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LA CALLE TOMA EL LIDERAZGO

Salil Shetty, secretario general


Cambio, coraje y conflicto. Por todo esto se caracterizó 2011, año en que la gente, en cantidades sin precedentes desde hacía decenios, se alzó para protestar contra gobiernos y otros actores poderosos. Contra el abuso de poder, la falta de rendición de cuentas, la desigualdad creciente, el agravamiento de la pobreza y la falta de liderazgo en todos los ámbitos de gobierno. Algo que quedó tristemente patente fue el contraste entre el valor de quienes se manifestaban exigiendo derechos y la incapacidad de los líderes para responder con medidas concretas que permitiesen la creación de sociedades más sólidas, basadas en el respeto de los derechos humanos.

En un primer momento pareció que las protestas y el malestar social se limitarían a países donde cabía esperar que hubiera descontento y represión. Pero según fue avanzando el año quedó claro que el hecho de que los gobiernos no garantizasen justicia, seguridad y dignidad humana estaba generando protestas en todo el mundo. De Nueva York y Moscú a Londres y Atenas, de Dakar y Kampala a La Paz y Cuernavaca, de Phnom Penh a Tokio, la gente tomó la calle.

En Oriente Medio y el norte de África fueron la indignación y la desesperación de un joven en Túnez las que actuaron como detonante de las protestas, que, avivadas por miles de manifestantes airados, se extendieron por todo el país y derrocaron el gobierno del presidente Ben Alí. Al propagarse por toda la región, las protestas tomaron por sorpresa a los gobiernos occidentales. Sabían que la indignación de los manifestantes ante la represión y la falta de oportunidades económicas estaba justificada, pero no deseaban perder su “relación especial” con gobiernos represores a los que veían como una garantía contra la inestabilidad en una región estratégica y con importantes reservas de gas y petróleo.

La respuesta de los gobiernos a las protestas pacíficas de la región fue brutal y, a menudo, letal. El número de personas muertas, heridas o encarceladas por ejercer sus derechos aumentó sin cesar. Decenas de miles de personas quedaron desplazadas, y algunas emprendieron la peligrosa aventura de cruzar el Mediterráneo en busca de refugio. El fantasma de la llegada de un número considerable de personas refugiadas del norte de África propició una retórica de corte aún más xenófobo por parte de algunos políticos europeos.

En Egipto, hace ya más de un año que el ex presidente Hosni Mubarak renunció al poder y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumió el control del país con la promesa de que su función sería de transición. Muchas personas consideran que el Consejo Supremo está instigando la violencia o absteniéndose de prevenirla para dar legitimidad al argumento de que sólo un Estado dirigido por militares es lo suficientemente fuerte como para garantizar la seguridad.

Pero quizá lo más alarmante de Egipto sea que se ha procesado o llevado ante jueces militares a más de 12.000 civiles, cifra superior a la registrada durante los 30 años de gobierno de Mubarak. Una de las exigencias clave de los manifestantes era el levantamiento del estado de excepción, importante instrumento para la comisión de abusos. Sin embargo, el gobierno provisional, al igual que el de Mubarak, sostiene que, para garantizar la seguridad, necesita de sus competencias especiales.

Otra práctica que se mantiene desde el gobierno de Mubarak es el desalojo forzoso de personas que viven en asentamientos informales. La gran mayoría de las muertes ocurridas durante la “Revolución del 25 de Enero” fueron de miembros de comunidades marginadas, como las que viven en asentamientos informales o barrios marginales. La población egipcia lleva decenas de años viviendo con la versión de la seguridad ofrecida por el gobierno; merece algo mejor.

