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Invertir el rumbo de la lucha contra el VIH en Sudáfrica

Tue, 24 Nov 2009 10:25:09 +0000

En Sudáfrica, la epidemia del VIH afecta y se transmite a las mujeres de forma desproporcionada. Según estadísticas oficiales, alrededor de 5,2 millones de personas viven con el VIH en el país. Los índices de contagio entre mujeres de 15 a 35 años es de dos a cuatro veces mayor que entre los hombres del mismo grupo de edad, y una media del 30 por ciento de las mujeres que acuden a clínicas de atención prenatal están infectadas por el VIH.

Como ha observado recientemente el vicepresidente sudafricano, Kgalema Motlanthe, estas marcadas diferencias de género en los índices de prevalencia del VIH están relacionadas con el desempoderamiento de las mujeres, que es uno de los “motores principales de la epidemia”. Con frecuencia, las mujeres no pueden insistir en el uso del preservativo para protegerse del riesgo de que el hombre con el que conviven les transmita el VIH, pues dependen económica o socialmente de éste o se exponen a sufrir violencia.

La pobreza también afecta desproporcionadamente a las mujeres: más de dos quintas partes viven con menos de 500 rands al mes (67 dólares estadounidenses), una proporción mayor que la de los hombres, según una encuesta demográfica de 2008. El gobierno ha ampliado el acceso a servicios integrales de atención del VIH, incluida la provisión de tratamiento antirretroviral contra el sida, pero estos servicios siguen estando disponibles mayoritariamente en hospitales. Para las mujeres que viven en comunidades rurales pobres, los costes de transporte a estos centros a menudo alejados son muy elevados con respecto a sus ingresos. Por tanto, les resulta muy difícil llegar a ellos para comenzar o mantener un tratamiento diario bajo supervisión médica.

Por otra parte, los medios de transporte rurales son a menudo poco fiables. P., que dirige una organización encargada de prestar servicios a mujeres de varias comunidades rurales que viven con el VIH, manifestó su preocupación a Amnistía Internacional. “Si vives en una comunidad rural pobre donde no hay un sistema de transporte de autobús, tienes que subir al único vehículo que circula por esa zona”, explicó. “Si lo pierdes, ya no hay nada, no hay más transporte ese día.”

Las barreras y los retrasos en el acceso a tratamiento adecuado pueden socavar gravemente la salud de una persona que vive con el VIH o que corre el riesgo de estar infectada.

Desde 2007, Sudáfrica aplica una estrategia para combatir la epidemia que goza de un amplio consenso. En una alocución dirigida al Parlamento en octubre de 2009, el presidente Jacob Zuma anunció que el Día Mundial de Lucha contra el Sida “debe ser el día en que empecemos a invertir el rumbo de la lucha contra el sida”. Observó que todavía no se estaba “ganando la batalla" contra el VIH y el sida, y pidió a todas las instancias del gobierno que colaborasen en la aplicación de la estrategia.

Este compromiso renovado de combatir el VIH y el sida, que además es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituye un avance positivo. Sin embargo, como parte del nuevo impulso del gobierno deberán abordarse las necesidades específicas de las mujeres, incluidas las que viven en comunidades rurales y pobres. Para mejorar la disponibilidad de los servicios de salud es fundamental que exista un transporte accesible, asequible y fiable. El gobierno debe dar más importancia a este aspecto, pues se trata de un elemento crucial de la respuesta al VIH y al sida.

¡Actúa! Escribe al ministro de Transporte de Sudáfrica para pedirle que mejore el acceso, especialmente de las mujeres, a los servicios de atención del VIH, creando sistemas de transporte más regulares y asequibles en las zonas rurales.

Lee el Memorándum (en inglés) enviado por Amnistía Internacional al gobierno sudafricano, agosto de 2009 (AFR 53/008/2009).

