Sri Lanka

Human Rights in República Socialista Democrática de Sri Lanka

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Sri Lanka is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Mahinda Rajapaksa

Desapariciones forzadas

Se tuvo conocimiento de más de 20 posibles desapariciones forzadas. Entre las víctimas había activistas políticos, empresarios y presuntos delincuentes. Siguieron sin resolverse casos destacados de años anteriores.

  • El 11 de febrero, unos hombres armados secuestraron al empresario tamil Ramasamy Prabaharan, justo dos días antes de la fecha en que el Tribunal Supremo iba a celebrar una vista sobre sus denuncias de detención arbitraria, reclusión y tortura a manos de la policía e incautación de su empresa en mayo de 2009.
  • En abril fueron secuestrados Premakumar Gunaratnam y Dimuthu Attigala, activistas del Partido Socialista de Vanguardia, poco antes de la presentación de esta nueva formación política; tras ser interrogados, fueron finalmente liberados. Premakumar Gunaratnam, ciudadano australiano, dijo que había sido torturado por sus secuestradores, que creía vinculados al gobierno.
  • No hubo avances en las investigaciones sobre los casos de los activistas políticos Lalith Kumar Weeraraj y Kugan Muruganathan, presuntamente víctimas de desaparición forzada a manos del ejército en Jaffna en diciembre de 2011. Ambos habían estado organizando una protesta pacífica de familiares de desaparecidos. El Tribunal de Apelación aplazó varias veces la vista del recurso de hábeas corpus presentado por las familias de los dos activistas.
  • En junio fue citado a declarar el ex fiscal general Mohan Peiris en una vista de hábeas corpus sobre la desaparición del caricaturista político Prageeth Eknaligoda. Peiris había declarado ante el Comité de la ONU contra la Tortura en 2011 que Eknaligoda vivía en el extranjero. En la vista admitió que no conocía su paradero y dijo que no recordaba quién había dicho que estaba en el exilio.
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Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades siguieron deteniendo a personas sin orden judicial y recluyéndolas durante largos periodos sin cargos ni juicio. En octubre reconocieron tener bajo custodia sin cargos a casi 500 presuntos ex miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para lo que calificaban de “rehabilitación”. Cientos de tamiles más continuaban bajo detención administrativa pendientes de que se investigasen sus presuntos lazos con los Tigres de Liberación; muchos llevaban años en esta situación. Las personas que habían sido puestas en libertad tras la “rehabilitación” seguían siendo objeto de vigilancia y de nuevas detenciones.

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Uso excesivo de la fuerza

  • En febrero, Antony Warnakulasuriya murió y otros tres hombres resultaron heridos cuando la Fuerza Especial de Operaciones, unidad de la policía, disparó munición real contra una multitud de miembros de una comunidad de pescadores que protestaba contra la subida del precio del combustible a las afueras de la ciudad costera occidental de Chilaw. Según la información recibida, la policía impidió que los manifestantes llevaran a los heridos al hospital por tierra, obligándolos a ir en barco.
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Tortura y otros malos tratos

Persistió la tortura bajo custodia policial. En al menos cinco casos las víctimas murieron.

  • El 15 de abril, Chandrasiri Dassanayake, testigo en un caso de derechos humanos presentado ante el Tribunal Supremo contra el jefe de la comisaría de policía de Wadduwa, murió bajo custodia en la referida comisaría. La policía afirmó que lo habían detenido por posesión de cannabis y, tras ponerse enfermo en la celda, lo habían ingresado en el hospital. El hijo de Chandrasiri Dassanayake declaró que lo había visto tendido en el suelo de la celda, sangrando, y que le había dicho que la policía lo había golpeado. La muerte suscitó protestas locales, y el jefe de la comisaría, un sargento y otros dos mandos de la policía fueron trasladados a otras comisarías, pero no se tomaron más medidas.
  • En junio, miembros de la Fuerza Especial de Operaciones agredieron a 30 presos tamiles, según los informes en represalia por un motín penitenciario que había estallado en Vavuniya ese mismo mes. Dos de los presos murieron a consecuencia de la agresión.
  • El 9 de noviembre murieron 27 reclusos en un enfrentamiento entre presos y miembros de la Fuerza Especial de Operaciones en la prisión de Welikada. Los resultados de una investigación oficial sobre las denuncias de que algunos habían sido ejecutados extrajudicialmente no se hicieron públicos.
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Falta de rendición de cuentas

