Annual Report 2013
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2 August 2013

Libia: Peligro de pena de muerte "por venganza" contra leales a Gadafi

Cientos de ex soldados y simpatizantes del coronel Muamar al Gadafi corren un peligro cada vez mayor de ser condenados a muerte. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras la condena a muerte dictada contra un ex ministro del gobierno de Gadafi. 

Ahmad Ibrahim, ex ministro de Educación del gobierno de Gadafi, fue condenado a muerte por el Tribunal de Apelaciones de Misrata el miércoles 31 de julio junto con otros cinco hombres. Había sido acusado de incitar a la discordia y la guerra civil y de minar la seguridad del Estado durante el conflicto.  

Miles de detenidos permanecen recluidos en relación con el conflicto de 2011, entre ellos miembros de las antiguas fuerzas de seguridad de Gadafi y otras personas consideradas leales a Gadafi. Muchos corren peligro de recibir condenas similares a medida que sus casos progresen en los tribunales en los próximos meses. 

“Aunque las víctimas de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos tienen derecho a la justicia, la justicia no debe convertirse en venganza. Los juicios de antiguos partidarios de Gadafi son una prueba para el sistema judicial libio”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. 

“La pena de muerte es la negación máxima de los derechos humanos, y no puede nunca justificarse, independientemente del delito o del delincuente. Esta condena supone un revés para los derechos humanos en Libia, y socava los progresos realizados por la sociedad civil del país desde que terminó el gobierno de Gadafi.”

Ahmad Ibrahim es el primer alto cargo del gobierno anterior que es condenado a muerte. Las condenas tienen que ser confirmadas por el Tribunal Supremo antes de poder llevar a cabo la ejecución, pero existe una preocupación real por la posibilidad de que estas condenas sean una señal de que se pretende avanzar hacia la reanudación de las ejecuciones.

El 5 de junio, el Tribunal Militar de Misrata condenó a muerte a dos soldados acusados de abrir fuego contra civiles en abril de 2011. Anteriormente, el pasado noviembre, el Tribunal Militar de Bengasi había condenado a muerte a otros cinco. Los tribunales militares no deben estar facultados para dictar condenas de muerte.

Entre las figuras leales a Gadafi que se enfrentan a juicio, una de las más destacadas es el hijo de Gadafi, Saif al Islam, cuyo juicio está previsto en Libia este mismo mes. Libia ha apelado contra una resolución de la Corte Penal Internacional (CPI) que pide que Saif al Islam le sea entregado para ser juzgado por dos cargos de crímenes de lesa humanidad por su presunto papel en el conflicto de 2011.

La precaria situación de seguridad hace que persista una honda preocupación por el acceso a juicios justos en Libia. Siguen produciéndose detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas a manos de las milicias. La tortura y otros malos tratos en centros de detención son práctica generalizada.

Ha habido ataques contra las instituciones del Estado, incluidos los tribunales. Los abogados, jueces y fiscales siguen recibiendo amenazas regularmente. Se han dado casos de secuestro o agresión física contra quienes representan a individuos acusados de ser simpatizantes de Gadafi.

“En estas circunstancias, es dudoso que el sistema judicial de Libia pueda ser realmente independiente e imparcial”, ha manifestado Philip Luther.

Las últimas ejecuciones judiciales de las que se tuvo noticia en Libia se llevaron a cabo en 2010, año en el que se ejecutaron al menos 18 condenas de muerte. Durante el gobierno de Gadafi, las ejecuciones por fusilamiento eran una práctica habitual. En aquel periodo se inició la redacción de un nuevo Código Penal –que entre otras cosas tenía como objetivo limitar el ámbito de aplicación de la pena de muerte–, pero no llegó a terminarse. Desde 2012, los tribunales libios están volviendo lentamente a imponer condenas de muerte. 

“Las nuevas autoridades libias deben actuar mejor que las del gobierno de Gadafi. Deben adoptar de inmediato una suspensión de las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición”, ha manifestado Philip Luther.

Desde que terminó el conflicto, la pena de muerte se ha mantenido en vigor para una amplia variedad de delitos, incluidas actividades que constituyen un ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y asociación. 

En lo que constituye una inquietante tendencia, los tribunales libios han vuelto a dictar también condenas de muerte en casos penales ordinarios, sin relación con el conflicto de 2011. En marzo, el Tribunal Penal de Bengasi condenó a muerte a cinco hombres por matar, en mayo de 2012, a cinco empleados de banca en Tobruk. 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción.

AI Index: PRE01/387/2013
Region Middle East And North Africa
Country Libya
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