Las personas que viven en la pobreza tienen en común mucho más que el hecho de vivir con menos de dos dólares al día: comparten la experiencia de estar excluidas del resto de la sociedad.

Algunas de las barreras que las excluyen saltan a la vista, otras son más insidiosas. Pero, con independencia de si adoptan la forma de complejos cerrados en ciudades ricas o de servicios crónicamente mal equipados en comunidades rurales, el efecto es el mismo: miles de millones de personas condenadas a un ciclo de pobreza y a violaciones de derechos humanos.

La exclusión rompe la conexión entre las personas y las instituciones responsables de garantizar sus derechos. Impide que las voces de quienes viven en la pobreza lleguen a los centros de poder. Niega a las personas su derecho a tomar parte en cambiar el mundo que las rodea. También protege a los responsables de los abusos de la rendición de cuentas. En junio de 2008, la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres reveló que cuatro mil millones de personas —la mayor parte de la población mundial— estaban excluidas del Estado de derecho.

Frente a la indiferencia y el olvido oficiales, personas y comunidades se han movilizado para hacer oír sus voces. Cuestionan las políticas de actuación policial que no se basan en proteger a las personas que viven en la pobreza, sino en criminalizar y acorralar a comunidades enteras. Denuncian unos servicios de salud insuficientes e inapropiados que aumentan el riesgo de morir o de padecer enfermedades graves durante el embarazo y el parto. Exigen viviendas adecuadas, con acceso a agua potable y a la seguridad de tenencia. 

La inseguridad es un factor importante en las vidas de las comunidades socialmente excluidas. Muchas de ellas carecen de la seguridad de los derechos legales de propiedad sobre sus viviendas o tierras que es vital para su subsistencia y estilo de vida. Los portavoces y líderes de las comunidades que exigen respeto a los derechos humanos y cuestionan los intereses creados afrontan amenazas, hostigamiento y ataques. La discriminación, la pobreza y la marginación arraigadas exponen a las mujeres a un riesgo mayor de violencia, al mismo tiempo que les niegan una protección adecuada de la policía y el acceso a los servicios y al apoyo del gobierno. La exclusión deja fuera de la educación a los niños y niñas, impidiéndoles desarrollar su potencial y atrapando a las comunidades en otra generación más de pobreza.

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