Pakistán

Human Rights in República Islámica de Pakistán

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Pakistan is now live »

Jefe del Estado
Asif Ali Zardari
Jefe del gobierno
Raja Pervaiz Ashraf (sustituyó a Yusuf Raza Gilani en junio)

Información general

Los enfrentamientos entre el ejército, los tribunales y el gobierno elegido en las urnas en torno a diversas cuestiones, como las investigaciones sobre casos de corrupción, llevaron a Pakistán a varias crisis políticas. El 19 de junio, el Tribunal Supremo forzó la dimisión del entonces primer ministro Gilani, tras declarar que había cometido desacato, lo que puso de relieve la influencia cada vez mayor del poder judicial. En una decisión histórica, el 23 de septiembre el Tribunal Supremo resolvió que, según la Constitución de Pakistán, las personas transgénero tenían los mismos derechos que los demás ciudadanos. Un acuerdo general sobre relaciones consulares firmado en mayo propició el traslado de cientos de presos entre India y Pakistán, lo que indicó cierta mejora de las relaciones entre ambos países. Varios civiles, niños entre ellos, murieron o resultaron heridos como consecuencia de “homicidios selectivos” cometidos por aviones no tripulados estadounidenses en las zonas tribales (véase el apartado sobre Estados Unidos). Al concluir el año habían mejorado las relaciones de Pakistán con Estados Unidos, su principal aliado.

Pakistán comenzó en enero su periodo de dos años de pertenencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Varios expertos de derechos humanos de la ONU visitaron el país por primera vez en 13 años: la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en mayo; la alta comisionada para los Derechos Humanos, en junio, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en septiembre. En octubre, la actuación de Pakistán en materia de derechos humanos fue sometida al examen periódico universal de la ONU; los Estados plantearon diversas cuestiones de derechos humanos, como la reforma de las leyes sobre blasfemia, los avances en la abolición de la pena de muerte y la necesidad de poner fin a las desapariciones forzadas. El 12 de noviembre, Pakistán fue elegido por tercera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad continuaron actuando con impunidad y fueron acusadas de violaciones generalizadas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales de activistas políticos, periodistas y presuntos miembros de grupos armados. En las zonas tribales del noroeste, los militares utilizaron leyes sobre seguridad antiguas y nuevas para encubrir estas violaciones y eludir la acción de los tribunales.

  • Tras descubrirse en junio una presunta conspiración para asesinar a la abogada de derechos humanos Asma Jahangir, las autoridades le proporcionaron medidas de seguridad adicionales, aunque al parecer no pudieron o no estuvieron dispuestas a investigar las denuncias de que la conspiración había sido autorizada por autoridades militares “del máximo nivel”.
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Homicidios ilegítimos

Se recibió información sobre cientos de homicidios ilegítimos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia, que eran habituales sobre todo en las zonas tribales del noroeste y en las provincias de Baluchistán y Sind.

  • Durante el año, el Tribunal Superior de Peshawar, capital de la provincia de Jyber Pajtunjwa, ordenó en varias ocasiones que se iniciaran investigaciones sobre más de 100 cadáveres que habían aparecido tirados por toda la ciudad.
  • El 22 de mayo fue hallado en el pueblo de Bujari, cerca de Hyderabad (Sind), el cadáver de Muzaffar Bhutto, dirigente de un partido político de la etnia sindi. Bhutto había sido secuestrado 15 meses antes por unos hombres vestidos de civil y que iban acompañados de policías. Según la información recibida, el cadáver tenía señales de tortura y heridas de bala, no obstante lo cual nadie respondió ante la justicia por el secuestro ni por la muerte.
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Desapariciones forzadas

El Tribunal Supremo obtuvo un acceso sin precedentes a algunas víctimas de desaparición forzada, como 7 supervivientes de los “11 de Adiala”, en febrero, y varias personas más de Baluchistán, a lo largo del año. El presidente del Tribunal amenazó con ordenar la detención de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por no proporcionar una base legal que justificara las detenciones y reclusiones en Baluchistán, y el Tribunal Superior de Peshawar siguió presionando a las autoridades para que facilitaran los datos de todas las personas detenidas por motivos de seguridad en las zonas tribales del noroeste. Sin embargo, se siguieron recibiendo informes sobre desapariciones forzadas ocurridas en todo el país, sobre todo en la provincia de Baluchistán y en las zonas tribales del noroeste, y ningún miembro de las fuerzas de seguridad en activo o retirado respondió ante la justicia por su presunta participación en estas u otras violaciones. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó por primera vez el país en septiembre, pero algunas autoridades clave, como el presidente de la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, los presidentes del Tribunal Supremo y la mayoría de los Tribunales Superiores y altos mandos de las fuerzas de seguridad y del ejército, se negaron a reunirse con sus representantes.

