Munir Baqir al Jessas, defensor de los derechos humanos saudí y activista de los derechos de la comunidad musulmana chií, se encuentra detenido desde noviembre de 2009, posiblemente por criticar el trato que dispensan las autoridades a la comunidad chií en Arabia Saudí. Transcurridos más de siete meses desde su detención no se han presentado cargos en su contra y permanece recluido sin juicio.

Según los informes, Munir al Jessas fue detenido por escribir artículos que publicaba en Internet en los que abogaba por un mayor respeto a los derechos humanos en Arabia Saudí, especialmente a los derechos de la minoría chií.

Fue detenido la mañana del 8 de noviembre de 2009 en su lugar de trabajo en Dammam, ciudad de la provincia oriental de Arabia Saudí. Pocas horas después, la policía de seguridad registró su domicilio y le confiscó dos ordenadores portátiles, una cámara digital y un disco duro.

Una semana después de la detención de Munir al Jessas, según los informes, su hermana, Bayan al Jassas, recibió una citación para acudir a las oficinas de la agencia de Investigaciones Generales (Al Mabahith al Ama) para ser interrogada al haber ayudado a publicar un artículo en el que se criticaba el trato que dispensa el gobierno a la comunidad chií de Arabia Saudí.

Al parecer, la interrogaron durante seis horas y sólo le permitieron abandonar la oficina de la agencia de Investigaciones Generales después de que accediera a firmar una declaración en la que se comprometía a dejar de escribir sobre el asunto o hacerlo público.

Actualmente Munir al Jessas se encuentra recluido en una prisión que depende de la agencia de Investigaciones Generales en Dammam. Según los informes, permaneció recluido en régimen de aislamiento durante los primeros cuatros meses, durante los cuales se permitió a su esposa visitarlo, aunque en contadas ocasiones. Ahora ya no se encuentra en régimen de aislamiento y sus familiares pueden visitarlo con regularidad.

A Amnistía Internacional le preocupa que Munir al Jessas pueda ser un preso de conciencia, detenido únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y por su promoción de los derechos humanos. De ser así, debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.

Si no, debe ser sometido sin demora a un juicio con las debidas garantías por delitos comunes reconocibles y sin que se pueda recurrir a la pena de muerte.