Pie de foto: Una joven y su tía se dirigen a una parada de autobús para ir al hospital en la provincia de KwaZulu Natal.
Copyright: Chris de Bode/PANOS

Haz que la ONU defienda más eficazmente los derechos de las mujeres

Fri, 23 Oct 2009 08:26:55 +0000

“Si usamos un cubo de agua para lavarnos y empezamos por los pies, el agua se gastará sólo en los pies. Pero si nos echamos el agua por la cabeza, nos lavaremos todo el cuerpo". Defensora de derechos humanos nepalí, explicando cómo puede beneficiar a las mujeres en el ámbito local la creación de una nueva entidad reforzada de la ONU en materia de mujeres. Mesa redonda de la ONG Saathi, Nepal, 2007.

La ONU es una fuerza impulsora en la adopción de nuevas normas y compromisos internacionales destinados a proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, especialmente los de las mujeres que están expuestas a sufrir violencia o que viven en la pobreza. Sin embargo, la ONU no cuenta con mecanismos adecuados ni con suficiente financiación para respaldar la aplicación de estos acuerdos internacionales en el ámbito nacional. Esto ha limitado en todo el mundo las posibilidades de las mujeres de disfrutar plenamente de sus derechos humanos en la práctica.

Las cuatro pequeñas agencias de la ONU dedicadas exclusivamente a las mujeres carecen del estatus y la financiación necesarias y de la debida presencia en los países para lograr que el engranaje más amplio de la ONU y las autoridades nacionales cumplan plenamente sus obligaciones. En ocasiones, otros órganos de la ONU, de mayor envergadura, consiguen cambiar ciertas cosas, pero impulsar los derechos de las mujeres y la igualdad de género suele ser una parte mínima de su mandato. Además, ninguno de esos órganos brinda el apoyo adecuado a la importante labor de las personas que defienden los derechos de las mujeres.

En septiembre de 2009, tras la persistente acción de campaña realizada durante años por defensores y defensoras de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo, los 192 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU adoptaron finalmente una resolución en la que se acordaba la creación de una entidad de la ONU consolidada y reforzada para las mujeres.

"La Asamblea General ha tomado por fin medidas firmes para crear una nueva entidad sobre igualdad de género en vísperas del 15º aniversario de la Conferencia de Pekín sobre la Mujer, que se cumplirá en 2010. Esta iniciativa supone una gran victoria para los derechos de las mujeres y para la coalición de organizaciones de mujeres y de otras organizaciones de la sociedad civil. El próximo paso es garantizar que la entidad creada es fuerte, generadora de cambio y capaz de impulsar la realización de los derechos de las mujeres sobre el terreno con apremio y eficacia.”
Charlotte Bunch, fundadora y directora del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres, Estados Unidos.

Si se pretenden lograr estos objetivos, la nueva entidad destinada a las mujeres debe contar urgentemente con un compromiso político sostenido de todos los gobiernos y con financiación inmediata y abundante, de modo que se garantice su establecimiento efectivo y su funcionamiento satisfactorio.

¡Actúa! Apoya la creación de una nueva entidad reforzada de la ONU para las mujeres.

Protege a los habitantes de las "zonas inseguras" de El Cairo

Tue, 17 Nov 2009 12:24:36 +0000

Tras el mortífero corrimiento de tierras ocurrido en Al Duwayqa en septiembre de 2008, las autoridades egipcias han detectado en El Cairo 26 “zonas inseguras”, donde sus habitantes viven en condiciones que suponen un peligro constante para su vida y su salud.

A principios de año, Amnistía Internacional visitó dos comunidades de Al Duwayqa que siguen viviendo bajo la amenaza de que se produzcan otros corrimientos de tierra. Sus habitantes declaran que no pueden permitirse el traslado a un lugar más seguro y que las autoridades no les han ofrecido ninguna alternativa a su lugar actual de residencia.

Las autoridades egipcias están elaborando planes para solucionar los problemas de las “zonas inseguras” del área metropolitana de El Cairo, pero sin consultar debidamente a las comunidades afectadas.

Asimismo, las autoridades han desalojado por la fuerza a personas de Al Duwayqa sin avisarlas con la debida antelación y sin consultarlas sobre las opciones de reasentamiento.

Muchas familias de Al Duwayqa se han quedado sin hogar y otras muchas corren peligro de sufrir desalojos forzosos.

