Europa y Asia Central

Los derechos humanos región a región

Un hombre y un niño contemplan una casa incendiada en un distrito uzbeko de la ciudad de Osh, en el sur de Kirguistán, junio de 2010.

© AP Photo/Sergei Grits


Se ha revelado la gran mentira. Al fin ha quedado clara la verdad.

Tony Doherty, cuyo padre, Paddy Doherty, murió el domingo 30 de enero de 1972 en Derry, Irlanda del Norte, a causa de los disparos de los soldados contra una marcha en defensa de los derechos civiles

El derecho a la verdad y la justicia, y la determinación de las víctimas y sus familiares a obtenerlas, por larga y difícil que fuera la lucha, siguieron siendo a lo largo del año un elemento fundamental del panorama de los derechos humanos en toda la región de Europa y Asia Central.

El 15 de junio, los familiares de 13 personas que habían muerto por los disparos del ejército británico en el llamado Domingo Sangriento se reunieron en un edificio municipal de Irlanda del Norte, Reino Unido, para ser los primeros en conocer las conclusiones, esperadas desde hacía largo tiempo, de una prolongada investigación sobre la matanza.

Llevaban casi cuatro decenios esperando justicia y, cuando ese momento llegó, hubo un estallido de júbilo desenfrenado. La investigación desestimaba todas las afirmaciones contenidas en informes anteriores del gobierno según las cuales todas las personas que aquel domingo habían resultado heridas o muertas por los soldados representaban una amenaza, portaban armas de fuego o habían lanzado una bomba de metralla o un cóctel molotov. Exoneraba a todas las víctimas de cualquier responsabilidad por los disparos. El informe confirmó que a algunas les habían disparado por la espalda cuando huían y concluyó que la versión de muchos de los soldados era manifiestamente falsa. En respuesta, el primer ministro británico ofreció una disculpa pública oficial.

Libertad de expresión

En una región que se enorgullecía de ser un referente para la libertad de expresión, la realidad era muy diferente para quienes intentaban dar a conocer abusos, sostenían opiniones alternativas o pedían responsabilidades a gobiernos y otros agentes. Continuaron los ataques contra la libertad de expresión y asociación, y contra los propios defensores y defensoras de los derechos humanos.

En Turquía, si bien existía un debate cada vez más abierto sobre temas que anteriormente eran tabúes, la expresión de opiniones disidentes –especialmente si se referían a críticas contra las fuerzas armadas, a la situación de los armenios y los kurdos en Turquía o a procesos penales en curso– daba lugar a numerosos procesamientos penales. Junto con varios artículos del Código Penal solían aplicarse las leyes antiterroristas, que comportaban penas de cárcel más elevadas y permitían dictar órdenes de detención preventiva, para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Entre los sectores contra los que con más frecuencia se iniciaban procesamientos figuraban los periodistas, los activistas políticos kurdos y los defensores de los derechos humanos. Se siguieron imponiendo restricciones arbitrarias que impedían el acceso a sitios web, y se dictaron órdenes temporales de cierre de periódicos. Continuaron las amenazas de violencia contra personas que expresaban abiertamente sus opiniones.

En otras partes de la región persistieron las lamentables medidas represivas de siempre. En Turkmenistán se suprimió prácticamente toda forma de disidencia. Los periodistas que trabajaban para medios de comunicación extranjeros sufrían acoso e intimidaciones, y los activistas independientes de la sociedad civil no podían actuar abiertamente. El temor por la seguridad de estas personas aumentó cuando el presidente pidió al Ministerio de Seguridad que actuara contra quienes intentaran “difamar nuestro Estado democrático basado en el derecho”. En Uzbekistán, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos fueron objeto de acoso, palizas, detención y cárcel tras juicios injustos. Un patrón de abusos muy parecido se observó en Azerbaiyán, donde se utilizaba la legislación civil y penal sobre la difamación para acallar las críticas, y en Serbia, donde continuaron las amenazas, los ataques y la apología del odio contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