Las mujeres han salido especialmente mal paradas con el gobierno militar. En marzo de 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron a un grupo de jóvenes que se habían estado manifestando en la plaza Tahrir. Los militares las obligaron a someterse a pruebas de virginidad y las amenazaron. En diciembre, un tribunal administrativo egipcio resolvió que la práctica de tales pruebas era ilegal y ordenó que se dejase de emplear. Fue un avance, pero aún queda mucho por hacer en el ámbito de la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a pesar de que las mujeres están desempeñando un papel fundamental en las protestas. Cuando Amnistía Internacional pidió a los diversos partidos políticos egipcios que se comprometiesen a proteger principios básicos de derechos humanos, como la libertad de expresión y reunión, la abolición de la pena de muerte, la libertad de religión, la no discriminación y la igualdad de género, los dos partidos que obtuvieron la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias distaron mucho de hacerlo. El Partido de la Libertad y la Justicia, de la Hermandad Musulmana, que consiguió 235 escaños (el 47 por ciento), no respondió a la petición de Amnistía Internacional. El partido salafista Al Nur, que quedó en segundo lugar, con 121 escaños (el 24 por ciento), se negó a promover los derechos de las mujeres o la abolición de la pena de muerte.

En Libia, el coronel Muamar al Gadafi respondió a las protestas de la calle amenazando con destruir a los manifestantes, a quienes llamó “ratas” reiteradamente. Tanto él como su hijo Saif al Islam –que antes había sido el “adalid de la reforma en Libia”– declararon una guerra sin cuartel contra toda persona a la que considerasen desleal al régimen. Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU tomó la decisión sin precedentes de remitir a la Corte Penal Internacional la situación en Libia, transmitió un firme mensaje sobre la importancia de la rendición de cuentas. No obstante, el país se vio inmerso en un conflicto armado. En octubre, cuando se perpetró el homicidio de Gadafi bajo custodia, sus fuerzas habían secuestrado y torturado a miles de combatientes de la oposición capturados y a otras personas detenidas. Cientos de miles de personas habían huido del conflicto, provocando desplazamientos masivos. La situación de Libia sigue siendo inestable: el Consejo Nacional de Transición no tiene el control efectivo del país, y persisten la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, otras formas de represalia y los desplazamientos forzosos.

Irán continuó con la represión iniciada tras las elecciones de 2009 y demostró que estaba dispuesto a detener prácticamente a cualquier persona considerada crítica con el presidente Ahmadineyad. El gobierno mantiene un férreo control sobre los medios de comunicación, hay periódicos prohibidos y se han bloqueado sitios web y canales de televisión vía satélite extranjeros. Se dispersan con violencia las protestas contra las políticas gubernamentales y se detiene arbitrariamente a quienes se muestran críticos con el gobierno; no obstante, la población continúa defendiendo su derecho a la libertad de expresión.

El mundo ha sido testigo de esta tónica de protesta y respuesta de consecuencias mortales en un país tras otro. En Bahréin, el gobierno reprimió las manifestaciones con el apoyo militar de Arabia Saudí. En junio, Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, reiteró el apoyo de su país a Bahréin, al que calificó de “socio importante” a pesar de haber pruebas contundentes de que el gobierno había utilizado medios letales contra manifestantes pacíficos y del encarcelamiento y la tortura sufridos por líderes de la oposición. La suave crítica de la representante estadounidense reflejaba el deseo del gobierno de Estados Unidos de garantizar que la Quinta Flota estadounidense siguiera teniendo un puerto base en Bahréin, aunque ello supusiera pasar por alto atroces violaciones de derechos humanos.

En Yemen, el presidente Alí Abdulá Salé también se negó a renunciar al poder, incluso tras sufrir graves heridas en un atentado con explosivos. A pesar de que las protestas pidiendo su marcha se extendieron por todo el país, se retractó reiteradamente de los acuerdos a los que había llegado para el traspaso del poder. Finalmente, en noviembre de 2011 cedió el poder a cambio de inmunidad frente al procesamiento por los crímenes cometidos durante su régimen y durante el levantamiento en su contra. Alí Abdulá Salé dejó el poder en manos de su vicepresidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, que se convirtió en nuevo presidente tras presentarse como único candidato a las elecciones de febrero de 2012.