Pie de foto: Hussein Mahmoud Morsy, a la derecha, con sus vecinos de Al Shohba, Egipto, 3 de agosto de 2009..

Corea del Sur debe dictar una suspensión oficial de las ejecuciones

Mon, 02 Nov 2009 12:26:20 +0000

Tras el nombramiento de Lee Kwi-nam como nuevo ministro de Justicia de Corea del Sur, Amnistía Internacional lo insta a dictar de inmediato una suspensión de las ejecuciones y a conmutar todas las condenas a muerte en Corea del Sur.

Desde comienzos de 2009, Amnistía Internacional ve con preocupación cómo el gobierno surcoreano está dando pasos hacia la reanudación de las ejecuciones.

El 12 de febrero tuvo lugar una reunión consultiva en la que participaron miembros del Gran Partido Nacional, en el gobierno, así como representantes de la Policía Nacional Coreana y de los Ministerios de Justicia y Administración y Seguridad Pública, en la que se debatió si había que ejecutar a los 60 presos actualmente condenados a muerte y si debía aprobarse la pena de cadena perpetua sin posibilidad de conmutación. La reunión se produjo en un contexto de indignación popular tras la detención del presunto asesino de siete mujeres.

A pesar de que Corea del Sur mantiene la pena de muerte en su legislación, las últimas ejecuciones consumadas en el país se llevaron a cabo en diciembre de 1997, cuando se ejecutó a 23 personas.

Desde noviembre de 1999 cuatro proyectos de ley para abolir la pena capital han sido presentados ante sucesivas Asambleas Nacionales de Corea del Sur.

En las cuatro ocasiones, el Comité Permanente para Asuntos Legales y Judiciales de la Asamblea Nacional no concluyó el examen de los proyectos de ley para la abolición de la pena capital antes del fin de los periodos de sesiones de la Asamblea Nacional y, por tanto, los proyectos de ley prescribieron.

Desde 2007, dos nuevos proyectos de ley para abolir la pena capital han sido presentados en la Asamblea Nacional y actualmente se encuentran en fase de deliberación.

En 2008 se impusieron tres nuevas condenas a muerte y en la actualidad hay 60 presos condenados a la pena capital. Amnistía Internacional insta al ministro de Justicia de Corea del Sur a que dicte de inmediato una suspensión de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, según establecen las resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General de la ONU, y a que conmute todas las penas de muerte en el país.

Pie de foto: Día Mundial contra la Pena de Muerte, Corea del Sur, 10 de octubre de 2009. Copyright: Amnistía Internacional

Protección denegada en Turquía: Se detiene ilegalmente a personas refugiadas

Thu, 29 Oct 2009 09:31:06 +0000

Cada año llegan a Turquía, en busca de protección frente a la persecución, miles de personas procedentes de países como Afganistán, Irán e Irak. Muchas son detenidas por las fuerzas de seguridad turcas, recluidas y luego expulsadas, a menudo sin que se siga ningún procedimiento judicial.

Pese a ser parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Turquía se niega a aceptar a refugiados procedentes de países de fuera de Europa. Además, Turquía, como miembro del Consejo de Europa, es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción turca, independientemente de su país de origen.

El 22 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Mohsen Abdolkhani y Hamid Karimnia, refugiados iraníes, habían sido recluidos ilegalmente en Turquía. Tras la resolución judicial, los dos hombres fueron puestos finalmente en libertad el 23 de octubre.

Sin embargo, cientos de personas permanecen detenidas en virtud de disposiciones judiciales turcas que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son ilegales.

Amnistía Internacional ha pedido que se ponga en libertad a todas las demás personas recluidas en virtud de disposiciones que el Tribunal ha decretado ilegales. La organización ha pedido que se revisen las normas que rigen la detención de personas en centros de internamiento para extranjeros, con el fin de prevenir futuras detenciones ilegales.

Imagen: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia. ©APGraphicsBank

Exige justicia por el homicidio de un periodista en Oaxaca

Fri, 23 Oct 2009 16:52:10 +0000

El 27 de octubre de 2006, el reportero videográfico estadounidense Brad Will murió por disparos en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, cuando filmaba un enfrentamiento entre los integrantes de un movimiento local de protesta (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APPO) y simpatizantes y agentes del partido local en el poder.

