Impide la ejecución de mujer sometida a tortura

Samar Sa’ad ‘Abdullah fue condenada a muerte en agosto de 2005 por el asesinato de su tío, la esposa de éste y uno de los hijos de la pareja. Ella insiste en que es inocente y ha culpado a su prometido, diciendo que éste los mató para robar a su tío. Su prometido también está acusado del asesinato, pero se desconoce si las autoridades han logrado detenerlo.

Ante el tribunal y en una entrevista realizada en la cárcel para la CNN, Samar afirmó que sólo se había confesado culpable de los asesinatos porque la policía la había torturado. Samar está recluida en la cárcel para mujeres de Al Kadhimiya de Bagdad y su ejecución es inminente a menos que el presidente iraquí la perdone o le conmute la pena.

El gobierno interino iraquí que sustituyó en 2004 al de la coalición liderada por Estados Unidos restableció la pena de muerte para varios delitos, afirmando que era necesaria para poder controlar la precaria situación existente en materia de seguridad.

Las primeras ejecuciones se llevaron a cabo en septiembre de 2005. Al menos 65 personas fueron ejecutadas el año pasado.

Varios ex funcionarios han sido condenados a muerte por el Alto Tribunal Penal Iraquí, creado para llevar ante la justicia a personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La Autoridad Provisional de la Coalición creó el Tribunal Penal Central de Irak, que también puede imponer la pena de muerte y tiene competencia sobre delitos de terrorismo, crimen organizado, corrupción y violencia sectaria.

Se han producido graves deficiencias en las causas en las que el Tribunal Penal Central de Irak ha impuesto la pena de muerte, entre ellas confesiones obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, “confesiones” transmitidas por televisión con anterioridad al juicio y casos de presuntos delincuentes que no han tenido acceso suficiente a asistencia letrada.