Amnesty International Appeals for Action Feed

Haz que los derechos humanos se conviertan en realidad en Túnez

Wed, 25 Jun 2008 16:25:31 +0100

Una cruda e inquietante realidad se esconde tras la imagen de Túnez como paraíso turístico y modelo de derechos humanos que el gobierno ha intentado vender. Lo cierto es que se trata de un país en el que proliferan y quedan impunes las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Saber Ragoubi fue juzgado sin las debidas garantías y condenado a muerte en diciembre de 2007, en gran medida sobre la base de información obtenida de él y de otros encausados mediante tortura. En su juicio, Saber Ragoubi afirmó: “Me agredieron en la prisión de Mornaguia y perdí tres incisivos; solicito una investigación sobre la agresión. También me desnudaron para obligarme a afeitarme la barba.” Más información sobre este caso

Houssine Tarkhani fue devuelto a Túnez desde Francia y detenido a su llegada en junio de 2007. Ha sido acusado formalmente de delitos terroristas y está en espera de juicio. Cuando pudo hablar con su abogado en 2007 afirmó: “Me pegaron con un palo por todo el cuerpo, me aplicaron descargas eléctricas y me amenazaron de muerte. Cuando pedí leer el informe policial, que me habían obligado a firmar sin leer, volvieron a pegarme”. Más información sobre este caso

Las políticas y prácticas antiterroristas y de seguridad del gobierno tunecino están causando graves violaciones de derechos humanos, a pesar de las reformas legales que, en teoría, ofrecen mayor protección.

Haz un llamamiento a las autoridades tunecinas para que cumplan los compromisos adquiridos de respetar los derechos humanos.

Tú puedes ayudar a que mejore la situación de los derechos humanos en Túnez actuando en favor de Saber Ragoubi y Houssine Tarkhani. Envía una carta o un fax a las autoridades tunecinas utilizando las cartas modelo y pidiendo justicia para ellos.

Poner fin a las entregas extraordinarias y las detenciones secretas: el deber de Europa

Tue, 24 Jun 2008 17:38:49 +0100

Algunos Estados europeos se han visto implicados en el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas dirigido por Estados Unidos, en el marco del cual se ha detenido ilegalmente a personas y se las ha trasladado de un país a otro al margen de todo proceso judicial.

Algunas de estas personas estaban bajo custodia estadounidense y han sido trasladadas a países donde se sabe que los interrogatorios van acompañados de tortura y otros malos tratos; otras han sido transferidas a las fuerzas estadounidenses para dejarlas bajo su custodia y han sido recluidas entonces en centros de detención de Afganistán y Guantánamo, Cuba.

Varias personas han sido objeto de desaparición forzada, en algunos casos bajo custodia secreta de la CIA, y sigue sin conocerse el paradero de alrededor de una treintena. Todas las víctimas de entrega extraordinaria entrevistadas por Amnistía Internacional han dicho que fueron torturadas o sometidas a otros malos tratos bajo custodia.

En investigaciones realizadas por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo se ha recomendado que los Estados miembros tomen medidas para impedir que se repitan estas violaciones de derechos humanos en el futuro y para garantizar resarcimiento, incluida reparación, a las víctimas. Hasta la fecha, estas recomendaciones no se han aplicado.

Amnistía Internacional insta a Indonesia a ratificar el Estatuto de Roma

Fri, 02 May 2008 16:26:36 +0100

Amnistía Internacional hace un llamamiento a Indonesia para que cumpla su compromiso de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 2008.

En 2004, el presidente de Indonesia aprobó el Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos, en el que resulta significativa la afirmación de que el país tenía intención de ratificar el Estatuto de Roma en 2008.

Sin embargo, aunque 2008 está ya casi mediado, sigue sin saberse con certeza si Indonesia va a alcanzar su objetivo. En particular, cabe señalar que aún no se ha promulgado la legislación interna necesaria para la cooperación con la Corte Penal Internacional.

Amnistía Internacional ha pedido a Indonesia que tome todas las medidas necesarias para ratificar el Estatuto de Roma este año y demostrar su compromiso con los esfuerzos por poner fin a la impunidad de las peores violaciones de derechos humanos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente e independiente, creado por la comunidad internacional para perseguir los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En virtud de un sistema de complementariedad, sólo actúa cuando las autoridades nacionales no pueden abrir investigaciones ni enjuiciamientos o no están dispuestas a hacerlo.

