03 abril 2009
¿Delitos de la CIA y complicidad polaca? Transparencia y rendición de cuentas

En marzo de 2008, la Fiscalía de Varsovia inició una investigación sobre una denuncia que venía haciéndose desde hacía mucho tiempo: la existencia en Polonia, entre 2003 y 2005, de un centro de detención secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

Las personas bajo custodia secreta de la CIA fueron víctimas de tortura y desaparición forzada, y si la investigación prueba la existencia de un “lugar negro” de la CIA en Polonia, las autoridades polacas podrían estar implicadas en algunos de estos delitos. En junio de 2008 se llevó la investigación a la Fiscalía Nacional y se le dio la máxima prioridad.

Amnistía Internacional expresó su satisfacción por el inicio de esta investigación, por considerarlo un importante avance en los esfuerzos por hacer rendir cuentas por las detenciones y traslados ilegales de personas llevados a cabo en Europa o a través de territorio europeo.

No obstante, no es la primera vez que el Estado polaco realiza una investigación sobre estas denuncias. La comisión de servicios secretos del Parlamento polaco realizó ya una investigación limitada en noviembre y diciembre de 2005, que, según, las autoridades, probó de manera concluyente que la CIA no tenía ningún centro secreto de detención en Polonia. Las conclusiones, el alcance y la metodología de esta investigación jamás se han hecho públicos.

Esta vez la investigación tiene que ser diferente. Debe ser rigurosa y transparente. Si se encuentran en ella pruebas de que agentes polacos o estadounidenses cometieron delitos, estos agentes han de ser puestos a disposición judicial. No debe haber inmunidad penal en caso de participación en violaciones de derechos humanos.

Súmate a la campaña emprendida por Amnistía Internacional para pedir al gobierno polaco que garantice que la investigación de la Fiscalía es exhaustiva, independiente y transparente. Los métodos y las conclusiones de la investigación, así como los cargos o las acciones judiciales resultantes, deben hacerse públicos.

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