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó en marzo la Resolución 19/2, en la que pedía a Sri Lanka que implementara las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación y abordara la rendición de cuentas por presuntas violaciones del derecho internacional. En el Plan de Acción del gobierno sobre las recomendaciones de la Comisión, que se dio a conocer en julio, las autoridades no se comprometían a realizar investigaciones nuevas o independientes, y confiaban al ejército y la policía –implicados en violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario– su propia vigilancia. En noviembre se evaluó el historial de derechos humanos de Sri Lanka mediante el examen periódico universal de la ONU. A pesar de la preocupación manifestada por los miembros de la ONU, Sri Lanka sostuvo que no hacían falta investigaciones independientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos y delitos de derecho internacional cometidos en el pasado.

Un informe del Panel de Examen Interno de las Actividades de las Naciones Unidas en Sri Lanka que se hizo público el 14 de noviembre reconocía que la ONU no había protegido a la población civil durante el conflicto armado del país.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades y los medios de comunicación de propiedad estatal arremetieron contra los defensores de los derechos humanos que asistieron al periodo de sesiones de marzo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándolos de traidores. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la presidenta del Consejo de Derechos Humanos condenaron las amenazas de Sri Lanka y pidieron una investigación. El 23 de marzo, el ministro de Relaciones Públicas de Sri Lanka amenazó con agredir físicamente a periodistas y defensores de derechos humanos y se declaró responsable de una agresión cometida en 2010 contra un periodista que posteriormente se exilió. El ministro de Sanidad acusó a la organización católica Caritas de conspirar para menoscabar al gobierno.

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Libertad de expresión: periodistas

Los periodistas seguían sufriendo presiones por sus informaciones.

  • El 5 de julio, el secretario de Defensa, Gotabaya Rajapaksa, amenazó de muerte a Frederica Jansz, periodista del Sunday Leader, cuando ésta intentaba entrevistarlo sobre un presunto abuso de poder. En septiembre, el nuevo propietario del diario la despidió, y la periodista abandonó el país.
  • El periodista Shantha Wijesooriya, del sitio web de noticias Lanka X News, dijo a la policía que el 5 de julio habían intentado secuestrarlo unos hombres que, según creía, pertenecían a las fuerzas de seguridad. Una semana antes la policía había registrado la oficina donde trabajaba.
  • En septiembre, miembros del ejército rodearon y amenazaron a la periodista Nirmala Kannangara y a un fotógrafo cuando intentaban informar sobre el reasentamiento de las personas desplazadas del campo de Manik Farm.
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Sistema de justicia

El 7 de octubre, unos hombres armados atacaron a Manjula Thilakaratne, magistrado superior y secretario de la Comisión de Servicios Judiciales de Sri Lanka, y trataron de sacarlo de su automóvil. El 18 de septiembre, el magistrado había emitido una declaración en nombre de la Comisión en la que denunciaba los intentos de injerencia en la independencia del poder judicial y, en concreto, de la Comisión de Servicios Judiciales, mediante amenazas e intimidación.

En diciembre, el Parlamento inició un procedimiento de destitución contra la presidenta del Tribunal Supremo, Shirani Bandaranayake. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados criticó el procedimiento y declaró que estaba “sumamente politizado” y que carecía del debido proceso y de garantías de imparcialidad procesal.

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Personas internamente desplazadas

A finales de septiembre, las autoridades cerraron el enorme campo para desplazados internos de Manik Farm y anunciaron que el último de sus más de 200.000 habitantes había regresado a su casa. Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, al concluir el año decenas de miles de desplazados aún no podían regresar a sus hogares ni reasentarse del todo en otro lugar y dependían de familias de acogida, que les proporcionaban alojamiento y asistencia.

  • El 30 de septiembre, casi 350 personas desplazadas de Manik Farm subieron a unos autobuses del ejército que, según creían, iban a llevarlas de regreso a sus casas, en el pueblo de Keppapilavu. Sin embargo, fueron reasentadas en un terreno baldío del distrito de Mullaitivu porque el ejército aún ocupaba sus tierras. Los desplazados se quejaron de que el nuevo campo carecía de infraestructuras y de agua potable. Otras personas reasentadas vivieron experiencias similares.
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