Hace un año, el 5 de junio de 2009, una protesta llevada a cabo por la población indígena contra la explotación de recursos naturales en tierras que habían ocupado ancestralmente se saldó con la muerte de 33 personas.

Otras 200 personas resultaron heridas cuando la policía disolvió la protesta, que tuvo lugar durante 50 días en el tramo de carretera conocido como la Curva del Diablo, que conduce a Bagua y Bagua Grande, en el departamento de Amazonas, Perú.

De las personas que murieron, 23 eran agentes de policía, 5 eran vecinos de la zona y 5 eran indígenas. Hasta la fecha sigue sin conocerse la suerte que ha corrido un agente de policía.

La población indígena protestaba contra la aprobación de leyes relativas a la explotación de recursos naturales en tierras que habían ocupado ancestralmente. Estas leyes habían sido aprobadas sin consultarles y podían afectar a sus derechos.

En el Convenio 169 de la OIT, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se reconoce su derecho a que se les consulte sobre cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte.

El 27 de mayo fue detenido Alberto Pizango, líder de una de las principales organizaciones indígenas del país, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), cuando volvía de su exilio en Nicaragua.

Alberto Pizango huyó a este país hace casi un año después de que se presentaran cargos en su contra por la violencia desatada en Bagua.

Fue puesto en libertad al día siguiente, si bien se mantienen los cargos en su contra, así como en contra de otros líderes indígenas, que en opinión de Amnistía Internacional carecen de fundamento. No parece que se basen en pruebas concretas y pueden obedecer a motivaciones políticas.

Hace menos de un mes, el 19 de mayo, el Congreso peruano aprobó una ley que contempla la consulta con los pueblos indígenas sobre asuntos que les conciernan. Amnistía Internacional opina que esta ley es un paso importante para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
 
Ahora es fundamental que el presidente dé carácter oficial a esta ley para que se pueda aplicar sin demora y contando plenamente con los pueblos indígenas.
 
Todavía no se ha hecho justicia por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en Bagua hace un año a los cientos de víctimas y sus familias, incluidos los 23 agentes de policía y los 10 civiles que perdieron la vida, así como con los cientos de personas que resultaron heridas.

Hasta la fecha no se ha juzgado a nadie por la violencia que se desencadenó tras la protesta en Bagua. Tres manifestantes indígenas continúan en prisión, más de una decena sigue bajo orden de arresto y muchos más siguen acusados formalmente. Hasta el momento no se han presentado cargos en contra de ningún agente de policía ni autoridad pública.

Amnistía Internacional pide a Alan García, presidente de Perú, que demuestre su compromiso de resolver las cuestiones que desencadenaron los sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009.