Israel debe colaborar con la misión enviada a Gaza
2 julio 2009
A las 11.30 de la mañana del 27 de diciembre de 2008, sin advertencia previa, las fuerzas israelíes iniciaron una campaña de bombardeos devastadores contra la Franja de Gaza.
El objetivo declarado de la operación, denominada “Plomo Fundido”, era poner fin a las ataques con cohetes lanzados contra Israel por grupos armados vinculados con Hamás y otras facciones palestinas. Dichos grupos siguieron efectuando numerosos ataques indiscriminados contra centros civiles israelíes durante toda la campaña.
El 18 de enero de 2009, cuando Israel anunció un alto el fuego unilateral y Hamás adoptó idéntica decisión, alrededor de 1.400 palestinos habían resultado muertos, incluidos unos 300 niños y niñas y centenares más de civiles desarmados. También habían quedado arrasadas extensas zonas de Gaza, lo que dejó sin hogar a muchos miles de personas y en ruinas una economía cuya situación era ya de por si calamitosa. En el bando israelí, habían resultado muertos tres civiles y dañadas decenas de casas en el sur del país.
Buena parte de la destrucción sufrida por la Franja de Gaza fue en gran medida injustificada y consecuencia de ataques directos contra bienes civiles y ataques indiscriminados que no distinguieron entre bienes civiles y objetivos militares legítimos. Estos ataques vulneraron disposiciones básicas del derecho internacional humanitario, en especial las prohibiciones de ataques directos contra civiles y bienes civiles (principio de distinción), de ataques indiscriminados o desproporcionados y de castigos colectivos.
Han pasado ya cinco meses desde el fin de la operación “Plomo Fundido” y las autoridades israelíes no sólo no han emprendido una investigación imparcial e independiente sobre el comportamiento de sus fuerzas, sino que se han opuesto de manera activa a que se ponga en marcha.
Han rechazado también las conclusiones de una comisión de la ONU encargada de investigar nueve ataques efectuados contra personal e instalaciones de las Naciones Unidas durante la operación “Plomo Fundido”. Se han negado asimismo a colaborar con una misión de investigación internacional e independiente organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y presidida por el juez Richard Goldstone y tampoco se han mostrado dispuestas a permitir su acceso al país, socavando así su capacidad para desarrollar su trabajo.
Hamás ha permitido a la misión de investigación trabajar en la Franja de Gaza y se ha reunido con sus miembros, que accedieron al territorio desde Egipto.
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes
que colaboren plenamente con la misión de investigación internacional e independiente organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por Richard Goldstone, y con otras investigaciones internacionales sobre las violaciones del derecho internacional perpetradas por todas las partes en el conflicto.
El objetivo declarado de la operación, denominada “Plomo Fundido”, era poner fin a las ataques con cohetes lanzados contra Israel por grupos armados vinculados con Hamás y otras facciones palestinas. Dichos grupos siguieron efectuando numerosos ataques indiscriminados contra centros civiles israelíes durante toda la campaña.
El 18 de enero de 2009, cuando Israel anunció un alto el fuego unilateral y Hamás adoptó idéntica decisión, alrededor de 1.400 palestinos habían resultado muertos, incluidos unos 300 niños y niñas y centenares más de civiles desarmados. También habían quedado arrasadas extensas zonas de Gaza, lo que dejó sin hogar a muchos miles de personas y en ruinas una economía cuya situación era ya de por si calamitosa. En el bando israelí, habían resultado muertos tres civiles y dañadas decenas de casas en el sur del país.
Buena parte de la destrucción sufrida por la Franja de Gaza fue en gran medida injustificada y consecuencia de ataques directos contra bienes civiles y ataques indiscriminados que no distinguieron entre bienes civiles y objetivos militares legítimos. Estos ataques vulneraron disposiciones básicas del derecho internacional humanitario, en especial las prohibiciones de ataques directos contra civiles y bienes civiles (principio de distinción), de ataques indiscriminados o desproporcionados y de castigos colectivos.
Han pasado ya cinco meses desde el fin de la operación “Plomo Fundido” y las autoridades israelíes no sólo no han emprendido una investigación imparcial e independiente sobre el comportamiento de sus fuerzas, sino que se han opuesto de manera activa a que se ponga en marcha.
Han rechazado también las conclusiones de una comisión de la ONU encargada de investigar nueve ataques efectuados contra personal e instalaciones de las Naciones Unidas durante la operación “Plomo Fundido”. Se han negado asimismo a colaborar con una misión de investigación internacional e independiente organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y presidida por el juez Richard Goldstone y tampoco se han mostrado dispuestas a permitir su acceso al país, socavando así su capacidad para desarrollar su trabajo.
Hamás ha permitido a la misión de investigación trabajar en la Franja de Gaza y se ha reunido con sus miembros, que accedieron al territorio desde Egipto.
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes
que colaboren plenamente con la misión de investigación internacional e independiente organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por Richard Goldstone, y con otras investigaciones internacionales sobre las violaciones del derecho internacional perpetradas por todas las partes en el conflicto.
Delicious
Digg
Facebook
Technorati