Al límite

Historias personales: La cruda realidad de los derechos

 

INSEGURIDAD EN LAS FAVELAS DE BRASIL

“Una semana de tiroteos significa una semana, o tal vez dos, sin trabajo. A veces también hay cortes de electricidad y de agua. Nunca sabes cuándo va a empezar el tiroteo […] No sabes hacia dónde correr. El único sitio realmente seguro aquí es el cuarto de baño […] ¿Por qué tenemos que aguantar esto?”
Maria Lúcia Almedia, Complexo do Alemão, abril de 2008

En miles de favelas de todo Brasil, comunidades enteras viven atrapadas en la pobreza y excluidas de toda una serie de servicios. Los años de abandono del Estado han creado un vacío que han llenado las bandas delictivas, que ahora controlan la vida cotidiana de muchas comunidades imponiendo toques de queda, multas y castigos y decidiendo quién tendrá trabajo, vivienda, atención médica o educación y quién no.

La presencia de escuadrones de la muerte y milicias, dirigidas por oficiales fuera de servicio que actúan como vigilantes o incluso como pandilleros criminales en algunas de las comunidades urbanas más pobres del país, han completamente socavado el papel del Estado como garante de la seguridad pública. Aunque las autoridades han reconocido el problema y han comenzado a crear proyectos focalizados, por fuera de estos proyectos la política de seguridad sigue siendo violenta y de confrontación.

Muchas familias de víctimas de tiroteos, que ya luchaban para sobrevivir, caen en una pobreza aún mayor debido a la muerte o a las heridas del hijo o del padre de quien dependían. Mujeres cuyos familiares habían perdido la vida en operaciones policiales trataban por todos los medios de dejar claro que el familiar fallecido era un “trabajador” o un “estudiante”, no un delincuente. Estas mujeres ponen en entredicho la indiferencia y la discriminación de gran parte de la sociedad brasileña, que etiqueta a quienes viven en las favelas de delincuentes sólo por el lugar donde viven. Es este arraigado prejuicio el que permite que la policía cometa violaciones con impunidad y hace que sea tan difícil romperel círculo de violencia y privaciones.

La respuesta del Estado a las necesidades de las personas que residen en las favelas revela una discriminación arraigada. Los servicios y medidas de seguridad disponibles han sido impuestos sin consultar a los afectados, lo que tal vez explique por qué son tan ineficaces. La mayor parte de la política de seguridad continua siendo violenta y de enfrentamiento. No se tienen en cuenta las necesidades de los millones de personas que viven en comunidades desventajadas. Quienes están en el poder simplemente no oyen sus temores y aspiraciones.

“Ahí abajo, en la parte rica de la ciudad, es diferente. Creen que la policía realmente tiene que invader realmente tiene que matar, realmente tiene que exterminar todo lo que ocurre aquí. No ven que esta es una comunidad con gente que trabaja y niños que estudian.”
Lúcia Cabral, Complexo do Alemão, abril de 2008

 

LAS NIÑAS, EXCLUIDAS DE LA ESCUELA EN TAYIKISTÁN

Aunque en Tayikistán la escolarización es obligatoria hasta el noveno grado (hasta los 15 años), más del 27 por ciento de las niñas abandonan la escuela a partir de los 14 o 15 años por diversas razones. Debido a la percepción imperante de que la principal función de las mujeres es ser esposas y madres, a menudo las familias no creen que valga la pena invertir en la educación de las niñas. Mientras la familia suele animar a los niños a labrarse una educación, a las niñas con frecuencia se las pone a trabajar en casa o en el campo hasta que se casan. Muchas familias son demasiado pobres para pagar los costes indirectos (como zapatos, libros de texto, comida o transporte) y optan por dar prioridad a la educación de los varones cuando asignan los escasos recursos de que disponen.

Los obstáculos a la educación de las niñas se ven agravados por el deterioro del sistema educativo de Tayikistán, que adolece de profesores mal remunerados y poco cualificados, programaciones obsoletas e instalaciones a menudo infradotadas y en condiciones precarias de mantenimiento.

 

EL CASO DE LOS RESIDENTES DE LA CALLE PRIMAVERII, RUMANIA

En 2004, las autoridades municipales desalojaron por la fuerza a más de 100 personas de etnia romaní de un edificio situado en el centro de Miercurea Ciuc, capital del departamento de Harghita, en el centro de Rumania. La mayoría fueron reasentadas al final de la calle Primaverii, a las afueras de la ciudad, detrás de una planta de tratamiento de aguas residuales, pero algunas prefirieron trasladarse a un vertedero situado a pocos kilómetros que vivir junto a la planta de aguas residuales.

