Irlanda - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Irlanda

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Ireland is now live »

Jefa del Estado: Mary McAleese
Jefe del gobierno: Bertie Ahern
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Las investigaciones judiciales sobre casos de conducta policial indebida contenían críticas al Servicio Nacional de Policía de Irlanda (An Garda Síochána). El historial de Irlanda en lo relativo a la protección de los derechos humanos de la infancia era preocupante.

Actuación policial

En julio se publicó el informe de la investigación judicial sobre la muerte, en abril de 2004, de John Carthy por disparos de la policía. En él se criticaban con dureza los sistemas policiales de gestión y formación para resolver situaciones de emergencia en las que hubiera implicadas personas con problemas de salud mental, así como situaciones que entrañaran el uso de medios letales. El informe identificaba una serie de errores cometidos por los responsables policiales en el lugar de los hechos, entre ellos que no se tomaron precauciones suficientes para evitar o minimizar el riesgo para la vida. También concluía que John Carthy «probablemente fue sometido a malos tratos durante su interrogatorio» mientras estuvo bajo custodia en otra ocasión en septiembre de 1998, y que este incidente no se investigó adecuadamente.

En agosto se publicaron los informes tercero, cuarto y quinto de la investigación judicial sobre las denuncias contra los agentes de policía de la división de Donegal. En ellos se destacaban graves abusos de poder y simulación de pruebas, utilización indebida de órdenes de registro en aplicación de la Ley de Delitos contra el Estado, indisciplina e insubordinación «asombrosas» y conducta improcedente de agentes de policía individuales. Entre otras cosas, la investigación desveló que algunos agentes habían conspirado para inventar una historia que garantizase la absolución de otro que había sido imputado.

La Comisión del Defensor del Pueblo para Asuntos Relacionados con la Policía, facultada para investigar denuncias contra miembros de la policía, incluidos casos de muerte o lesiones graves durante operaciones policiales, no había entrado en funcionamiento, por lo que las denuncias seguían siendo investigadas por la ineficaz Junta de Denuncias de la Policía.

Al finalizar el año continuaba aplazada la investigación sobre la muerte de Terence Wheelock, que murió en el hospital en 2005 tras ser hallado inconsciente en una celda de la policía.

«Guerra contra el terror»

En junio, el informe realizado por el senador Marty para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa identificó a Irlanda como uno de los Estados responsables de connivencia pasiva en el programa estadounidense de detenciones y entregas secretas (transferencia ilegal de personas entre Estados al margen de cualquier proceso judicial). Preocupaba que el gobierno no hubiera investigado satisfactoriamente las denuncias de que el aeropuerto de Shannon podría haber sido utilizado por aeronaves extranjeras para el traslado de personas detenidas por Estados Unidos o sus agentes.

También en junio, un avión civil en ruta desde Kuwait a Estados Unidos, que transportaba a un miembro de la fuerza naval estadounidense bajo custodia militar de Estados Unidos, hizo escala en el aeropuerto de Shannon sin el consentimiento preceptivo del gobierno irlandés. Este hecho hacía temer que aeronaves registradas como privadas fueran utilizadas para funciones estatales, beneficiándose de las cláusulas que permitían a las aeronaves privadas no comerciales sobrevolar un país y aterrizar en él sin autorización o notificación previas.

Corte Penal Internacional

En octubre se promulgó la Ley sobre la Corte Penal Internacional de 2006, que establecía la jurisdicción nacional sobre los delitos contemplados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, esta ley parecía prohibir la jurisdicción nacional sobre hechos anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Centros de detención

En agosto, Gary Douch murió a manos de otro preso en la prisión de Mountjoy, en Dublín. Preocupaba la ausencia de un mecanismo estatutario para la investigación independiente y eficaz de las denuncias relacionadas con el medio penitenciario, incluidas las muertes bajo custodia.

En el informe anual del inspector de prisiones y centros de detención, publicado en agosto, se observaba hacinamiento, limitación de las actividades profesionales y educativas, y procedimientos inadecuados de denuncia para los internos.