Transcurridos tres años, Amnistía Internacional cree que todavía no ha salido a la luz la verdad sobre la muerte de Brad Will. Juan Manuel Martínez, simpatizante del APPO, lleva recluido en espera de juicio desde octubre de 2008 por el asesinato del reportero. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las pruebas que pesan contra él no tienen fundamento y que lo están usando como chivo expiatorio.

Brad Will estaba en México para filmar las protestas y la violencia política generalizadas que habían estallado en la ciudad de Oaxaca en junio de 2006 y que continuaron en 2007. Al menos otras 12 personas murieron allí durante los disturbios y decenas más fueron detenidas ilegalmente y sufrieron malos tratos.

Las investigaciones realizadas por las oficinas de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca y la Procuraduría General de la República hacen hincapié en que Brad Will recibió disparos a corta distancia y en que un testigo vio a Juan Manuel Martínez cerca de la víctima en el momento del tiroteo.

Sin embargo, en un principio este testigo clave no identificó a Juan Manuel Martínez y en realidad no vio cómo disparaban a Brad Will.

Expertos independientes de Physicians for Human Rights (PHR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han revisado las pruebas periciales y han determinado que la conclusión forense oficial –a saber, que los disparos se efectuaron a corta distancia– no tiene base científica.

Tras ganar un recurso contra su auto de prisión, Juan Manuel permanece encarcelado, ya que el juez dictó un segundo auto de prisión. Amnistía Internacional cree que la detención y el procesamiento de Juan Manuel Martínez no están basados en indicios fiables y que parecen obedecer a la necesidad de demostrar que se estaba avanzando en el caso de Brad Will.

Demostrar progresos en la investigación del caso cobró importancia cuando el Congreso de Estados Unidos estableció este requisito como condición para desbloquear parte de la financiación estadounidense de la Iniciativa Mérida, importante programa regional de asistencia y cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y América Central.

La tragedia y la injusticia que supuso la muerte de Brad Will y el procesamiento infundado de Juan Manuel Martínez reflejan que no se ha investigado ni se ha hecho rendir cuentas a los responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en Oaxaca en 2006 y 2007.

En octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México concluyó que en el estado de Oaxaca se habían perpetrado violaciones graves de derechos humanos; atribuyó la responsabilidad de numerosos abusos a varios altos cargos públicos, incluido el gobernador del estado de Oaxaca; y exhortó a que se hiciera rendir cuentas a los responsables, pero las autoridades todavía no han respondido a esta resolución.

Es hora de investigar y enjuiciar imparcialmente el homicidio de Brad Will, sobre la base de indicios fiables y de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.

El gobierno de la India debe poner fin a los 25 años de injusticia que lleva padeciendo Bhopal

Fri, 23 Oct 2009 14:31:43 +0000

Poco antes de la medianoche del 2 de diciembre de 1984 se produjo un escape de miles de toneladas de sustancias químicas mortales procedentes de la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, en el centro de India. El escape afectó a alrededor de medio millón de personas. Entre 7.000 y 10.000 murieron en los días inmediatamente posteriores y otras 15.000 a lo largo de los 20 años siguientes.

El 2 de diciembre de 2009, los habitantes de Bhopal celebrarán el 25 aniversario del escape de consecuencias devastadoras. Amnistía Internacional se les unirá para poner de relieve el impacto que sobre los derechos humanos sigue teniendo el escape de 1984.

Pese a que ha transcurrido ya un cuarto de siglo, el emplazamiento de la fábrica sigue sin haberse limpiado y más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud. Las iniciativas para ofrecer rehabilitación –atención médica y medidas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del escape– no han llegado a cubrir las necesidades de estas personas.

Muchas de las personas afectadas continúan esperando una indemnización justa, y nunca se han investigado adecuadamente todas las circunstancias relativas al escape y sus consecuencias. Nadie ha rendido cuentas por lo sucedido en Bhopal, y los intentos de las organizaciones de supervivientes de utilizar los sistemas judiciales de India y Estados Unidos para que se haga justicia y se les ofrezca un resarcimiento adecuado han sido infructuosos.

