En el contexto de la "guerra contra el terror", algunos Estados han intentado devolver a personas detenidas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.
Han buscado y aceptado "garantías diplomáticas" de Argelia, Egipto, Jordania o Túnez, según las cuales las personas devueltas no sufrirán violaciones de derechos humanos.
En algunos casos, estas garantías de ausencia de tortura han demostrado no ser fiables y han tenido drásticas consecuencias para las personas afectadas.
Además, las garantías diplomáticas no se pueden hacer cumplir y son manifiestamente discriminatorias. Son papel mojado.
Amnistía Internacional se opone al uso de garantías diplomáticas en estas circunstancias, pues ponen en peligro la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos, y en particular, la obligación absoluta e incondicional de no entregar a ninguna persona a un país en el que corra el riesgo de ser sometida a tortura o malos tratos.
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