Yemen - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Yemen

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Yemen is now live »

Jefe del Estado: Ali Abdullah Saleh
Jefe del gobierno: Abdul Qader Bajammal
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Decenas de personas detenidas en años anteriores en el contexto de la «guerra contra el terror» permanecían recluidas sin juicio por tiempo indefinido. Las fuerzas de seguridad mataron a dos presos fugados en circunstancias que apuntaban a que podían haber sido ejecutados extrajudicialmente. Personas encarceladas por motivos políticos fueron juzgadas ante tribunales especiales cuyos procedimientos distaban de cumplir las normas internacionales. Decenas de personas detenidas quedaron en libertad en la provincia de Sa'da, pero se pensaba que centenares más seguían recluidas al finalizar el año. Continuó imponiéndose la pena de muerte y, según informes, se ejecutó al menos a 30 personas.

Información general

Las elecciones presidenciales y locales celebradas en septiembre fueron acompañadas de enfrentamientos esporádicos entre simpatizantes de partidos rivales, algunas detenciones y el bloqueo de al menos dos sitios web independientes por parte del gobierno. No obstante, una misión de observadores enviada por la Unión Europea estimó que, en términos generales, las elecciones habían sido «abiertas y auténticas». El presidente Ali Abdullah Saleh resultó reelegido por amplia mayoría. Antes de las elecciones, grupos de mujeres se concentraron en la capital, Saná, para pedir la participación de más candidatas en las elecciones locales, a las que sólo se presentaba un 2 por ciento de mujeres.

Tensiones en la provincia de Sa'da

Decenas de miembros de la comunidad zaidí y de seguidores de Hussain Badr al-Din al-Huthi, clérigo zaidí muerto en circunstancias violentas en 2004, quedaron en libertad después de unas negociaciones entre el gobierno y miembros de dicha comunidad. Algunas de estas personas habían sido recluidas tras los violentos enfrentamientos entre zaidíes y fuerzas de seguridad del gobierno registrados en años anteriores en la provincia de Sa'da. A pesar de que en septiembre de 2005 se había declarado un alto el fuego y promulgado una amnistía presidencial, a principios de 2006 tuvieron lugar más actos de violencia en los que, según los informes, resultaron muertas decenas de personas. Sin embargo, trascendieron muy pocos detalles de estos hechos y las drásticas medidas adoptadas por el gobierno impidieron el acceso a la región de los medios de comunicación y de observadores independientes.

En noviembre concluyó el juicio contra la denominada «célula de Saná», compuesta por 37 miembros de la comunidad zaidí que pertenecían presuntamente a la organización Juventud Fiel y estaban acusados de haber causado explosiones y conspirado para matar a jefes militares y dirigentes políticos. Se condenó a muerte a un acusado, Ibrahim Sharaf al-Din, se impusieron penas de hasta ocho años de cárcel a 34 y se absolvió a dos. Según los informes, tanto la acusación como la defensa presentaron recursos de apelación.

«Guerra contra el terror»

En el marco de la «guerra contra el terror» se siguió recluyendo a decenas de personas sin cargos ni juicio por su presunta implicación en actos delictivos. No se les permitió el acceso a abogados ni la posibilidad de impugnar ante los tribunales la legalidad de su detención.

Las autoridades no divulgaron ninguna información sobre la situación legal ni el paradero de Hadi Saleh Bawazir, detenido, según los informes, por agentes de los servicios de Seguridad Política a principios de 2005, cuando intentaba viajar a Irak.

El 15 de octubre, cinco ciudadanos extranjeros que, según los informes, estaban estudiando en Yemen fueron detenidos en relación con una presunta conspiración para introducir armas de contrabando en Somalia. Permanecieron detenidos en la prisión de los servicios de Seguridad Política en Saná, donde, aunque se les negó el acceso a sus familiares, se les permitieron algunos contactos con funcionarios consulares. El 16 de diciembre, los ciudadanos australianos Marek Samouslki, ?Abdullah Mustafa bin ?Abdul Rahim Aiob y su hermano Mohammed Illias bin ?Abdul Rahim Aiob, el ciudadano británico Rasheed Shams Laskar y el ciudadano danés Kinith Sorenson quedaron en libertad sin cargos. Al parecer, se les ordenó que abandonaran el país con sus familiares. Los hermanos Aiob habían sido liberados el 2 de diciembre, pero los habían vuelto a detener el 13 de diciembre.