Bhopal no es sólo una tragedia para los derechos humanos que se produjo el siglo pasado: es una burla para los derechos humanos en la actualidad. El legado de Bhopal pervive porque sus habitantes nunca han podido reivindicar sus derechos. Es más, los efectos negativos del escape afectan a las nuevas generaciones.

El gobierno indio lleva 25 años fallándole a la población de Bhopal. Las promesas se han incumplido reiteradamente y nunca se han tomado las medidas necesarias para abordar las consecuencias del escape de gas. Mientras los habitantes de Bhopal han luchado por obtener siquiera una asistencia humanitaria básica como es el agua sin contaminar, las empresas involucradas han eludido responsabilidades y han obstaculizado las iniciativas de las víctimas para garantizar la reparación.

Más información
Gira europea del autobús de Bhopal (blog Livewire, en inglés)

Pide al fabricante de químicos que tome cartas en la situación de Bhopal

Tue, 20 Oct 2009 10:00:04 +0000

El 2 de diciembre de 2009, los habitantes de Bhopal celebrarán el 25 aniversario del escape de consecuencias devastadoras. Amnistía Internacional se les unirá para poner de relieve el impacto que sobre los derechos humanos sigue teniendo el escape de 1984.

Union Carbide –empresa que actualmente es propiedad de The Dow Chemical Company– abandonó Bhopal sin tan siquiera descontaminar adecuadamente el emplazamiento.

Pese a que ha transcurrido ya un cuarto de siglo, el emplazamiento de la fábrica sigue sin haberse limpiado limpiar y más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud. Las iniciativas para ofrecer rehabilitación –atención médica y medidas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del escape– no han llegado a cubrir las necesidades de estas personas.

Muchas de las personas afectadas continúan esperando una indemnización justa, y nunca se han investigado adecuadamente todas las circunstancias relativas al escape y sus consecuencias. Nadie ha rendido cuentas por lo sucedido en Bhopal, y los intentos de las organizaciones de supervivientes de utilizar los sistemas judiciales de India y Estados Unidos para que se haga justicia y se les ofrezca un resarcimiento adecuado han sido infructuosos.

Bhopal no es sólo una tragedia de derechos humanos del siglo pasado; es también una burla para los derechos humanos en la actualidad.

Más información
Gira europea del autobús de Bhopal (blog Livewire, en inglés)

Defender los derechos humanos mientras se hace frente al cambio climático

Tue, 29 Sep 2009 11:46:42 +0000

A menos que los Estados emprendan sin demora acciones adecuadas para abordar sus efectos, el cambio climático puede convertirse en una grave amenaza para la realización de los derechos humanos, siendo las personas que ya viven en la pobreza las que antes y de modo más agudo sentirán su impacto.

Cuando la atención mundial se centra en la próxima cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en diciembre en Copenhague, urge más que nunca poner los derechos humanos sobre la mesa.

Entre los cambios observados y previstos atribuibles al cambio climático se encuentran la reducción de la cubierta de nieve; la disminución del hielo marino y el deshielo de los casquetes polares; la elevación del nivel del mar; el aumento de la frecuencia de los fenómenos de calor extremo y de las olas de calor; el incremento de las zonas afectadas por la sequía; y el aumento de la intensidad de los ciclones tropicales.

Existe una relación intrínseca entre esos impactos medioambientales y la capacidad de realizar una serie de derechos humanos. Si los Estados no actúan con eficacia para frenar el cambio climático, se producirán violaciones generalizadas del derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación y a la vivienda. El desabastecimiento grave de agua y la reducción de la productividad de los cultivos en la región más pobre del mundo, sólo por poner dos ejemplos, socavarán los derechos de millones de personas.

