República Dominicana

Human Rights in República Dominicana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Dominican Republic is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Danilo Medina Sánchez (sustituyó a Leonel Antonio Fernández Reyna en agosto)

Información general

Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana, fue elegido presidente en mayo y tomó posesión del cargo en agosto.

La ley sobre reforma fiscal aprobada en noviembre desencadenó una oleada de manifestaciones en todo el país, que en algunos casos fueron reprimidas violentamente por la policía.

Por undécimo año consecutivo, las autoridades siguieron sin nombrar a un defensor del Pueblo.

El 23 de febrero entró en vigor en el país la Convención de la ONU contra la Tortura.

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió el quinto informe periódico de República Dominicana y formuló varias recomendaciones sobre cuestiones tales como el esfuerzo para reducir las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, la protección frente a la discriminación sufrida por las personas migrantes haitianas y la población dominicana de origen haitiano, y la lucha contra la violencia de género.

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Policía y fuerzas de seguridad

En comparación con 2011, el número de homicidios a manos de la policía disminuyó en un 18 por ciento, pero seguía siendo elevado. Los indicios apuntaban a que muchos de estos homicidios podían haber sido ilegítimos.

  • El 31 de octubre, la policía mató a Yefri Felizor durante una operación en el barrio de La Mina, en la ciudad de Santiago. Según testigos presenciales, los agentes lo registraron y luego le ordenaron que corriese. Cuando echó a correr, le dispararon y lo mataron. Al finalizar el año no se había acusado a nadie en relación con su muerte.

Varias personas murieron a manos de la policía durante manifestaciones. En muchos de estos casos parecía que se había hecho un uso excesivo o innecesario de la fuerza.

  • En junio, tres hombres y una mujer embarazada murieron en la ciudad de Salcedo durante una manifestación motivada por la falta de avances en la investigación del homicidio de un deportista cometido el 12 de mayo de 2012, al parecer por la policía. En octubre, el procurador general afirmó que la investigación sobre los homicidios de junio seguía su curso.

En noviembre, el presidente designó una comisión encargada de proponer medidas políticas y legislativas para una reforma integral de la policía.

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Impunidad

Muchos presuntos abusos policiales seguían sin ser castigados, pese a la existencia de indicios convincentes.

  • Las autoridades no aclararon las desapariciones forzadas de Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera. Ambos habían sido vistos por última vez bajo custodia policial en julio y septiembre de 2009, respectivamente; al finalizar 2012 seguían en paradero desconocido.

En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado era responsable de la desaparición forzada del periodista Narciso González Medina, ocurrida en 1994. En octubre, la Corte halló al Estado responsable del homicidio de siete migrantes haitianos cometido por miembros de las fuerzas armadas en 2000.

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Discriminación: personas migrantes haitianas y dominicanas de origen haitiano

Varios tribunales ordenaron a la Junta Central Electoral dominicana que expidiese documentos de identidad a cientos de personas dominicanas de origen haitiano a quienes se había negado su derecho a estos documentos. Sin embargo, la Junta Central Electoral no había cumplido las resoluciones judiciales al concluir el año.

En julio, organizaciones locales de derechos humanos denunciaron que algunas personas que habían entablado acciones judiciales contra la Junta Electoral Central habían sufrido amenazas e intimidación cuando personal de la Junta visitó sus comunidades para interrogarlas sobre la condición migratoria de sus progenitores.

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Derechos de las personas migrantes

Continuaron las expulsiones colectivas de migrantes haitianos; en muchos casos, la decisión sobre las expulsiones parecía tomarse de forma arbitraria.

El 25 de mayo, el director de Migración emitió una directiva en la que daba instrucciones a la ministra de Educación para que no aceptase en las escuelas a menores de edad extranjeros indocumentados. Tras las críticas recibidas, la directiva se retiró en junio.

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Violencia contra mujeres y niñas

Según la Procuraduría General de la República, el número de mujeres y niñas que murieron a manos de sus parejas o ex parejas disminuyó en un 19 por ciento con respecto a 2011.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres expresaron preocupación porque las propuestas de reforma del Código Penal suponían un retroceso a la hora de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, no incluían la violencia de género como delito y reducían las penas por determinadas formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

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Derechos sexuales y reproductivos

Continuaba vigente la prohibición total del aborto. Las propuestas de reforma del Código Penal establecerían como excepción a la prohibición la existencia de peligro para la vida de la mujer. Sin embargo, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres consideraban que la formulación de estas propuestas era demasiado imprecisa.

  • En agosto, Rosaura, una muchacha de 16 años que sufría leucemia, falleció a causa de las complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. No se le había permitido someterse a un aborto terapéutico –recomendado por varios profesionales de la salud– porque era contrario a la ley. También se aplazó el tratamiento de quimioterapia porque a los médicos les preocupaba que pudiera causar daños al feto.
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Libertad de expresión: periodistas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa denunció que decenas de periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación habían sufrido acoso y agresiones físicas. En la mayoría de los casos, los responsables no fueron procesados.

Preocupaba el hecho de que las propuestas de reforma del Código Penal incluyesen penas de hasta tres años de cárcel por criticar a representantes elegidos o a cargos nombrados por el gobierno.

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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Según ONG locales, se llevaron a cabo varios desalojos forzosos y la policía hizo un uso ilegítimo de la fuerza en varias ocasiones.

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