Grecia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Helénica

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Greece is now live »

Jefe del Estado: Karolos Papoulias
Jefe del gobierno: Constantinos Karamanlis
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Se acusó a dos agentes de los servicios de información del presunto secuestro de siete personas en el contexto de la «guerra contra el terror». Las personas migrantes fueron objeto de malos tratos y las devoluciones suscitaron preocupación. En al menos dos ocasiones se detuvo a niños y niñas migrantes. Se estaba finalizando un anteproyecto de ley para ajustar el procedimiento de solicitud de asilo a las normas internacionales, pero al término del año no había sido aprobado. Continuó persiguiéndose a los objetores de conciencia. Las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar o trata de personas y prostitución forzada no recibieron la protección necesaria.

Secuestros y detención en régimen de incomunicación en el marco de la «guerra contra el terror»

En mayo, dos agentes del Servicio de Información Helénico fueron acusados en relación con el presunto secuestro de un ciudadano indio y seis ciudadanos paquistaníes en Atenas, en julio de 2005. No salió a la luz ninguna prueba en los casos de otros seis agentes cuya implicación en los secuestros se había sospechado inicialmente. Los ocho agentes fueron sometidos a nuevas investigaciones. Al parecer, los secuestros habían tenido lugar en el contexto de las investigaciones internacionales de los atentados con bombas de julio de 2005 en Londres. En un principio, el gobierno declaró que ni sus servicios de información ni otros organismos oficiales estaban implicados. En noviembre, Javed Aslam, ciudadano paquistaní que había presentado una queja ante el fiscal en nombre de sus compatriotas, fue detenido por la policía griega y recluido en la prisión de Korydallos en espera de ser expulsado del país, después de que las autoridades de Pakistán emitieron una orden de detención, acusándolo de migración ilegal e introducción ilegal de personas en el país.

Trato dispensado a personas migrantes y refugiadas

El gobierno no permitió el acceso al país a personas que llegaron en busca de asilo y siguió devolviéndolas a su país de origen, sin proporcionarles asistencia jurídica ni acceso a los procedimientos de concesión de asilo.

* En septiembre, 118 personas que habían naufragado en la isla de Creta dos semanas antes fueron expulsadas a Egipto, sin haber tenido acceso a abogados ni a representantes de Amnistía Internacional que habían solicitado un encuentro con ellas.

* En septiembre, un grupo de 40 personas que intentaba llegar a la isla de Kíos a bordo de una embarcación fue interceptado por guardacostas griegos. Al parecer, cuando la embarcación se hundió, los guardacostas hicieron subir a los náufragos a bordo, los esposaron, pusieron rumbo a Turquía y los obligaron a saltar al agua. En la costa turca se encontraron los cadáveres de 6 personas, 31 fueron rescatadas por las autoridades turcas y 3 más desaparecieron. Las autoridades griegas negaron las acusaciones.

Según los informes, hubo condiciones de detención que constituían malos tratos. También se recibieron informes de la detención de menores.

Se recibieron informes según los cuales entre las personas refugiadas y migrantes que permanecían en el centro de detención de la isla de Kíos había seis menores. También hubo informes de hacinamiento y ausencia de instalaciones sanitarias en el centro.

* Cinco menores permanecieron recluidos en la ciudad de Volos durante 45 días antes de que los trasladaran a Atenas, donde fueron detenidos por segunda vez.

También se recibieron informes de malos tratos infligidos a personas migrantes y solicitantes de asilo.

* Según los informes, 40 personas migrantes, varias de ellas menores de edad, que intentaban embarcarse con destino a Italia en el puerto de Patras, fueron recluidas en la Oficina de Seguridad del puerto y algunas fueron golpeadas.

Objeción de conciencia al servicio militar

La mayoría de los objetores de conciencia que esperaban beneficiarse de la ley del servicio militar se negaron a presentar de nuevo sus solicitudes, en protesta por la duración punitiva del servicio civil. En octubre se rechazó una solicitud de la condición de objetor de conciencia porque sus motivos no eran religiosos.