En Rusia, las autoridades seguían emitiendo mensajes contradictorios sobre la libertad de expresión. Prometían mayor respeto y protección para los periodistas y activistas de la sociedad civil, pero al mismo tiempo no impedían campañas difamatorias contra destacados detractores del gobierno, e incluso ellas mismas las ponían en marcha. El entorno seguía siendo hostil para los defensores de los derechos humanos y las ONG independientes. Continuaron las amenazas, las agresiones, el acoso administrativo y los ataques públicos contra la reputación y la integridad de estas personas y organizaciones, dirigidos a obstaculizar su trabajo y menoscabar su credibilidad. Las investigaciones sobre asesinatos y otros ataques contra destacados periodistas y defensores de los derechos humanos dieron muy pocos resultados. También se siguió reprimiendo el activismo social, con medidas como la prohibición y la dispersión violenta de manifestaciones y el inicio de procesamientos en aplicación de la legislación contra el extremismo.

Marcando una nueva y preocupante tendencia, en Ucrania el panorama se volvió sombrío para los defensores de los derechos humanos, que sufrían agresiones físicas y hostigamiento a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por su legítima labor en favor de los derechos humanos. En Bielorrusia hubo un nuevo asalto contra la sociedad civil que vino a difuminar los frágiles signos de apertura observados en el periodo anterior a las elecciones presidenciales de diciembre. Tras los comicios, empañados por las irregularidades, la policía antidisturbios actuó con violencia para dispersar a manifestantes, pacíficos en su mayoría. Al final del año, 29 personas –incluidos 6 candidatos presidenciales de la oposición, miembros de sus equipos de campaña y periodistas– se enfrentaban a falsos cargos de organización de disturbios multitudinarios en relación con las manifestaciones y a penas de hasta 15 años de cárcel. En Kirguistán, en un clima de mutua culpabilización y un discurso cada vez más nacionalista tras los violentos sucesos de junio, en los que murieron cientos de personas, los defensores de los derechos se enfrentaban a la dificultad de tener que justificar su labor de protección de las distintas comunidades étnicas y se encontraban con la obstrucción de las autoridades cuando intentaban documentar los sucesos.

La situación empeoró igualmente para las mujeres que decidían llevar el velo integral como expresión de sus creencias o su identidad religiosa, cultural, política o personal. Los parlamentos de Bosnia y Herzegovina e Italia sometieron a debate legislación dirigida a prohibir el uso en público de prendas concebidas para ocultar el rostro, el nuevo gobierno de Países Bajos propuso adoptar legislación de este tipo, el Parlamento de Bélgica la aprobó en votación y Francia la promulgó. Varios municipios españoles aprobaron asimismo disposiciones que prohibían el uso del velo integral en edificios municipales. En Turquía no se avanzó en la eliminación de las barreras jurídicas que impedían a las mujeres cubrirse la cabeza con un pañuelo en las universidades, aunque la vigilancia del cumplimiento de la prohibición se relajó durante el año.

La disposición de los Estados a enviar a personas a lugares donde corrían un peligro real de persecución o perjuicio grave marcó una tendencia lamentable. Bélgica, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia enviaron a solicitantes de asilo rechazados de regreso a Irak a pesar de las recomendaciones del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Además, continuaron las devoluciones de romaníes a Kosovo por parte de países de la Unión Europea y de Suiza en contra de lo recomendado por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa: muchas de las personas objeto de devolución eran privadas de derechos fundamentales y quedaban expuestas a sufrir discriminación acumulativa, que constituía persecución. Varios países de la Unión Europea enviaron a solicitantes de asilo de vuelta a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II a pesar de que ese país carecía de un sistema de determinación de los casos de asilo operativo. Se devolvió a personas desde Italia y Turquía sin que hubieran tenido siquiera acceso a los sistemas de solicitud de asilo de esos países. Kazajistán redobló los esfuerzos por devolver a solicitantes de asilo y refugiados a China y Uzbekistán en aplicación de las medidas antiterroristas y de seguridad nacionales.

