Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama a los pocos días de haber tomado posesión de su cargo en 2009 prometían acabar con las políticas de detención e interrogatorio ilegales introducidas por la administración Bush tras los atentados perpetrados en el territorio continental estadounidense el 11 de septiembre de 2001. En una de ellas, el presidente Obama pidió a su administración que diera solución a las detenciones de Guantánamo y cerrara este centro en el plazo de un año y que facilitara la suspensión de los procedimientos contra detenidos de Guantánamo ante comisiones militares.

No sólo no se ha cerrado el centro en el tiempo fijado ni se ha establecido un nuevo plazo, sino que además se han reanudado los procedimientos ante comisiones militares y la administración parece decidida a seguir utilizando la detención indefinida sin juicio penal se cierre o no Guantánamo. En la actualidad, la administración está buscando el apoyo del Congreso a sus planes.

Las próximas semanas pueden ser la última oportunidad de influir en si la administración sigue adelante con su decisión de juzgar a cinco detenidos de Guantánamo acusados de participación en los atentados del 11 de septiembre ante tribunales civiles estadounidenses o los remite a una comisión militar para que sean juzgados por ella. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo que los responsables de los atentados del 11 de septiembre sean juzgados con las debidas garantías ante tribunales civiles independientes e imparciales. Si Estados Unidos opta por el juicio ante una comisión militar, los derechos humanos sufrirán un grave revés, y lo mismo ocurrirá si se aprueba legislación que prevea la detención indefinida sin cargos ni juicio.

Renunciar al empleo de comisiones militares

En noviembre de 2009, el fiscal general, Eric Holder, anunció que cinco detenidos acusados de participación en los atentados del 11 de septiembre y contra los que la administración Bush había presentado cargos para que fueran juzgados ante una comisión militar –Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz y Mustafa al Hawsawi– iban a ser trasladados de centro para su procesamiento ante un tribunal civil federal de Nueva York. Sin embargo, cinco meses después, los cinco hombres continúan en Guantánamo y la administración está reconsiderando su decisión. El fiscal general Holder dijo el 14 de abril de 2010 al Comité Judicial del Senado que la administración estaba examinando de nuevo el caso y que se esperaba una decisión en "unas semanas". A la pregunta de en qué foro debían ser juzgados los hombres, respondió que se trababa de una decisión "muy difícil".

En su anuncio de noviembre de 2009, el fiscal general Holder dijo igualmente que se iban a reanudar también los procedimientos ante comisiones militares contra otros cinco detenidos de Guantánamo. A finales de abril de 2010 se reanudaron los procedimientos contra Omar Khadr, de 23 años, que está bajo custodia militar estadounidense desde que tenía 15.

Ni siquiera con arreglo a la Ley de Comisiones Militares revisada que se aprobó en marzo de 2009 cumplen las comisiones militares las normas internacionales. El derecho internacional exige que los juicios se celebren ante tribunales independientes, y las comisiones militares no lo son. El uso de tribunales militares para juzgar a personas no pertenecientes a las fuerzas armadas del Estado cuando se puede hacer ante tribunales civiles es incompatible con el derecho internacional. Asimismo, brindar menor protección judicial debido a la nacionalidad –las comisiones militares no pueden juzgar a ciudadanos estadounidenses– viola el derecho a la igualdad ante la ley. La administración ha indicado que tiene intención de pedir la pena capital para los cinco acusados del 11 de septiembre. Amnistía Internacional se opone totalmente a la pena de muerte, pero incluso órganos de derechos humanos que no consideran que ésta sea intrínsicamente ilegítima han hecho hincapié en que su imposición en un juicio que no se haya ajustado a las más estrictas normas sobre juicios justos constituye una violación del derecho a la vida.

Según informes, el grupo de trabajo interinstitucional creado en virtud de la orden ejecutiva del presidente Obama sobre el cierre de Guantánamo ha recomendado que alrededor de 35 de los hombres detenidos allí sean procesados por Estados Unidos en comisiones federales o militares. Estados Unidos debe renunciar al empleo de comisiones militares en favor de juicios antes sus tribunales federales ordinarios.

Poner fin a la detención indefinida sin juicio penal

A pesar de no haber cumplido e plazo del presidente Obama para cerrar Guantánamo, la administración estadounidense afirma que mantiene su compromiso de cerrarlo. Sin embargo, al mismo tiempo parece decidida a continuar con la política de la detención indefinida sin juicio penal en el caso de decenas de detenidos (y potencialmente, de hecho, en el de detenidos que sean absueltos a la larga en un juicio ante una comisión militar).

El grupo de trabajo sobre los detenidos de Guantánamo ha determinado que Estados Unidos no puede procesar ni dejar en libertad a 48 de ellos, que deben, por tanto, continuar sometidos a detención indefinida sin juicio penal. La administración ha propuesto adquirir el Centro Penitenciario de Thompson, Illinois, para recluir allí a estos detenidos y a los que vayan a ser procesados o a continuar detenidos antes de su traslado. Está buscando el apoyo del Congreso a la propuesta.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo que todo detenido de Guantánamo a quien Estados Unidos pretenda procesar sea acusado formalmente y sometido a juicio penal ante un tribunal independiente e imparcial en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos. Todo detenido a quien Estados Unidos no tenga intención de procesar debe ser puesto en libertad de inmediato.

La decisión de utilizar comisiones militares en vez de tribunales civiles perfectamente disponibles y la ausencia de medidas para poner fin al uso de la detención indefinida sin juicio penal –e impedir además su consolidación por medio de legislación– simbolizarán la continuidad del atentado a las normas internacionales de derechos humanos iniciado con la administración del presidente George W. Bush, se cierre o no el centro de detención de Guantánamo. En cambio, recurrir a la demostrada eficacia del sistema de justicia penal y los tribunales ordinarios será un positivo avance en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos.

Todo plan que se aplique para cerrar el centro de detención de Guantánamo debe garantizar que el cierre no se hace a costa del respeto pleno de los derechos humanos. La decisión de qué foro escoger para los juicios podría tomarse en sólo unas semanas, y la administración está ya buscando el apoyo del Congreso para continuar con el uso de la detención indefinida sin juicio penal.

Ponte en acción ya para impedir este retroceso. Envía la carta que figura a continuación al presidente Obama. También puedes hacérsela llegar copiando y pegando el texto en el formulario de contacto de la Casa Blanca.

Más información: USA: More of the same: New Manual for Military Commissions confirms acquittal may not mean release (29 de abril de 2010).