Las empresas tienen un enorme impacto en los derechos de las personas y las comunidades. Este impacto puede ser positivo, por ejemplo, la creación de nuevos puestos de trabajo y el incremento en los ingresos del Estado, que pueden emplearse para financiar servicios básicos. Sin embargo, con demasiada frecuencia se producen violaciones de derechos humanos al aprovecharse las empresas de normativas nacionales endebles y mal aplicadas, lo que sumado a la ausencia de mecanismos internacionales de rendición de cuentas produce un efecto devastador en los países en desarrollo.

Las denuncias de abusos contra los derechos humanos son especialmente numerosas en la industria extractiva. Esto no resulta sorprendente, dado el impacto que estas operaciones tienen en los recursos de tierras y agua. Las comunidades pueden ser reubicadas por la fuerza para dejar paso a las actividades de extracción. La contaminación o la sobreexplotación de la tierra y del agua puede destruir o poner en peligro medios de subsistencia –y formas de vida–tradicionales.

La llegada de empresas con recursos que tratan de conquistar a las comunidades locales puede desembocar también en un aumento de la violencia y de los conflictos sociales, ya que algunas personas quedan excluidas de los beneficios del desarrollo económico. Esta situación puede verse exacerbada por la falta de transparencia en el modo en que las empresas conceden los contratos y pagan a las comunidades.

A menudo se niega sistemáticamente a las comunidades afectadas el acceso a la información sobre el impacto de las actividades de la empresa y se las excluye de participar en decisiones que afectan a sus vidas, lo que incrementa la inseguridad y la privación.

Si se cometen abusos, la situación se agrava aún más cuando se niega a las comunidades el acceso a la justicia y los gobiernos no pueden o no quieren hacer que las empresas rindan cuentas. La consecuencia es que los abusos continúan, lo que consolida aún más el ciclo de la pobreza.

En nombre de la eficiencia económica, los Estados han privatizado muchos servicios públicos, algunos de los cuales son fundamentales para el disfrute de derechos humanos como el derecho a la educación, a la salud y al agua. Sin embargo, los Estados por lo general no garantizan que las empresas presten esos servicios sin discriminación.

Los contratos de servicios públicos no pueden ser una forma de que los Estados eludan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Deben garantizar que todas las empresas actúan dentro del marco de las normas de derechos humanos.

La globalización económica ha ampliado el alcance de las empresas más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, la normativa para regular la actividad empresarial no ha seguido el mismo ritmo. Debe ponerse en marcha urgentemente un sistema de regulación que garantice el resarcimiento de las personas afectadas y evite la búsqueda del beneficio a expensas de los derechos humanos.