Oriente Medio y Norte de África

Los derechos humanos región a región

Tawakkol Karman, activista pro derechos yemení y Premio Nobel de la Paz, grita consignas durante una manifestación contra el gobierno en Saná (Yemen), 15 de febrero de 2011.

© REUTERS/Khaled Abdullah


No tememos que nos maten, nos hieran, nos detengan o nos torturen. Ya no hay miedo. La gente quiere vivir con dignidad. Así que no vamos a parar. 
Ahmed Harara, dentista que resultó herido en un ojo por impactos de perdigones durante las manifestaciones de Egipto el 28 de enero de 2011 y luego en el otro, el 19 de noviembre de 2011, por lo que se quedó ciego

 

Para los pueblos y los Estados de Oriente Medio y el Norte de África, 2011 fue absolutamente trascendental. Fue un año de agitación y levantamientos populares sin precedentes, en el que el estallido de la presión, las reivindicaciones y las protestas reprimidas de una generación incipiente acabó con una sucesión de gobernantes de larga data, que parecían casi invencibles hasta poco antes de su caída. Al final del año, algunos de éstos seguían aferrados al poder, aunque recurriendo a métodos extremadamente despiadados y con un futuro incierto. En ese momento, toda la región continuaba estremeciéndose entre continuos temblores y réplicas del terremoto político y social de los primeros meses del año. Aunque aún quedaban muchos interrogantes, parecía probable que los acontecimientos de 2011 revistieran a la larga la misma relevancia para los pueblos de la región que la caída del Muro del Berlín y del imperio soviético para los de Europa y Asia Central.

En toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, 2011 se caracterizó por las demandas multitudinarias de cambio, en las que se reivindicaba: mayor libertad para hablar y actuar sin el temor paralizador que infundía la represión del Estado; transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos y erradicación de la corrupción generalizada de los altos cargos; más empleo, oportunidades de trabajo más justas y medios para alcanzar un nivel de vida mejor, y justicia y derechos humanos, incluido el derecho de las personas a hacer su vida y formar una familia con dignidad y seguridad. Cientos de miles de personas –entre las que las mujeres ocupaban posiciones de vanguardia bien visibles– abarrotaron las calles de Túnez, El Cairo, Bengasi, Saná y muchas ciudades más de la región para apoyar estas reivindicaciones y exigir cambios. Continuaron haciéndolo a pesar de las matanzas causadas en sus filas por las fuerzas de seguridad de los gobiernos. Lo hicieron con determinación, resolución y auténtico coraje, liberándose así del miedo que sus gobiernos llevaban tanto tiempo tratando de sembrar entre ellas para tenerlas quietas y calladas. Al menos por una vez, el concepto de poder del pueblo quedó totalmente claro en toda la región y la sacudió hasta sus cimientos.

Inicialmente, las protestas dieron expresión sobre todo a la frustración del pueblo ante la pasividad de sus líderes a la hora de responder a sus necesidades y aspiraciones. Esos líderes reaccionaron, como era de esperar, mandando a su policía antidisturbios y a sus agentes de seguridad a aplastar las protestas, pero sólo consiguieron avivar el fuego y aumentar la indignación y la rebeldía populares. A medida que los manifestantes eran abatidos a tiros a sangre fría y sufrían detenciones masivas, torturas y abusos, la ira popular se afianzaba. Sin dejarse intimidar por el derramamiento de sangre, cada vez se concentraba más gente en las calles para exigir la destitución o el derrocamiento de unos líderes nacionales que se habían ganado su desconfianza y su desprecio mientras trataban de consolidar dinastías familiares para perpetuarse el poder. La rápida caída del presidente tunecino, Zin el Abidín ben Alí, y a continuación del egipcio, Hosni Mubarak, resonó en toda la región y envió un mensaje de esperanza a quienes abogaban por cambios y reformas en otros Estados. Durante cierto tiempo pareció que una nueva forma de efecto dominó alejaría del poder a otros gobernantes represivos y autoritarios. En el plazo de unos meses, en Libia acabaron abrupta y sangrientamente 42 años de abusos cometidos bajo el gobierno del coronel Muamar al Gadafi, y en Yemen y Siria, arraigados regímenes luchaban desesperadamente ya por su supervivencia ante el continuo clamor de las masas, que pedían su desaparición. En Bahréin, el gobierno se valió de la represión y el uso excesivo de la fuerza para asfixiar las protestas, pese a lo cual al acabar el año se había comprometido a llevar a cabo reformas políticas y de derechos humanos. En Estados como Argelia, Jordania y Marruecos, quienes ocupaban el poder se apresuraron a prometer reformas y mayor participación del pueblo en el gobierno, y en países ricos en petróleo y gas, como Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, los gobernantes utilizaron sus reservas económicas para tratar de atender las demandas sociales y congraciarse con la población.

