Cientos de iraníes han sido detenidos al recrudecerse a lo largo de todo el año la represión ejercida por las autoridades contra los disidentes desde que el presidente Mahmud Ahmadineyad ganara las controvertidas elecciones celebradas en junio de 2009.

Un año después, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno iraní que que ponga en libertad a los muchos presos de conciencia que han sido detenidos o encarcelados por expresar pacíficamente sus opiniones.

Periodistas, estudiantes, activistas de derechos humanos, abogados, profesores universitarios, ex presos políticos y miembros de las minorías étnicas y religiosas iraníes han sido el objetivo de las sucesivas oleadas represivas llevadas a cabo por el gobierno durante los últimos 12 meses. Se ha ampliado el círculo de la represión, lo que es una señal de la determinación implacable de las autoridades de encontrar chivos expiatorios.

A las personas detenidas se les niega el acceso a asistencia letrada hasta que se estima que las investigaciones han concluido, lo que da lugar a periodos prolongados de reclusión en régimen de incomunicación.

Mientras tanto, las familias no pueden visitar a sus familiares detenidos y se les puede negar la asistencia médica como una manera de presionar a los detenidos.

Los juicios quedan desvirtuados por fallos fundamentales y las declaraciones de culpabilidad se basan en "confesiones" obtenidas bajo tortura u otros malos tratos.

Los "juicios mediáticos" que se celebraron tras las elecciones fueron una parodia de justicia con el propósito de transmitir un escalofriante mensaje a quienes se atrevan a desafiar a las autoridades.

Las personas acusadas han sido condenadas a largas penas de prisión, algunas a penas de flagelación, y al menos 16 han sido condenadas a muerte.

Amnistía Internacional ha pedido que se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todos esos presos de conciencia.