Salah Addin al-Salimi, ciudadano yemení capturado por las fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2002, fue uno de los tres detenidos que murieron en junio cuando se encontraban bajo custodia en Guantánamo, Cuba. Las autoridades estadounidenses afirmaron que los tres se habían suicidado (véase el apartado sobre Estados Unidos de América).

Excarcelaciones

Las autoridades pusieron en libertad en marzo a Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah, Salah Nasser Salim ?Ali Qaru y Muhammad Abdullah Salah al-Assad, que habían permanecido recluidos desde que fueron devueltos a Yemen en mayo de 2005 después de haber estado encarcelados en secreto al menos durante 18 meses en lugares no revelados del extranjero o a instancias de las autoridades estadounidenses. En febrero fueron juzgados y declarados culpables de falsificación, pero quedaron en libertad debido al tiempo que habían pasado ya en la cárcel.

Quedaron en libertad dos ex detenidos de Guantánamo que habían permanecido recluidos desde su devolución a Yemen. Walid Muhammad Shahir Muhammad al-Qadasi, devuelto en abril de 2004, quedó en libertad sin cargos en marzo. Karama Khamis Khamisan, devuelto en agosto de 2005, fue puesto en libertad en mayo después de haber sido juzgado y absuelto del cargo de narcotráfico en marzo.

Los clérigos zaidíes Yahia al-Dailami y Mohamed Miftah, que habían criticado abiertamente la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos, quedaron en libertad en mayo, al parecer en aplicación de sendos indultos presidenciales. El primero había sido condenado a muerte en un juicio injusto celebrado en 2005, condena que el presidente conmutó después por una pena de cárcel. El segundo estaba cumpliendo una pena de ocho años de prisión. Los dos eran presos de conciencia. Muhammad ?Ali Luqman, juez zaidí que cumplía una pena de 10 años de cárcel, fue indultado también por el presidente y quedó en libertad en mayo.

Uso de medios letales

Fawaz Yahya al-Rabi'ee y Mohamed Dailami, que se habían fugado en febrero de la prisión de los servicios de Seguridad Política en Saná junto con otros 21 presuntos miembros de Al Qaeda, murieron el 1 de octubre cuando las fuerzas de seguridad yemeníes dispararon, según los informes, desde un helicóptero artillado contra dos lugares donde los hombres se encontraban escondidos. Al parecer, las fuerzas de seguridad hicieron poco o nada para detenerlos o darles la oportunidad de entregarse.

Tribunal Penal Especial para Delitos de Terrorismo

A pesar de la preocupación que suscitaba el hecho de que el Tribunal Especial para Delitos de Terrorismo no cumpliera las normas internacionales sobre juicios justos, continuó empleándose para juzgar causas relacionadas con el terrorismo. Los sospechosos solían permanecer mucho tiempo encarcelados de forma preventiva y en régimen de incomunicación antes de ser acusados formalmente y sometidos a juicio. El tribunal no investigaba de forma adecuada las denuncias de tortura formuladas por los acusados y los condenaba basándose en confesiones que habían sido objeto de impugnación. Asimismo, se restringía gravemente el derecho de los acusados a asistencia letrada, no se les permitía el acceso a abogados mientras se encontraban detenidos en régimen de incomunicación para ser interrogados y, según los informes, se negaba también a los abogados defensores el acceso a los sumarios de las causas. Las autoridades afirmaron que las actuaciones del tribunal estaban abiertas al público, pero familiares de los acusados aseguraron que se les impedía asistir a las vistas.

Presos de conciencia

Se detuvo a un destacado activista de derechos humanos y a familiares de personas buscadas por las autoridades.

 Ali al-Dailami, director ejecutivo de la ONG Organización para la Defensa de las Libertades y de los Derechos Democráticos, fue detenido el 9 de octubre en el aeropuerto de Saná cuando se disponía a viajar al extranjero. Lo recluyeron en la prisión de los servicios de Seguridad Política, donde permaneció encarcelado en régimen de aislamiento hasta el 5 de noviembre. Al parecer, su detención estuvo relacionada con sus actividades sobre derechos humanos, como las que había realizado en defensa de su hermano Yahia al-Dailami (véase supra).

Según los informes, Mohammed al-Kazami, de 15 años, fue detenido en febrero y recluido sin cargos ni juicio en la prisión de los servicios de Seguridad Política en Abyan, al parecer con el propósito de inducir a un familiar a entregarse a las autoridades.