En Siria, el presidente Bachar al Asad se empeñó en aferrarse al poder ante los levantamientos populares generalizados contra su régimen represor. Miles de civiles han muerto o han resultado heridos y muchos más se han visto desplazados. Al utilizar tanques para bombardear la ciudad de Homs, las fuerzas armadas sirias mostraron la más absoluta indiferencia por la vida de sus habitantes. Miembros del ejército sirio que desertaron y huyeron del país contaron que habían recibido órdenes de matar a personas que participaban en protestas pacíficas o, en algunos casos, que simplemente pasaban por la calle. En febrero de 2012, la representante del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados informó de que cientos de niños y niñas habían muerto durante los levantamientos y que se había detenido y torturado a algunos de tan sólo 10 años.

La comunidad internacional desempeña un papel fundamental a la hora de lograr justicia y seguridad para las personas de la región. Sin embargo, hasta la fecha, la actuación internacional ha sido claramente insuficiente.

PODER, RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La comunidad internacional ha tenido muchas dificultades para ofrecer una respuesta coherente. En el debate han estado presentes el miedo, la oportunidad, la hipocresía y las buenas intenciones.

En 2011, la Liga Árabe saltó al primer plano de la actualidad al intentar resolver cuestiones en varios países de la región. Su apoyo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Libia fue esencial para garantizar que ninguno de los cinco miembros permanentes ejerciese el derecho a veto. Sin embargo, este órgano regional no puso fin a la represión y la brutalidad, actuando claramente en contra de la opinión de algunos de sus miembros, a quienes inquietaba que las protestas se extendieran a sus países.

Al agravarse la situación en Siria, la Liga Árabe organizó la visita al país de una misión de observación. Sin embargo, la legitimidad de la misión quedó en entredicho cuando la Liga Árabe decidió que estuviese encabezada por el general Mohammed Ahmed Mustafá al Dabi, ex jefe de los servicios de inteligencia militar de Sudán, bajo cuyo mandato éstos habían sido responsables de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura de numerosas personas. La misión suspendió sus actividades a finales de enero de 2012, porque a los observadores les resultaba imposible cumplir con su cometido a causa de la violencia. Tampoco salió adelante una iniciativa posterior para enviar una misión de mantenimiento de la paz. A finales de febrero se designó al ex secretario general de la ONU Kofi Annan enviado especial conjunto de la ONU y la Liga Árabe para la crisis de Siria.

Cuando la Liga Árabe instó al Consejo de Seguridad de la ONU a cumplir con su cometido de mantener la paz y la seguridad internacionales, Rusia y China se acogieron al principio de la soberanía del Estado para vetar una resolución en la que se pedía el fin de la violencia y la dimisión del presidente Al Asad. Además, Rusia justificó su veto criticando la intervención de la OTAN en Libia por excederse en su mandato de proteger a la población civil.

La utilización del derecho de veto para subvertir la paz y la seguridad internacionales no es ninguna novedad. Rusia (y antes la URSS) y Estados Unidos han ejercido este derecho en más de 200 ocasiones en total, muchas de ellas con evidentes repercusiones políticas. El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya actuado realmente en Siria, poco después de abstenerse de intervenir en el caso de Sri Lanka, plantea serios interrogantes con respecto a si tiene la voluntad política de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. También sirve para recordar a quienes piden la protección de la ONU que el sistema de gobernanza internacional carece por completo de rendición de cuentas. Parece que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU defienden la soberanía del Estado cuando ésta impide que su propia actuación sea objeto de examen o cuando les ayuda a mantener sus especiales (y rentables) relaciones con gobiernos represores.

Después del veto de Rusia a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se supo que Rosoboronexport, empresa estatal rusa que comerciaba con armamento, seguía vendiendo armas al gobierno sirio, con el que, entre otras cosas, había firmado un acuerdo para la venta de aviones de combate. Un ex auditor del Ministerio de Defensa sirio, que abandonó su puesto en enero de 2012, informó de que la venta de armas rusas a Siria había aumentado enormemente desde el comienzo del levantamiento.