Sin embargo, varios Estados europeos –Albania, Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, España, Georgia, Letonia y Suiza– tomaron la positiva medida de aceptar a ex detenidos de Guantánamo a los que no era posible repatriar a sus países por el riesgo de tortura y otros malos tratos que corrían.

En toda la región, cientos de miles de personas seguían desplazadas a causa de los conflictos derivados de la desintegración de la antigua Yugoslavia y la Unión Soviética, sin poder regresar debido en muchos casos a su condición jurídica –o la falta de ella– y a la discriminación que sufrían en el acceso a ciertos derechos, como la seguridad de tenencia.

Discriminación

En muchos países, el continuo auge del racismo y la apología del odio en el discurso público sirvió para excluir aún más a las personas que ya sufrían marginación por causa de la pobreza o la discriminación.

Uno de los ejemplos más significativos de discriminación sistémica era el de la comunidad romaní, que continuaba prácticamente excluida de la vida pública y a menudo era blanco de franca hostilidad social y de un discurso político xenófobo. Los romaníes seguían siendo uno de los pocos grupos sobre el cual los comentarios y actitudes abiertamente racistas no sólo se toleraban, sino que se compartían de forma generalizada. Las familias romaníes a menudo no podían disfrutar de pleno acceso a la vivienda, la educación, el empleo y los servicios de salud.

Muchos romaníes seguían viviendo en asentamientos informales o precarios y carecían de un grado mínimo de seguridad de tenencia debido al carácter irregular de sus asentamientos o a la falta de documentos oficiales que confirmaran la tenencia. En países como Italia, Grecia, Francia, Rumania y Serbia seguían expuestos a sufrir desalojos forzosos, que no hacían sino agravar su situación de pobreza y marginación, sin apenas perspectivas de resarcimiento. En Italia, por ejemplo, algunas familias sufrieron repetidos desalojos forzosos, lo que alteró la vida de sus comunidades, dificultó su acceso al trabajo e hizo imposible que algunos niños y niñas asistieran a la escuela. En Francia, tras calificar el presidente los campamentos romaníes de focos de delincuencia, se emitió una orden ministerial (redactada en otros términos posteriormente, pero con el mismo efecto) para desmantelarlos. El incidente puso de manifiesto las tensiones generadas como consecuencia de no haber prestado atención durante decenios a la situación de los romaníes en Europa, y dio lugar a llamamientos a la Unión Europea para que pusiera más empeño en conseguir que los Estados se comprometieran a respetar los derechos de esta comunidad.

Millones de romaníes de toda Europa se veían gravemente desfavorecidos, además, debido a los bajos niveles de alfabetización y a una educación incompleta o de mala calidad. En países como Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Rumania y República Checa se siguió privando a muchos niños y niñas romaníes de la educación, una de las vías para escapar del círculo vicioso de la pobreza y la marginación, al escolarizarlos en colegios o clases segregadas de nivel inferior. La asignación de estereotipos negativos y el aislamiento físico y cultural contribuían también a arruinar sus perspectivas de futuro.

En varios países, las autoridades fomentaron un clima de intolerancia hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. En Italia continuaron los ataques homófobos, con el trasfondo de los comentarios despreciativos de algunos políticos y autoridades y un aumento notable de la intolerancia y la apología del odio contra esta comunidad. En Turquía, la ministra de Asuntos de la Mujer y la Familia manifestó que la homosexualidad era una enfermedad que precisaba tratamiento.

En Lituania entraron en vigor disposiciones legales destinadas a sofocar todo debate público sobre la homosexualidad y toda expresión pública de la identidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Con todo, la marcha del Orgullo se celebró por primera vez, a pesar de los esfuerzos de ciertas autoridades por prohibirla. Por desgracia, en otros lugares, como Bielorrusia, Moldavia y Rusia, esos esfuerzos dieron resultado y se prohibió o impidió su celebración.