  • El 13 de febrero fue hallado a las afueras de Turbat (Baluchistán) el cadáver de Sangat Sana, dirigente del Partido Republicano Baluchi, que, según testigos, había sido aprehendido hacía más de dos años por varios hombres vestidos de civil en un control policial efectuado en el paso de Bolán, en la carretera de Quetta a Sind.
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Abusos cometidos por grupos armados

Los talibanes paquistaníes, Lashkar-e-Jhangvi, el Ejército de Liberación de Baluchistán y otros grupos armados atacaron a las fuerzas de seguridad y a la población civil, especialmente a miembros de minorías religiosas, personal de ayuda humanitaria, activistas y periodistas. Realizaron ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados y atentados suicidas.

  • Los talibanes paquistaníes prohibieron la entrada de trabajadores de la salud en las zonas tribales hasta que Estados Unidos pusiera fin a su programa de “homicidios selectivos” en la región. En abril fue asesinado un enfermero del Comité Internacional de la Cruz Roja. Nueve profesionales de la salud, en su mayoría mujeres, que administraban la vacuna contra la poliomielitis, murieron en unos ataques coordinados que se llevaron a cabo durante tres días en diciembre en Peshawar, Nowshera y Charsadda, en el noroeste, y en la ciudad meridional de Karachi.
  • Lashkar-e-Jhangvi reivindicó el homicidio, a modo de ejecución, de al menos 14 personas durante un ataque realizado el 28 de junio contra un autobús que llevaba a varios peregrinos musulmanes chiíes desde Quetta a Irán. El grupo fue responsable de al menos ocho ataques cometidos en varios lugares del país y que se cobraron la vida de 49 personas.
  • El 22 de diciembre, Bashir Ahmed Bilour, dirigente del Partido Nacional Awami, y otras ocho personas murieron al salir de una concentración política en Peshawar, en un atentado suicida de los talibanes paquistaníes.
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Libertad de expresión

Los periodistas seguían estando gravemente amenazados por las fuerzas de seguridad del Estado, la oposición armada y otros grupos, sobre todo en las provincias de Baluchistán y Sind y en las zonas tribales del noroeste. Al menos ocho periodistas fueron víctimas de homicidio durante el año. Varios periodistas denunciaron que habían recibido amenazas por informar sobre el ejército, partidos políticos o grupos armados.

  • El 17 de enero, el periodista Mukarram Aatif murió por disparos durante la oración de la tarde en una mezquita de la ciudad de Charsadda. Aatif se había trasladado a esta ciudad desde la agencia tribal de Mohmand, de donde era originario, tras ser amenazado de muerte por su labor informativa. Las amenazas provenían de los talibanes paquistaníes, que reivindicaron la responsabilidad de su homicidio.
  • El 19 de mayo se encontró en las afueras de Turbat (Baluchistán) el cadáver acribillado a balazos de Razzaq Gul, corresponsal de la cadena de televisión Express News secuestrado la víspera. Las autoridades no hicieron responder a los responsables ante la justicia.
  • Los talibanes paquistaníes reivindicaron un atentado fallido contra el conocido locutor Hamid Mir cometido en noviembre mediante la colocación de una bomba bajo su automóvil, que no explotó.

El gobierno bloqueó ocasionalmente algunos sitios web, como YouTube y Facebook, sin dar explicaciones o por considerar ofensivos para los sentimientos religiosos determinados contenidos. Se amenazó con abrir causas penales en aplicación de la legislación sobre desacato a los tribunales a periodistas que criticaban al poder judicial en sus informaciones.

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Discriminación: minorías religiosas

Los ahmadíes, hindúes y cristianos continuaban corriendo grave riesgo de sufrir actos de violencia e intimidación por sus creencias religiosas. Hubo al menos 79 ataques contra musulmanes chiíes, el grupo religioso más afectado. Las minorías religiosas estuvieron implicadas de forma desproporcionada en incidentes en los que ciudadanos particulares invocaron las imprecisas leyes sobre blasfemia paquistaníes.