El Estatuto de Roma se aprobó en una conferencia internacional celebrada en dicha ciudad el 17 de julio de 1998. Hasta la fecha lo han ratificado 106 países, más de la mitad del mundo. La Corte Penal Internacional, que comenzó su actividad el 1 de julio de 2002, ha iniciado ya cuatro investigaciones, sobre crímenes cometidos en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Darfur (Sudán) y Uganda. Se espera que su primer juicio dé comienzo este año.

Llamamiento a la liberación de un preso nigeriano

Fri, 18 Apr 2008 17:46:17 +0100

Patrick Okoroafor sólo tenía 14 años cuando lo detuvieron en mayo de 1995. Dos años después fue condenado a muerte por robo junto con otras seis personas. No tuvo derecho a interponer un recurso y, según informes, fue torturado mientras permanecía bajo custodia policial.

En 2001 se determinó que su condena había sido “ilegal, nula y sin efecto”, pero no fue puesto en libertad. Sigue encarcelado (en la práctica, en detención indefinida) en la prisión de Aba, estado de Abia, por lo que ha pasado casi la mitad de su vida recluido.

“Patrick sólo fue a la comisaría porque la policía quería inspeccionar un vehículo que mi madre había comprado a uno de los otros sospechosos. Fue entonces cuando lo arrestaron. Intentamos que lo pusieran en libertad, pero la policía se negó”, explica su hermano. Éste afirma que Patrick fue torturado por la policía nigeriana, que lo golpeó y le arrancó los dientes con tenazas.

Al igual que otro de los seis acusados, Chidiebere Onuoha, que tenía 15 años en el momento del arresto, Patrick solicitó un indulto en razón de la edad. El 18 de julio de 1997 se conmutó la condena de Patrick por cadena perpetua, pero Chidiebere Onuoha y los otros cinco hombres fueron ejecutados públicamente.

Los años de prisión han causado graves estragos en la salud de Patrick: padece ataques de asma que, según las autoridades de la prisión, son “frecuentes y ponen en peligro su vida”, y su estado “empeora día a día”.

En noviembre de 2001, Patrick solicitó un indulto en el que escribía lo siguiente: “El proceso ante el tribunal fue una pesadilla porque soy completamente inocente de los delitos que se me imputan; he pasado estos años de cárcel inmerecida llorando, rezando y leyendo […]”. El gobernador del estado de Imo denegó el indulto en marzo de 2002.

Amnistía Internacional, junto con el Colegio de Abogados de Nigeria y ONG nigerianas, ha pedido su liberación.

Descubiertos miles de cadáveres en fosas comunes de Cachemira

Fri, 18 Apr 2008 12:28:23 +0100

En la zona de Jammu y Cachemira administrada por India se han encontrado cientos de fosas sin identificar que se cree que contienen cadáveres de víctimas de homicidios ilícitos, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno indio a emprender investigaciones urgentes sobre las fosas comunes, en las que se sospecha que yacen los restos de víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto armado que asola la región desde 1989.

Así lo denuncia el informe Facts under Ground (“Hechos enterrados”), publicado el 29 de marzo por la Asociación de Padres y Madres de Personas Desaparecidas, que tiene su sede en Srinagar. El informe expone la existencia de numerosas fosas comunes a las que no se puede acceder sin autorización específica de las fuerzas de seguridad debido a su proximidad a zonas controladas por Pakistán. Según la información recibida, sólo en el distrito de Uri se han descubierto desde 2006 los restos de al menos 940 personas en 18 pueblos diferentes.

El ejército indio ha alegado que los cadáveres encontrados corresponden a rebeldes armados y a “extremistas extranjeros” a quienes se dio muerte de forma legítima en enfrentamientos armados. Sin embargo, el informe recoge testimonios de habitantes de la zona, según los cuales la mayoría de los cuerpos enterrados pertenecen a personas procedentes del estado.

