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Los derechos humanos no conocen fronteras

Salil Shetty, secretario general

Dondequiera que se cometa, una injusticia supone una amenaza para la justicia en todo el mundo. Estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad, ligados en el tejido único del destino. Cuando algo afecta a una persona de forma directa, afecta indirectamente a todas.

Martin Luther King, “Carta desde la cárcel de Birmingham”, 16 de abril de 1963, EE. UU.

El 9 de octubre de 2012, unos talibanes armados dispararon en Pakistán contra Malala Yousafzai, de 15 años. Malala recibió un tiro en la cabeza; su delito había sido defender a través de un blog el derecho de las niñas a la educación. Al igual que había sucedido en 2010 con Mohamed Bouazizi, cuyo gesto fue el detonante de protestas generalizadas en todo Oriente Medio y el Norte de África, la determinación de Malala traspasó las fronteras de Pakistán. El sufrimiento y el valor del ser humano, sumados al poder de las redes sociales, que no entienden de fronteras, han transformado nuestra idea de la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la justicia y, a la vez, han generado un cambio perceptible en el discurso en torno a la soberanía y los derechos humanos. 

Corriendo un gran riesgo, personas de todo el mundo se han lanzado a la calle y al medio digital para denunciar la represión y la violencia ejercidas por gobiernos y otros agentes poderosos. Mediante blogs, otras redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, han creado un sentido de solidaridad internacional que mantiene vivos el recuerdo de Mohamed y los sueños de Malala.

Esta valentía, sumada a la capacidad de comunicar nuestra profunda ansia de libertad, justicia y derechos, ha alarmado a quienes están en el poder. Las declaraciones efectistas de apoyo a quienes protestan contra la opresión y la discriminación contrastan llamativamente con la actuación de muchos gobiernos, que reprimen las protestas pacíficas e intentan a toda costa controlar el medio digital, especialmente reproduciendo en él sus fronteras nacionales. 

Porque, ¿qué ocurre cuando quienes están en el poder, que se aferran al concepto de “soberanía” y abusan de él, se dan cuenta del potencial de la gente para desmantelar estructuras de gobierno y llamar la atención sobre los instrumentos de represión y desinformación que ellos utilizan para mantenerse en el poder? El sistema político, económico y comercial creado por quienes están en el poder genera a menudo abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, el comercio de armas destruye vidas, pero lo defienden gobiernos que utilizan las armas para reprimir a su propio pueblo o se benefician de comerciar con ellas. Y se justifican escudándose en la soberanía.

Soberanía y solidaridad

En nuestra lucha por las libertades, los derechos y la igualdad tenemos que replantearnos el concepto de la soberanía. El poder de la soberanía debe –y puede– generarse al tomar las riendas del propio destino, como ha ocurrido con los Estados que han salido del colonialismo o del dominio de países vecinos o resurgido de las cenizas de movimientos que han acabado con regímenes corruptos y represivos. Éste es el poder positivo de la soberanía. Para mantenerlo vivo, y para contener su faceta abusiva, hemos de redefinir la soberanía y reconocer la solidaridad y la responsabilidad globales. Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Nos preocupamos de lo que pasa porque tenemos acceso a la información y podemos optar por no tener límites. 

Los Estados suelen ampararse en la soberanía –equiparándola al control de los asuntos internos sin injerencias externas– para hacer lo que quieren. Por engañoso que sea, se han valido de ella para ocultar o negar matanzas, genocidios, opresión, corrupción, hambrunas o persecución por motivos de género.

Sin embargo, a quienes abusan del poder y sus privilegios ya no les resulta fácil ocultar tal abuso. Las personas utilizan sus teléfonos móviles para grabar y subir a Internet vídeos que muestran en directo la existencia de abusos contra los derechos humanos y sacan a la luz la verdad oculta tras la retórica hipócrita y las justificaciones interesadas. También resulta más fácil vigilar a empresas y otros agentes no estatales poderosos, porque, cuando su actuación es turbia o delictiva, cada vez les cuesta más ocultar las consecuencias. 