El proyecto de Ley Penitenciaria de 2006, publicado en noviembre, proponía conceder carácter estatutario a la Oficina del Inspector de Prisiones, como había demandado reiteradamente el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, el proyecto de ley no contemplaba entre las funciones del inspector la investigación o el arbitraje de denuncias individuales de presos.

En noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda planteó que la ley y la práctica relativas a la determinación de condenas a perpetuidad eran incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos; además, la Junta de Libertad Condicional debía tener carácter estatutario y ser la encargada de resolver las solicitudes de libertad condicionada.

Menores

En septiembre, tras someter a consideración el informe periódico de Irlanda, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, señaló que las autoridades no habían puesto en práctica en su totalidad sus anteriores recomendaciones sobre la adopción, tanto en la política como en la práctica, de un enfoque basado en los derechos de la infancia. Entre otras cosas, el Comité expresó su preocupación por que no se había incorporado la Convención sobre los Derechos del Niño a la legislación nacional; por las limitaciones del mandato del Defensor del Menor en las investigaciones relacionadas con menores en prisiones y comisarías de policía; por el racismo y la xenofobia que sufrían los menores pertenecientes a minorías étnicas; por la falta de protección de la privacidad de los menores enjuiciados por tribunales superiores; por el hecho de que no estuvieran prohibidos los castigos corporales; por la reducción de la edad de responsabilidad penal hasta los 10 años para los delitos graves; por la ausencia de instalaciones de detención separadas para los menores de entre 16 y 17 años; por el hecho de que no se reconociese a la comunidad nómada como grupo étnico; y por la pobreza infantil.

Instituciones residenciales

No existía un sistema de inspección de las instituciones residenciales, públicas o financiadas por el Estado, para el cuidado de menores en general y menores solicitantes de asilo no acompañados en particular.

En noviembre se publicó un estudio, encargado por el gobierno, de las muertes acaecidas entre 2002 y 2005 en el centro para ancianos de Leas Cross. Según el estudio, la asistencia que se facilitaba a los residentes era deficiente en muchos aspectos y constituía abuso institucional. Además, el estudio concluía que era probable que las deficiencias detectadas en la asistencia prestada en Leas Cross se repitieran en instituciones de toda Irlanda debido a la ausencia de estructura, financiación, normas y supervisión. También criticaba la ausencia de un control sistemático de los fallecimientos en las residencias de ancianos.

Tratamiento de las personas con discapacidad intelectual

Se seguía internando, de manera inadecuada, a menores en instituciones de salud mental para adultos. Se retrasó el establecimiento de un órgano de inspección independiente encargado de supervisar las instituciones para adultos con discapacidad intelectual.

Personas solicitantes de asilo y víctimas de trata

En septiembre se hicieron públicas las directrices para las propuestas legislativas destinadas a consolidar y reformar la legislación en materia de inmigración y establecer un procedimiento de protección único. Las directrices incluían varios motivos de preocupación: no distinguían claramente entre protección al refugiado y otras formas subsidiarias de protección; no abordaban la falta de transparencia ni la incoherencia en la toma de decisiones de que adolecía el actual mecanismo de apelación; no abordaban el problema del alojamiento inadecuado en prisiones de los inmigrantes detenidos; y no incorporaban medidas específicas de protección para las víctimas de trata de personas. El Proyecto de Ley Penal (sobre Trata de Personas y Delitos Sexuales) de 2006, publicado en julio, tampoco contenía este último tipo de medidas.

Discriminación

En su informe de julio, el coordinador para el seguimiento del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó al gobierno irlandés a iniciar el diálogo con la comunidad nómada en relación con el reconocimiento de esta comunidad como grupo étnico.

Mujeres

Al finalizar el año aún no se había publicado una Estrategia Nacional sobre la Mujer destinada a abordar la desigualdad de género. Las ONG que proporcionaban servicios de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género seguían sin contar con la financiación necesaria.

Comercio de armas

Según informes, en agosto se exportaron componentes de fabricación irlandesa a Estados Unidos para su montaje en helicópteros de ataque suministrados a Israel.

A pesar de que en agosto el gobierno anunció medidas legislativas para establecer controles sobre la exportación de armas, al finalizar el año no se había hecho pública ninguna propuesta.