Annual Report 2013
The state of the world's human rights

5 June 2013

Egipto debe anular la condena impuesta a personal de ONG

Egipto debe anular la condena impuesta a personal de ONG
Robert Becker (derecha), antiguo empleado del Instituto Nacional Democrático, es una de las personas juzgadas.

Robert Becker (derecha), antiguo empleado del Instituto Nacional Democrático, es una de las personas juzgadas.

© KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images


La condena parece tener por objeto asestar un golpe mortal a la sociedad civil de Egipto.
Source: 
Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
Date: 
Wed, 05/06/2013

Las autoridades de Egipto deban anular las sentencias condenatorias que se han dictado en el país contra 43 personas por trabajar en organizaciones no gubernamentales (ONG) no registradas y recibir financiación extranjera ilegal, ha manifestado Amnistía Internacional.

El pasado martes, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a los trabajadores de las ONG a entre uno y cinco años de prisión.

Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a que respeten la libertad de asociación y permitan a las ONG realizar su trabajo en el país sin impedimentos.

“La condena parece tener por objeto asestar un golpe mortal a la sociedad civil de Egipto”, ha señalado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades egipcias deben tomar ya medidas para que se proteja a la sociedad civil independiente del país y se respete su compromiso con los derechos humanos. Esta sentencia transmite el mensaje de que las autoridades egipcias continúan viendo a las ONG con recelo por la labor que realizan abordando y sacando a la luz violaciones de derechos humanos.”

De los 43 trabajadores de ONG juzgados, 5 han sido condenados a dos años de prisión y al pago de 1.000 libras egipcias (143 dólares estadounidenses) de multa.

Entre ellos figuran tres ciudadanos egipcios –Sherif Mansour y Mohamed Abdel-Aziz, que trabajaban en la Casa de la Libertad cuando se abrió la cusa, y Yehia Zakaria, del Centro Internacional para Periodistas– y dos extranjeros –el estadounidense Robert Becker, que trabajaba en el Instituto Nacional Democrático, y la alemana Christina Baade, de la Fundación Konrad Adenauer. Al menos dos de ellos se encuentran actualmente en Egipto y podrían ser detenidos mientras se resuelve el recurso de apelación.

Otros 27, entre los que hay egipcios y extranjeros, fueron juzgados in absentia y condenados a cinco años de prisión, pero la información disponible indica que han salido todos de Egipto y no corren, por tanto, riesgo inminente de detención. A los 11 restantes, todos ellos egipcios, les han impuesto condenas condicionales de un año.

La sentencia se ha dictado cuando el Consejo de la Shura somete a debate una nueva ley sobre ONG que impone severas restricciones al registro y las actividades de la sociedad civil y concede al gobierno la facultad de limitar la financiación de las organizaciones con actividades en el país. La ley ha sido muy criticada por grupos de derechos humanos, así como por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que consideran que viola el derecho a la libertad de asociación.

Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que hagan valer el derecho a la libertad de asociación, proclamado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte, anulando estas sentencias condenatorias y eliminando las restricciones arbitrarias impuestas a la ONG.,
El tribunal ha ordenado también el cierre de cinco ONG internacionales que trabajan en Egipto y la confiscación de sus fondos.

Se trata de la Casa de la Libertad, el Instituto Internacional Republicano, el Instituto Nacional Democrático, el Centro Internacional para Periodistas y la Fundación Konrad Adenauer. Las organizaciones realizaban su trabajo bajo una legislación represiva, que obstaculizaba el registro en Egipto tanto de las ONG nacionales como de las internacionales.

En la práctica, las autoridades egipcias se limitaban a no responder a las solicitudes que presentaban formalmente las ONG internacionales para trabajar en el país, de manera que éstas se veían obligadas a desarrollar sus actividades en un limbo jurídico, pues, aunque no tenían reconocimiento oficial, tampoco se había rechazado oficialmente su solicitud.
Las autoridades egipcias comenzaron aplicar medidas represivas contra las ONG internacionales en julio de 2011, durante los 17 meses de gobierno militar del país, y han continuado haciéndolo con el presidente Mohamed Morsi, que fue elegido en junio de 2012.
 
En diciembre de 2011 se llevaron a cabo registros en al menos siete oficinas de ONG, donde se confiscaron documentos, ordenadores, material, libros y dinero. El caso se llevó a los tribunales en febrero de 2012.

Issue

Activists 
Detention 
Freedom Of Expression 
MENA unrest 
Trials And Legal Systems 

Country

Egypt 

Region

Middle East And North Africa 

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