso de manifiesto la poca claridad de la legislación y la normativa respecto al derecho de las mujeres a acceder a servicios de aborto si su vida corría peligro.

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Violencia contra mujeres y niñas

Al final del año el gobierno aún no había puesto en marcha ninguna investigación independiente sobre las denuncias de malos tratos a mujeres y niñas internas en las llamadas “Lavanderías de la Magdalena”, de gestión religiosa, como había recomendado el Comité contra la Tortura. El comité interdepartamental establecido por el gobierno en 2011 para “aclarar cualquier interacción del Estado con las Lavanderías de la Magdalena” tampoco había publicado su informe.

En abril se promulgó la Ley de Justicia Penal (sobre la Mutilación Genital Femenina), que tipificaba como delito esta práctica. Penalizaba además el acto de llevarse a una niña del país para someterla a la mutilación genital femenina y ofrecía protección a las víctimas durante los procedimientos judiciales.

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Policía y fuerzas de seguridad

En octubre, el Parlamento aprobó una prórroga de las actuaciones del Tribunal de Smithwick durante otros nueve meses, hasta el final de julio de 2013. El Tribunal estaba examinando denuncias según las cuales miembros de la policía habían colaborado en los homicidios de dos altos mandos de la Real Policía del Ulster cometidos en 1989 por el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA Provisional) en Irlanda del Norte.

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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Irlanda firmó en marzo el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En julio se estableció una asamblea constituyente, nombrada por el gobierno, para examinar elementos de la Constitución correspondientes a áreas como la igualdad de matrimonio para las parejas del mismo sexo, la igualdad de las mujeres y la blasfemia. La asamblea no abordó expresamente el examen de la incorporación de los derechos humanos en la Constitución, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.

En noviembre se reformó la Constitución para mejorar ciertas salvaguardas de los derechos de la infancia.

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