Quizá no sea de extrañar que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sean también los países con mayor volumen de comercio de armas convencionales del mundo. En 2010, al menos el 70 por ciento del total de exportaciones importantes de armas correspondieron a esos países: Estados Unidos (30 por ciento), Rusia (23 por ciento), Francia (8 por ciento), Reino Unido (4 por ciento) y China (3 por ciento). En todo el mundo, el flujo irresponsable de armas procedentes de estos cinco países ha causado innumerables muertes de civiles y otras graves violaciones de los derechos humanos y de las leyes de la guerra.

Tal y como ha documentado Amnistía Internacional, Estados Unidos, Rusia y diversos gobiernos de Europa occidental autorizaron el suministro de municiones, armamento militar y armas policiales a Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen durante los años de represión brutal que propiciaron los levantamientos populares. Estas exportaciones se podrían haber evitado si los Estados proveedores hubieran respetado su política declarada de no exportar armas que puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos.

La cuestión es: ¿se puede confiar la paz y la seguridad internacionales a los mismos países que pueden vetar una resolución del Consejo de Seguridad cuando son también los que más se aprovechan del comercio de armas mundial? Mientras su derecho de veto sea absoluto y en tanto no exista un tratado sólido sobre el comercio de armas que les impida venderlas a gobiernos que violen los derechos humanos, su papel de guardianes de la paz y la seguridad parece condenado al fracaso.

EL FRACASO DE LIDERAZGO POLÍTICO SE GLOBALIZA

El fracaso de liderazgo político que desencadenó y avivó las protestas populares en Oriente Medio y el norte de África no se limita al Consejo de Seguridad de la ONU ni a una región.

Las protestas antigubernamentales se fueron extendiendo desde el norte de África hacia otras partes del continente. En Uganda, a pesar de que el gobierno había prohibido todas las protestas públicas en febrero de 2011, la gente salió a la calle en ciudades de todo el país para protestar contra el aumento del precio del combustible y otros artículos de primera necesidad. La policía respondió haciendo uso de la fuerza. De manera análoga, las autoridades de Zimbabue y Suazilandia intentaron reprimir las protestas recurriendo a fuerza excesiva. Los gobiernos de algunos países, como Burkina Faso, Malawi y Senegal, han utilizado fuego real contra manifestantes, mostrando claramente hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de mantenerse en el poder.

En América Latina, la gente también ha alzado su voz. Las tensiones sociales van en aumento en Bolivia, en medio de reiteradas protestas sobre cuestiones económicas y derechos de los pueblos indígenas. A mediados de 2011, cuando cientos de personas participaban en una marcha de protesta de 580 kilómetros desde Trinidad, departamento de Beni, hasta La Paz, el presidente Morales se vio forzado a cancelar los planes de construcción de una carretera a través del territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure. Los planes no respetaban las garantías constitucionales de consulta previa ni las leyes sobre conservación del medio ambiente. Decenas de personas resultaron heridas durante las protestas, cuando las fuerzas de seguridad utilizaron porras y gas lacrimógeno para destruir un campamento improvisado durante la marcha. En México, los manifestantes salieron una y otra vez a las calles para pedir el fin de la violencia, la impunidad y la militarización de la guerra contra el narcotráfico, en medio de un número creciente de víctimas civiles.

En Rusia, la frustración generada por la corrupción, el amiguismo y los falsos procesos democráticos, que niegan a las personas la posibilidad de lograr cambios mediante su voto, han avivado las protestas. En la escena política se silenciaron sistemáticamente las voces de la oposición y se les negó el acceso a los principales medios de comunicación, a fin de garantizar que Putin no se enfrentase a una oposición real en las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, Vladimir Putin tachó a los manifestantes de “banderlog”, como el grupo de ingobernables monos de la novela El libro de la selva de Rudyard Kipling, y comparó la cinta blanca símbolo de su protesta con un preservativo. Sin embargo, las protestas anuncian una nueva era en Rusia e indican que Putin y quienes le rodean tienen ante sí una nueva serie de retos: ahora que la reforma política y el respeto de los derechos humanos han pasado a ocupar una sólida posición en la agenda, tendrán que hallar modos de abordar esas demandas.