En 2001, las autoridades empezaron a plantear a los residentes el desalojo del edificio, con el argumento de que tenían que trasladarlos a otro lugar por su propia seguridad. Sin embargo, no celebraron una consulta plena con la comunidad: ese mismo año compraron ocho barracones de metal portátiles para alojar a los residentes, y los colocaron junto a la planta de tratamiento de aguas residuales, listos para los nuevos inquilinos. En 2003, el consejo municipal aprobó la demolición del edificio. Según las familias, las autoridades les aseguraron que los barracones eran una solución provisional, y que en su debido momento se les facilitaría un alojamiento adecuado.

En los años comprendidos entres 2001 y 2004, no se dio a los residentes de la calle Pictor Nagy Imre la posibilidad de impugnar la decisión de desalojarlos. Tampoco se les permitió participar en el proceso de toma de decisiones ni influir en su propio futuro, y las autoridades no trataron en modo alguno de buscar posibles alternativas al desalojo.

Sandor, uno de los residentes, explicó a Amnistía Internacional: “Vinieron y nos dijeron que teníamos que mudarnos al día siguiente. Nos dieron 24 horas para hacerlo. Dijeron que, si no salíamos, vendrían con las excavadoras y lo derribarían [el edificio] de todos modos.” 

Más de cinco años después, continúan viviendo en una situación de extrema precariedad que no reúne las condiciones para que se pueda realizar su derecho a una vivienda adecuada: seguridad jurídica de tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, lugar y habitabilidad. Otro residente, Tibor, habla del impacto que producen unas instalaciones inadecuadas: “Necesitamos una casa en la que nos podamos asear. No nos dejan entrar en ningún sitio por lo sucios que estamos. Dicen que apestamos. Queremos poder ir a los sitios. En invierno tenemos que lavarnos con agua fría.”

Siguen siendo excluidos, expulsados a la periferia de una ciudad a la que llaman casa.

 

RESTRICCIÓN DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN PALESTINA AL AGUA

Entre 180.000 y 200.000 palestinos de las zonas rurales de la Cisjordania ocupada no tienen acceso a agua corriente. Incluso en las ciudades y pueblos conectados a la red de suministro de agua, a menudo las cañerías están secas. El racionamiento de agua es especialmente habitual durante los meses veraniegos. En muchos lugares, los palestinos reciben agua sólo un día a la semana o cada varias semanas, y en algunos cada varios meses. Cuando las cañerías están secas, los palestinos deben comprar el agua de camiones cisterna, cuyo precio es mucho más alto. Muchas comunidades no conectadas a la red de suministro de agua deben desplazarse kilómetros para buscar un agua cara y a menudo de dudosa calidad. 

Las políticas discriminatorias de Israel en los TPO son la causa fundamental de la sorprendente disparidad del acceso al agua entre palestinos e israelíes. El consumo palestino de agua rara vez alcanza los 70 litros diarios por persona, volumen muy por debajo del mínimo diario de 100 litros per cápita recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En contraste, el consumo diario per cápita israelí es cuatro veces superior. 

El impacto de la escasez de agua y los malos servicios de saneamiento de los TPO suele hacerse sentir casi siempre en las comunidades más vulnerables: las que viven en zonas rurales aisladas y en campos de refugiados superpoblados. En los últimos años, en los TPO han aumentado el desempleo y la pobreza y se ha reducido la renta disponible de las familias palestinas, que tienen que dedicar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos a la compra de agua. 

Israel controla la recogida de agua de lluvia o manantial en la mayoría de Cisjordania. El ejército israelí destruye a menudo las cisternas de agua de lluvia. Los palestinos no pueden excavar nuevos pozos ni rehabilitar los antiguos sin permiso de las autoridades israelíes. El ejército israelí controla el acceso a las carreteras que deben utilizar los camiones cisterna para llevar agua a los pueblos palestinos que no están conectados a la red de suministro de agua. Muchas carreteras están cerradas al tráfico palestino o son de acceso restringido, lo cual causa demoras u obliga a los camiones cisterna a hacer grandes rodeos que incrementan significativamente el precio del agua.

 


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