Trabajamos en un marco de derechos humanos que acepta la soberanía pero no la defiende por sí misma, y menos aún tras el establecimiento de la doctrina de la responsabilidad de proteger, acordada en la Cumbre Mundial 2005 de la ONU y reafirmada una y otra vez desde entonces. Resulta fácil entender el motivo: sólo el año 2012 ya nos ofrece abundantes pruebas de gobiernos que violan los derechos humanos de las personas a quienes gobiernan. 

Un componente fundamental de la protección de los derechos humanos es el derecho de todas las personas a no sufrir violencia. Otro elemento clave son los estrictos límites a la capacidad del Estado de inmiscuirse en nuestra vida personal y familiar, lo cual incluye proteger nuestra libertad de expresión, asociación y conciencia. También supone no entrometerse en lo que respecta a nuestro cuerpo y el modo en que lo usamos, a las decisiones sobre la reproducción que tomamos, a la identidad sexual y de género que adoptamos o a la vestimenta por la que optamos. 

En los primeros días de 2012 se quedaron sin hogar 300 familias en la capital de Camboya, Phnom Penh, tras ser desalojadas violentamente de su barrio. Semanas después, en Brasil, 600 personas corrieron la misma suerte en el asentamiento precario de Pinheirinho, en el estado de São Paulo. En marzo, 21 personas murieron en Jamaica por disparos de la policía; unos músicos azerbaiyanos fueron golpeados, detenidos y torturados bajo custodia, y Malí se sumió en una crisis tras producirse un golpe de Estado en la capital del país, Bamako.

Y así continuó el año: más desalojos forzosos en Nigeria; asesinatos de periodistas en Somalia, México y otros lugares; mujeres violadas o víctimas de agresión sexual en su casa, en la calle o mientras ejercían su derecho a protestar; comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales a quienes se prohibió festejar el Orgullo y cuyos integrantes fueron golpeados, y activistas de derechos humanos asesinados o enviados a la cárcel por cargos falsos. En septiembre, Japón ejecutó a una mujer por primera vez en más de 15 años. En noviembre se intensificó de nuevo el conflicto en Israel y Gaza, y en la República Democrática del Congo decenas de miles de civiles huyeron de sus hogares cuando el grupo armado 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, marchó sobre la capital de la provincia de Kivu Septentrional. 

El caso de Siria merece mención aparte. Según la ONU, la cifra de muertes al finalizar el año ascendía a 60.000, y seguía subiendo.

Ausencia de protección

En los últimos decenios se ha recurrido con demasiada frecuencia a la soberanía del Estado –cada vez más estrechamente ligada al concepto de seguridad nacional– para justificar actuaciones contrarias a los derechos humanos. Dentro de las fronteras nacionales, quienes tienen el poder afirman que sólo a ellos les corresponde tomar decisiones sobre la vida de las personas bajo su gobierno.

Al igual que su padre, el presidente Bachar al Assad se ha mantenido en el poder enfrentando a las fuerzas de seguridad y al ejército sirio con quienes piden su dimisión.
in embargo, hay una diferencia fundamental. Cuando se produjo la matanza de Hama, en 1982, Amnistía Internacional y otras organizaciones pusieron de manifiesto lo que estaba ocurriendo y trabajaron sin descanso para intentar detenerlo. Pero la masacre se cometió prácticamente a espaldas del resto del mundo. En cambio, en los últimos dos años, valerosos activistas y blogueros sirios han podido contar directamente al mundo lo que estaba pasando en su país, incluso en el mismo momento en que sucedía.

A pesar del creciente número de víctimas –y de la gran cantidad de pruebas de los crímenes cometidos–, el Consejo de Seguridad de la ONU ha vuelto a abstenerse de actuar para proteger a la población civil. Las fuerzas de seguridad y el ejército sirios llevan casi dos años lanzando ataques indiscriminados y deteniendo, torturando y matando a quienes consideran partidarios de los rebeldes. Un informe de Amnistía Internacional documentó 31 formas distintas de tortura y otros malos tratos. Los grupos armados de oposición también han sido responsables de torturas y ejecuciones sumarias, si bien a una escala mucho menor. Quienes defienden la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente Rusia y China, alegan que con ella se está respetando la soberanía del Estado.