Las respuestas de los Estados a la amenaza del cambio climático deben garantizar la protección de los derechos humanos. Las estrategias de adaptación (preparación para los efectos adversos previsibles del cambio climático) y de mitigación (desaceleración del cambio climático y reducción de sus efectos adversos) deben estar firmemente enraizadas en un análisis de derechos humanos de las obligaciones jurídicas de los Estados. Amnistía Internacional cree que los siguientes principios y derechos deben constituir una parte integral de los esfuerzos para abordar el cambio climático:

No discriminación: Los efectos del cambio climático se dejarán sentir desproporcionadamente en las personas que también son vulnerables a los abusos contra los derechos humanos debido a factores como la pobreza, la edad, el género, la raza, el origen étnico, la discapacidad o cualquier otra condición. Las políticas relativas al cambio climático no deben ser discriminatorias y deben garantizar la protección contra la discriminación, en especial de los grupos más vulnerables.
Libertad de información: El acceso a la información es fundamental para abordar el cambio climático. Los Estados deben promover y facilitar el flujo de información sobre el cambio climático y las medidas adoptadas para abordarlo. También tienen el deber de difundir información sobre los riesgos medioambientales.
Derecho a la participación activa: Los Estados deben llevar a cabo consultas adecuadas y significativas con las personas afectadas, implicándolas en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas que van a conformar sus vidas. También deben garantizar la participación de la sociedad civil, incluidos los representantes de los grupos vulnerables, en el diseño de las estrategias nacionales de adaptación y mitigación.
Derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión: El derecho a protestar pacíficamente contra la acción u omisión del gobierno en relación con el cambio climático es una salvaguardia fundamental que debe ser respetada y protegida. Las personas deben disfrutar del derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, y no deben sufrir persecución ni acoso de ninguna índole por ejercer estos derechos humanos.
Rendición de cuentas y derecho a un recurso efectivo: Si la acción u omisión del Estado en relación con el impacto del cambio climático diese lugar a violaciones de derechos humanos, las víctimas deben tener acceso a un recurso efectivo.

Protección denegada en Turquía: detención ilegal de refugiados

Mon, 28 Sep 2009 17:19:59 +0000

Todos los años, millares de personas de países como Afganistán, Irak e Irán llegan a Turquía en busca de protección contra la persecución. Muchas de ellas son detenidas por las fuerzas de seguridad turcas y permanecen recluidas hasta su expulsión, que a menudo se lleva a cabo sin seguir ningún procedimiento legal.

Aunque es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Turquía se niega a admitir a los refugiados que llegan de países no europeos. Además, como miembro del Consejo de Europa, Turquía es Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción turca cualquiera que sea su país de origen.

El 22 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se pronunció sobre el caso de dos refugiados iraníes, Mohsen Abdolkhani y Hamid Karimnia. El Tribunal consideró los hechos ocurridos desde junio de 2008, cuando ambos hombres fueron detenidos en Turquía, se vieron privados arbitrariamente del acceso a los procedimientos turcos de asilo y quedaron expuestos a ser expulsados de inmediato.

El Tribunal determinó que los dos hombres, que se encuentran actualmente bajo custodia en Turquía, llevaban más de un año detenidos ilegalmente en el país y que las autoridades no habían cumplido con su obligación de protegerlos contra el riesgo real de ejecución o maltrato que corrían si eran devueltos a Irán o a Irak. El Tribunal señaló que le sorprendía que las autoridades administrativas y judiciales turcas hubieran permanecido totalmente pasivas ante las serias alegaciones de los demandantes sobre el riesgo que corrían de sufrir malos tratos si los devolvían a Irán o a Irak.

Amnistía Internacional escribió en agosto al ministro del Interior de Turquía para expresar su preocupación por el hecho de que estos dos hombres y siete refugiados más se hallaran recluidos en el centro de internamiento para extranjeros de Kirklareli a pesar de que se había suspendido su expulsión de Turquía por decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En su carta, la organización ponía de relieve que la detención de estos refugiados era ilegal y expresaba el temor de que se estuviera utilizando de hecho como medida punitiva con que disuadir a otras personas de presentar demandas ante el Tribunal.

El fallo pronunciado en este caso representa una importante decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría afectar a decenas de personas más que se encuentran también recluidas en centros de internamiento para extranjeros de Turquía.

Imagen: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia ©APGraphicsBank