Lamentablemente, los Estados miembros de la Unión Europea siguieron bloqueando una nueva directiva regional contra la discriminación, que simplemente venía a subsanar un vacío legal de protección para quienes sufrían discriminación fuera del ámbito laboral por motivos de discapacidad, ideología, religión, orientación sexual y edad. La promulgación de legislación de la Unión Europea en este sentido podía comportar un cambio fundamental en la manera de abordar en toda Europa la discriminación en todas sus formas.

Seguridad y medidas antiterroristas

A pesar de que algunos gobiernos carecieran de voluntad política o pusieran claramente obstáculos, se dieron algunos pasos, tímidos pero significativos, hacia el reconocimiento del papel que habían representado algunos gobiernos europeos en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA, y hacia la rendición de cuentas por ello.

Prosiguió una investigación criminal sobre la complicidad de Polonia en tales programas, y en julio se confirmó el aterrizaje de aviones de la CIA en un aeropuerto cercano a un presunto centro de detención secreta de Stare Kiejkuty. En septiembre, la Fiscalía confirmó que estaba investigando las denuncias de un ciudadano saudí que afirmaba haber estado recluido en un centro de detención secreta en Polonia. Se le reconoció la condición de “víctima” en octubre, con lo que por primera vez las autoridades de un país europeo admitían las denuncias de una víctima de entrega. Salieron a la luz nuevos indicios de la participación de Rumania en los programas de entregas y detención secreta cuando la Oficina de la Guardia de Fronteras polaca publicó información según la cual un vuelo procedente de Polonia que transportaba pasajeros había continuado hasta Rumania, aunque el gobierno rumano insistió en negar su participación con argumentos cada vez más inverosímiles.

Ante la creciente presión, Reino Unido anunció una investigación sobre las denuncias de participación de agentes estatales en la entrega, detención secreta y/o tortura y otros malos tratos de personas recluidas en el extranjero. Una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó dos lugares de detención secreta en Lituania, donde había en curso una investigación –cuyo cierre prematuro se temía– sobre el establecimiento y la administración de estos centros. En Italia, un tribunal de apelación ratificó las primeras y únicas condenas impuestas hasta la fecha por violaciones de derechos humanos cometidas en relación con los programas de entrega y detención secreta. Un total de 25 personas –22 agentes de la CIA, un militar estadounidense y 2 agentes del servicio de inteligencia italiano– habían sido declaradas culpables de participar en el secuestro de un ciudadano egipcio en una calle de Milán. Tras el secuestro, la CIA lo había trasladado ilegalmente de Italia a Egipto, donde el hombre había permanecido en detención secreta y, al parecer, había sido torturado. Sin embargo, los cargos contra cinco altos funcionarios del servicio de inteligencia italiano se desestimaron al alegar el gobierno “secreto de Estado”.

Como en años anteriores, los argumentos de la seguridad y el secreto de Estado se esgrimieron con excesiva frecuencia para aplicar políticas y prácticas que menoscababan los derechos humanos en lugar de fortalecerlos. Por ejemplo, los gobiernos continuaron recurriendo a garantías diplomáticas imposibles de hacer cumplir para librarse de extranjeros presuntamente implicados en actos de terrorismo, en lugar de juzgarlos por los delitos de los que se los acusaba. Reino Unido, entre otros Estados, siguió expulsando a personas que presuntamente representaban una amenaza para la “seguridad nacional” a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

En Turquía, aunque la reforma de la Constitución y de la Ley Antiterrorista fueron pasos muy positivos, continuaron celebrándose juicios injustos en virtud de la legislación antiterrorista, y solían aplicarse las disposiciones de esta legislación, que comportaban penas de cárcel más elevadas y daban lugar a órdenes de detención preventiva, para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

La situación en la región rusa del Cáucaso Septentrional seguía siendo inestable en materia de seguridad, y la violencia afectaba a Chechenia, Ingusetia, Daguestán y las regiones limítrofes. Las autoridades gubernamentales reconocieron públicamente que las medidas para combatir la violencia armada no eran efectivas. Un elevado número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de civiles, resultaron muertos en atentados perpetrados por grupos armados.

