Francia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Francesa

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
France is now live »

Jefe del Estado: Jacques Chirac
Jefe del gobierno: Dominique de Villepin
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Continuaron recibiéndose informes sobre conducta policial indebida, incluidos malos tratos. Las minorías étnicas y las personas migrantes y solicitantes de asilo estaban especialmente expuestas a sufrir tales abusos. Se aprobó nueva legislación sobre inmigración que restringía los derechos de las personas migrantes. Continuaron produciéndose agresiones racistas, antisemitas e islamófobas. Seis hombres que habían estado recluidos en Guantánamo fueron sometidos a juicio por cargos de terrorismo, pero se suspendió la causa.

Malos tratos policiales e impunidad

Continuaron denunciándose casos de abusos a manos de agentes de policía. La Comisión Nacional de Ética de la Seguridad (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, CNDS) informó en abril de que, en 2005, las denuncias de conducta policial indebida habían aumentado un 10 por ciento con respecto al año anterior, particularmente en relación con menores, solicitantes de asilo y migrantes. El órgano disciplinario interno de la policía informó de un aumento del 14,5 por ciento en el número de sanciones impuestas a agentes de policía en 2005 en comparación con 2004.

El 17 de agosto, Albertine Sow, que estaba embarazada de seis meses, recibió puñetazos y malos tratos de la policía al ir a preguntar lo que ocurría durante la detención violenta de dos jóvenes en París. También intentó intervenir un familiar de éstos, pero la situación empeoró, y tanto él como Albertine Sow fueron golpeados con porras por la policía en la cabeza y las costillas. Albertine Sow presentó una denuncia ante el órgano disciplinario de la policía de París el 19 de agosto, apoyada por numerosos testigos. Ese mismo fin de semana se inició un procedimiento judicial sobre el incidente por presunta agresión en grupo a la policía.

Brice Petit, que en 2004 había intervenido cuando la policía detenía violentamente a un extranjero en Montpellier, fue declarado culpable en 2005 de difamación por insultar a un agente de policía, pero resultó absuelto de otros cargos. En marzo de 2006, el Tribunal de Apelación de Montpellier confirmó la absolución. Ese mismo mes, se archivó una denuncia que Brice Petit había presentado contra la policía por el trato violento sufrido durante su detención.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres seguía siendo un fenómeno generalizado, y los datos oficiales indicaban que cada cuatro días moría una mujer, por término medio, a causa de la violencia de su pareja. Más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio habían sufrido previamente violencia en el ámbito familiar. Según informes, casi una de cada 10 mujeres soportaba violencia doméstica en Francia. Otras formas ocultas, pero persistentes de violencia de género eran el matrimonio forzado y la trata de mujeres para obligarlas a ejercer la prostitución.

A pesar de las medidas adoptadas por el Estado para mejorar su respuesta a la violencia doméstica, la coordinación y los recursos seguían siendo insuficientes. Los procedimientos de que disponían las mujeres para tratar de acceder a la justicia eran lentos y complicados. Las extranjeras encontraban dificultades adicionales, como el aislamiento social y el temor a perder el derecho de residencia.

Asilo e inmigración

El gobierno propuso nuevas restricciones de los derechos de las personas solicitantes de asilo, aunque en 2006 el número de solicitudes descendió un 40 por ciento respecto al año anterior.

Albania, Macedonia, Madagascar, Níger y Tanzania se añadieron a la lista de 12 países «seguros», a cuyos ciudadanos solicitantes de asilo se aplicaba un procedimiento acelerado, con menor protección y sin apoyo social. Con este sistema, la presentación de un recurso no suponía la suspensión temporal del procedimiento de expulsión. Tras las críticas de diversas ONG, incluida Amnistía Internacional, el gobierno desistió de intentar reducir de un mes a 15 días el plazo para recurrir contra las solicitudes de asilo rechazadas.

A pesar de una fuerte oposición popular, en julio se aprobó una nueva ley de inmigración, por la que los migrantes irregulares no se beneficiaban ya de la regularización automática de su condición a los 10 años de residencia en Francia, sino que tal decisión se tomaba caso a caso. Se podían presentar solicitudes de reunificación familiar a los 18 meses (anteriormente el plazo era de un año), y los solicitantes tenían que demostrar que contaban con medios económicos suficientes para mantener a los miembros de su familia que desearan estar con ellos. En el caso de los migrantes que entraran en Francia con el fin específico de trabajar, se concedían distintas formas de permiso de residencia, según la duración del contrato y la cualificación profesional, a fin de consolidar un programa de «inmigración selectiva». Así, se creaba un permiso especial de tres años para los inmigrantes «muy cualificados», mientras que en los demás casos los permisos estaban limitados a la duración del contrato de trabajo. Como la pérdida del trabajo entrañaba el riesgo de expulsión, algunos migrantes quedaban aún más expuestos a sufrir explotación en sus condiciones de trabajo. Los residentes extranjeros declarados culpables de «rebelión» (resistencia a la detención) corrían el riesgo de que les quitaran el permiso de residencia de 10 años y les dieran uno de un año, renovable anualmente. El delito de «rebelión» era sumamente amplio, y aparecía citado a menudo en detenciones controvertidas o como contraacusación en denuncias de conducta policial indebida.

