Suazilandia

Human Rights in Reino de Suazilandia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Swaziland is now live »

Jefe del Estado
rey Mswati III
Jefe del gobierno
Barnabas Sibusiso Dlamini

Información general

La situación económica seguía siendo precaria a pesar del aumento de los ingresos procedentes de la Unión Aduanera de África Austral. Los esfuerzos del gobierno por conseguir préstamos de diversas fuentes no tuvieron éxito, debido en parte al hecho de que no aplicara reformas fiscales ni estuviera dispuesto a aceptar condiciones, entre ellas la introducción de reformas políticas. La presión sobre los trabajadores del sector público, entre ellos los docentes, dio lugar a huelgas prolongadas. Agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil reiteraron los llamamientos a la transformación política. En octubre, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de censura al gobierno sin precedentes.

Arriba

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Continuaron durante todo el año las presiones sobre la independencia de los jueces, con consecuencias para el acceso a la justicia.

En marzo se evaluó el historial de derechos humanos del país mediante el examen periódico universal de la ONU. Suazilandia reiteró su rechazo de la recomendación de permitir la participación de los partidos políticos en las elecciones. También confirmó su intención de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, pero al terminar el año no lo había hecho.

En mayo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución en la que expresaba su alarma por el incumplimiento por parte del gobierno de Suazilandia de la decisión adoptada por la Comisión en 2002 y de las recomendaciones formuladas en 2006 en relación con el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. La Comisión expresó también preocupación por la anulación del registro legal del recién formado Congreso de Sindicatos de Suazilandia (TUCOSWA).

Arriba

Libertad de expresión

Continuaron las violaciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y la policía usó balas de goma, gas lacrimógeno y porras para disolver manifestaciones y concentraciones consideradas ilegales.

  • En marzo se vio ante el Tribunal Superior la impugnación de los procedimientos sumarios por desacato incoados contra Independent Publishers y el director de The Nation, según la cual violaban el derecho de los acusados a un juicio con garantías y a la libertad de expresión y opinión y, en consecuencia, eran ilícitos e inconstitucionales. La vista se celebró tras la publicación de dos artículos en los que se pedía a los jueces que utilizasen la Constitución para mejorar la vida de la gente y se mostraba preocupación por las intenciones del entonces presidente en funciones de la judicatura. La causa penal por desacato había sido incoada por el fiscal general, asesor jurídico del jefe del Estado, aunque su oficina carecía de competencias para iniciar procedimientos. Al terminar el año el Tribunal no había dictado sentencia.
  • En abril, en vísperas de la participación de TUCOSWA en varias manifestaciones previstas, el fiscal general informó a la organización sindical de que su registro no tenía validez legal, a pesar de que había sido confirmado por el comisionado de Trabajo en funciones, en virtud de la Ley de Relaciones Laborales. Aunque los dirigentes de TUCOSWA continuaron impugnando ante los tribunales la legalidad de la anulación del registro, la policía impidió el normal desarrollo de sus concentraciones, confiscó las pancartas que exhibían emblemas de TUCOSWA, llevó a cabo detenciones arbitrarias y amenazó a dirigentes y activistas sindicales. Al menos una de las personas detenidas, la abogada Mary Pais da Silva, fue agredida bajo custodia.
Arriba

Tortura y otros malos tratos y juicios injustos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo causa de preocupación, y en abril un juez del Tribunal Superior pidió el establecimiento de una comisión de investigación sobre las reiteradas denuncias formuladas por acusados en juicios penales que afirmaban haber sido torturados con prácticas tales como palizas y asfixia. Las muertes en circunstancias sospechosas y la inacción de las autoridades en lo relativo a garantizar investigaciones independientes y rendición de cuentas seguían siendo causa de preocupación. En los incidentes denunciados había implicados policías y militares.

  • En febrero, Maxwell Dlamini, presidente del Sindicato Nacional de Estudiantes, y Musa Ngubeni, activista político y ex líder del movimiento estudiantil, quedaron en libertad después de 10 meses en detención preventiva, pero se les impusieron condiciones opresivas para la libertad bajo fianza.
  • El 12 de marzo, Lucky Montero, de 43 años, recibió patadas y golpes en la cabeza y el cuerpo al ser agredido por soldados en un puesto de control fronterizo. Murió 12 días después en el hospital público de Mbabane debido a complicaciones médicas derivadas de las lesiones que había sufrido.
  • En agosto, el Tribunal Superior declaró culpable de asesinato a Amos Mbedze, ciudadano sudafricano, en relación con la muerte, por la explosión de un coche bomba en 2008, de dos hombres que estaban en el vehículo y con los cuales se lo acusaba de haber conspirado para socavar la seguridad del Estado. Fue condenado a 85 años de prisión. El incidente, ocurrido cerca de uno de los palacios del rey, había dado lugar a la rápida promulgación de la Ley de Represión del Terrorismo. La sentencia condenatoria por asesinato no estuvo respaldada por ninguna prueba presentada durante el juicio.
Arriba

Pena de muerte

En noviembre, el Tribunal Supremo de Apelación rechazó el recurso presentado por David Simelane contra la condena a muerte que le había sido impuesta en 2011, tras un juicio de 10 años de duración por el asesinato de 34 mujeres. Ese mismo mes, el Tribunal Superior condenó a Mciniseli Jomo Simelane a muerte por asesinato.

Arriba

Derechos de las mujeres

En marzo, en el marco del examen periódico universal de la ONU, Suazilandia aceptó reformar “sin demora” leyes que discriminan a las mujeres.

En junio, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley de Registro de Escrituras (Enmienda), en virtud del cual se reformó una disposición de la Ley original que impedía que la mayoría de las mujeres casadas en virtud del derecho civil inscribieran legalmente viviendas a su nombre.

Al terminar el año el Senado no había debatido todavía el proyecto de ley de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, pese a haber sido aprobado por la cámara baja del Parlamento en octubre de 2011.

En septiembre, el rey sancionó la Ley de Protección y Bienestar de la Infancia, que aumentaba la protección de las niñas y las jóvenes contra el matrimonio forzado. La organización Grupo de Acción contra los Abusos de Suazilandia expresó públicamente su alarma por el hecho de que un destacado asesor del rey sobre derecho y costumbres tradicionales hubiera anunciado la intención de solicitar una revisión judicial de la Ley.

Arriba