La idea de que ni los Estados ni la comunidad internacional deben actuar con contundencia para proteger a la población civil cuando los gobiernos y sus fuerzas de seguridad persiguen a su propio pueblo –a menos que puedan obtener algún beneficio– es inaceptable. La inacción en nombre del respeto a la soberanía del Estado es injustificable, tanto si hablamos del genocidio de 1994 en Ruanda o de la muerte de decenas de miles de civiles tamiles acorralados en la letal “zona libre de combates” del norte de Sri Lanka en 2009, como si nos referimos a las personas que siguen muriendo de hambre en Corea del Norte o al conflicto sirio.

En última instancia, los Estados son responsables de respetar y defender los derechos de las personas que viven en su territorio. Pero quien crea en la justicia y los derechos humanos no podrá sino decir que, hoy en día, la soberanía sólo se ocupa de estos conceptos para incumplirlos. 

No hay duda de que ha llegado el momento de cuestionar esta mezcla tóxica que forjan los Estados cuando exigen soberanía absoluta y dan prioridad a la seguridad nacional y no a los derechos humanos y la seguridad humana. Basta de excusas. Ha llegado la hora de que la comunidad internacional dé un paso adelante y redefina su obligación de proteger a la ciudadanía de todo el planeta.

Nuestros países tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad nuestros derechos. Y son muchos los que no lo han hecho o, en el mejor de los casos, lo han hecho a medias. A pesar de todos los éxitos logrados por el movimiento de derechos humanos durante los últimos decenios –desde la liberación de presos de conciencia hasta la prohibición global de la tortura y la creación de la Corte Penal Internacional–, esta distorsión de la soberanía supone que miles de millones de personas siguen olvidadas.

Custodia frente a explotación

Uno de los ejemplos más crudos de esta situación en los últimos decenios ha sido el trato que se ha dispensado a los pueblos indígenas del mundo. Un valor fundamental que comparten las comunidades indígenas de todo el planeta es su rechazo a la idea de “posesión” de la tierra. Y sin embargo, tradicionalmente se han considerado guardianes de las tierras que habitan. Pero han pagado muy caro este rechazo del concepto de propiedad. Muchas de las tierras donde viven comunidades indígenas han resultado ser ricas en recursos, de manera que el gobierno que supuestamente tiene que proteger sus derechos se apropia de la tierra para el ”Estado soberano” y luego la vende, la arrienda o permite que otros la saqueen.

En vez de respetar el valor de las comunidades como guardianes de la tierra y sus recursos, Estados y empresas se han trasladado a esas zonas, provocando el desalojo forzoso de las comunidades indígenas y apropiándose de la tierra o de los derechos de explotación minera vinculados a ella.

Para los sawhoyamaxa de Paraguay, 2012 transcurrió igual que los 20 años anteriores: siguieron desplazados de sus tierras ancestrales a pesar de que se había reconocido su derecho a ellas en una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006. Más al norte, decenas de comunidades indígenas de Canadá continuaron oponiéndose a la construcción de un oleoducto que atravesaría sus tierras ancestrales para conectar las arenas petrolíferas de Alberta con la costa de la Columbia Británica.

En un momento en el que los gobiernos deberían aprender de los pueblos indígenas y replantearse su relación con los recursos naturales, comunidades indígenas de todo el mundo viven asediadas.  

Lo que hace que esta devastación sea especialmente alarmante es la inobservancia –por parte de los Estados y las empresas– de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que exige expresamente a los Estados que garanticen la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los asuntos que les afecten. Los activistas de los derechos de los pueblos indígenas son víctimas de violencia, e incluso asesinato, cuando intentan defender sus tierras y comunidades.

Esta discriminación, marginación y violencia no se han limitado al continente americano, sino que se han producido en todo el planeta, desde Filipinas hasta Namibia, en donde en 2012 los niños y niñas de los pueblos san, ovahimba y otras minorías étnicas encontraron numerosas barreras que les impedían acceder a la educación. Tal fue lo que ocurrió en concreto con los niños y las niñas ovahimba de Opuwo, que se vieron obligados a cortarse el pelo y dejar de utilizar su vestimenta tradicional para poder asistir a la escuela pública.