Asimismo, el informe denuncia que desde 1989 han desaparecido más de 8.000 personas en Jammu y Cachemira. Las autoridades indias rebajan esta cifra a menos de 4.000, y afirman que la mayoría de ellas han ido a Pakistán para unirse a grupos armados de oposición.

En 2006, un informe de la policía estatal confirmó que desde 1989 habían muerto bajo custodia 331 personas y otras 111 habían sido sometidas a desaparición forzada tras su detención.

Los homicidios ilegítimos, las desapariciones forzadas y la tortura violan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario –cuyos principios se reflejan en tratados en los que India es Estado Parte– y también constituyen crímenes de carácter internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de India que condene de forma inequívoca las desapariciones forzadas que han tenido lugar en Jammu y Cachemira y que garantice que personal experto forense emprenda de inmediato investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales en todos los lugares de la región en los que han aparecido fosas comunes, de conformidad con el Protocolo Modelo de la ONU de Exhumación y Análisis de Restos Óseos.

Deben investigarse todas las denuncias de desapariciones forzadas, tanto cometidas en el pasado como en el presente, y, cuando haya pruebas suficientes, todo presunto responsable de tales delitos deberá ser procesado en un juicio con las debidas garantías y todas las víctimas deberán obtener plena reparación.

Darfur: los niños y niñas del conflicto

Wed, 09 Apr 2008 17:38:48 +0100

Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) llegaron a la zona el 31 de diciembre de 2007, pero para los niños y niñas de la región apenas ha habido cambios. Desde diciembre se han producido diversos ataques de fuerzas del gobierno y milicias armadas.

En todos los ataques ha habido muertes y desplazamientos de hombres, mujeres y menores. El gobierno de Sudán y grupos armados han continuado obstaculizando el despliegue efectivo de la UNAMID.

El 9 de febrero de 2008, el gobierno de Sudán y la UNAMID firmaron el Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que establece el marco legal para el funcionamiento de la UNAMID. Las fuerzas de mantenimiento de la paz, sin embargo, aún no cuentan con armamento y recursos humanos suficientes y no protegen de modo efectivo a la población civil.

Una generación de darfuríes crece en medio de un temor e inseguridad extremos. De los cuatro millones de personas afectadas por el conflicto que se libra en Darfur, 1,8 millones son menores de 18 años.

El número de personas desplazadas asciende a 2,3 millones, de los que un millón son menores. Desde abril de 2006, 120.000 niños y niñas han quedado desplazados por el conflicto.

En febrero de 2008, fuerzas sudanesas y milicias respaldadas por el gobierno atacaron localidades de Darfur Occidental. Tras los ataques se desconocía la suerte que habían corrido 800 menores de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.

Este mes de abril, los niños y las niñas de Darfur que cumplan cinco años no habrán conocido nunca la paz; cinco años en los que la comunidad internacional no ha respondido del modo adecuado a la magnitud de la crisis.

Muchos de los menores que viven en los campos están traumatizados por lo que han visto, y los que residen fuera de ellos viven con el temor de que sus localidades sean atacadas. Las escuelas han quedado reducidas a cenizas.

Dentro y fuera de los campos, los menores tienen ante sí un futuro incierto, y algunos son reclutados, voluntariamente o por la fuerza, para convertirse en niños y niñas soldados. Hoy en día, la atmósfera de miedo, incertidumbre y aumento de la violencia sexual y doméstica pone en peligro su seguridad. La falta de acceso a la educación hace peligrar su futuro.

Hu Jia, condenado a tres años y medio de cárcel

Fri, 04 Apr 2008 10:37:13 +0100

El activista de derechos humanos chino Hu Jia ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”.

Tras pasar meses bajo arresto domiciliario, Hu Jia fue detenido el 27 de diciembre de 2007. El 28 de enero de 2008 se presentaron formalmente cargos contra él, y el 18 de marzo fue juzgado en el Tribunal Popular Municipal Intermedio núm. 1 de Pekín.

"Esta sentencia es un castigo contra Hu Jia por criticar públicamente las violaciones de derechos humanos en China, y una advertencia a cualquier otro activista de China que se atreva a plantear públicamente cuestiones de derechos humanos”, ha dicho Amnistía Internacional.

“También convierte en una burla las promesas de las autoridades chinas de mejorar la situación de los derechos humanos en el periodo previo a los Juegos Olímpicos.”

