El 27 de octubre de 2006, el reportero videográfico estadounidense Brad Will murió por disparos en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, cuando filmaba un enfrentamiento entre los integrantes de un movimiento local de protesta (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APPO) y simpatizantes y agentes del partido local en el poder.

Transcurridos tres años, Amnistía Internacional cree que todavía no ha salido a la luz la verdad sobre la muerte de Brad Will. Juan Manuel Martínez, simpatizante del APPO, lleva recluido en espera de juicio desde octubre de 2008 por el asesinato del reportero. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las pruebas que pesan contra él no tienen fundamento y que lo están usando como chivo expiatorio.

Brad Will estaba en México para filmar las protestas y la violencia política generalizadas que habían estallado en la ciudad de Oaxaca en junio de 2006 y que continuaron en 2007. Al menos otras 12 personas murieron allí durante los disturbios y decenas más fueron detenidas ilegalmente y sufrieron malos tratos.

Las investigaciones realizadas por las oficinas de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca y la Procuraduría General de la República hacen hincapié en que Brad Will recibió disparos a corta distancia y en que un testigo vio a Juan Manuel Martínez cerca de la víctima en el momento del tiroteo.

Sin embargo, en un principio este testigo clave no identificó a Juan Manuel Martínez y en realidad no vio cómo disparaban a Brad Will.

Expertos independientes de Physicians for Human Rights (PHR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han revisado las pruebas periciales y han determinado que la conclusión forense oficial –a saber, que los disparos se efectuaron a corta distancia– no tiene base científica.

Tras ganar un recurso contra su auto de prisión, Juan Manuel permanece encarcelado, ya que el juez dictó un segundo auto de prisión. Amnistía Internacional cree que la detención y el procesamiento de Juan Manuel Martínez no están basados en indicios fiables y que parecen obedecer a la necesidad de demostrar que se estaba avanzando en el caso de Brad Will.

Demostrar progresos en la investigación del caso cobró importancia cuando el Congreso de Estados Unidos estableció este requisito como condición para desbloquear parte de la financiación estadounidense de la Iniciativa Mérida, importante programa regional de asistencia y cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y América Central.

La tragedia y la injusticia que supuso la muerte de Brad Will y el procesamiento infundado de Juan Manuel Martínez reflejan que no se ha investigado ni se ha hecho rendir cuentas a los responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en Oaxaca en 2006 y 2007.

En octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México concluyó que en el estado de Oaxaca se habían perpetrado violaciones graves de derechos humanos; atribuyó la responsabilidad de numerosos abusos a varios altos cargos públicos, incluido el gobernador del estado de Oaxaca; y exhortó a que se hiciera rendir cuentas a los responsables, pero las autoridades todavía no han respondido a esta resolución.

Es hora de investigar y enjuiciar imparcialmente el homicidio de Brad Will, sobre la base de indicios fiables y de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.