  • La región septentrional de Gilgit-Baltistán sufrió una violencia sectaria sin precedentes, y las autoridades no hicieron responder ante la justicia a casi ninguno de los responsables de 70 homicidios cometidos en enfrentamientos entre musulmanes suníes y chiíes en abril.
  • El 4 de julio, una multitud linchó a un hombre sin hogar en una comisaría de policía y luego quemó su cadáver, por haber quemado presuntamente un ejemplar del Corán, en la población de Channigoth, provincia de Punyab.
  • El 20 de noviembre, el Tribunal Superior de Islamabad absolvió a Rimsha Masih, joven cristiana a quien la policía, bajo la presión popular, había acusado de blasfemia en agosto por haber quemado presuntamente unas páginas del Corán. En septiembre, el clérigo que la había denunciado fue acusado a su vez, en aplicación de las mismas leyes, de falsificar pruebas contra ella. La absolución y excarcelación de Rimsha Masih fue un caso poco frecuente de procedimiento rápido, en el que el cargo de blasfemia que se le imputaba fue abiertamente criticado ante el tribunal.
  • Las autoridades permitieron que otros grupos religiosos impidieran a los ahmadíes entrar en sus lugares de culto. El 3 de diciembre fueron profanadas más de 100 tumbas ahmadíes de un cementerio de Lahore.
  • El Estado no protegió a la comunidad hazara chií de Baluchistán de los ataques de grupos armados, pese a la fuerte presencia militar que había en la provincia, lo que propició la muerte de al menos 84 personas durante el año.
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Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas, así como quienes hacían campaña por sus derechos, siguieron sufriendo discriminación y violencia, tanto en el ámbito familiar como en público. Los grupos de derechos humanos documentaron miles de casos de violencia contra mujeres en todo el país, aunque la mayoría se produjo en la provincia más poblada, Punyab. Los casos incluían asesinatos, violaciones e incidentes de violencia doméstica, y probablemente sólo representaran una fracción de todos los ocurridos, dado que no todos los abusos se denunciaban.

  • Según la información recibida, el consejo de ancianos local ordenó en mayo la muerte de cuatro mujeres por cantar y aplaudir –al parecer en compañía de dos varones– durante una boda en el distrito de Kohistán, provincia de Jyber Pajtunjwa. El Tribunal Supremo ordenó una investigación sobre el incidente en junio, y resolvió que probablemente las mujeres no habían muerto. No obstante, todo apuntaba a que la investigación ordenada por el Tribunal había adolecido de irregularidades esenciales.
  • El 4 de julio, la activista de los derechos de las mujeres Fareeda Afridi murió por disparos efectuados desde un vehículo en marcha cuando salía de su casa, en Peshawar, para ir a su trabajo, en la agencia tribal de Jyber. Según grupos locales de la sociedad civil, fue atacada por promover los derechos humanos de las mujeres. Las autoridades no hicieron responder ante la justicia a los responsables.
  • Los talibanes paquistaníes reivindicaron el intento de asesinato cometido el 9 de octubre contra Malala Yousafzai, de 15 años, a quien juraron seguir atacando por promover la educación para las mujeres y las niñas. Como respuesta, el 20 de diciembre el presidente promulgó una nueva ley que garantizaba la educación gratuita y obligatoria para niños y niñas de entre 5 y 16 años.
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Pena de muerte

Había más de 8.300 personas pendientes de ejecución, algunas de ellas desde hacía 20 o 30 años, y durante el año fueron condenadas a muerte 242. En noviembre, las autoridades militares ejecutaron a Muhammad Hussain por matar a un superior y a otras dos personas en el distrito de Okara, provincia de Punyab, después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército y el presidente denegaran la petición de indulto. Fue la primera ejecución realizada en Pakistán desde 2008. Aunque el gobierno se desvinculó de la decisión de llevarla a cabo, dado que la habían tomado las autoridades militares, a los activistas contra la pena capital les preocupaba el riesgo de que con ella se abriera la puerta a la reanudación de las ejecuciones.

En julio, el gobierno inició consultas sobre un anteproyecto de ley parlamentaria para conmutar todas las penas de muerte por cadena perpetua.

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