Ruanda

Human Rights in República de Ruanda

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Rwanda is now live »

Jefe del Estado
Paul Kagame

Información general

El informe final del Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo, publicado en noviembre de 2012, contenía datos según los cuales Ruanda había infringido el embargo de armas de la ONU al transferir armas, munición y equipos militares al M23. Según el informe, los militares ruandeses apoyaban al M23 reclutando a civiles en Ruanda y proporcionando apoyo logístico, información de inteligencia y asesoramiento político.

En un informe provisional anexo publicado en junio, el Grupo de Expertos ya había citado los nombres de varios oficiales de alto rango del ejército ruandés –incluido el ministro de Defensa– que habían desempeñado un papel clave en este apoyo. Ruanda publicó una refutación detallada, en la que negaba todo apoyo y criticaba la metodología y la credibilidad de las fuentes consultadas.

Tras la publicación del informe, los principales donantes de Ruanda, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Suecia, suspendieron o aplazaron parte de su ayuda económica.

En octubre, Ruanda fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante dos años a partir de 2013.

Los tribunales de justicia comunitaria del sistema gacaca, creados para juzgar casos de genocidio, finalizaron su labor en 2012 y fueron clausurados oficialmente en junio, después de varias demoras.

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Impunidad

El gobierno no investigó ni enjuició casos de detención ilegal y presunta tortura a manos de los servicios de inteligencia militar ruandeses. En mayo y octubre, Amnistía Internacional publicó datos sobre detención ilegal en régimen de incomunicación y desapariciones forzadas. La investigación incluyó denuncias de tortura, con prácticas tales como fuertes palizas, descargas eléctricas y privación sensorial, utilizadas en 2010 y 2011 para obtener confesiones durante los interrogatorios, en su mayoría de civiles.

En mayo, el gobierno negó tajantemente ante el Comité contra la Tortura de la ONU todas las acusaciones de detención ilegal y tortura a manos de los servicios de inteligencia militares. En junio, el ministro de Justicia reconoció que se habían practicado detenciones ilegales, y las atribuyó al “exceso de celo en la ejecución de una misión noble” por parte de los responsables. El 7 de octubre, el gobierno emitió una declaración en la que reiteraba que se habían practicado detenciones ilegales, pero no hizo referencia alguna a investigaciones o enjuiciamientos.

  • El 25 de marzo de 2010 fue secuestrado en Ruanda el líder religioso congoleño Sheikh Iddy Abassi, conocido partidario de Laurent Nkunda, líder del antiguo grupo armado congoleño Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Su familia denunció la desaparición a la policía local y al ejército al día siguiente, 26 de marzo. Mary Gahonzire, directora general adjunta del servicio penitenciario ruandés, declaró ante el Comité contra la Tortura de la ONU que se estaban investigando los hechos, pero que había indicios de que Sheikh Iddy Abassi estaba en la República Democrática del Congo.
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Libertad de expresión

Apenas hubo espacio para el periodismo crítico en Ruanda. Tras la campaña de represión desatada en 2010 contra periodistas y miembros de la oposición política, quedaban pocas voces independientes en el país. Los medios de comunicación privados seguían cerrados. Los esfuerzos por mejorar la libertad de los medios informativos a través de la reforma legislativa, las mejoras técnicas y la inversión en el sector privado se vieron menoscabados por el encarcelamiento continuado de periodistas por su labor legítima. La difamación continuaba siendo delito.

Legislación sobre “ideología del genocidio” y “sectarismo”

Se emplearon indebidamente leyes ambiguas sobre “ideología del genocidio” y “sectarismo” para criminalizar la disidencia legítima y las críticas al gobierno. Se presentó al Parlamento un nuevo proyecto de ley sobre “ideología del genocidio”.

Periodistas

El Parlamento aprobó varias leyes relativas a los medios de comunicación que al concluir el año estaban pendientes de promulgación.

  • El 5 de abril, el Tribunal Supremo redujo las condenas impuestas a Agnes Uwimana Nkusi, directora del periódico sensacionalista privado en lengua kinyarwanda Umurabyo, y a su subdirectora, Saidati Mukakibibi, a cuatro y tres años de prisión, respectivamente. En febrero de 2011, ambas mujeres habían sido condenadas a 17 y 7 años de cárcel, respectivamente, por publicar unos artículos de opinión en los que se criticaban políticas gubernamentales y se denunciaba la corrupción en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2010. El Tribunal Supremo absolvió a Agnes Uwimana Nkusi de los cargos de “ideología del genocidio” y “divisionismo”, pero mantuvo la sentencia condenatoria por difamación. Redujo a ambas mujeres la condena impuesta por amenaza a la seguridad del Estado.
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Juicio injusto

El 30 de octubre fue condenada a ocho años de prisión Victoire Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas (FDU-Inkingi). Había regresado a Ruanda en enero de 2010, después de 16 años en el exilio. Antes de que fuera detenida por primera vez, en abril de 2010, había abrigado la esperanza de inscribir la FDU-Inkingi antes de las elecciones presidenciales de agosto de ese año.