Las autoridades chinas mostraron su temor a los levantamientos populares como el de Túnez anticipándose rápidamente a las protestas. En febrero, un gran número de miembros de las fuerzas de seguridad chinas tomaron las calles de Shanghái decididos a impedir que cualquier grupo reducido se convirtiese en una multitud. A pesar del férreo control que mantiene China sobre las comunicaciones digitales y el flujo de información, fuentes oficiales informaron de miles de manifestaciones en todo el país. Los desalojos forzosos en entornos rurales y urbanos eran uno de los principales motivos de queja de las protestas chinas. En Tíbet, donde los controles son aún más estrictos, más de una decena de monjes protestaron prendiéndose fuego, y las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a varios manifestantes en enero de 2012.

Las autoridades de Myanmar también mostraron su preocupación por la posibilidad de que se produjeran disturbios populares generalizados a medida que se refundaban para parecer nuevas y reformistas. El gobierno permitió que la Liga Nacional para la Democracia de Daw Aung San Suu Kyi se presentase a las elecciones parciales. Algunas personas exiliadas regresaron al país. A mediados de febrero de 2012 habían quedado en libertad 600 personas encarceladas por motivos políticos y muchas de ellas reanudaron sus actividades en la oposición. Sin embargo, aún hay centenares de personas encarceladas, aunque resulta difícil establecer la cifra exacta. El compromiso de permitir la oposición política pacífica expresado por el gobierno es alentador, pero aún queda mucho por demostrar.

DEMOCRACIA Y DESEMPODERAMIENTO

Cuando estallaron las protestas en Oriente Medio y el norte de África y en otros países en los que habitualmente se reprimía la libertad de expresión y reunión, la mayoría de los gobiernos democráticos parecían convencidos de que el malestar social se quedaría “por allí”.

Lo cierto es que se registraron protestas en todo el mundo, que sirvieron para poner de relieve las limitaciones de los gobiernos democráticos a la hora de promover y hacer efectivos los derechos humanos.

Las claras líneas que marcan los políticos para intentar distinguir los buenos gobiernos de los malos han sido siempre demasiado simplistas. Los levantamientos de Oriente Medio y el norte de África sacaron a la luz la política exterior interesada e hipócrita de Estados que afirman respetar los derechos humanos. Pero es que, en esos mismos países, las políticas internas que han llevado a la persistente crisis económica y a una gran tolerancia con la desigualdad creciente han evidenciado que ellos tampoco promovían en su propio territorio los derechos humanos. La xenofobia se ha extendido por Europa y Estados Unidos, y las personas migrantes se han convertido en chivos expiatorios. La población romaní, perseguida y marginada en Europa desde hace mucho, y otras víctimas de proyectos de rehabilitación urbana sufren desalojos forzosos y actos de violencia.

La respuesta del gobierno de Estados Unidos a la crisis económica consistió en rescatar a instituciones financieras que eran “demasiado grandes para quebrar”. Pero lo hizo sin poner ningún tipo de condición al rescate. Las personas desempleadas, que no podían pagar el seguro médico y se enfrentaban a una ejecución hipotecaria y, probablemente, a quedarse sin hogar, se sintieron traicionadas. Tal como escribió el Premio Nobel Joseph Stiglitz: “Los bancos consiguieron el rescate. Parte del dinero se dedicó a conceder primas. Muy poco se dedicó a créditos. En última instancia, los banqueros se preocuparon de sí mismos e hicieron lo que están acostumbrados a hacer”.

Lo que ha revelado la crisis económica ha sido la ruptura del pacto social entre el gobierno y la ciudadanía. A lo sumo, los gobiernos se mostraron indiferentes ante la preocupación de la población, cuando no se interesaron únicamente por proteger a los poderosos. Las estadísticas, que demostraban el aumento de las desigualdades en bienes e ingresos, pusieron de manifiesto que los gobiernos no habían cumplido con su obligación de garantizar la progresiva realización de los derechos económicos y sociales.

