Madagascar

Human Rights in República de Madagascar

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Madagascar is now live »

Jefe del Estado
Andry Nirina Rajoelina
Jefe del gobierno
Jean Omer Beriziky

Información general

La situación política y social siguió siendo tensa y la seguridad, inestable en algunas zonas del país, especialmente en el sur. No se aplicaron algunas disposiciones importantes de la “Hoja de Ruta para Poner Fin a la Crisis en Madagascar”, firmada en septiembre de 2011 por la mayoría de los actores políticos malgaches con la mediación de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC). Entre esas disposiciones figuraban la conclusión de los procedimientos legales incoados por motivos políticos, la protección y promoción de los derechos humanos y el respeto de las libertades fundamentales, y el retorno de los exiliados políticos. Miembros de la comunidad internacional y el gobierno confirmaron que las elecciones presidenciales tendrían lugar en mayo de 2013. A mediados de abril de 2012, las dos cámaras del “Parlamento” aprobaron por votación una ley de amnistía que abarcaba de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2009.

En septiembre, Madagascar firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tras el comunicado de prensa publicado por Amnistía Internacional el 20 de noviembre, en el que se ponían de relieve graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el sur del país y se solicitaba una investigación independiente, el primer ministro decidió establecer una comisión de investigación que estaría dirigida por la ONU. Al terminar el año se estaban haciendo los preparativos para la investigación.

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Homicidios ilegítimos

Hubo homicidios generalizados de civiles cometidos por agentes del Estado en relación con el robo de ganado, y no se protegió a cientos de personas frente a la violencia entre comunidades y los asesinatos en masa, especialmente en la región de Anosy. Según información facilitada a Amnistía Internacional por testigos, quienes no pudieron huir de sus hogares fueron quemados vivos cuando las fuerzas de seguridad prendieron fuego indiscriminadamente a poblaciones en el marco de la operación militar “Tandroka”, lanzada en septiembre.

  • En septiembre, las fuerzas de seguridad mataron presuntamente a un mínimo de 11 personas, entre ellas una niña de seis años, y quemaron 95 viviendas en el distrito de Elonty. Durante los ataques se destruyeron cosechas y se arrasó al menos una escuela. Las autoridades afirmaron que sus fuerzas sólo habían destruido cultivos de cannabis.
  • En septiembre, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a presuntos ladrones de ganado (“dahalo”), entre ellos una persona que padecía discapacidad física, en el poblado de Numbi. Los padres y la esposa de un destacado sospechoso fueron ejecutados extrajudicialmente en el distrito de Mahaly en octubre.
  • Al menos 250 personas perdieron la vida en el transcurso del año en los alrededores de la localidad de Fort-Dauphin, en el sur del país, en lo que las autoridades calificaron de enfrentamientos entre comunidades desencadenados por el robo de ganado. Amnistía Internacional temía que el número de fallecidos fuera muy superior. En uno de los ataques contra un poblado murieron 86 personas a machetazos. Según testigos, los vecinos habían informado a las autoridades sobre la inminencia del ataque, pero las autoridades no habían hecho nada para impedirlo.
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Impunidad

Funcionarios de seguridad y miembros de grupos armados responsables de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos, continuaron actuando con impunidad.

  • Seguía investigándose una denuncia sobre la muerte del fiscal Michel Rahavana un año después. Michel Rahavana murió en diciembre de 2011 a manos de un grupo de agentes de policía que intentaban liberar a un colega que había sido detenido por el fiscal en relación con un robo. El ministro de Seguridad Interna, responsable de la policía, que estaba en la ciudad en el momento de la muerte, fue informado presuntamente de que el ataque iba a producirse pero no hizo nada para impedirlo. A finales de 2011 la ministra de Justicia anunció que se llevaría a cabo una investigación.
  • No se abrió investigación oficial alguna sobre el homicidio del taxista Hajaharimananirainy Zenon, conocido como Bota, a pesar de las garantías ofrecidas por el ministro de Justicia. La familia de Bota había presentado una denuncia formal el 30 de agosto de 2011, tras la detención, tortura y homicidio del taxista por miembros de la Fuerza de Intervención de la Policía (FIP) el 17 de julio de 2011 en el barrio de las 67 Hectáreas, en Antananarivo.
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Libertad de expresión: periodistas

Varios medios de comunicación, entre ellos Radio Fahazavana, continuaron cerrados. En febrero se cerraron al menos otras cinco emisoras de radio. Las autoridades siguieron usando el poder judicial para intimidar y hostigar a periodistas.

  • El 13 de noviembre, un tribunal de Antananarivo impuso a Lalatiana Rakotondrazafy y Fidèle Razara Pierre, periodistas de Radio Free FM, sendas condenas condicionales de tres meses y multas de un millón de ariarys (unos 500 dólares estadounidenses). Los dos periodistas quedaron en libertad el 3 de mayo tras estar detenidos durante 24 horas. En junio, las autoridades impidieron que salieran del país. Fueron declarados culpables de difamación y de propagar noticias falsas como consecuencia de una denuncia presentada por Ravatomanga Mamy, empresario y asesor oficial del presidente. Temiendo por su seguridad, los dos periodistas, junto con un técnico de la emisora, pasaron más de dos meses, desde el 1 de agosto, en el recinto de la embajada de Sudáfrica en Antananarivo.
  • Los días 8 y 9 de noviembre, cuatro profesionales de la prensa escrita –Zo Rakotoseheno, director de Midi Madagasikara; Rocco Rasoanaivo, director de La Nation y presidente del Sindicato de Periodistas Malgaches; y Fidy Robson y Herivonjy Rajaonah, director y redactor jefe, respectivamente, de Gazetiko– comparecieron ante la gendarmería de Betongolo, Antananarivo. Ravatomanga Mamy, empresario y asesor oficial del presidente, había presentado una denuncia contra los periodistas tras la publicación en los periódicos de extractos de una declaración de un jefe local en la que se acusaba al empresario de estar vinculado con el tráfico de palo de rosa. Los periodistas fueron remitidos a la fiscalía el 12 de noviembre. No estuvieron detenidos pero al terminar el año su caso continuaba siendo objeto de investigación.
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