Antes de su detención oficial, Hu Jia había expresado públicamente su preocupación por los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía en Pekín, como la detención de activistas sin ajustarse al debido procedimiento legal. Esto fue lo que ocurrió con el activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin y el defensor de los derechos humanos Lu Gengsong, ambos detenidos también por cargos de subversión.

Durante su detención, Hu fue sometido a 47 interrogatorios largos y reiterados. No pudo acceder a su abogado, ver a sus familiares ni recibir tratamiento médico, ni siquiera la medicación que necesita tomar diariamente para la enfermedad hepática que padece a consecuencia de una infección por hepatitis B. Su esposa, Zeng Jinyan, sigue bajo arresto domiciliario junto con su hija de meses.

Amnistía Internacional considera a Hu Jia preso de conciencia y ha exigido su puesta en libertad inmediata e incondicional. La organización insta al Comité Olímpico Internacional y a los dirigentes mundiales que han apostado por las Olimpiadas a que expresen públicamente su preocupación por la difícil situación que atraviesan tanto él como otros muchos activistas pacíficos en China que han sido silenciados en el periodo previo a las Olimpiadas. De no denunciar la situación, se produciría una “conspiración de silencio” que las autoridades percibirían como apoyo tácito de tal represión.

Hu comenzó como activista sobre cuestiones relacionadas con el sida en 2001. Es cofundador del Instituto Aizhixing de Educación sobre Salud de Pekín y de Loving Source, organización de base dedicada a ayudar a niños y niñas procedentes de familias con sida.

Sin embargo, debido a sus actividades y a su franqueza al exponer sus opiniones, Hu Jia ha sido hostigado y golpeado reiteradamente por la policía. Según su esposa, Zeng Jinyan: “Sin contar una vez, en 2002, en que la policía detuvo a Hu mientras entrevistaba a unos habitantes de un pueblo en el que había un gran número de casos de sida, el 3 de abril de 2008 habrá pasado exactamente cuatro años bajo diversas formas de encarcelamiento”.

Hu amplió su campo de acción y comenzó a informar sobre una gama más amplia de violaciones de derechos humanos y a dar entrevistas a los medios de comunicación extranjeros. En noviembre de 2007 participó mediante una webcam en una sesión parlamentaria de la Unión Europea en Bruselas, en la que afirmó que China no había cumplido sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos antes de las Olimpiadas.

En un artículo publicado el 10 de septiembre de 2007 en su blog, Hu Jia afirmaba: "Todo el mundo debe saber que el país que está a punto de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos no tiene elecciones democráticas, libertad de culto ni tribunales o sindicatos independientes. Prohíbe las manifestaciones y las huelgas. Es un Estado donde la tortura y la discriminación son prácticas muy extendidas, y que emplea un enorme sistema de policía secreta. Se trata de una nación que viola las normas de derechos humanos y la dignidad humana, y no está dispuesta a cumplir sus obligaciones internacionales”.

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, celebrada en Pekín el 28 de febrero de 2008, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, afirmó: “Nadie será detenido por decir que los derechos humanos son más importantes que los Juegos Olímpicos. Eso es imposible”.

Amnistía Internacional cree que esta sentencia invalida la idea de que los ciudadanos chinos son libres de tener opiniones y decir lo que piensan sin sufrir represalias de las autoridades, y es una advertencia para otros activistas de China que podrían atreverse a plantear públicamente motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos.

Hu Jia en su domicilio tras haber sido detenido en régimen de incomunicación, Pekín, julio de 2006.

¡Permiso denegado! Activista en favor del derecho a la vivienda encarcelado

Tue, 01 Apr 2008 11:54:35 +0100

Ye Guozhu, activista a favor del derecho a una vivienda, cumple una condena de cuatro años de prisión que le fue impuesta por solicitar permiso para celebrar una manifestación en contra de los desalojos forzosos en Pekín.

En diciembre de 2004, Ye Guozhu, que entonces tenía 49 años, fue declarado culpable de “buscar pelea y armar líos” tras oponerse a la expropiación y demolición de propiedades para dejar sitio a nuevos proyectos de construcción para los Juegos Olímpicos que tendrán lugar este año.

