Tailandia

Human Rights in Reino de Tailandia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Thailand is now live »

Jefe de Estado
rey Bhumibol Adulyadej
Jefa del gobierno
Yingluck Shinawatra

Conflicto armado interno

En las provincias meridionales de Narathiwat, Pattani y Yala, y en algunas zonas de Songkhla, la población civil seguía corriendo el riesgo de sufrir ataques que se saldaban con muertos y heridos. También fueron objeto de ataques las escuelas públicas y su personal docente, considerados símbolos del Estado, lo que provocó cierres de escuelas durante los últimos meses del año. Los líderes insurgentes acusaron a las fuerzas de seguridad de perpetrar ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Yala. Continuó la impunidad para la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el sur.

  • El 29 de enero, un grupo paramilitar respaldado por el gobierno disparó contra un grupo de 9 civiles musulmanes de etnia malaya que viajaba en un camión en el distrito de Nong Chik (provincia de Pattani). En el tiroteo murieron 4 de los pasajeros y otros 4 resultaron heridos. Los paramilitares declararon que habían disparado porque creían que los civiles estaban vinculados a un grupo insurgente implicado en un ataque contra el puesto paramilitar. La Comisión de la Verdad creada para investigar el incidente concluyó que los civiles no tenían ninguna relación con grupos insurgentes.
  • El 21 de septiembre, los insurgentes mataron a 6 personas, entre ellas un voluntario de la defensa local, e hirieron a unas 50 tras abrir fuego contra un comercio de oro y detonar después un vehículo bomba en un mercado del distrito de Sai Buri, en la provincia de Pattani.
  • El 30 de octubre, Mahama Ma-ae, maestro de escuela musulmán a quien la policía consideraba vinculado a un grupo insurgente, murió por disparos en la provincia de Yala. El 14 de noviembre murió también por disparos Abdullateh Todir, imán de Yala que había sufrido un atentado en 2011 que se cobró la vida de su hija. Los líderes insurgentes acusaron a las fuerzas de seguridad gubernamentales de ambas muertes.
  • Los días 3 y 4 de diciembre, los insurgentes mataron a una maestra e hirieron a un maestro en sendos incidentes en la provincia de Narathiwat. El 11 de diciembre murieron la directora de una escuela y un maestro en un ataque contra una escuela de la provincia de Pattani. Tras estos ataques, las escuelas de las provincias de Narathiwat, Pattani y Yala permanecieron varios días cerradas.

El Decreto de Emergencia sobre la Administración Gubernamental durante los Estados de Excepción, de 2005, permaneció en vigor durante todo el año al prorrogarlo el gobierno cada tres meses. El Decreto permitía la inmunidad procesal de los funcionarios que pudieran haber cometido violaciones de derechos humanos, incluidas torturas.

Arriba

Rendición de cuentas por la violencia política

En septiembre, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación dio a conocer su informe final sobre la violencia que rodeó las protestas contra el gobierno en abril y mayo de 2010 en Bangkok, que se saldaron con 92 muertes. El informe atribuyó la responsabilidad de los hechos a las fuerzas de seguridad gubernamentales, incluido el ejército, y a los “camisas negras”, grupo armado radical que se mezcló con los manifestantes y que estaba vinculado al Frente Nacional Unido por la Democracia contra la Dictadura (UDD), antigubernamental, conocido como “camisas rojas”. El informe concluyó que las fuerzas gubernamentales habían empleado armas de guerra y munición real contra los manifestantes, y formuló numerosas recomendaciones, entre ellas que el gobierno abordara los abusos cometidos por todas las partes mediante un sistema de justicia justo e imparcial, y ofreciera “reparación y restitución a las personas afectadas por los incidentes violentos”.

En enero, el gobierno acordó indemnizar económicamente a las víctimas de la violencia de 2010. En mayo, un proyecto de Ley sobre Reconciliación Nacional, que incluía una amnistía para los implicados en la violencia de 2010, suscitó nuevas protestas; el proyecto fue paralizado en julio. En diciembre, después de que un tribunal declarase a las fuerzas de seguridad responsables de la muerte en mayo de 2010 del manifestante del UDD Phan Khamkong, se formularon cargos de asesinato contra el ex primer ministro Abhisit Vejjajiva y el ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban. Ambos fueron las primeras autoridades acusadas en relación con la violencia política de 2010. También en diciembre comenzaron los juicios contra 24 líderes de la protesta, pertenecientes al UDD, acusados de terrorismo.

Arriba

Libertad de expresión

Continuó reprimiéndose la libertad de expresión, sobre todo mediante la legislación relativa a los delitos de lesa majestad (artículo 112 del Código Penal) y la Ley de Delitos Informáticos de 2007, que preveía largas penas de prisión por insultos a la monarquía. Los intentos hechos durante el año para recusar o modificar la legislación sobre delitos de lesa majestad fueron infructuosos. En octubre, el Tribunal Constitucional confirmó que el artículo 112 del Código Penal era constitucional, y en noviembre, el Parlamento rechazó un proyecto legislativo para modificarlo.

  • En mayo murió de cáncer el preso de conciencia Amphon Tangnoppakul, de más de 60 años y conocido como “Tío SMS”, que cumplía una pena de 20 años de cárcel por un delito de lesa majestad. Había sido detenido en agosto de 2010 y condenado en noviembre de 2011 por enviar mensajes de texto breves (SMS) considerados insultantes para la monarquía. Pese al precario estado de salud del preso, el tribunal denegó las ocho peticiones de libertad bajo fianza presentadas.
  • En mayo, Chiranuch Premchaiporn, del diario digital Prachatai, fue condenada a un año de prisión en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos y al pago de una multa de 30.000 bahts (979 dólares estadounidenses), posteriormente reducida a una condena condicional de ocho meses y a una multa de 20.000 bahts (653 dólares estadounidenses), por no eliminar con rapidez 10 comentarios considerados ofensivos para la monarquía que publicaron otras personas en el sitio web de Prachatai entre abril y noviembre de 2008.
  • Somyot Prueksakasemsuk, director de la revista Voice of Taksin, permaneció detenido durante el año y podía ser condenado a 30 años de prisión tras haber sido procesado en abril de 2011, en aplicación de la legislación sobre delitos de lesa majestad, por publicar dos artículos en su revista. El tribunal denegó varias veces sus peticiones de libertad bajo fianza.
Arriba

Personas refugiadas y migrantes

Los solicitantes de asilo continuaban en peligro de ser arrestados y permanecer detenidos durante largos periodos, y también de ser devueltos a países donde corrían peligro de persecución. Tras las conversaciones con el gobierno de Myanmar, el Consejo de Seguridad Nacional de Tailandia indicó que los 146.900 refugiados procedentes de Myanmar que vivían en Tailandia podrían regresar a Myanmar en el plazo de un año, pese a la inestabilidad que seguía afectando a las zonas de ese país habitadas por minorías étnicas y a la ausencia de protecciones que facilitaran un proceso de retorno sin riesgos, digno y voluntario.

A mediados de diciembre, las autoridades amenazaron con expulsar a los trabajadores migrantes documentados, y también a los indocumentados, que no completaran un proceso nacional de verificación.

Arriba

Pena de muerte

No se recibieron noticias de ejecuciones; sin embargo, los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte durante el año. En agosto, el Estado conmutó las condenas a muerte de al menos 58 personas por cadenas perpetuas.

Arriba