* En mayo, el Tribunal de Apelaciones de Atenas impuso una condena condicional de cinco meses de prisión a Lazaros Petromelidis, quien recurrió la condena.

* En junio, el Tribunal Militar de Apelaciones de Atenas se pronunció sobre los casos de dos objetores de conciencia acusados de desobediencia. Boris Sotiriadis fue absuelto, mientras que Giorgos Koutsomanolakis fue declarado culpable y recibió una condena condicional de 10 meses de prisión.

* En octubre, el Tribunal Militar de Apelaciones de Atenas redujo de 40 a 24 meses –incluidos en una condena condicional de tres años– la pena por deserción impuesta a Giorgos Monastiriotis. Lo habían condenado por negarse a acompañar a su unidad a Irak.

Violencia en el ámbito familiar

En octubre, el Parlamento aprobó una ley destinada a luchar contra la violencia doméstica que concedía más importancia al mantenimiento de la unidad familiar que a los derechos de las víctimas, en la inmensa mayoría de los casos, mujeres. En virtud de esta ley, los procedimientos de mediación judicial se iniciarían a instancias de la fiscalía, y no a petición de la víctima. Además, no se establecía un plazo definido para la aplicación inmediata de las órdenes de alejamiento, y al final del año no se habían asignado las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la aplicación de la ley. El anteproyecto de ley exigía que el perpetrador indemnizase económicamente a la víctima, lo que hacía temer que las víctimas pudieran decidir no denunciar los abusos para no sufrir las consecuencias de la reducción de los ingresos familiares. La ausencia de disposiciones adecuadas en relación con la seguridad de la víctima, entre ellas el uso de órdenes de alejamiento, era motivo de preocupación.

Trata de personas

En febrero, Albania y Grecia firmaron un acuerdo sobre la protección de los niños y niñas albaneses que estaban siendo objeto de trata en Grecia. Al término del año, el acuerdo aún tenía que ser ratificado por el Parlamento. El acuerdo establecía procedimientos para la provisión de alimentos, refugio y atención médica y psicosocial; la asignación de tutores temporales; medidas para el retorno voluntario; el proceso de integración una vez retornados; y la prohibición de detener y someter a procedimientos penales a menores.

Sin embargo, el acuerdo no especificaba las condiciones del retorno voluntario de los menores, incluido el proceso para determinar si el retorno era en verdad voluntario. Tampoco especificaba las disposiciones para la protección de los menores durante el proceso de investigación penal ni para los casos de niños y niñas objeto de trata a manos de sus progenitores.

* En abril se detuvo en la isla de Rodas a una mujer de nacionalidad búlgara acusada de entrar ilegalmente en el país, y dos hombres que habían organizado su traslado de Creta a Rodas fueron acusados de trata de personas y proxenetismo. La mujer declaró que, tras ser detenida, un agente de policía la condujo a su casa y la violó, y que cuando la llevaron a la comisaría de policía fue violada por otro agente. Se abrió una investigación penal y los dos agentes fueron acusados de violación; además, al guardia entonces de servicio y al oficial al mando de la comisaría se los acusó de incumplimiento del deber.

Existía preocupación por la obligación de las víctimas de trata de personas de declarar contra sus traficantes antes de recibir protección.

Libertad de expresión

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió por unanimidad que Grecia había violado el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso de Mehmet Agga, muftí elegido por la comunidad musulmana aunque no reconocido oficialmente, en la prefectura de Xanthi. En 1997, un tribunal local lo había declarado culpable de usurpación de la función de ministro de una «religión reconocida», en virtud del artículo 175 del Código Penal.

Actualización: homicidio de Marinos Christopoulos

En noviembre, Giorgos Tylianakis, el agente de policía que mató al joven de 22 años de etnia romaní Marinos Christopoulos en octubre de 2001, fue condenado a 10 años y 3 meses de cárcel por el Tribunal de Apelaciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

Greece: High time to comply fully with European standards on conscientious objection (Índice AI: EUR 25/003/2006)

Visitas

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Grecia en julio y septiembre. La secretaria general de Amnistía Internacional se reunió con altos cargos gubernamentales en septiembre.