En la zona de Jammu y Cachemira administrada por India se han encontrado cientos de fosas sin identificar que se cree que contienen cadáveres de víctimas de homicidios ilícitos, desapariciones forzadas, tortura y otros abusos.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno indio a emprender investigaciones urgentes sobre las fosas comunes, en las que se sospecha que yacen los restos de víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto armado que asola la región desde 1989.

Así lo denuncia el informe Facts under Ground (“Hechos enterrados”), publicado el 29 de marzo por la Asociación de Padres y Madres de Personas Desaparecidas, que tiene su sede en Srinagar. El informe expone la existencia de numerosas fosas comunes a las que no se puede acceder sin autorización específica de las fuerzas de seguridad debido a su proximidad a zonas controladas por Pakistán. Según la información recibida, sólo en el distrito de Uri se han descubierto desde 2006 los restos de al menos 940 personas en 18 pueblos diferentes.

El ejército indio ha alegado que los cadáveres encontrados corresponden a rebeldes armados y a “extremistas extranjeros” a quienes se dio muerte de forma legítima en enfrentamientos armados. Sin embargo, el informe recoge testimonios de habitantes de la zona, según los cuales la mayoría de los cuerpos enterrados pertenecen a personas procedentes del estado.

Asimismo, el informe denuncia que desde 1989 han desaparecido más de 8.000 personas en Jammu y Cachemira. Las autoridades indias rebajan esta cifra a menos de 4.000, y afirman que la mayoría de ellas han ido a Pakistán para unirse a grupos armados de oposición.

En 2006, un informe de la policía estatal confirmó que desde 1989 habían muerto bajo custodia 331 personas y otras 111 habían sido sometidas a desaparición forzada tras su detención.

Los homicidios ilegítimos, las desapariciones forzadas y la tortura violan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario –cuyos principios se reflejan en tratados en los que India es Estado Parte– y también constituyen crímenes de carácter internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de India que condene de forma inequívoca las desapariciones forzadas que han tenido lugar en Jammu y Cachemira y que garantice que personal experto forense emprenda de inmediato investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales en todos los lugares de la región en los que han aparecido fosas comunes, de conformidad con el Protocolo Modelo de la ONU de Exhumación y Análisis de Restos Óseos.

Deben investigarse todas las denuncias de desapariciones forzadas, tanto cometidas en el pasado como en el presente, y, cuando haya pruebas suficientes, todo presunto responsable de tales delitos deberá ser procesado en un juicio con las debidas garantías y todas las víctimas deberán obtener plena reparación.