Levantamientos

El año comenzó con Túnez en ebullición. Durante algún tiempo, el presidente Ben Alí trató de sofocar las protestas por la fuerza bruta, tal como había hecho en 2008 en la región de Gafsa. En pocas semanas murieron violentamente unos 300 tunecinos, pero esta vez las muertes no debilitaron la determinación de los manifestantes. El 14 de enero, Ben Alí se dio por vencido. Con otros miembros de su clan, subió a bordo de un avión para buscar refugio en Arabia Saudí. Fue un momento apasionante, en el que tanto los gobiernos como los pueblos de la región comprendieron que se había conseguido lo que hasta entonces parecía impensable: hacer huir a un gobernante autocrático que llevaba más de 20 años en el poder. La precipitada caída de Ben Alí hizo sonar las alarmas de los demás gobiernos represivos de la región, mientras que para las multitudes que siguieron el desarrollo de los acontecimientos en Al Yazira y otras cadenas de televisión, el levantamiento tunecino supuso el renacer de la esperanza y les hizo sentir que también ellas podían lograr lo que el pueblo de Túnez había conseguido.

Dos semanas después, los hechos de Túnez se reproducían a mayor escala aún en Egipto. La plaza de Tahrir de El Cairo se convirtió en el centro de gravedad y en decisivo campo de batalla, donde la población egipcia exponía sus reivindicaciones de cambio. Organizándose y coordinando sus actividades con ayuda de Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles, en 18 días los manifestantes forjaron la “Revolución del 25 de Enero” y provocaron la caída del presidente Mubarak tras 30 años ininterrumpidos en el poder. Lo consiguieron a pesar de la feroz represión de las fuerzas de seguridad y de los matones a sueldo del gobierno: murieron al menos 840 personas, más de 6.000 resultaron heridas y millares más fueron detenidas, golpeadas o torturadas. El 11 de febrero, Hosni Mubarak anunció su dimisión y fue sustituido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Se retiró a su mansión de Sharm el Sheij, centro turístico del Mar Rojo, hasta que, en agosto, fue citado en un tribunal de El Cairo para ser juzgado por corrupción y por ordenar el homicidio de manifestantes.

El derrocamiento de Mubarak, que se produjo bajo los focos de los medios de comunicación internacionales, desencadenó una sucesión de convocatorias de manifestaciones masivas en otras ciudades de la región. En Bahréin, a partir de febrero, los manifestantes, pertenecientes sobre todo a la mayoría musulmana chií del país, organizaron actos pacíficos y levantaron un campamento de protesta en la plaza de la Perla de la capital, Manama, para exigir mayor participación en la dirección del país y el fin de su presunta marginación por parte del gobierno de la familia Al Jalifa. Días más tarde, los manifestantes fueron desalojados con fuerza excesiva, que adquirió proporciones de brutalidad aún mayores cuando se reanudaron las protestas en marzo. En Irán, los líderes de las manifestaciones multitudinarias que el gobierno había aplastado en 2009 convocaron nuevas protestas y fueron puestos bajo arresto domiciliario por ello.

En Argelia, para disuadir de convocar manifestaciones, el gobierno sacó a la calle a numerosos agentes de seguridad, pero trató también de rebajar las tensiones levantando el odiado estado de excepción, que llevaba 19 años en vigor. El sultán Qabús bin Said de Omán prometió crear miles de puestos de trabajo, mejoró las prestaciones de desempleo y ordenó la liberación de los manifestantes detenidos. El gobierno de Arabia Saudí repartió entre la ciudadanía más de 100.000 millones de dólares estadounidenses, según informes, al tiempo que recordaba que las manifestaciones públicas estaban prohibidas y movilizaba a las fuerzas de seguridad para que actuaran contra cualquier persona que participara en el “Día de la Ira” que se había convocado en Riad.

En Yemen, las protestas comenzaron en enero, a causa de una propuesta de reforma constitucional que permitía al presidente Alí Abdulá Salé perpetuarse en el poder y ceder luego el relevo a su hijo. Continuaron durante todo el año, alentadas por lo ocurrido en Egipto y en otros lugares, mientras las fuerzas del presidente Salé disparaban indiscriminadamente contra las multitudes y él maniobraba para tratar de conservar su largo monopolio del poder. Al concluir el año, la posición del presidente yemení se encontraba gravemente erosionada. Sin embargo continuaba aferrado al poder, mientras el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico le ofrecía inmunidad de procesamiento a pesar de los numerosos homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por sus fuerzas. La impunidad garantizada al presidente Salé y a otros responsables constituyó un atentado contra la justicia y una indignante traición a las víctimas de los crímenes de su régimen.

