Uganda

Human Rights in República de Uganda

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Uganda is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Yoweri Kaguta Museveni

Información general

El gobierno aceptó en febrero las recomendaciones sobre los derechos a la libertad de expresión y reunión y a no sufrir discriminación, formuladas tras la evaluación del historial de derechos humanos del país mediante el examen periódico universal de la ONU en 2011.

Los tribunales anularon los resultados de las elecciones de 2011 en algunos distritos, por lo que se celebraron elecciones parciales. Los partidos de la oposición ganaron siete de los nueve escaños en liza.

Debido a acusaciones de malversación en la oficina del primer ministro, Reino Unido, Suecia y Dinamarca retuvieron fondos destinados a ayuda. Los ministros acusados formalmente de malversación de fondos públicos destinados a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de 2007 fueron absueltos.

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Libertad de expresión

Los periodistas, líderes de la oposición y activistas que criticaban a las autoridades seguían expuestos a sufrir actos de intimidación y hostigamiento, así como detenciones arbitrarias y acusaciones falsas. Al menos 70 periodistas informaron de agresiones físicas y detenciones arbitrarias durante el año.

  • La policía hostigó y golpeó a los periodistas Isaac Kasamani y William Ntege, y dañó sus equipos, cuando filmaban la detención de Kizza Besigye, líder del Foro por el Cambio Democrático, en septiembre.

El Consejo de Medios de Comunicación, órgano oficial que regulaba las actividades de los medios, prohibió la representación teatral de dos obras. Cuando una de ellas, El río y la montaña, se representó informalmente en otras zonas en septiembre, el coproductor David Cecil fue detenido, acusado formalmente de “desobedecer la orden de un funcionario público” y puesto en libertad bajo fianza. Existían muchos indicios de que la obra había sido prohibida porque las autoridades consideraban que promovía la homosexualidad. En octubre fue prohibida otra obra, El estado de la nación, que criticaba la postura del gobierno sobre la cuestión de la corrupción y la mala gobernanza. Posteriormente, los productores la representaron dos veces sin que se tomaran medidas contra ellos.

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Libertad de reunión y de asociación

En abril, el fiscal general declaró ilegal el grupo de presión Activistas por el Cambio (A4C) y prohibió sus actividades. El grupo había reanudado las manifestaciones iniciadas en 2011 contra el aumento del coste de la vida, la corrupción y la mala gobernanza, que la policía había reprimido con violencia. Su ilegalización era incompatible con el respeto al derecho a la libertad de reunión, expresión y asociación.

En octubre, las autoridades prohibieron las manifestaciones convocadas con motivo del 50 aniversario de la independencia de Uganda y dispersaron las marchas organizadas por el grupo Por Dios y por mi País (4GC) para exigir investigaciones sobre las muertes de manifestantes de 2011. Kizza Besigye, líder del Foro por el Cambio Democrático, fue detenido arbitrariamente dos veces y puesto en libertad sin cargos. La policía justificó las restricciones alegando que Por Dios y por mi País estaba integrado por muchas personas que pertenecían al prohibido Activistas por el Cambio.

El gobierno perseguía a las ONG de defensa y los activistas que expresaban opiniones disidentes sobre la gestión del petróleo, las tierras, la corrupción y los derechos humanos, sometiéndolos a intimidación, hostigamiento, vigilancia y obstrucción de sus actividades. Según la información recibida, hubo asaltos a las oficinas de algunas ONG y robo de equipos, y la policía registró y confiscó equipos de algunas ONG.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En febrero, el Parlamento reintrodujo el proyecto de Ley contra la Homosexualidad de 2009, aunque no se debatió, en espera de un informe de la Comisión Parlamentaria y de Asuntos Jurídicos. En octubre, la presidenta del Parlamento declaró que el proyecto se debatiría “pronto”. De ser aprobada, la Ley intensificaría la ya arraigada discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y provocaría otras violaciones de derechos humanos.

Aumentaron las restricciones del derecho a la libertad de asociación de los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). En febrero, el ministro de Ética e Integridad cerró un taller para activistas LGBTI en Entebbe, alegando que era ilegal. En junio, la policía cerró de forma arbitraria otro taller y detuvo brevemente a los organizadores. El taller, organizado por el Proyecto sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de África Oriental y el Cuerno de África, tenía por objeto enseñar técnicas de observación de los derechos humanos a activistas LGBTI de Ruanda, Tanzania y Kenia, además de Uganda. El Ministerio del Interior amenazó con ilegalizar 38 ONG, acusándolas de promover la homosexualidad.

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Justicia internacional

En mayo, las fuerzas gubernamentales capturaron a Caesar Acellam Otto, alto mando del Ejército de Resistencia del Señor. Ese mismo mes, el ministro del Interior retiró una disposición de la Ley de Amnistía de 2010 que había beneficiado a los combatientes del Ejército de Resistencia del Señor. La Ley había impedido el enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional y negado la justicia a las víctimas.

El gobierno inició investigaciones sobre Caesar Acellam Otto, pero al finalizar el año no se habían formulado cargos contra él y seguía recluido en régimen de incomunicación. No estaba claro si Caesar Acellam Otto y otras personas capturadas con posterioridad serían juzgados efectivamente por la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior.

Continuaban en vigor las órdenes de detención dictadas en 2005 por la Corte Penal Internacional contra el líder del Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony, y otros tres jefes de la organización, que seguían en libertad al terminar el año.

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Personas refugiadas y migrantes

La cesación de la protección internacional de que gozaban los refugiados y solicitantes de asilo ruandeses huidos antes de 1998 se aplazó hasta junio de 2013. Uganda, Ruanda y el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, mantuvieron reuniones tripartitas sobre la aplicación de la cláusula de cesación.

En marzo comenzó la vista de una petición elevada al Tribunal Constitucional para que determinara si los refugiados tenían derecho a adquirir la ciudadanía ugandesa, pero se aplazó en reiteradas ocasiones y quedó pendiente, lo que hizo temer que los refugiados ruandeses que no quisieran retornar a Ruanda tuvieran dificultades para conseguir que se les reconociera una condición alternativa, incluida la ciudadanía.

Más de 40.000 refugiados de la República Democrática del Congo huyeron a Uganda debido a los nuevos combates entre el ejército congoleño y el grupo armado conocido como 23 de Marzo (M23), así como a la inseguridad general provocada desde abril por diversos grupos armados en la provincia congoleña de Kivu Septentrional.

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Tortura y otros malos tratos

La Ley contra la Tortura, que entró en vigor en 2012, prohibía y penalizaba los actos de tortura y exigía rendición de cuentas a las personas responsables de dichos actos. Ampliaba la definición de la tortura para incluir a los agentes no estatales y establecía que la información obtenida mediante tortura no era admisible ante los tribunales. Su aplicación permitiría abordar la impunidad, proporcionar justicia a las víctimas y reducir la tortura.

Sin embargo, la tortura y otros malos tratos a manos de la policía seguían estando generalizados. Pese a las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, no se adoptó ninguna medida para obligar a rendir cuentas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de violaciones de derechos humanos ni para ofrecer a las víctimas y a sus familias un recurso efectivo.

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Pena de muerte

Los tribunales civiles y militares seguían imponiendo la pena capital por delitos punibles con la muerte. No hubo ejecuciones en 2012.

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