Desde julio de 2008 todas las formas de aborto se consideran delito en Nicaragua.
Las mujeres y las niñas que tratan de someterse a un aborto se enfrentan ahora a largas penas de cárcel, incluso cuando han quedado embarazadas a consecuencia de una violación o cuando su vida o su salud corre peligro de seguir adelante con el embarazo.
Además, la ley expone al procesamiento a las mujeres y las niñas que han sufrido un aborto espontáneo, ya que pueden ser falsamente acusadas de haberlo provocado.
Los profesionales de la salud que prestan servicios de aborto para preservar la vida y la salud de las mujeres y las niñas pueden ser objeto de las mismas sanciones, y eso a pesar de que los protocolos actuales sobre buenas prácticas del propio Ministerio de Salud nicaragüense recomienda la interrupción del embarazo para tratar complicaciones obstétricas concretas.
Al prohibir el acceso a los servicios de aborto a las víctimas de violencia sexual, la ley condena a todas las víctimas de violación, incluidas las que aún son niñas, a llevar a término el embarazo, al margen de sus deseos o de los peligros que ello represente para su bienestar físico o mental.
En numerosos casos de violaciones de niñas, el maltratador es un familiar, por lo que la actual ley obliga a muchas a dar a luz a su propio hermano o hermana.
Esta draconiana prohibición repercute con mayor dureza en las mujeres y niñas de entornos más pobres. Las mujeres con pocos recursos económicos y menos opciones seguras pueden verse obligadas a actuar al margen de la ley y buscar abortos clandestinos, poniendo en peligro su salud y arriesgándose a ser encarceladas. Leyes como la de la prohibición total del aborto en Nicaragua dan lugar a un incremento en el número de abortos inseguros e ilegales.
La penalización del aborto y la negación del acceso a servicios de aborto seguros y legales, en los casos en los que la continuación del embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer o la niña o en los que el embarazo es consecuencia de una violación, es una violación grave de los derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua ha dado un enorme paso atrás al adoptar esta ley. Las autoridades deben actuar urgentemente para revocarla y para garantizar el acceso a servicios seguros y legales de aborto cuando la prolongación del embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer o la niña y cuando éstas sean víctimas de violación.
El 28 de septiembre, Amnistía Internacional sumará su voz a un llamamiento regional en favor de la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. Las mujeres y las niñas de Nicaragua y de toda la región tienen derecho a la vida, a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo amenaza de prisión, a llevar a término embarazos que son producto de actos de violencia sexual o que ponen en peligro su salud o su vida.
Foto: Profesional de la salud atiende a una paciente en un hospital público de la ciudad de Ocotal, Nicaragua. ©IPAS
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