En Libia, situada geográficamente entre Túnez y Egipto, los acontecimientos de estos dos países hicieron renacer la esperanza en un pueblo que, tras 42 años de gobierno de Muamar al Gadafi, carecía de libertad de expresión y de partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil independientes. Para mantenerse durante tanto tiempo en el poder, Gadafi había enfrentado a una parte de la población contra otra, favoreciendo a quienes consideraba leales y reprimiendo sin piedad la disidencia. Aunque anteriormente había estado excluido de la comunidad internacional por su presunto patrocinio del terrorismo, en los últimos años gozaba de un prometedor acercamiento a las democracias occidentales, gracias al desarrollo de la industria petrolera en Libia y a la importancia que había cobrado el país como lugar de tránsito hacia Europa para personas refugiadas y migrantes de África. Gadafi siguió mostrándose confiado y con un firme control de la situación ante la caída de Ben Alí y Hosni Mubarak, pero en febrero estallaron manifestaciones contra el gobierno que desembocaron en una revuelta popular también en Libia. La rebelión degeneró rápidamente hasta convertirse en un conflicto armado internacional, con participación de la OTAN, que terminó el 20 de octubre con la captura de Gadafi y su violenta muerte cuando trataba de huir del asedio a su bastión de la ciudad de Sirte. Asumió entonces el poder un Consejo Nacional de Transición, pero al finalizar el año aún no había afianzado su autoridad, y Libia estaba atestada de armas y de milicias armadas que represaliaban a los presuntos miembros de las fuerzas leales a Gadafi y constituían una amenaza constante para la seguridad pública.

En Siria, donde gobernaba desde 1970 la familia Al Asad, se observaron en febrero las primeras señales de protesta, aunque tímidas y vacilantes. Sin embargo, en la meridional ciudad de Dera, al detener las fuerzas de seguridad a unos niños que habían escrito en un muro consignas contra el gobierno y, según informes, someterlos a abusos, prendió la mecha de unas protestas masivas que se propagaron rápidamente de una ciudad a otra. El gobierno, que se encontraba desprevenido, cerró el país a los medios de comunicación internacionales y a los observadores independientes. A continuación, lanzó una implacable represión contra manifestantes inermes, valiéndose de francotiradores apostados en los tejados, disparando contra la multitud y desplegando tanques del ejército en ciudades y pueblos, al tiempo que afirmaba que los homicidios eran obra de misteriosas bandas armadas contrarias al gobierno. Según informes de la ONU, al concluir el año habían muerto unas 5.000 personas, en su mayoría civiles, y los heridos y detenidos se contaban por miles. En ciertos rincones del país parecía haber comenzado una incipiente guerra civil entre las fuerzas del régimen y soldados que habían desertado para unirse a las protestas.

El gobierno de Siria trató de ocultar la envergadura de las protestas y la violencia de su respuesta, pero en general no lo consiguió, gracias al valor y la determinación de activistas y testigos locales, que grabaron las matanzas con las cámaras de sus teléfonos móviles y publicaron cientos de vídeos en Internet. Algunas de estas imágenes mostraban cuerpos de personas torturadas hasta la muerte bajo custodia y, en algunos casos, mutiladas; algunos eran de niños.  

Respuesta internacional

Los gobiernos de Estados Unidos y de otros países occidentales, que desde hacía tiempo habían sido importantes aliados de los líderes autocráticos de Túnez y Egipto, no fueron conscientes al principio de la trascendencia de las protestas y tardaron en reaccionar. Sin embargo, al poco tiempo se apresuraron a revisar sus políticas, reconociendo finalmente la naturaleza abusiva de los regímenes cuya continuidad peligraba. Cuando Libia se sumió en un conflicto armado, intervinieron enérgicamente contra el coronel Gadafi con apoyo de los principales Estados del Golfo y amparándose en un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a la población civil. Este mandato preparó el terreno a una campaña aérea de la OTAN que inclinó la balanza del lado de las fuerzas contrarias al líder libio.