El restaurante y la vivienda de Ye Guozhu se encontraban entre las numerosas propiedades expropiadas cuando autoridades del distrito pekinés de Xuanwu se pusieron de acuerdo con algunos promotores inmobiliarios para obligar a un gran número de personas residentes en la ciudad a trasladarse de lugar. No recibió ninguna indemnización.

Según los informes ha sido torturado bajo custodia. Agentes de policía lo colgaron del techo por los brazos y lo golpearon repetidas veces mientras permanecía detenido de forma preventiva, y hacia finales de 2006 fue golpeado con porras eléctricas en la prisión pekinesa de Chaobai.

Lo han trasladado dos veces a la prisión de Qingyuan para someterlo a periodos de “disciplina”, la última en febrero de 2007 por un periodo de 10 meses, al parecer porque había intentado recurrir contra su sentencia.

Las autoridades chinas no han confirmado ni han desmentido estos informes, aunque fuentes oficiales han confirmado que estaba recibido tratamiento por “hipertensión” arterial. También han confirmado que se encontraba recluido en la prisión de Chaobai y que su liberación estaba prevista para el 26 de julio de 2008.

Según los informes recibidos por la organización, las autoridades penitenciarias le facilitan sólo medicación básica contra la hipertensión y no permiten a sus familiares llevarle medicinas. Al parecer, Ye Guozhu permanece encarcelado en régimen de incomunicación durante su reclusión “disciplinaria” en la prisión de Qingyuan.

A finales de septiembre de 2007 la policía de Pekín detuvo a Ye Mingjun y Ye Guoqiang, hijo y hermano de Ye Guozhu respectivamente, por "incitar a la subversión”. Habían protestado contra los desalojos forzosos que, según los informes, se han llevado a cabo para dejar sitio a nuevas construcciones para las Olimpiadas de Pekín.

Ye Mingjun fue puesto en libertad bajo fianza en octubre de 2007, pero le advirtieron de que no hablara con los medios de comunicación ya que ello podría tener un “impacto negativo” sobre su situación y la de su padre. Ye Guoqiang fue liberado bajo fianza en enero de 2008, pero a condición de que no se pusiera en contacto con ninguna persona en el extranjero ni continuase con sus actividades reivindicativas.

El desarrollo de Pekín con motivo de los preparativos para las Olimpiadas ha conllevado el derribo de numerosas viviendas. Según Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, 6.037 familias se han visto desplazadas como consecuencia de los preparativos de los Juegos Olímpicos desde 2002 hasta junio de 2007.

El Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, con sede en Ginebra, calcula que más de 1.250.000 personas se han visto desplazadas en Pekín como consecuencia de los proyectos de remodelación urbana, algunos de ellos directamente relacionados con los proyectos de construcción para las Olimpiadas de Pekín, y que esa cifra se elevará probablemente a un millón y medio en agosto de 2008. Según los informes, muchas personas han sido desalojadas sin plenas garantías procedimentales ni el debido proceso y sin indemnizaciones adecuadas.

A los vecinos se les realoja por lo general en viviendas situadas en la periferia que, según los informes, suelen ser de mala calidad. En ocasiones, las empresas inmobiliarias –a menudo propiedad de las mismas autoridades locales que desalojaron a los inquilinos o asociadas con ellas– venden después los terrenos a promotores inmobiliarios con pingües beneficios.

Los desalojos forzosos constituyen una violación de los derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que China ha ratificado. Aunque el gobierno chino ha adoptado algunas medidas para garantizar que no se lleven a cabo desalojos forzosos, la aplicación de estas leyes y normativas sigue siendo muy limitada.

Amnistía Internacional considera a Ye Guozhu preso de conciencia, encarcelado únicamente por sus convicciones pacíficas, y pide su liberación inmediata e incondicional.

Asimismo, la organización pide al gobierno chino que ponga fin a los desalojos forzosos llevados a cabo sin las garantías jurídicas apropiadas, sin el debido proceso, sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado proporcionado por el gobierno a las personas que no puedan procurárselo por sí mismas y sin indemnización adecuada para cada propiedad afectada.