Pese al escrutinio internacional, el juicio se vio enturbiado por violaciones del proceso debido. El tribunal no verificó las pruebas presentadas por el fiscal. Las confesiones utilizadas para incriminar a Victoire Ingabire, que eran de dos hombres juzgados junto con ella, se habían hecho tras un largo periodo de reclusión en una base militar donde Amnistía Internacional había documentado denuncias de uso de tortura para obtener confesiones. Un testigo de descargo que afirmaba haber estado bajo custodia militar junto con uno de los acusados dijo que éste había sido obligado a hacer su confesión.

Durante el periodo previo al juicio, las autoridades ruandesas hicieron declaraciones oficiales que plantearon problemas con respecto a la presunción de inocencia de Victoire Ingabire. Los cargos relacionados con la libertad de expresión no tenían una base jurídica clara, y algunas acusaciones estaban basadas en disposiciones muy generales e imprecisas de la legislación ruandesa que penalizaban la “ideología del genocidio” y “la discriminación y el sectarismo”. La acusada no recibió un buen trato durante el juicio, y sufrió continuas interrupciones y hostilidad.

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Libertad de asociación

Ciertos partidos políticos no habían podido inscribirse aún. Los miembros de partidos políticos de la oposición denunciaban hostigamiento e intimidación, y algunos fueron encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de asociación.

  • El 27 de abril, el Tribunal Supremo confirmó los cargos formulados contra Bernard Ntaganda, presidente del Partido Social Ideal (PS-Imberakuri). Ntaganda cumplía una pena de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable el 11 de febrero de 2011 de “divisionismo” por pronunciar discursos públicos contra las políticas del gobierno en el periodo previo a las elecciones de 2010, así como de poner en peligro la seguridad del Estado e intentar planear una “manifestación no autorizada”.
  • En septiembre fueron detenidos ocho miembros del partido FDU-Inkingi de Victoire Ingabire, en su mayoría profesores y estudiantes, tras celebrar una reunión en la que, según informes, habían hablado de asuntos de desarrollo y educación. Fueron acusados formalmente de incitar a la insurrección o a disturbios en la población, y se ordenó su ingreso en prisión preventiva. Uno de ellos quedó en libertad antes de concluir el año.
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Justicia internacional

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

La Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda transfirió a Ruanda su primer caso, el del ex pastor protestante Jean Uwinkindi. En 2012 se transfirieron también al país varios casos más. Se encargó a dos funcionarios del Tribunal hacer un seguimiento temporal de los casos remitidos, en espera de un acuerdo sobre seguimiento de juicios con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los funcionarios debían presentar informes mensuales, a través de la Secretaría del Tribunal, al presidente de éste o al presidente del Mecanismo para Tribunales Penales Internacionales, según procediera.

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Jurisdicción universal

Se llevaron a cabo procedimientos judiciales contra sospechosos de genocidio en Bélgica, Finlandia, Alemania y Países Bajos.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la apelación de Sylvère Ahorugeze contra la decisión del gobierno sueco de extraditarlo a Ruanda. Al concluir el año Ahorugeze seguía en Dinamarca.
  • La extradición a Ruanda de Charles Bandora estaba pendiente de resolución. El caso había recorrido todas las etapas del sistema de justicia penal noruego y estaba pendiente de resolución su apelación final.

Impunidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Las autoridades no ordenaron investigaciones ni enjuiciamientos por denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército ruandés en Ruanda, así como en la República Democrática del Congo, como documentaba un informe de la ONU.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Se aplazó hasta junio de 2013 la aplicación de la cláusula de cesación para los refugiados ruandeses, invocada el 31 de diciembre de 2011 por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Según esta cláusula, quienes hubieran salido de Ruanda antes de 1998 o ese año perderían su condición de refugiados, aunque debían ser entrevistados para determinar los motivos individuales de su persistente temor a sufrir persecución en Ruanda.

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Presos de conciencia

  • Charles Ntakirutinka, ex ministro ruandés y preso de conciencia, salió en libertad el 1 de marzo tras cumplir una condena de 10 años de cárcel impuesta en un juicio sin garantías. Detenido en abril de 2002, durante una campaña de represión previa a las elecciones presidenciales de 2003, había sido declarado culpable de “incitar a la desobediencia civil” y de “asociación con elementos delictivos”.
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