En Bahréin, sede de la Quinta Flota de la marina estadounidense, y fundamentalmente en Siria y en Yemen, los manifestantes necesitaban también desesperadamente protección contra las políticas asesinas de sus gobiernos. No obstante, en estos casos la comunidad internacional se mostró notablemente menos inclinada a prestarles apoyo. El Consejo de Seguridad de la ONU, que había remitido el caso de Muamar al Gadafi a la Corte Penal Internacional, se abstuvo de hacer lo mismo con el presidente sirio, Bachar al Asad, pese a la existencia de convincentes indicios de que sus fuerzas estaban perpetrando crímenes de lesa humanidad.

La Federación Rusa, China y los gobiernos de las potencias emergentes de Brasil, India y Sudáfrica utilizaron toda su influencia en el Consejo de Seguridad para bloquear acciones efectivas contra Siria, por más que la máxima responsable de la ONU en materia de derechos humanos denunciara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Al Asad. De igual forma, Arabia Saudí denunció los crímenes del gobierno sirio, al tiempo que negaba a su propio pueblo el derecho a manifestarse y tras haber mandado tropas a Bahréin sólo unas horas antes de que las autoridades de este país pusieran en marcha una sangrienta campaña de represión en marzo. En resumen, resultaba lamentable ver de nuevo cómo gobiernos de todas las tendencias políticas actuaban de forma selectiva y, al margen de su retórica, subordinaban los derechos humanos a lo que consideraban más beneficioso para ellos y a sus intereses partidistas.    

Conflictos e intolerancia con la disidencia

Los levantamientos que llenaron los titulares durante todo 2011 eclipsaron otros arraigados problemas que podían tener consecuencias desastrosas para los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África y repercutir en otras regiones.

Israel mantuvo el bloqueo a Gaza, prolongando así la crisis humanitaria del territorio, y continuó con su agresiva política de ampliar los asentamientos establecidos en el territorio palestino de Cisjordania, que ocupaba desde 1967. Por otro lado, Fatah y Hamás, las dos principales organizaciones políticas palestinas, siguieron divididas y atacando recíprocamente a sus simpatizantes pese a haber firmado un acuerdo de reconciliación en mayo, mientras que las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos aplicaban una política de represalias en Gaza, atacándose entre sí en una triste dinámica, repetida hasta la saciedad, que continuaba cobrándose un elevado precio en vidas humanas.

El gobierno de Irán se vio cada vez más aislado en el panorama internacional y se mostró cada vez menos tolerante con la disidencia en el interior, donde perseguía, entre otros, a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas de los derechos de las mujeres y de las minorías. Se hizo amplio uso en el país de la pena de muerte, en teoría para castigar a delincuentes, pero también para intimidar a la población. En todo el mundo, sólo China llevó a cabo más ejecuciones que Irán.

Con respecto a otras partes de la región, no estaban claras las repercusiones que tendría en el ámbito de la seguridad la retirada de Irak de todas las fuerzas militares estadounidenses tras ocho años de conflicto. La cuestión de la autodeterminación del Sáhara Occidental seguía siendo una herida abierta, que envenenaba las relaciones gubernamentales en el Magreb.

Persistían otras violaciones sistemáticas de derechos humanos, que fueron determinantes para explicar los levantamientos populares, pero que también se vieron agravadas por las repuestas de los gobiernos. En toda la región siguieron siendo práctica común y generalizada las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos, los juicios injustos y los homicidios ilegítimos a manos de fuerzas del Estado. Casi sin excepción, quienes ocupaban el poder permitían a sus fuerzas matar y torturar impunemente. En Egipto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cedió a las demandas populares y disolvió el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, tristemente famoso durante el gobierno de Hosni Mubarak por sus torturas. Sin embargo, la tortura no desapareció. El ejército se limitó a tomar el relevo, llegando a obligar a algunas manifestantes a someterse a “pruebas de virginidad” y deteniendo a miles de civiles a los que envió a juicio ante tribunales militares injustos. Sin embargo, miles de egipcios, lejos de cejar ante la represión de las nuevas autoridades, continuaron exigiendo cambios políticos, sociales y de derechos humanos.

Discriminación

Seguía habiendo discriminación por motivos de género, etnia, religión, origen nacional y otros factores, como la orientación sexual. En gran medida, el sentimiento de injusticia que esta situación engendraba se vio reflejado en la oleada de protestas, como quedó de manifiesto cuando los bidun (apátridas) se concentraron en Kuwait para exigir ser reconocidos como ciudadanos. Simultáneamente, la agitación agudizó también las divisiones. En Libia, las milicias agredieron a libios y a extranjeros por el color de su piel. En Siria aumentó entre el entramado de credos y comunidades del país el temor a una posible guerra civil de virulencia y odio comparables a los que habían desgarrado Líbano entre 1975 y 1990, cuyo flagrante legado de desapariciones forzadas y desconfianza seguía sin abordarse. En Egipto, la discriminación contra los coptos siguió estando muy extendida. En Irán, las minorías religiosas y étnicas continuaron sufriendo discriminación en la ley y, en el caso de la minoría bahaí, persecución.

