Timor Oriental

Human Rights in República Democrática de Timor Oriental

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Timor Leste is now live »

Jefe del Estado
José María Vasconcelos (Taur Matan Ruak) (sustituyó a José Manuel Ramos-Horta en mayo)
Jefe del gobierno
Kay Rala Xanana Gusmão

Información general

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de marzo y abril, y julio, respectivamente, se celebraron sin incidentes. En diciembre de 2012, el Consejo de Seguridad de la ONU puso fin al mandato de la Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste.

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Policía y fuerzas de seguridad

Hubo denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza, en ocasiones con consecuencias letales, a manos de las fuerzas de seguridad. La presencia de la policía de la ONU terminó en diciembre.

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Derechos de las mujeres

El índice de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar continuaba siendo elevado. Aunque algunos casos se enjuiciaron en los tribunales, muchos concluyeron con la imposición de condenas condicionales. Suscitó preocupación la ausencia de protección adecuada para víctimas y testigos.

El índice de mortalidad materna de Timor Oriental era uno de los más elevados de Asia y Oceanía.

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Impunidad

Hubo pocos avances en la resolución de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad indonesias y sus fuerzas auxiliares en el periodo 1975-1999. El mandato del Equipo de Investigación de Delitos Graves finalizó en diciembre, dejando inconclusas alrededor de 60 investigaciones sobre casos destacados de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 1999.

  • En diciembre, el Tribunal de Distrito de Dili ordenó el encarcelamiento de tres ex miembros de la milicia Besi Merah Putih por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del referéndum sobre la independencia de 1999. Miguel Soares y Salvador de Jesus fueron condenados a 9 y 16 años de prisión, respectivamente, por asesinato, mientras que Faustino de Carvalho fue condenado a 6 años por desplazamiento forzado de población y por la detención ilegal de mujeres y niños.

Las autoridades timoresas no aplicaron las recomendaciones de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación ni de la Comisión bilateral indonesio-timoresa de la Verdad y la Amistad. Estas recomendaciones incluían ofrecer una reparación a las víctimas y a sus familias y adoptar medidas efectivas para identificar a las víctimas de desaparición forzada y a los menores de edad separados de sus familias.

  • En febrero, el Parlamento comenzó a debatir sendos proyectos de ley para establecer un Programa Nacional de Reparación y un Instituto Público de la Memoria. Sin embargo, el debate se aplazó de nuevo –por tercera vez desde junio de 2010– y no se fijó fecha para su reanudación.
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