Circulación de capitales y personas

La carrera por los recursos no es más que un aspecto de nuestro mundo globalizado. Otro es la circulación de capitales, que cruzan fronteras y atraviesan océanos para llegar a los bolsillos de los poderosos. Sí, la globalización ha conllevado prosperidad y crecimiento económico para algunas personas, pero la experiencia de los pueblos indígenas se está repitiendo en otras comunidades que ven cómo los gobiernos y las empresas se benefician de las tierras en donde viven y pasan hambre.

En el África subsahariana, por ejemplo, a pesar del considerable crecimiento registrado en muchos países, millones de personas siguen viviendo en unas condiciones de pobreza que ponen su vida en peligro. La corrupción y el flujo de capitales hacia paraísos fiscales establecidos fuera de África siguen siendo dos de las principales causas de ello. La riqueza minera de la región continúa fomentando acuerdos entre empresas y políticos en los que ambas partes se benefician, pero a un elevado coste. La falta de transparencia en torno a los acuerdos de concesión y la ausencia total de rendición de cuentas suponen que tanto los accionistas de las empresas como los políticos se enriquecen de forma injusta gracias a las personas que sufren explotación laboral, degradación de sus tierras y violación de sus derechos. Para estas personas, la justicia es prácticamente inalcanzable.

Otro ejemplo de la libre circulación de capitales son las remesas de dinero que los trabajadores migrantes de todo el mundo envían a casa. Según el Banco Mundial, el dinero enviado por los trabajadores migrantes a los países en vías de desarrollo es el triple de la ayuda internacional oficial al desarrollo. Sin embargo, en 2012, esos mismos trabajadores migrantes se encontraron a menudo con que ni sus Estados de origen ni los de acogida protegieron adecuadamente sus derechos.

Por ejemplo, en Nepal, las agencias de contratación continuaron en 2012 con la trata de trabajadores migrantes con fines de explotación y trabajo forzoso, y cobraron tarifas superiores a los límites impuestos por el gobierno, lo que obligaba a los trabajadores a solicitar cuantiosos préstamos a tipos de interés muy elevados. Los encargados de las contrataciones engañaron a muchos migrantes con respecto a las condiciones laborales. Rara vez se sancionó a las agencias de contratación que infringieron la legislación nepalí. Claro ejemplo de ley que se queda en poco más que simple palabrería en lo que respecta a los derechos de las mujeres fue la decisión que el gobierno nepalí tomó en agosto, cuando prohibió que las mujeres menores de 30 años migrasen para realizar trabajo doméstico en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, debido a las denuncias de abusos sexuales y otros malos tratos físicos registradas en esos países. La prohibición supuso un potencial aumento del riesgo para las mujeres, que desde entonces se ven obligadas a buscar trabajo por vías informales. Lo que el gobierno debía haber hecho era luchar por conseguir un entorno laboral seguro para las mujeres.

Una vez que las personas se han marchado, los Estados de origen afirman que, dado que sus trabajadores migrantes ya no se encuentran en su territorio, no tienen obligaciones para con ellos, a la vez que los Estados de recepción sostienen que, al no ser ciudadanos, carecen de derechos. Mientras tanto, la Convención Internacional de la ONU sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada en 1990, sigue siendo uno de los convenios de derechos humanos con menos ratificaciones. Ninguno de los Estados de acogida de migrantes de Europa Occidental la ha ratificado, y tampoco lo han hecho otros países con gran población migrante, como Australia, Canadá, EE. UU., los países del Golfo, India y Sudáfrica.

Esta situación de vulnerabilidad es aún más grave en el caso de las personas refugiadas. Los más vulnerables son los 12 millones de apátridas que hay en el mundo, cifra equivalente a la población de grandes aglomeraciones urbanas como Londres, Lagos o Río. Además, en torno al 80 por ciento de esas personas son mujeres. Sin la protección de su Estado “soberano”, estas personas son auténticos ciudadanos del mundo. Y su protección nos corresponde a todos. Constituyen la razón más incuestionable para cumplir el deber de proteger. Porque las garantías de protección de los derechos humanos deben aplicarse a todos los seres humanos, sin importar si se encuentran o no en su país.

