Responsabilidad empresarial

Las empresas tienen un enorme impacto en los derechos de las personas y las comunidades. Este impacto puede ser positivo, por ejemplo, la creación de nuevos puestos de trabajo y el incremento en los ingresos del Estado, que pueden emplearse para financiar servicios básicos. Sin embargo, con demasiada frecuencia se producen violaciones de derechos humanos al aprovecharse las empresas de normativas nacionales endebles y mal aplicadas, lo que sumado a la ausencia de mecanismos internacionales de rendición de cuentas produce un efecto devastador en los países en desarrollo.
Women stand next to an oil wellhead that has been regularly spilling crude oil near the community of Ikot Ada Udo, since 2004, in the Niger Delta, 30 January 2008. The oil industry in the Niger Delta has pushed many deeper into poverty.
Las denuncias de abusos contra los derechos humanos son especialmente numerosas en las industrias extractivas. Esto no resulta sorprendente, dado el impacto que estas operaciones tienen en los recursos de tierras y agua. Las comunidades pueden ser reubicadas por la fuerza para dejar paso a las actividades de extracción. La contaminación o la sobreexplotación de la tierra y del agua puede destruir o poner en peligro medios de subsistencia –y formas de vida– tradicionales.

La llegada de empresas con recursos que tratan de conquistar a las comunidades locales puede desembocar también en un aumento de la violencia y de los conflictos sociales, ya que algunas personas quedan excluidas de los beneficios del desarrollo económico. Esta situación puede verse exacerbada por la falta de transparencia en el modo en que las empresas conceden los contratos y pagan a las comunidades.

A menudo se niega sistemáticamente a las comunidades afectadas el acceso a la información sobre el impacto de las actividades de la empresa y se las excluye de participar en decisiones que afectan a sus vidas.

Si se cometen abusos, la situación se agrava aún más cuando se niega a las comunidades el acceso a la justicia y los gobiernos no pueden o no quieren hacer que las empresas rindan cuentas. La consecuencia es que los abusos y la inseguridad continúan, lo que consolida aún más el ciclo de la pobreza.

En nombre de la eficiencia económica, los Estados han privatizado muchos servicios públicos, entre ellos algunos que son fundamentales para que las personas disfruten de su derecho a la educación, a la salud y al agua. Sin embargo, los gobiernos por lo general no garantizan que las empresas presten esos servicios sin discriminación.

La globalización económica ha ampliado el alcance de las empresas más allá de las fronteras nacionales, pero la normativa para regular las actividades no ha seguido el mismo ritmo. Debe ponerse en marcha urgentemente un sistema de regulación que garantice el resarcimiento de las personas afectadas y evite la búsqueda del beneficio a expensas de los derechos humanos.

Véanse:
India: Una mina de bauxita y una refinería devastan vidas en Orissa
Papúa Nueva Guinea: Desalojos forzosos y brutalidad policial en los alrededores de la mina de oro de Porgera
Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger

India: 25 años de injusticia para la población de Bhopal

Trafigura, culpable de la catástrofe del vertido tóxico

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO

Estamos recogiendo opiniones
sobre las cuestiones de
derechos humanos más
importantes a las
que se enfrenta
el mundo para publicarlas.

Queremos conectar a la gente entre sí y con sus gobiernos.