Grupos armados que actuaban en otros países de la región, como Grecia, España y Turquía, también causaron muerte y destrucción. En septiembre, el grupo armado separatista vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció que no llevaría a cabo más “acciones armadas ofensivas”.

Pena de muerte

Bielorrusia, el único país de la región que todavía llevaba a cabo ejecuciones, continuó emitiendo señales contradictorias. Siguiendo una tendencia positiva constante, los representantes del Estado expresaron su voluntad de comprometerse con la comunidad internacional en relación con la pena capital y declararon su intención de influir en la opinión pública a favor de la abolición. No obstante, se dictaron tres sentencias de muerte y dos hombres fueron ejecutados dentro de un sistema de justicia penal defectuoso, en el que todo el proceso seguía envuelto en el secreto. No se comunicó con antelación la fecha de la ejecución a los presos, ni tampoco a sus familiares, a los que después se denegó el permiso para reclamar los cadáveres o para conocer siquiera el lugar de su inhumación. Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido su aplazamiento para poder examinar los casos.

Impunidad en situaciones de posconflicto

Se avanzó en la búsqueda de soluciones al problema de la impunidad de los delitos cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia durante los conflictos bélicos de la década de 1990, tanto a través de los tribunales nacionales como del discurso internacional. Hubo dos iniciativas notables: el presidente croata pidió perdón a las familias y a las víctimas, y el Parlamento serbio condenó los delitos cometidos contra la población bosniaca (musulmanes de Bosnia) de Srebrenica en julio de 1995, aunque no los calificó de genocidio.

No obstante, persistían problemas fundamentales. A pesar de la postura del presidente, en Croacia seguía en gran medida sin existir voluntad política para acometer reformas en el sistema de justicia y abordar la impunidad, incluida la parcialidad étnica en los procesamientos. Siguieron sin ser objeto de investigación las denuncias de crímenes de guerra por responsabilidad del superior formuladas contra importantes dirigentes políticos y militares. En Bosnia y Herzegovina, los ataques verbales al sistema de justicia y la negación de los crímenes de guerra –incluido el genocidio de Srebrenica de julio de 1995– por parte de algunos líderes políticos socavaron los esfuerzos del país por enjuiciar los crímenes de guerra. En ambos países las medidas de protección y apoyo a testigos seguían siendo insuficientes, lo que constituía uno de los principales obstáculos para las víctimas de crímenes de guerra y sus familiares en su búsqueda de la justicia. Apenas se avanzó en el esclarecimiento de la suerte que habían corrido las personas desaparecidas en Kosovo y Serbia desde la guerra de 1999. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia pidió a Serbia que adoptara medidas más proactivas para detener al ex general serbobosnio Ratko Mladić y al ex dirigente serbocroata Goran Hadžić.

Ninguna de las partes en el conflicto entre Rusia y Georgia de 2008 realizó investigaciones exhaustivas, a pesar de que el informe de una investigación internacional encargada por la Unión Europea al año siguiente confirmaba que las fuerzas georgianas, rusas y surosetias habían violado el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Tortura y otros malos tratos

Los sistemas de justicia también defraudaron en demasiadas ocasiones a las víctimas de tortura y otros malos tratos al no obligar a los responsables de tales abusos a rendir cuentas. Algunos obstáculos para la rendición de cuentas eran la demora en el acceso a asistencia letrada, la falta de investigaciones eficientes de los fiscales, el miedo de las víctimas a sufrir represalias, la levedad de las penas impuestas a los agentes de policía declarados culpables y la falta de mecanismos independientes y con recursos suficientes para atender las denuncias e investigar los casos graves de conducta policial indebida.