Actualmente se considera que la protección de los derechos humanos está subordinada a la soberanía del Estado. Las mujeres son violadas en campos de acogida de Sudán del Sur; desde Australia hasta Kenia, se encierra a solicitantes de asilo en centros de detención o en contenedores metálicos, y centenares de personas mueren en barcos que hacen agua mientras intentan denodadamente llegar a un puerto seguro.

En 2012 una vez más se obligó a embarcaciones de africanos que luchaban por mantenerse a flote en la costa italiana a alejarse de la seguridad del litoral europeo en nombre del sacrosanto control de las fronteras de los Estados. El gobierno australiano continuó interceptando embarcaciones con refugiados y migrantes en alta mar. La Guarda Costera estadounidense defendió esta práctica: “Al interceptar a migrantes en alta mar se les puede devolver rápidamente a sus países de origen sin los costosos procesos necesarios si consiguen llegar a Estados Unidos”. En todos los casos se dio más importancia a la soberanía que al derecho de las personas a solicitar asilo.

Cada año, unas 200 personas mueren intentando cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos, una consecuencia directa de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense para que los pasos más seguros sean infranqueables para los migrantes. Estas cifras se han mantenido constantes a pesar de la disminución de la inmigración.

Estos ejemplos son una muestra del más abyecto abandono de la responsabilidad de promover los derechos humanos –incluido el derecho a la vida–, y contrastan poderosamente con la libre circulación de capitales mencionada previamente.

Las medidas de control de la inmigración también contrastan notablemente con las escasas trabas puestas a la circulación transfronteriza de armas convencionales, en especial de armas pequeñas y ligeras.
Como consecuencia de este comercio, cientos de miles de personas han muerto, han resultado heridas, han sido violadas o se han visto obligadas a huir de sus hogares. Además, el comercio de armas está directamente relacionado con la discriminación y la violencia de género, que afectan a las mujeres de modo desproporcionado. Las consecuencias son enormes para las iniciativas destinadas a consolidar la paz, la seguridad y la igualdad de género y a garantizar el desarrollo. En parte, los abusos se fomentan gracias a que en todo el mundo resulta fácil comprar, vender, trocar y transportar armas, que a menudo acaban en manos de gobiernos abusivos y sus fuerzas de seguridad, señores de la guerra y bandas delictivas. Es un negocio lucrativo –70.000 millones de dólares estadounidenses anuales–, de modo que quienes tienen intereses creados intentan proteger este comercio frente a la regulación. Cuando se imprima este informe, los principales gobiernos responsables del corretaje de armas estarán listos para las negociaciones en torno a un tratado sobre el comercio de armas. Nuestra petición es que se prohíban las transferencias de armas cuando exista un riesgo sustancial de que esas armas se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional humanitario o graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

Circulación de la información

Así y todo, en estos ejemplos podemos encontrar un importante aspecto positivo: nos enteramos de ellos. Amnistía Internacional lleva medio siglo documentando violaciones de derechos humanos en todo el mundo y utilizando todos sus recursos para intentar detener y prevenir los abusos y proteger nuestros derechos. Quienes fundaron el movimiento moderno de defensa de los derechos humanos nunca hubieran imaginado las oportunidades que ofrece la globalización de las comunicaciones. Gobiernos y empresas tienen cada vez menos posibilidades de ocultarse tras las fronteras de la “soberanía”.

Las nuevas formas de comunicación han arraigado en nuestras vidas con una rapidez impresionante. Desde la creación del dominio .com en 1985 hasta ahora, cuando 2.500 millones de personas pueden acceder a Internet, el engranaje del cambio ha girado a una velocidad extraordinaria. En 1989, Tim Berners Lee propuso que la recuperación de documentos se convirtiese en parte integrante de Internet, en 1996 nació Hotmail, en 1999 aparecieron los blogs y en 2001 se presentó Wikipedia. En 2004 nació Facebook, y un año después le siguió YouTube; al mismo tiempo, Internet registró su usuario número 1.000 millones, alguien que, según se dijo, “desde el punto de vista estadístico, probablemente sea una mujer de 24 años que vive en Shanghái”. Twitter llegó en 2006, al igual que Gu Ge, el sitio censurado de Google en chino. En 2008 ya había más personas conectadas a Internet en China que en Estados Unidos. Y ese mismo año, activistas que trabajaban con kenianos dedicados al periodismo ciudadano crearon un sitio web denominado Ushahidi –“testimonio” en swahili–, que en un primer momento pretendía elaborar un mapa de las denuncias de violencia postelectoral en Kenia, pero que desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma utilizada en todo el mundo con la misión de “democratizar la información”.