Continuaron las expulsiones de migrantes irregulares, hasta sumar unas 24.000 al final del año. En junio, el ministro del Interior señaló que las familias que cumplieran ciertos requisitos, como tener hijos escolarizados, recibirían ayuda económica para regresar voluntariamente a sus países de origen y que se revisaría su condición de migrantes si rechazaban tal ayuda.

El 28 de septiembre, tres agentes de policía comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Bobigny, acusados de homicidio involuntario por la muerte, en enero de 2003, de Getu Hagos Mariame, ciudadano etíope cuya solicitud de asilo había sido rechazada y que había fallecido en el hospital tras ser inmovilizado por la fuerza por los agentes de policía que lo acompañaban durante su expulsión. Al parecer, los agentes habían hecho uso de la fuerza hasta el punto de bloquearle el flujo de sangre arterial al cerebro. Fueron retirados de su cargo durante 10 meses, pero posteriormente se les permitió el reingreso en la policía de vigilancia fronteriza. En noviembre, el agente de mayor graduación fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a seis meses de prisión condicional. Los otros dos fueron absueltos.

Racismo y discriminación

Las agresiones racistas, antisemitas e islamófobas seguían siendo un problema. En marzo, la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos informó de un descenso del 38 por ciento en el número de amenazas y agresiones racistas durante el año anterior, aunque un estudio de ámbito nacional reveló un aumento de las actitudes racistas. Se destrozaron mezquitas en Carcasona y Quimper al comienzo del Ramadán.

En febrero, un joven judío, Ilan Halimi, fue secuestrado en París por una banda que lo mantuvo recluido durante tres semanas con objeto de pedir un rescate antes de torturarlo hasta matarlo. El presunto líder de la banda dijo que lo habían escogido porque era judío y, por tanto, rico. El suceso suscitó protestas en las que participaron decenas de miles de manifestantes en París y otras partes del país. Tras las manifestaciones se produjeron agresiones antisemitas.

Malas condiciones penitenciarias

Las condiciones penitenciarias seguían siendo malas. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa criticó duramente en un informe las condiciones imperantes en las prisiones, haciendo hincapié en el hacinamiento crónico. El ministro de Justicia señaló en julio que la población reclusa ascendía casi a 60.000 presos, aunque el número de presos preventivos había descendido considerablemente.

Restricción de la libertad de expresión

El 12 de octubre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que tipificaba como delito negar que las matanzas de armenios perpetradas en el Imperio Otomano en 1915 constituyeran genocidio. El nuevo delito se penaba con multa y hasta cinco años de prisión. El proyecto de ley quedó en espera de su aprobación por el Senado y el presidente de la República.

Motivos de preocupación relacionados con la «guerra contra el terror»

Detenidos de Guantánamo

Seis hombres que habían estado detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo fueron sometidos a juicio en Francia por presunta «conspiración criminal en relación con una operación terrorista». Ciudadanos franceses todos ellos, habían sido detenidos en Afganistán en 2001 y trasladados a Guantánamo. En 2004 y 2005 regresaron a Francia, donde pasaron entonces 18 meses, por término medio, en prisión preventiva. En 2002 habían sido entrevistados en Guantánamo por agentes de los servicios secretos franceses. Aunque la información obtenida no se presentó en el juicio en Francia, los abogados de los acusados dijeron que había desencadenado la investigación judicial. El tribunal, que tenía que haber dictado sentencia en septiembre, pidió que se realizaran nuevas investigaciones, incluidas entrevistas con altos cargos de los servicios secretos y el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedirles información. Estaba previsto iniciar un nuevo juicio en mayo de 2007.

Vuelos para entregas extraordinarias

En abril, Amnistía Internacional publicó un informe de sus investigaciones sobre los vuelos para entregas secretas de detenidos organizados por Estados Unidos en el contexto de la «guerra contra el terror», en el que exponía datos sobre seis vuelos que presuntamente habían aterrizado o hecho escala en aeropuertos franceses. Esta información arrojó nuevas dudas sobre la versión de las autoridades francesas, que aseguraban no haber tenido conocimiento de tales vuelos. Se había abierto una investigación preliminar sobre este asunto a raíz de una denuncia presentada por dos ONG en diciembre de 2005, pero el fiscal la cerró en agosto por considerar que era imposible obtener información sobre la identidad de los pasajeros de los vuelos en cuestión.

Legislación antiterrorista

La Ley 2006-64, aprobada en enero, confería a los jueces responsables de la custodia de los detenidos autoridad para ordenar hasta dos prórrogas más de 24 horas de la custodia policial en los casos de terrorismo -además de las dos, de 24 horas también, ya permitidas-, si se creía que existía un grave riesgo de atentado terrorista inminente o si era necesaria la cooperación internacional para las investigaciones. Es decir que, en virtud de la nueva ley, los sospechosos podían estar recluidos durante seis días antes de comparecer ante un juez. Tenían acceso a un abogado a las 72, 96 y 120 horas.

Pena de muerte

En enero, tras haber decidido el Consejo Constitucional en 2005 que la ratificación por Francia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hacía necesaria una reforma de la Constitución, el presidente Jacques Chirac anunció su intención de proceder a ello para que reflejara la prohibición de la pena de muerte en todas las circunstancias. Tal medida permitiría, además, a Francia ser Parte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir totalmente la pena de muerte.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

•  France: Violence against women - a matter for the state (Índice AI: EUR 21/001/2006)

•  Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)