Con demasiada frecuencia, se hacían afirmaciones que ocultaban lo que continuaba ocurriendo en la práctica. En Kazajistán y Uzbekistán, por ejemplo, no varió el número de informes sobre tortura y otros malos tratos a pesar de que sus gobiernos se habían comprometido a adoptar una política de tolerancia cero o habían afirmado que tales prácticas habían disminuido. En Rusia, aunque existía la intención declarada de reformar la policía, era generalizada la idea de que la corrupción y la connivencia entre policías, investigadores y fiscales restaban eficacia a las investigaciones y obstaculizaban los procesamientos. Las personas detenidas denunciaban con frecuencia imposición ilegal de castigos disciplinarios y privación de la asistencia médica necesaria.

Sin embargo, en Turquía se dictó una sentencia histórica al declarar a 19 funcionarios públicos –agentes de policía y guardias de prisiones– culpables de participar en la tortura con resultado de muerte del activista político Engin Çeber en Estambul en octubre de 2008. Cuatro de ellos fueron condenados a cadena perpetua; era la primera vez en la historia del derecho turco que se imponía esta pena a un funcionario público por causar la muerte mediante tortura. Por desgracia, este caso contrastó acusadamente con otros también relacionados con torturas a manos de funcionarios del Estado en los que las investigaciones criminales y los procesamientos siguieron sin dar resultados.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra mujeres y niñas en el ámbito familiar seguía siendo generalizada en toda la región para todas las edades y grupos sociales. Sólo un porcentaje reducido de mujeres denunciaba oficialmente estos abusos. El miedo a sufrir represalias de un compañero maltratador, la idea de traer la “vergüenza” a la familia o la inseguridad económica las disuadían de hacerlo. Las mujeres migrantes en situación irregular, en particular, no presentaban denuncia ante la policía por temor a ser expulsadas si se descubría su situación ilegal. Sobre todo, dada la impunidad generalizada de que disfrutaban los autores de estos abusos, las mujeres sabían que no les serviría de mucho denunciar.

Las que sí denunciaban, muy a menudo se veían defraudadas por unos sistemas de apoyo y justicia inadecuados e indiferentes. En algunos países, como Albania, la violencia intrafamiliar no constituía específicamente un delito. Muchos países no tenían aún en funcionamiento un sistema nacional de remisiones, y adolecían de una lamentable falta de servicios destinados a proteger a las sobrevivientes de violencia en el ámbito familiar, como casas refugio y viviendas alternativas adecuadas y seguras. Tal era el caso en Armenia, donde sólo había una casa refugio, financiada con donativos extranjeros.

Justicia e impunidad

En toda la región siguió siendo insaciable el deseo de conocer la verdad y obtener justicia y reparación. Algunas personas lo consiguieron gracias a un cambio de voluntad política para afrontar el pasado, o a la infatigable negativa a rendirse de sus amigos, familiares y defensores. Para muchas, la espera fue larga pero mereció la pena, como en el caso de la familia de Himzo Demir, secuestrado y sometido a desaparición forzada en 1992 durante las guerras de Yugoslavia. En octubre, la familia recibió finalmente confirmación de que entre los restos de una fosa común de Višegrad donde se habían enterrado cadáveres sin identificar figuraban los suyos. La búsqueda había terminado y por fin se pudo celebrar el funeral.

No obstante, lo sorprendente de todos estos casos tan alentadores es la cantidad de personas que siguen esperando porque los Estados intentan obstaculizar el acceso a la verdad, obstruir la justicia y no proporcionar resarcimiento, sobre todo tratándose de una región que posee una arquitectura de derechos humanos sin comparación en el resto del mundo.

Es hora de que los gobiernos de Europa se den cuenta de que su empeño en negar y obstaculizar –por sí solos o a través de sus aliados– no va a prevalecer finalmente sobre todas las personas valientes que se atreven a levantar la voz al precio personal que sea para exigirles que rindan cuentas.

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