Ha llegado la hora de poner en libertad a Aung San Suu Kyi

Tue, 25 Mar 2008 15:59:06 +0000

Se tiene conocimiento de que en Myanmar (antigua Birmania) hay más de 1.850 presos y presas políticos y de conciencia. La más conocida es Daw Aung San Suu Kyi.

Cofundadora del principal partido de oposición, la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi es también una de las figuras políticas y de las activistas de derechos humanos más conocidas del país.

Desde 1989, Aung San Suu Kyi ha sido víctima de detenciones no oficiales y arrestos domiciliarios, y se ha restringido su libertad de circulación, medidas todas ellas encaminadas a impedir que se convierta en la máxima dirigente del país. Desde julio de 2003 se encuentra bajo arresto domiciliario.

Aung San Suu Kyi es miembro también de la organización internacional The Elders, pero, al estar sometida a un estricto arresto domiciliario, no puede participar en las actividades organizadas por este grupo para celebrar y promover el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su continuada ausencia constituye un elocuente recordatorio de la implacable represión existente en Myanmar y de lo que hay que hacer para hacer realidad los derechos humanos.

Para más información sobre Daw Aung San Suu Kyi, véase:
Dieciocho años de persecución en Myanmar

El Día Internacional de la Mujer: Escuelas Seguras. El derecho de cada niña

Sat, 01 Mar 2008 15:30:58 +0000

El Día Internacional de la Mujer es el momento de celebrar los logros de las mujeres y mirar hacia delante, con la vista puesta en las interesantes oportunidades que aguardan a las mujeres. La clave para un futuro brillante es poder elegir. Las mujeres deben ser libres para elegir el camino que les conviene, un camino que las mantenga a salvo y les permita avanzar y desarrollar todo su potencial.

La educación es un paso crucial en este viaje. Es fundamental para romper el círculo vicioso de la pobreza, la violencia y la enfermedad. La educación es un derecho humano, y por tanto es el derecho de cada niña.

A punto de cumplirse el centenario del Día Internacional de la Mujer, y 60 años después de que se consagraran los derechos humanos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las niñas de todo el mundo encuentran una serie de barreras a la educación:

Las niñas son agredidas de camino a la escuela o en los patios escolares y soportan las burlas de sus compañeros de clase. Sufren amenazas de agresión sexual de otros estudiantes, son obligadas por los profesores a mantener relaciones sexuales, e incluso son violadas en la sala de profesores.
En países azotados por la guerra, los grupos armados son un peligro para las niñas, así como los ataques a sus escuelas. Los abusos sexuales y la explotación son problemas para las niñas que viven en campos de personas refugiadas o desplazadas internas.
Algunas niñas corren mayor peligro de sufrir violencia en la escuela. Ciertos aspectos de su identidad, como su sexualidad, su condición de migrantes, huérfanas o refugiadas, su casta, su etnia y su raza, pueden incrementar el riesgo de sufrir abusos.
Aunque todos los niños y niñas deben tener acceso a la enseñanza primaria, las escuelas de todo el mundo suelen cobrar tasas. Las niñas tienen más probabilidades que los niños de verse excluidas de las escuelas cuando no hay dinero suficiente para pagar su educación.

La violencia hace que innumerables niñas no lleguen a ir a la escuela, abandonen los estudios o no participen plenamente en las actividades escolares. Los efectos de esta situación son dolor, miedo, baja autoestima, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y depresión. En muchos casos, los abusos no se denuncian.

El problema se agrava porque a menudo las niñas deciden no denunciar, al tratarse de un tema tabú en algunas sociedades o por miedo a sufrir represalias. Esto hace que se denuncien muchos menos actos de este tipo de los que realmente se producen y que sus autores queden impunes.

Nada justifica la inacción. No se trata de un asunto de recursos, sino de voluntad política. Gobiernos, maestros y autoridades escolares deben colaborar para evitar la violencia contra las niñas en los colegios, investigar sin demora los informes de abusos, imponer castigos adecuados a los autores, apoyar la recuperación de quienes han sufrido violencia y asegurarse de que tales abusos no vuelven a producirse.

Únete a la campaña de Amnistía Internacional para proteger los derechos de las niñas a la seguridad, la igualdad y la educación. Haz que las escuelas sean lugares seguros para las niñas.

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No más violencia contra las mujeres