Vivimos en un mundo lleno de información. Los activistas disponen de herramientas con que asegurarse de que no se ocultan las violaciones de derechos humanos. La información crea la imperiosa necesidad de actuar. Nos hallamos en un momento crucial: ¿seguiremos teniendo acceso a esta información o se encargarán los Estados, en connivencia con otros agentes poderosos, de bloquearlo? Amnistía Internacional quiere asegurarse de que todas las personas disponen de las herramientas necesarias para acceder a la información y compartirla y para cuestionar el poder y la soberanía cuando se abusa de ellos. Con Internet podemos crear un modelo de ciudadanía global; la red supone el contrapunto al concepto de soberanía y derechos basados en el lugar de residencia.

Lo que Martin Luther King expresó con tanta elocuencia al hablar de “una red ineludible de reciprocidad” y del “tejido único del destino” ha sido propugnado e impulsado antes y después de él por muchos grandes pensadores y defensores de los derechos humanos. Pero ahora ha llegado el momento de integrarlo en el propio “tejido” de nuestro modelo internacional de ciudadanía. El concepto africano de “Ubuntu” lo expresa con gran claridad: “Soy porque somos”. 

Se trata de conectarnos todos, de no permitir que las fronteras, los muros, los océanos o la representación del enemigo como “el otro” contaminen nuestro sentido natural de la justicia y la humanidad. El medio digital ya nos ha conectado realmente con la información.

Empoderamiento y participación 

Es sencillo: el carácter abierto del medio digital permite la participación en condiciones de igualdad y facilita que muchas más personas accedan a la información que necesitan para cuestionar a gobiernos y empresas. Es una herramienta que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas. La información es poder. Internet ofrece la posibilidad de un empoderamiento significativo de los 7.000 millones de personas que viven hoy en el mundo. Es una herramienta que nos permite ver, documentar y cuestionar los abusos contra los derechos humanos dondequiera que se cometan. Nos permite compartir información, para trabajar conjuntamente y solucionar problemas, promover la seguridad y el desarrollo humanos y cumplir la promesa de los derechos humanos.

El abuso de la soberanía del Estado es todo lo contrario. Se expresa mediante barreras y control de la información y la comunicación en virtud de leyes sobre el secreto de Estado y otros privilegios. El discurso subyacente al recurso a la soberanía es que la actuación del gobierno sólo le compete a él y, mientras se mantenga dentro de sus fronteras, no puede cuestionarse. Los poderosos deciden sobre los indefensos.

El poder y las posibilidades del medio digital son inmensos. Y como la tecnología es neutral, estas posibilidades pueden facilitar actuaciones coherentes con la creación de sociedades que respetan los derechos humanos o actuaciones opuestas a estos derechos.

A Amnistía Internacional, con una historia cimentada en la defensa de la libertad de expresión, le resulta interesante revivir lo que hacen los gobiernos cuando no pueden controlarla y deciden manipular el acceso a la información. Donde resulta más evidente es en el procesamiento y acoso de blogueros en numerosos países, desde Azerbaiyán hasta Túnez y desde Cuba hasta la Autoridad Palestina. En Vietnam, por ejemplo, los populares blogueros Nguyen Van Hai, conocido como Dieu Cay; Ta Phong Tan, autora del blog Justicia y verdad, y Phan Thanh Hai, conocido como AnhBaSaiGon, fueron juzgados en septiembre por “propaganda” contra el Estado y condenados a 12, 10 y 4 años de cárcel, respectivamente, y a entre 3 y 5 años de arresto domiciliario tras la excarcelación. El juicio duró solamente unas horas, y sus familiares fueron hostigados y detenidos para impedirles asistir. Se había aplazado en tres ocasiones, la última debido a la muerte de la madre de Ta Phong Tan, que se prendió fuego ante un edificio oficial para protestar por el trato que recibía su hija.