Según los informes, Saddam Hussein Abu Saba'ah, Naif Abdulah Abu Saba'ah y Naji Abu Saba'ah fueron detenidos el 15 de julio en Saná, cerca de la embajada estadounidense, en donde al parecer tenían la intención de solicitar asilo. En septiembre los acusaron de «perjudicar la reputación de Yemen» y de «insultar al presidente».

Ibrahim al-Saiani, de 14 años, quedó en libertad sin cargos en marzo. Había permanecido detenido desde mayo de 2005, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en su domicilio familiar de Saná, buscando al parecer a uno de sus familiares. Mientras estuvo detenido, su estado de salud constituyó un grave motivo de preocupación.

Restricciones a la libertad de expresión

En febrero se suspendió la publicación de tres periódicos -Yemen Observer, Al Hurriya y Al Ray Al'am-, al parecer por publicar imágenes ofensivas para el islam. El primer ministro revocó la orden de suspensión en mayo. Sin embargo, los respectivos redactores jefes de los periódicos -Muhammad al-Asadi, Akram Sabra y Kamal al-Olofi- fueron detenidos y, según los informes, acusados de insultar al profeta Mahoma por haber publicado unas viñetas aparecidas en un periódico danés. Fueron juzgados por el Tribunal de Prensa y Publicaciones. Los tres negaron los cargos y afirmaron que se habían limitado a reproducir versiones reducidas y censuradas de las viñetas en el contexto de unos artículos dedicados a ensalzar la figura del profeta. En diciembre se impuso a Muhammad al-Asadi una multa y a Kamal al-Olofi una condena condicional de un año de cárcel. En diciembre se impuso a Akram Sabra una condena condicional de cuatro meses de prisión y se le prohibió escribir durante un mes. Tanto la defensa como la acusación recurrieron la condena.

Pena de muerte

Las autoridades no hicieron público el número de personas ejecutadas, pero hubo informes sin confirmar según los cuales se habían registrado al menos 30 ejecuciones y se pensaba que había varios centenares de personas condenadas a muerte. Aunque el artículo 31 del Código Penal (Ley 12 de 1994) estipulaba que no se podía condenar a muerte a ninguna persona menor de 18 años, el Tribunal Supremo confirmó en febrero la pena de muerte impuesta a Adil Muhammad Saif al-Ma'amari, que en 2002 había sido declarado culpable de un asesinato cometido cuando tenía 16 años. Se recibieron informes según los cuales había confesado bajo tortura.

Ismail Lutef Huraish, un hombre sordo que no había contado con los servicios de un intérprete del lenguaje de signos desde su detención en Taiz en octubre de 1998, y su primo Ali Mussara'a Muhammad Huraish, ambos condenados por asesinato, seguían bajo la amenaza inminente de ser ejecutados al finalizar el año.

Amina Ali Abdulatif tenía 16 años cuando fue condenada a muerte por el asesinato de su esposo. Su ejecución, prevista para mayo de 2005, se aplazó en espera de los resultados de la revisión de su causa por un comité nombrado por el fiscal general. El comité aún no había dado a conocer sus conclusiones al finalizar el año. Un acusado en la misma causa, Muhammad ?Ali Said Qaba'il, permanecía también condenado a muerte.

Fatima Hussein al-Badi y su hermano Abdullah Hussein al-Badi fueron condenados a muerte en febrero de 2001 por el asesinato del esposo de Fatima. El Tribunal de Apelaciones confirmó las penas de muerte. Si bien el Tribunal Supremo conmutó a continuación la condena impuesta a Fatima Hussein al-Badi por una pena de cuatro años de cárcel, posteriormente decidió volver a imponerle la pena capital. Su hermano fue ejecutado en mayo de 2005. La mujer apeló al presidente para que le conmutara la condena, alegando que su juicio había sido injusto.

Al menos en un caso, una persona condenada a muerte quedó en libertad cuando los familiares de una víctima de asesinato aceptaron la diya (compensación económica). Hammoud Murshid Hassan Ahmad, ex oficial del ejército recluido desde 1994, quedó en libertad en febrero.

Actualización: homicidios de personas refugiadas perpetrados en 2005

No se tuvo noticia de que se llevara a cabo ninguna investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad yemeníes que, en diciembre de 2005, habían dispersado violentamente a personas refugiadas y solicitantes de asilo que participaban en una sentada ante las oficinas del ACNUR -órgano de la ONU que se ocupa de los refugiados- en Saná. Siete personas resultaron muertas y otras sufrieron lesiones graves.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

  Terror y contraterror: La defensa de nuestros derechos humanos (Índice AI: ACT 40/009/2006)

Visitas

  Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Yemen en marzo y junio.