A medida que empeoraba la crisis en muchos países europeos, la gente salió a la calle para manifestarse contra las políticas de austeridad. En Grecia, en las manifestaciones celebradas en Atenas en junio, imágenes de vídeo, fotografías, artículos periodísticos y declaraciones de testigos apuntaron a que la policía utilizó reiteradamente fuerza excesiva e hizo amplio uso de productos químicos contra personas que protestaban pacíficamente. En España, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para poner fin a manifestaciones en demanda de cambios políticos, económicos y de política social.

Las continuas protestas registradas en Europa y América del Norte mostraron que la gente había perdido la fe en gobiernos que desdeñan una y otra vez la rendición de cuentas, la justicia y la promoción de la igualdad.

PLANTANDO CARA AL RETROCESO

Aunque en Europa y América del Norte los manifestantes sufrían violaciones de su derecho a la libertad de reunión y, en algunos casos, eran víctimas del uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía, que utilizaba cañones de agua y gas lacrimógeno, en otras zonas del mundo la situación era aún más peligrosa. En Túnez y Egipto, en Yemen y Siria, los manifestantes corrían peligro de muerte, desaparición forzada y tortura por pedir libertad. En Homs, los manifestantes se enfrentaron a tanques, francotiradores, bombardeos, detenciones y tortura.

La tecnología moderna impuso algunas limitaciones a la policía, al recordarle reiteradamente que las personas pueden utilizar los teléfonos móviles para grabar episodios de brutalidad policial y publicarlos al instante en sitios de redes sociales. En realidad, la policía hizo lo posible para restringir el escrutinio de los medios de comunicación e intimidar a los manifestantes, utilizando gas lacrimógeno, pulverizadores de pimienta y porras. Especialmente novedosa fue una medida tomada en Estados Unidos, donde las autoridades desempolvaron una ley del siglo XVIII que prohibía el uso de máscaras en Nueva York para reprimir a manifestantes mayoritariamente pacíficos.

Tanto en la plaza Tahrir como en el parque Zucotti o en la plaza Manezhnaya, el denominador común de estas manifestaciones fue la rapidez con que actuaron los gobiernos para impedir la protesta pacífica y restringir el derecho a la libertad de expresión y asociación.

EL AUMENTO DEL PODER EMPRESARIAL

Pocos ejemplos ilustran mejor la falta de liderazgo que el fracaso de los gobiernos a la hora de regular las actividades de las grandes empresas, especialmente de las multinacionales que a menudo obtienen beneficios a costa de las comunidades locales. Desde Shell, en el delta del Níger, Nigeria, hasta Vedanta Resources, en Orissa, India, los gobiernos no garantizan que, como mínimo, los agentes empresariales respeten los derechos humanos. En muchos países, cientos de miles de personas son objeto de desalojo forzoso cuando llegan las empresas mineras y reclaman tierras donde hay recursos naturales.

Las empresas digitales y de comunicaciones son objeto de un escrutinio cada vez más minucioso pues se enfrentan a la exigencia de los gobiernos de respetar leyes a todas luces ilegales, que vulneran los derechos humanos, como el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión e información. Se ha demostrado que empresas que aparentemente se dedican a la expresión y el intercambio de opiniones (y se benefician de ello), como Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Vodafone y Yahoo, están colaborando en la comisión de algunas de estas violaciones de derechos humanos.

Las amenazas a la libertad de expresión en Internet hechas patentes en el contexto de revoluciones relacionadas con los derechos humanos no son novedad. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando casos de gobiernos, como los de China, Cuba e Irán, que no respetan la libertad de expresión ni los derechos conexos en Internet. Y determinadas leyes presentadas recientemente en el Congreso de Estados Unidos y en la Unión Europea también amenazan la libertad en la Red.