Pero el encarcelamiento de las personas que utilizan la tecnología para ejercer su derecho a la libertad de expresión y cuestionar a quienes ostentan el poder es sólo la primera línea defensiva de los gobiernos. Cada vez son más los Estados que intentan crear cortafuegos en torno a las comunicaciones digitales o los sistemas de información. Irán, China y Vietnam han intentado desarrollar un sistema que les permita recuperar el control de las comunicaciones y el acceso a la información disponible en el medio digital.

Lo que puede ser aún más inquietante es la cantidad de países que están explorando medios de control menos evidentes en esta área a través de la vigilancia a gran escala y de formas más ingeniosas de manipular el acceso a la información. Estados Unidos, que sigue mostrando una notable falta de respeto a la hora de aceptar los límites establecidos –como demuestran los ataques que lleva a cabo en todo el mundo con aeronaves no tripuladas–, ha proclamado recientemente su derecho a vigilar toda la información guardada en sistemas de almacenamiento en la nube de Internet, archivadores digitales que no están vinculados a los límites territoriales. Para que quede claro: esto incluye la información propiedad de personas y empresas que no son estadounidenses ni están radicadas en ese país.

Esta lucha en torno al acceso a la información y el control de los medios de comunicación no ha hecho más que empezar. Así pues, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para mostrar su respeto por quienes tuvieron el enorme coraje de arriesgar su vida y libertades para movilizarse durante los levantamientos de Oriente Medio y el Norte de África? ¿Qué podemos hacer todos nosotros para mostrar solidaridad con Malala Yousafzai y todas las demás personas que se atreven a levantarse y decir: “ya basta”? 

Podemos exigir que los Estados garanticen que todas las personas bajo su gobierno tengan acceso provechoso al medio digital, preferiblemente mediante un acceso a Internet de alta velocidad realmente asequible, y a través de un dispositivo portátil de bolsillo, tipo teléfono celular, o de un ordenador de escritorio. Al hacerlo cumplirían uno de los principios de derechos humanos expresado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Además, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

No cabe duda de que un acceso provechoso a Internet supone disfrutar de los beneficios del progreso científico.

Hace muchos años, los Estados crearon un servicio postal internacional que –aunque organizado a nivel nacional– estaba interconectado con todos los demás servicios postales, creando así un sistema de correo mundial. Todo el mundo podía escribir una carta, comprar un sello y enviarla a otra persona, prácticamente a cualquier lugar del mundo. Si no había entrega a domicilio, existía el sistema de lista de correos o entrega general, en el que se designaba un lugar al que se podía acudir para recoger el correo.

Y ese correo se consideraba privado, sin importar el número de fronteras que hubiera cruzado. Esta forma de comunicación e intercambio de información, que puede parecer bastante curiosa en el mundo actual, cambió nuestra forma de comunicarnos y se creó dando por sentado el derecho a la privacidad de esas comunicaciones. Y lo que es aún más importante: los Estados se comprometieron a garantizar el acceso de todas las personas a este servicio. Y aunque no cabe duda de que muchos gobiernos utilizaron su acceso al correo para leer comunicaciones que eran privadas, no cuestionaron el principio del derecho a esa privacidad. En innumerables países, este sistema ofreció a las personas la posibilidad de intercambiar información y tener una vida familiar y comunitaria.

Hoy en día, el acceso a Internet es fundamental para garantizar que las personas se pueden comunicar, además de para garantizar que tienen acceso a la información. La transparencia, el acceso a la información y la capacidad de participar en debates y decisiones políticas son cruciales para crear una sociedad en la que se respeten los derechos.

Pocas actuaciones de los gobiernos pueden tener consecuencias tan inmediatas, poderosas y trascendentales para los derechos humanos. 

Cada uno de los gobiernos del mundo tiene que tomar una decisión. ¿Utilizará esta tecnología neutral para reclamar su poder sobre otros, o para potenciar y promover la libertad de las personas?