Las personas migrantes, muchas de ellas procedentes del África subsahariana, se encontraban entre las principales víctimas del conflicto libio. Los combates obligaron a desplazarse a millares. Muchas escaparon a Egipto o a Túnez, pero otras quedaron atrapadas en Libia durante semanas o meses y sufrieron agresiones racistas, acusadas con frecuencia de ser “mercenarios” africanos reclutados por el coronel Gadafi. Algunas de las que pasaron a Egipto y a Túnez, muchas de ellas eritreas y somalíes, no podían volver a sus países de origen por miedo a ser perseguidas, y al final de 2011 permanecían relegadas en inhóspitos campos instalados en el desierto, a la espera de ser reasentadas en países europeos o de otras regiones donde estuvieran a salvo. Otras perdieron la vida al tratar de llegar a Italia por mar.

En toda la región, trabajadores y trabajadoras migrantes de países pobres y en desarrollo sufrían abusos y explotación, a pesar de haber sido uno de los fundamentos de la economía en varios Estados del Golfo, entre otros países. La legislación laboral local no les brindaba la debida protección, si es que llegaba a ofrecerles alguna. La peor parte se la llevaban las trabajadoras domésticas, que demasiado a menudo eran víctimas de discriminación múltiple: como mujeres, como migrantes y como extranjeras, cuya difícil situación interesaba poco o nada a sus propios gobiernos.

Motivos de preocupación económicos: vivienda y medios de vida

Al concluir 2011 era todavía demasiado pronto para evaluar cómo había influido la “Revolución del 25 de Enero” egipcia en la suerte de los millones de personas pobres y marginadas que vivían en los populosos asentamientos informales del país. Muchas vivían en zonas designadas oficialmente como “inseguras” por la existencia de inestables formaciones rocosas o de otros peligros, sin acceso a servicios básicos (agua potable, instalaciones higiénicas operativas o electricidad) y expuestas a ser desalojadas de sus hogares a la fuerza, sin que se las avisara con suficiente antelación ni se las consultara. Durante el año, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas efectuó nuevos desalojos forzosos en Manshiyet Nasser, con lo que perpetuó la política de Hosni Mubarak y dejó sin techo a más familias en este enorme, caótico y precario asentamiento informal de las afueras de El Cairo, en el que más de 100 personas habían perdido la vida en 2008 por un desprendimiento rocoso.

Asimismo, las autoridades israelíes continuaron con su política de demolición de viviendas y edificios construidos sin permisos oficiales que ellas mismas denegaban cuando se les solicitaban, y siguieron desalojando de sus casas tanto a palestinos de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, como a árabes israelíes residentes en pueblos “no reconocidos” oficialmente del Néguev y otros lugares. En cambio, a los miles de judíos israelíes que vivían en los asentamientos establecidos ilegalmente en tierras palestinas ocupadas se los animaba a ampliar, urbanizar y consolidar estos asentamientos, cuya misma existencia contravenía el derecho internacional. Entretanto, el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza seguía asfixiando la economía local y prolongando una crisis humanitaria provocada deliberadamente, que se cebaba sobre todo con los grupos de población más vulnerables: los niños, los ancianos y quienes necesitan cuidados médicos especializados que no existían en Gaza. El bloqueo constituía sencillamente un castigo colectivo a los 1,6 millones de habitantes de Gaza y violaba el derecho internacional.

Cuando Mohamed Bouazizi, de 24 años, se inmoló prendiéndose fuego el 17 de diciembre de 2010 en la localidad tunecina de Sidi Bouzid, pocas personas podían predecir la tormenta de protestas y cambios que ese trágico y mortal acto acarrearía. Un año más tarde, el estallido de euforia continuaba incombustible. Las conquistas iniciales de los levantamientos populares seguían en la cuerda floja, y la lucha por el cambio en Siria, Yemen, Bahréin, Libia y otros países seguía cobrándose un elevado precio en vidas humanas y en forma de graves abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, al concluir 2011 era patente el sentimiento de que el antiguo y desacreditado orden estaba pasando a la historia gracias a los valientes y decididos esfuerzos de la población. Para los pueblos de esta región parecía haber empezado la larga marcha hacia la libertad, la justicia y los derechos humanos para todos.  

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