Una vez más, el hecho de que los gobiernos no exijan ningún tipo de rendición de cuentas a estas empresas e instituciones pone de relieve la forma de actuar de estos gobiernos, que apoyan a quienes están en el poder en lugar de empoderar a quienes carecen de él.

EN BUSCA DE LIDERAZGO

Lo que quedó claro durante un año de disturbios, transición y conflicto fue el singular fracaso del liderazgo nacional e internacional. Las autoridades de gobiernos represores que rechazan la noción de la universalidad de los derechos humanos y alegan que se trata de valores occidentales impuestos se han quedado sin argumentos. Al igual que ha quedado en evidencia el convencimiento de otros gobiernos de que la población de algunos países “no estaba preparada para la democracia y los derechos humanos”.

Así que ¿cómo pueden los gobiernos recuperar su función como líderes legítimos?

En primer lugar, deben acabar con la hipocresía. Ningún Estado puede sostener razonablemente que el pueblo bajo su gobierno no está preparado para los derechos humanos y un sistema participativo de gobierno. Y los Estados que afirman defender los derechos humanos deben dejar de apoyar a dirigentes dictatoriales por el hecho de que sean sus aliados. Es preciso atender al grito de libertad, justicia y dignidad que se oye en todo el mundo, y, para ello, el primer paso es que todos los Estados respeten la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.

En segundo lugar, los Estados deben asumir en serio sus responsabilidades como actores internacionales, especialmente los encargados de garantizar la paz y la seguridad internacionales. La aprobación de un sólido tratado sobre el comercio de armas ejemplificaría este compromiso.

En julio de 2012, los Estados miembros de la ONU se reunirán para acordar el texto definitivo de ese tratado. Un tratado sólido impediría la transferencia internacional de todo tipo de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas, las armas ligeras, la munición y los componentes clave, a países donde exista un riesgo probable de que se utilicen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Para lograrlo, el tratado exigiría a los gobiernos que realizasen una rigurosa valoración del riesgo para los derechos humanos antes de conceder una licencia de exportación de armas. Esto demostraría que los gobiernos dan más valor a los derechos humanos y a la paz y la seguridad internacionales que a los intereses políticos y los beneficios del comercio de armas. No estaríamos tan cerca de conseguir que se haga realidad un tratado sólido sobre el comercio de armas de no ser por los activistas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas que en el plano local, nacional, regional e internacional reconocen el increíble número de víctimas que se ha cobrado el comercio irresponsable de armas y han exigido a los gobiernos que aborden este problema de derechos humanos.

Además, es preciso establecer una mayor supervisión, especialmente de las instituciones financieras, para prevenir crisis económicas como la que sigue sumiendo en la pobreza a muchas personas en todo el mundo. Las deficiencias de supervisión y la desregulación permitieron que bancos y empresas hipotecarias se jugasen los ahorros y las viviendas de la gente.

Los líderes deben comprender que es fundamental crear y mantener un sistema que proteja a los débiles y ponga límites a los poderosos, un sistema basado en el Estado de derecho y que garantice el fin de la impunidad y el respeto por las normas internacionales relativas al debido proceso, los juicios con garantías y la independencia del poder judicial, un sistema en el que los líderes recuerden que están ahí para servir al interés superior de su ciudadanía. La creación de un entorno que ofrezca a todas las personas posibilidades verdaderas de tomar parte en la vida política, donde exista un firme apoyo institucional a la participación de la sociedad civil, constituye la vía para conseguir que esta visión eche raíces.

El movimiento de Amnistía Internacional se basa en la idea de que la libertad de expresión y la capacidad de cuestionar a los gobiernos y exigirles que respeten, protejan y hagan realidad los derechos humanos son fundamentales para lograr un mundo donde todas las personas vivan libres e iguales en dignidad y derechos. Los manifestantes han lanzado un desafío al pedir que los gobiernos demuestren liderazgo promoviendo los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la dignidad. El mundo ha mostrado que no va a aceptar ya a los líderes que no estén a la altura de estas expectativas.

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