La llegada de Internet y su introducción en todo el mundo –a través de teléfonos móviles, cibercafés y ordenadores accesibles en escuelas, bibliotecas públicas, lugares de trabajo y hogares– ha creado una enorme posibilidad de empoderar a las personas para que reivindiquen sus derechos.

Una opción de futuro

Los Estados tienen la oportunidad de aprovechar este momento para garantizar que toda su ciudadanía cuenta con acceso provechoso y asequible a Internet. Además, pueden respaldar la creación de muchos más lugares, como bibliotecas y cafés, en donde las personas puedan acceder a Internet de forma gratuita o a precios asequibles.

Un aspecto fundamental es que los Estados pueden garantizar la participación activa de las mujeres –actualmente sólo el 37 por ciento de ellas tiene algún tipo de acceso a Internet– en este sistema de información y, por tanto, en las actuaciones y decisiones que se adopten en el mundo en que viven. Tal y como explica un nuevo informe de ONU Mujeres, Intel y el Departamento de Estado de EE. UU., en países como India, México y Uganda existe una enorme desigualdad de género en el acceso a Internet. Esto significa que los Estados tienen que crear sistemas que faciliten el acceso en los hogares, las escuelas y los centros de trabajo, ya que lugares como los cibercafés son poco prácticos para las mujeres que no pueden salir de casa por razones religiosas y culturales.

Los Estados también pueden trabajar para erradicar la discriminación social de las mujeres y los estereotipos negativos. Una mujer india licenciada en ingeniería contó a los autores de este informe que se le había prohibido utilizar el ordenador porque “temían que si lo tocaba se fuera a estropear”. En otros casos, los maridos prohibían a sus esposas utilizar el ordenador familiar por si veían contenidos de carácter sexual inapropiados. Ésa es una de las razones, según el informe, de que sólo el 14 por ciento de las mujeres de Azerbaiyán haya tenido acceso alguna vez a Internet, a pesar de que el 70 por ciento de los hombres sí lo tienen.

Al reconocer el derecho de las personas a acceder a Internet, los Estados cumplirán con su obligación de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero deben hacerlo respetando también el derecho a la intimidad. 

En caso contrario, se arriesgan a crear dos niveles de personas en el ámbito nacional y mundial: unas con acceso a las herramientas que necesitan para reivindicar sus derechos y otras que se quedarán atrás.

El conocimiento es poder, como también lo son la información y la posibilidad de hablar. Los Estados que respetan los derechos no tienen miedo de ese poder. Los Estados que respetan los derechos promueven el empoderamiento. Y el hecho de que el medio digital no tenga fronteras supone que todos podemos participar en un ejercicio de ciudadanía global utilizando estas herramientas para promover el respeto por los derechos humanos en lugares pequeños y cercanos, y también en solidaridad con personas que viven lejos.

Las formas tradicionales de solidaridad pueden tener ahora un impacto aún mayor al hacerse “virales”. Tomemos como ejemplo los 12 casos sobre los que miles de activistas hicieron campaña en la décima edición de la maratón global de envío de cartas de Amnistía Internacional “Escribe por los derechos”, celebrada en diciembre de 2012. Esta maratón es el mayor evento mundial de defensa de los derechos humanos, y en los últimos años ha incluido mensajes de correo electrónico, peticiones digitales, mensajes SMS, tuits y faxes, hasta llegar a 2 millones de acciones emprendidas, expresando solidaridad, proporcionando apoyo y contribuyendo a la liberación de personas encarceladas a causa de sus creencias.

En Amnistía Internacional vemos en Internet las posibilidades y la promesa radical que nuestro fundador, Peter Benenson, vio hace más de 50 años: la posibilidad de que las personas colaboren traspasando las fronteras para exigir libertad y derechos para todos los seres humanos. El sueño de Benenson se consideró una de las mayores locuras de nuestro tiempo, pero muchos presos de conciencia deben su vida y su libertad a ese sueño. Nos encontramos en un momento decisivo para crear y hacer realidad otro sueño que algunos calificarán de locura. Sin embargo, hoy Amnistía Internacional acepta el reto y exhorta a los Estados a que reconozcan que nuestro mundo ha cambiado y creen las herramientas necesarias para el empoderamiento de todas las personas.

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